El jueves 15 de enero se celebró un pleno municipal en el Ayuntamiento de Llanes donde salió a debate el grave problema sobre el acceso a la vivienda. Esta situación se produjo a raíz de una moción presentada por la oposición, que fue rechazada por el equipo de gobierno de la ultraderecha formado por, VecinosxLlanes y el PP. La iniciativa socialista pretendía impulsar políticas públicas de vivienda asequible y dar una respuesta estructural a un problema que el propio gobierno local ha acrecentado en diez años de inacción por su incapacidad para remediar el problema al no tener todavía un PGOU que prime y beneficie a los llaniscos con un urbanismo que fomente la vivienda de protección oficial. Los últimos datos conocidos son para poner los pelos de punta a los llaniscos, con el segundo suelo más caro de Asturias, solo por detrás del incompetente gobierno municipal de la derecha extrema de Gijón, Foro y PP, con precios que alcanzaron en diciembre un récord histórico de 2.378 euros por metro cuadrado, según publicó LA NUEVA ESPAÑA bit.ly/49Cy5ip
Durante el pleno, el concejal socialista que defendió la proposición subrayó la urgencia de actuar y denunció lo que calificó como una década de inacción municipal en materia de vivienda pública, responsabilizando directamente al actual alcalde, Enrique Riestra. Según afirmó, en los últimos diez años no se promovió ni incentivó la construcción de vivienda pública en Llanes, lo que ha agravado las dificultades de acceso para jóvenes, familias trabajadoras y personas que desarrollan su actividad profesional en el concejo. Entre las medidas defendidas por el PSOE figuraban la creación de una Mesa de Vivienda Pública, bonificaciones fiscales en el IBI y el ICIO para favorecer la primera vivienda y el alquiler estable, así como una planificación a largo plazo.
El alcalde fascista, Enrique Riestra, por su parte coincidió en el diagnóstico de la gravedad del problema, pero pidió “despolitizar” el debate y apostó por grandes pactos en cuestiones estratégicas como la vivienda. No obstante, centró buena parte de su intervención en lo que calificó como “la herencia” (lleva diez años gobernando y se acuerda ahora de la herencia) de anteriores gobiernos socialistas, especialmente la gestión de la Reserva Regional del Suelo de Poo. Este golfo y mangante de la política argumento la firma del convenio del año 2007 con el Principado que nunca se ejecutó y criticó duramente las permutas de suelo dotacional municipal por suelo rústico privado realizadas en aquella etapa, una operación que cifró en 3,65 millones de euros y que, a su juicio, benefició a empresas privadas y dejó al concejo sin suelo adecuado para promover vivienda pública. En ese contexto, llegó a afirmar que el PSOE de Llanes “no tiene autoridad moral” para presentar propuestas sobre vivienda y anunció la convocatoria de un pleno extraordinario para analizar aquellas operaciones.
En su réplica, el concejal socialista cuestionó la credibilidad del actual gobierno municipal, acusándolo de no reservar suelo para vivienda tasada en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), actualmente en tramitación, y de rechazar en el pasado ayudas similares a las que ahora se incluyen en los presupuestos municipales. El edil socialista insistió en la necesidad de pasar de las palabras a los hechos y apeló a trabajar “todos juntos”, al margen de intereses partidistas, proponiendo un foro de diálogo sin colores políticos que integre a agentes sociales, económicos y vecinales.
Además de la Mesa de Trabajo por la Vivienda Pública, la iniciativa incluía la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda a largo plazo, la actualización y publicación del inventario municipal de bienes y suelo, la identificación de suelos estratégicos para vivienda pública —priorizando el alquiler asequible— y la cooperación con el Principado de Asturias mediante la cesión de suelo y el aprovechamiento de programas autonómicos como “Alquilámoste”. También se defendía que el parque público de vivienda respete los índices estatales de referencia del precio del alquiler como garantía de acceso real a una vivienda asequible.
