La noticia sitúa a Asturias como una de las comunidades que más dinero dedica a la sanidad pública en España. En 2024, el Principado destinó 2.322 euros por habitante, solo por detrás del País Vasco, con 2.332 euros, y por encima de la media estatal consolidada de 2.084 euros por habitante. El dato procede de la Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad, que cifra el gasto total nacional en 101.739 millones de euros, equivalente al 6,4% del PIB, con una subida del 4,2% respecto a 2023 https://bit.ly/4obDBQ6
La posición de Asturias se explica sobre todo por su estructura demográfica. Es una comunidad muy envejecida, con una edad media cercana a los 50 años, lo que aumenta la demanda de consultas, hospitalización, tratamientos crónicos, dependencia y atención sociosanitaria. A esto se suma la dispersión territorial: mantener centros, servicios y profesionales en muchos núcleos rurales encarece el sistema, aunque la población total no sea muy alta. El informe de Beatriz González López-Valcárcel y Santiago Lago Peñas señala precisamente tres causas de las diferencias autonómicas: las necesidades sanitarias reales de cada territorio, el sistema de financiación autonómica y las prioridades políticas de cada comunidad https://bit.ly/4vzpcQg
El mapa autonómico muestra una brecha muy clara. En gasto sanitario público por habitante, el ranking del año 2024 queda así: País Vasco, 2.332 euros; Asturias, 2.322; Extremadura, 2.246; Cantabria, 2.242; Castilla y León, 2.218; Aragón, 2.190; Navarra, 2.156; Murcia, 2.155; Galicia, 2.071; Cataluña, 2.061; Canarias, 2.036; Castilla-La Mancha, 1.957; Baleares, 1.956; La Rioja, 1.878; Comunidad Valenciana, 1.867; Madrid, 1.779; y Andalucía, 1.658 euros. La diferencia entre País Vasco y Andalucía es de 674 euros por habitante, más de un 40%. En términos absolutos, las comunidades que más gastan son las más pobladas: Cataluña, con 16.611 millones; Andalucía, con 14.337 millones; y Madrid, con 12.535 millones, concentrando el 45,7% del gasto sanitario autonómico. Asturias, aunque tiene mucha menos población, gastó 2.347 millones, lo que explica que su gasto por habitante sea tan alto. También cambia mucho el peso de la sanidad sobre el PIB regional. Las comunidades donde la sanidad pesa más son Extremadura, con el 8,9% del PIB; Murcia, con el 8,0%; y Canarias, con el 7,9%. En el extremo contrario están Madrid, con el 4,0%; Baleares, con el 5,4%; y Cataluña, Navarra y La Rioja, en torno al 5,5% https://bit.ly/4xbtRtc
La conclusión principal es que Asturias no gasta más por casualidad: su población envejecida, su dispersión territorial y los costes fijos de mantener una red sanitaria amplia hacen que necesite más recursos por habitante que regiones más jóvenes, urbanas o densamente pobladas. El gran reto será sostener ese esfuerzo en los próximos años, porque el envejecimiento seguirá aumentando la presión sobre hospitales, atención primaria, farmacia hospitalaria y cuidados de larga duración.
Gráfico de barras horizontales con el gasto sanitario público por habitante en 2024 para las comunidades autónomas cuyos datos aparecen en la Estadística de Gasto Sanitario Público y en el informe citado. Los valores están expresados en euros por habitante. Ministerio de Sanidad - Estadística de Gasto Sanitario Público 2024
Algunas conclusiones destacadas:
- Asturias ocupa el segundo puesto nacional, solo superada por el País Vasco.
- Asturias gasta 238 € más por habitante que la media española (2.084 €).
- La diferencia entre País Vasco (2.332 €) y Andalucía (1.658 €) es de 674 € por habitante.
- Las comunidades del norte y del interior envejecidas (Asturias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura o Aragón) presentan los niveles más altos de gasto por habitante.
- Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana se sitúan claramente por debajo de la media nacional en gasto sanitario por habitante.
Tomando como referencia el gasto sanitario público autonómico del año 2024, la comparación no permite decir que “todas” las comunidades del PP inviertan menos ni que “todas” las del PSOE inviertan más, pero sí muestra un patrón claro: las tres comunidades con menor gasto por habitante —Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana— estaban gobernadas por el PP en 2024. Andalucía destinó 1.658 € por habitante, Madrid 1.779 € y la Comunitat Valenciana 1.867 €, frente a una media autonómica de 1.958 € y una media sanitaria pública total estatal de 2.084 € por habitante. En el extremo contrario aparecen País Vasco, Asturias y Extremadura, con 2.332 €, 2.322 € y 2.246 €, respectivamente https://bit.ly/4uSLr3p
Si se agrupan las comunidades por el partido que presidía el gobierno autonómico a cierre de 2024, las presididas por el PP —Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja— presentan una media aproximada de 2.024 € por habitante. Las presididas por el PSOE/PSC —Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra y Cataluña desde agosto de 2024— se sitúan en torno a 2.124 € por habitante. La diferencia media existe, pero hay que interpretarla con cautela: Cataluña cambió de gobierno en agosto de 2024 y los presupuestos no dependen solo del color político, sino también de población, envejecimiento, dispersión territorial, renta regional, financiación autonómica y estructura hospitalaria.
La comparación se vuelve más dura cuando se mira a las comunidades que menos invierten. Andalucía, la última en gasto por habitante, combina baja inversión con una de las peores listas de espera quirúrgica: 194.159 pacientes pendientes, 23,11 por cada 1.000 habitantes, 176 días de espera media y 33,4% de pacientes esperando más de seis meses. Además, en consultas externas registra 150 días de espera media, por encima de la media estatal de 105 días https://bit.ly/4dS1Zmd
Madrid es un caso distinto. Es la segunda comunidad que menos invierte por habitante, con 1.779 €, y además es la que menos peso dedica a atención primaria dentro del gasto sanitario público autonómico de 2024: 10,9%, frente al 13,9% de media autonómica. Sin embargo, en lista quirúrgica presenta buenos tiempos medios: 48 días, con solo 0,3% de pacientes por encima de seis meses. El problema aparece más en consultas externas: Madrid tiene 121,37 pacientes en espera por cada 1.000 habitantes, la tasa más alta del país, y 75,7% de citas a más de 60 días https://bit.ly/4eq9TDx
La Comunitat Valenciana, también entre las tres que menos invierten, destinó 1.867 € por habitante. Sus listas quirúrgicas no son de las peores en tiempo medio —93 días, por debajo de la media estatal de 126—, pero el dato de inversión sigue siendo bajo y su gasto en personal sanitario representa solo 41,6% del gasto sanitario público autonómico, claramente por debajo de la media autonómica del 45,8% https://bit.ly/3QqsPc6
En las comunidades socialistas o con presidencia socialista, el panorama es desigual. Asturias destaca positivamente en inversión: 2.322 € por habitante, segunda del país, aunque soporta una presión asistencial elevada por envejecimiento. Sus listas quirúrgicas son moderadas: 90 días de espera media y 9,5% por encima de seis meses, pero en consultas externas tiene una tasa alta de pacientes pendientes: 108,86 por cada 1.000 habitantes. Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, está por debajo de la media autonómica en gasto per cápita, con 1.957 €, aunque presenta una espera media en consultas de solo 60 días, una de las mejores. Navarra, también con presidencia socialista, invierte 2.156 € por habitante, por encima de la media, pero tiene 154 días de espera media en consultas externas https://bit.ly/4fMnQNt
La externalización debe medirse con prudencia porque el dato homogéneo más accesible por comunidad es el porcentaje de gasto sanitario público dedicado a conciertos, publicado por el Ministerio para el año 2023. Ahí destacan Cataluña, con 21,1%, y Madrid, con 11,4%, muy por encima de la media estatal del 8,5%. Les siguen Canarias, con 7,0%, Navarra, con 6,4%, Asturias, con 6,2%, y País Vasco, con 6,0%. En las comunidades que menos invierten, Madrid sí combina baja inversión pública por habitante con alta concertación; Andalucía, en cambio, dedica solo 4,2% a conciertos, y la Comunitat Valenciana 4,3%, por debajo de la media https://bit.ly/4emtBA5
Por tanto, la precariedad sanitaria no se explica solo por “privatización” o solo por “menos gasto”. En Andalucía el problema principal visible es la baja inversión por habitante unida a malos tiempos quirúrgicos y de consultas. En Madrid, el dato más llamativo es la combinación de muy bajo gasto por habitante, mínimo peso de atención primaria y alta concertación, aunque con buenos tiempos quirúrgicos. En la Comunitat Valenciana el problema está más en la baja inversión relativa y el menor peso del gasto en personal. En cambio, comunidades socialistas como Asturias o Navarra invierten más por habitante, pero no quedan libres de problemas de demora, especialmente en consultas externas.