Pese al tono bronco del debate y al rechazo final de la moción por los votos de VecinosxLlanes y PP, se pone de relieve que ambos bloques, gobierno y oposición, coinciden en él problema pero no están dispuestos a solventar el mismo. Unos, desde el gobierno, al carecer de ninguna interlocución en el gobierno del Principado, más allá de eso la única preocupación que tienen de verdad es cobrar lo que no ganan en la vida civil en sus ocupaciones. Los otros desde la oposición, proponen soluciones que lo único que sirven es para blanquear a esta ultraderecha montuna, que no tiene más que un fin, exterminar el municipio de Llanes estrangulando su crecimiento y bienestar de los llaniscos con el fin de construir un cortijo del que vivir hasta que se jubilen. bit.ly/3Nm4mTD
El 4 de diciembre del año 2025 se dio luz verde provisional en el Ayuntamiento de Llanes al PGOU, aprobado por el gobierno municipal fascista de VecinosxLlanes y PP, el cual se presentó como un plan “contenido, sostenible y socialmente justo”, pero realizado un análisis de sus propias cifras revela una profunda perversión del modelo urbanístico que se pretende implantar y que, lejos de resolver los problemas estructurales del concejo, los agrava y los consolida a largo plazo.
El plan autoriza la construcción de 5.862 nuevas viviendas en un municipio que ronda los 13.500 habitantes, lo que implica capacidad para alojar prácticamente otro Llanes entero. En términos relativos, el PGOU permite un aumento del parque residencial de alrededor del 36%, una magnitud difícilmente compatible con la evolución demográfica real del concejo, marcada por el estancamiento e incluso la pérdida de población en la última década que lleva gobernando el gobierno fascista. Este volumen edificatorio no responde a una necesidad de vivienda para residentes, sino que encaja mucho mejor con un modelo orientado a segunda residencia, inversión inmobiliaria y vivienda turística.
La supuesta dimensión social del plan se desmorona al observar el dato clave: de esas casi seis mil viviendas nuevas, solo 246 serían vivienda protegida, es decir, apenas un 4,2% del total (este es el compromiso real del gobierno fascista de Vecinos y PP con la necesidad de los llaniscos). En un concejo con una presión turística extrema, donde la vivienda vacacional y la segunda residencia expulsan a jóvenes, trabajadores y familias que sostienen el sector servicios, esta cifra de vivienda pública resulta testimonial con dicha necesidad. El PGOU cumple formalmente los porcentajes legales de VPO solo en aquellos suelos donde la ley obliga, pero desplaza la mayor parte del crecimiento a ámbitos —especialmente núcleos rurales— donde no existe esa exigencia, vaciando de contenido cualquier discurso sobre justicia social o derecho a la vivienda.
La distribución territorial del crecimiento refuerza además un modelo disperso y costoso. Un total de 3.335 viviendas se concentran en pueblos del concejo, frente a una menor apuesta por la consolidación y densificación de los núcleos urbanos ya dotados de infraestructuras. Este enfoque incrementa el gasto en redes y servicios, fomenta la dependencia del vehículo privado y amplía la huella territorial, chocando frontalmente con los principios básicos de sostenibilidad que el propio gobierno municipal dice defender con la boca pequeña, ya que si vemos como gestiona dicho gobierno los mismos no podemos decir más que son una banda de salvajes como nos han demostrado con el saneamiento público, el suministro de agua o la dependencia.
El amplio Catálogo Urbanístico, con 2.860 bienes protegidos, cumple una función positiva de defensa del paisaje y del patrimonio, pero tiene también un efecto colateral claro: dificulta la rehabilitación y la densificación en áreas consolidadas y desplaza la presión edificatoria hacia la periferia y el suelo menos protegido, otra muestra más de la coherencia del desgobierno municipal. El resultado es un urbanismo que protege la postal, pero no garantiza la vida cotidiana de quienes necesitan vivir y trabajar todo el año en Llanes.
Todo ello se produce tras más de diez años de gobierno municipal, con un urbanismo bloqueado, dependiente de normas provisionales dictadas por el Principado y con avisos formales por incumplimiento de plazos. El PGOU no llega como un proyecto coherente y consensuado, sino como un cierre apresurado de un proceso largo y conflictivo, blindado frente a cambios sustanciales pese a la fuerte contestación social reflejada en cientos de alegaciones desestimadas en la fase final.
En conjunto, el plan dibuja un futuro en el que Llanes incrementa de forma masiva su capacidad edificatoria, consolida su condición de destino turístico y residencial estacional y renuncia a utilizar el urbanismo como herramienta para garantizar vivienda asequible y fijar población. Bajo el relato de la sostenibilidad y el fin del “pelotazo”, el PGOU aprobado funciona, en la práctica, como un instrumento que facilita la turistificación del municipio y hace cada vez más inviable que los llaniscos puedan vivir en su propio concejo, quedando atrapados entre la propaganda del gobierno local y un modelo territorial que responde a intereses ajenos a sus necesidades reales de los llaniscos bit.ly/49H6E70
La propuesta del PSOE de constituir una mesa de trabajo con sectores sociales, económicos y vecinales para abordar el acceso a la vivienda en Llanes se produce en un contexto institucional profundamente deteriorado y con los instrumentos de planificación ya prácticamente cerrados. La iniciativa llega tarde y con capacidad real muy limitada para alterar un rumbo que ya está marcado por decisiones previas y por la inacción prolongada de las administraciones con competencias decisivas.
El problema no es la idea del diálogo en sí, sino el momento y el marco en que se plantea. Cuando la vivienda alcanza precios récord —con Llanes como segundo suelo más caro de Asturias— y el municipio acumula diez años sin un PGOU operativo, el margen de maniobra municipal se reduce drásticamente. La mesa se propone después de que el Ayuntamiento de Llanes haya aprobado provisionalmente un PGOU que no prioriza la vivienda protegida (246 VPO frente a 5.862 viviendas nuevas) y antes de que el documento pase a aprobación definitiva. En ese punto del procedimiento, el debate social difícilmente puede reorientar el núcleo del plan.
Además, la iniciativa socialista no corrige el problema estructural de fondo: la ausencia de una estrategia pública sostenida durante años para movilizar suelo, promover alquiler asequible y coordinarse eficazmente con la administración autonómica. Una mesa de trabajo no sustituye a decisiones ejecutivas ni a instrumentos vinculantes; tampoco compensa la falta de resultados acumulada en la última década, en la que no se promovió vivienda pública mientras crecía la presión turística y la segunda residencia.
Por otro lado, el bloqueo no es solo local. El encaje competencial sitúa al Principado de Asturias como actor clave. La dependencia de normas provisionales, los avisos por retrasos y la necesidad de aprobación por la CUOTA evidencian una gobernanza fragmentada en la que la coordinación ha fallado. Sin un liderazgo autonómico que exija y condicione resultados (plazos, reservas efectivas de VPO, programas de alquiler asequible con financiación y suelo), las iniciativas municipales quedan en el terreno declarativo.
En este escenario, la mesa propuesta por el PSOE no ataca las palancas decisivas del problema:
- no modifica el techo edificatorio ni su orientación (capaz de alojar casi otro Llanes),
- no eleva de forma sustancial la cuota efectiva de vivienda protegida,
- no corrige la dispersión del crecimiento que encarece servicios,
- ni garantiza un marco estable de control del uso turístico compatible con vivienda permanente.
El resultado es una disonancia entre diagnóstico y acción. Gobierno y oposición dicen compartir la gravedad del problema, pero ninguno aporta, en este momento procedimental, un mecanismo con capacidad real para revertirlo. El gobierno local mantiene un planeamiento que refuerza la turistificación y la oposición propone un espacio de diálogo sin capacidad de decisión sobre un plan ya encarrilado. En ausencia de una intervención autonómica firme —con exigencias cuantificables, financiación y control— la situación permanece descontrolada: los precios suben, la vivienda permanente se reduce y los residentes quedan atrapados entre un mercado tensionado y decisiones urbanísticas ya tomadas.
En suma, la mesa de trabajo propuesta por la oposición es un balón de oxígeno a un gobierno de golfos y mangantes que tienen clara su decisión, hundir a los llaniscos en la miseria en la próxima década. Esta ocurrencia de los socialistas aparece como un gesto tardío que no altera las condiciones estructurales creadas por años de falta de planificación efectiva y de coordinación interadministrativa. Sin cambios sustantivos en el PGOU, en la reserva real de VPO y en la política autonómica de vivienda, el problema seguirá reproduciéndose, con independencia del número de foros que se convoquen.
Foto: Juan Carlos Armas y Enrique Riestra, dos mangantes en apuros, llevando la concejalía de Urbanismo y Patrimonio y la alcaldía de Llanes
El anuncio del alcalde fascista, Enrique Riestra, de convocar un pleno extraordinario para debatir sobre la vivienda y sobre la Reserva Regional de Suelo de Poo se produce en un momento en el que las decisiones clave ya están prácticamente tomadas, o sea un brindis al sol. El propio alcalde reconoció la gravedad del problema y apeló a la necesidad de coordinación con el Principado de Asturias (o sea que le dé el plácet para hundir a los llaniscos con el PGOU que está en trámite), señalando que se ha reactivado una mesa de trabajo con la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda tras el cambio político en ese departamento. Sin embargo, ese planteamiento contrasta con el contenido del PGOU aprobado provisionalmente por el gobierno municipal.