La conclusión más ajustada a los datos es que las comunidades del PP concentran las tres posiciones más bajas en gasto sanitario por habitante, y que Madrid es el caso más claro de baja inversión pública combinada con fuerte peso de conciertos y debilidad relativa de atención primaria. Las comunidades del PSOE/PSC, tomadas en conjunto, presentan una inversión media superior, aunque con diferencias internas importantes y con problemas de listas de espera que no desaparecen automáticamente por invertir más.
La foto es demoledora para los gobiernos del PP, pero detrás de esta obscenidad de gestión de la sanidad pública hay consecuencias como reflejo la prensa el 8 de mayo de este año. La investigación publicada por el diario Público, titulada “Una investigación revela que el exceso de mortalidad por cáncer se disparó en Andalucía entre 2019 y 2024”, puede consultarse en el siguiente enlace Noticia completa en Público.
El trabajo analiza la evolución de la mortalidad por cáncer en Andalucía comparándola con la que cabría esperar si la comunidad hubiera registrado las mismas tasas que el conjunto de España. La principal conclusión es que entre los años 2019 y 2024 se produjo un deterioro significativo de los resultados sanitarios. Mientras que en el periodo 2013-2018 Andalucía registraba menos muertes por cáncer de las esperadas según las tasas nacionales, en el sexenio 2019-2024 la situación se invirtió completamente, apareciendo un exceso acumulado de 3.701 fallecimientos por tumores malignos, equivalente a unas 617 muertes adicionales cada año respecto a las que estadísticamente corresponderían a la población andaluza.
Los datos son especialmente preocupantes en algunos tipos de cáncer. El estudio identifica 820 muertes adicionales por cáncer colorrectal y 275 por cáncer de mama, cifras que los autores consideran estadísticamente significativas. Además, la sobremortalidad afecta más a los hombres, con 2.404 fallecimientos adicionales, frente a 1.297 en mujeres https://bit.ly/4dSbrWH
Uno de los aspectos más relevantes del informe es que los investigadores descartan que este aumento pueda explicarse por una mayor incidencia de la COVID-19 o por diferencias epidemiológicas respecto al resto de España. Andalucía tuvo una mortalidad por coronavirus inferior a la media nacional y una incidencia relativamente baja durante la pandemia. Por ello, los autores orientan su análisis hacia factores relacionados con la organización y funcionamiento del sistema sanitario.
Según la investigación, existen varios indicadores que apuntan a problemas estructurales en la atención sanitaria andaluza. Entre ellos destacan los déficits en los programas de cribado y detección precoz. En 2023 la participación en el cribado de cáncer colorrectal no alcanzaba el 40%, situándose muy por debajo de las recomendaciones sanitarias y de los niveles registrados en comunidades como Navarra o el País Vasco. Asimismo, los programas de detección del cáncer de mama experimentaron una reducción de participación durante los últimos años.
Los investigadores también vinculan estos resultados con la situación general de la sanidad pública andaluza. Andalucía es la comunidad autónoma que menos gasto sanitario público realiza por habitante. Los últimos datos consolidados la sitúan en torno a 1.650 euros por persona, muy por debajo de la media nacional y a gran distancia de territorios como Asturias o el País Vasco. Paralelamente, presenta las listas de espera quirúrgica más elevadas del país, con una demora media superior a los 170 días, así como importantes retrasos en las consultas con especialistas.
El estudio, publicado posteriormente en la revista científica Gaceta Sanitaria, plantea la hipótesis de que la creciente sobremortalidad por cáncer está relacionada con deficiencias en la accesibilidad, la rapidez y la calidad de la atención oncológica. Los autores consideran que la combinación de recursos insuficientes, problemas de gestión, retrasos diagnósticos y dificultades para acceder a tratamientos puede haber contribuido al empeoramiento de los resultados sanitarios observados desde el año 2019. Por ello reclaman una auditoría independiente que evalúe el funcionamiento de las políticas de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en Andalucía https://bit.ly/4odTfKT
En definitiva, la noticia describe un fenómeno que trasciende la mera discusión presupuestaria. El estudio sostiene que la baja inversión sanitaria, unida a problemas de organización y a retrasos en la detección y tratamiento de enfermedades graves, podría estar teniendo consecuencias medibles sobre la salud de la población andaluza. Aunque los propios autores hablan de una hipótesis que requiere más investigación y la Junta de Andalucía gobernada por el “sonrisas” Moreno Bonilla rechaza parte de sus conclusiones, los datos muestran un incremento significativo de la sobremortalidad por cáncer coincidiendo con un periodo en el que Andalucía continúa situándose entre las comunidades con menor gasto sanitario público por habitante de España https://bit.ly/43PRkCy
Para terminar el post quiero manifestar que la conclusión es incómoda, pero difícil de esquivar: Asturias no puede permitirse importar un modelo sanitario como el que hoy se observa en Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana, donde gobierna la derecha extrema del PP o en coalición con la ultraderecha de Vox. No hablamos de impresiones, sino de cifras: son precisamente esas tres comunidades las que aparecen en la parte baja del gasto sanitario público por habitante, mientras Asturias se sitúa entre las que más invierten. Ese contraste no es menor en una región envejecida, dispersa y con una demanda sanitaria creciente. En Asturias, recortar la ambición pública de la sanidad no sería una simple decisión presupuestaria: sería debilitar uno de los pilares que sostiene la igualdad real entre quienes viven en Oviedo, Gijón, Avilés, las cuencas, el occidente o los concejos rurales.