El hecho relevante es que el PGOU en tramitación —el principal instrumento para orientar la política de vivienda del concejo durante décadas— solo reserva alrededor del 4% de las nuevas viviendas a protección pública (246 sobre 5.862). Ese dato limita de forma objetiva la capacidad del municipio para promover vivienda asequible para residentes, independientemente de los debates posteriores o de la creación de nuevos foros. En términos administrativos, el planeamiento fija el marco; los plenos extraordinarios y las mesas de trabajo no pueden alterar sustancialmente ese marco si no se modifican los contenidos del plan, que se den por enterados tanto gobierno como oposición… Que parece que están en la babia.
Por ello, la convocatoria de un pleno específico sobre vivienda aparece después de haber optado por un modelo urbanístico que no prioriza de manera significativa la vivienda pública. El resultado es una desconexión entre el reconocimiento del problema y las decisiones adoptadas cuando existía margen para corregirlo desde el planeamiento. Sin entrar en valoraciones políticas, los hechos muestran que el instrumento más eficaz para afrontar la crisis de acceso a la vivienda —el PGOU— no incorpora una respuesta proporcional a la magnitud del problema, lo que reduce el alcance real de iniciativas posteriores y traslada la solución a un terreno de coordinación interadministrativa con capacidad limitada para compensar lo ya aprobado.
Para terminar el post quiero manifestar que lo ocurrido en torno a la vivienda en el Ayuntamiento de Llanes ya no admite ambigüedades ni relatos complacientes. Gobierno y oposición han optado, cada uno a su manera, por administrar el problema en lugar de afrontarlo, y esa elección tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de quienes intentan vivir y trabajar todo el año en el concejo.
El gobierno municipal fascista de VecinosxLlanes y el PP reconoce la gravedad del acceso a la vivienda, pero actúa en sentido contrario cuando dispone del instrumento decisivo para corregirlo. El PGOU aprobado provisionalmente —el marco que condicionará Llanes durante décadas— consagra un modelo con una reserva mínima de vivienda protegida y un volumen edificatorio sobredimensionado para una población estancada. Anunciar plenos extraordinarios o mesas de coordinación después de fijar ese marco no corrige el rumbo: lo legitima. La apelación a la “herencia” y a la coordinación con el Principado de Asturias desplaza responsabilidades, pero no altera los números ni sus efectos.
La oposición, por su parte, tampoco queda al margen. El PSOE diagnostica bien el problema, pero no acompaña ese diagnóstico con decisiones proporcionales en el momento procedimental clave. Proponer una mesa de trabajo cuando el planeamiento ya está encarrilado no cambia el contenido del plan ni eleva la cuota efectiva de vivienda pública. El diálogo sin capacidad vinculante, en este punto, no es una palanca de cambio; es un gesto que llega tarde y que no compensa años sin resultados tangibles.
La consecuencia de esta doble insuficiencia es clara: el planeamiento avanza, los precios suben y la vivienda permanente se reduce. Mientras tanto, la política “trumpista” se refugia en foros, anuncios y reproches cruzados que no modifican el marco real. La verdad incómoda es que la vivienda no se resuelve con declaraciones, sino con porcentajes, suelos, plazos y financiación. Y hoy esos cuatro elementos no están alineados con las necesidades de los llaniscos.
Si algo deja este episodio es una conclusión nítida: la falta de ambición en vivienda pública y la renuncia a corregir el PGOU cuando aún era posible pesan más que cualquier mesa o pleno extraordinario. Sin una intervención autonómica exigente y sin una rectificación local del planeamiento —en reservas reales de VPO, en orientación del crecimiento y en control efectivo del uso turístico—, Llanes seguirá avanzando hacia un modelo que expulsa residentes y consolida la estacionalidad. Ya no sirven medias verdades ni aplazamientos. La política municipal tiene que elegir entre proteger la vida cotidiana del concejo o administrar su desplazamiento. Y esa elección parece ya tomada por todos los concejales que hoy sientan su culo en el Ayuntamiento de Llanes.
Ya lo dijo Platón: “La peor forma de injusticia es fingir equidad donde no la hay.”