El espejo andaluz resulta especialmente severo. La comunidad que menos invierte por habitante acumula también indicadores muy graves de listas de espera y, según la investigación citada sobre mortalidad por cáncer, un deterioro sanitario con consecuencias medibles sobre la vida de la gente. Cuando la baja inversión se combina con demoras, cribados insuficientes, retrasos diagnósticos y presión asistencial, la sanidad deja de ser un derecho garantizado y se convierte en una carrera de obstáculos. Y en esa carrera siempre pierden antes quienes no pueden pagarse una alternativa privada.
Madrid muestra otra advertencia: bajo gasto por habitante, menor peso de la Atención Primaria y mayor espacio para la concertación privada de los servicios. Ese modelo puede maquillar algunos indicadores quirúrgicos, pero desplaza presión hacia consultas, primaria y accesibilidad. La Comunidad Valenciana, también en la parte baja de la inversión, confirma que gastar menos no es neutro: implica menos músculo público, menos capacidad estructural y más riesgo de deterioro sostenido.
No es posible afirmar de forma objetiva que un hipotético gobierno del PP encabezado por Álvaro Queipo, una coalición con Foro Asturias liderado por Carmen Moriyón o la participación de Vox en la gobernanza autonómica fuera a aplicar exactamente las mismas políticas sanitarias que Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana, pero no sería nada descartable. Eso sería una especulación que no puede demostrarse con los datos actuales.
Lo que sí puede afirmarse es que, si Asturias adoptara un modelo sanitario caracterizado por niveles de inversión por habitante similares a los de las comunidades que hoy ocupan los últimos puestos del gasto sanitario público, el impacto sería especialmente sensible debido a las características propias del Principado. Asturias es una de las regiones más envejecidas de Europa, presenta una elevada prevalencia de enfermedades crónicas y mantiene una red asistencial que debe llegar tanto a grandes núcleos urbanos como a numerosas zonas rurales y de montaña. En ese contexto, cualquier reducción significativa del esfuerzo inversor tendría consecuencias potencialmente más acusadas que en territorios más jóvenes, más densamente poblados o con una estructura geográfica menos compleja.
Por eso, para Asturias, aceptar una gestión sanitaria inspirada en modelos de menor inversión como donde gobierna el PP supondría asumir un riesgo evidente: pasar de una comunidad que sostiene una inversión elevada porque sus necesidades objetivas así lo exigen, a una comunidad que intentara responder a esos mismos desafíos con menos recursos disponibles. Sería una decisión especialmente delicada en un territorio donde la sanidad pública no es un servicio accesorio, sino una infraestructura esencial para garantizar la igualdad territorial, el acceso a la atención especializada y la calidad de vida de una población especialmente envejecida.
El debate, por tanto, no debería centrarse únicamente en las siglas de quienes gobiernan, sino en las políticas concretas que se propongan. Sin embargo, los datos sí muestran una realidad contrastable: las comunidades que actualmente registran menores niveles de gasto sanitario por habitante presentan también algunos de los problemas más relevantes en listas de espera, presión asistencial o disponibilidad de recursos. Asturias y los asturianos harían bien en analizar esas experiencias antes de emprender cualquier cambio profundo en su modelo sanitario. La cuestión fundamental no es quién gobierna, sino si las decisiones futuras preservarán el nivel de inversión y capacidad asistencial que una comunidad con las características demográficas y territoriales del Principado necesita para seguir garantizando una atención sanitaria pública de calidad… Con el PP parece claro a que se dedicarían si gobernasen.
Ya lo dijo Arthur Schopenhauer: “La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada.”
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