LLANES, OVIEDO Y GIJÓN, TRES MUNICIPIOS DONDE EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA HA DEJADO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES CON EL CULO AL AIRE

Se acaba el verano, las fiestas y las fotos de políticos municipales que han demostrado ser un completo desastre. La constatación de dicho hecho la encontramos con la noticia que hoy se publica en los medios regionales informando de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) notificó ayer 755 pisos turísticos ilegales en el Principado de Asturias a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales, según informó ayer el citado Ministerio. Según los mismos datos de esas viviendas 231 se ubican en Gijón; 151 en el concejo de Oviedo; 57 en Llanes; 49 en Villaviciosa y 40 en Colunga. Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

España ha sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos. A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código. Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%). "La Comunidad de Madrid es la gran anomalía dentro de los registros porque el porcentaje se invierte: el 83% de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales, y solo el 17% como turísticos. De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico, más de un tercio se han revocado por no cumplir la legalidad", aseguran en Vivienda.

          Foto: Carmen Moriyón, Alfredo Canteli y "perro" Riestra  

Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno. Con el registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez busca preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades. El Gobierno del Principado, por su parte, aprobó el año pasado una modificación legal para endurecer los requisitos que permiten poner en marcha una vivienda de uso turístico en Asturias, por el riesgo que suponen para la masificación de la región y también par a el acceso a la vivienda considerada no temporal.

Las empresas que comercializan pisos turísticos en Internet han asegurado que cumplirán con la normativa estatal y que retirarán aquellos anuncios de viviendas que no tienen los permisos pertinentes para ser ofertadas. Una de las gigantes es Airbnb que anunció su "compromiso proactivo" de "seguir ayudando" con el cumplimiento "estricto" de las normativas de registro de los alquileres de corta duración, la calidad de la oferta y una visión "a largo plazo" para un turismo descentralizado en España, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que exigirá eliminar 53.000 pisos turísticos ilegales y transformarlos en alquileres permanentes https://tinyurl.com/y9wtmhj9

El hecho de que el MIVAU haya tenido que actuar contra esos 755 pisos turísticos ilegales refleja una incapacidad real de los ayuntamientos para controlar el fenómeno. Las razones principales por las que en municipios como Gijón, Oviedo o Llanes los gobiernos locales no han logrado atajar el problema suelen ser varias y combinadas las razones de dicha situación:

1.   Competencias limitadas

o  Los ayuntamientos tienen capacidad sancionadora en materia urbanística y de usos del suelo, la regulación del alquiler turístico depende de normativa autonómica (en este caso del Principado de Asturias).

o Esto genera solapamientos y vacíos: el municipio detecta, pero es la comunidad la que regula y habilita registros, ambas administraciones son cómplices de este dislate que se está viviendo con la vivienda.

2.   Falta de medios de inspección

o Los Ayuntamientos no suelen disponer de equipos suficientes para realizar inspecciones constantes en viviendas, lo cual facilita dicha ilegalidad en los municipios.

o  Muchas veces dependen de terceros con denuncias ciudadanas o de la colaboración de la policía local, que ya está saturada en otras funciones en el día a día.

3.   Dificultad de identificar los inmuebles ilegales

o Muchos pisos ilegales se anuncian en plataformas digitales que hasta hace poco no estaban obligadas a cruzar datos con la administración.

o Detectar si un piso tiene número de registro o no exige un trabajo de rastreo digital y administrativo que los municipios no siempre pueden ni quieren hacer.

4.   Presión social y económica

o En ciudades turísticas como Gijón o Llanes, estos pisos representan un ingreso extra para propietarios y un motor económico, lo que complica la persecución directa.

o  Los gobiernos locales, a veces, evitan una política demasiado agresiva por miedo al coste político o social, dejando el problema a unos ciudadanos que se ven desbordados al no poder comprar o alquilar una vivienda.

5.   Carencia de coordinación institucional

o  Sin un sistema centralizado y en tiempo real entre Principado, Ayuntamientos y plataformas digitales, las sanciones se diluyen o tardan en ejecutarse.

Los municipios no han podido atajar el problema porque no tienen competencias plenas sino que estas son parciales, pero en su culpa está carecer de la voluntad política para poner los recursos suficientes en labores de inspección. Han dejado el problema en manos de una normativa autonómica y se enfrentan a un fenómeno que se mueve rápido en Internet con fuerte apoyo económico local.

En el problema de la vivienda hay un debate central entre el derecho de la propiedad y el derecho a la vivienda. El PP y Foro y la ultraderecha de Vox o VecinosxLlanes, utilizan este argumento de forma “torticera” para no resolver el problema, los errores de dicha argumento son los siguientes:

1. Confusión entre derecho individual y derecho social
• El derecho a la propiedad es un derecho reconocido en la Constitución Española (CE) (art. 33), pero no es absoluto: está limitado por su función social.
• El derecho a la vivienda (art. 47 CE) es un derecho social que el Estado debe garantizar, equiparable a sanidad, educación o pensiones como pilares del bienestar.
2. Priorizar la propiedad sobre la función social
• El PP, Foro y la ultraderecha de Vox y VecinosxLlanes suelen plantear que intervenir el mercado de la vivienda o regular pisos turísticos es “atacar la propiedad privada”.
• El error está en ignorar que la propia Constitución establece que la propiedad debe estar subordinada al interés general.
3. El derecho de propiedad no garantiza vivienda
• Defender sin matices la propiedad como un derecho absoluto favorece la especulación inmobiliaria (pisos vacíos, turísticos ilegales, subida de alquileres).
• En cambio, el derecho a la vivienda busca garantizar un mínimo vital para la ciudadanía, que es esencial en un Estado social.
4. Falsa dicotomía
• No se trata de elegir entre “propiedad” o “vivienda”, sino de equilibrar ambos.
• Cuando la propiedad privada entra en conflicto con la satisfacción de necesidades básicas (alimentación, salud, vivienda), el Estado tiene la obligación de priorizar lo social.

La vivienda como cuarto pilar del Estado del bienestar:

• Sanidad, educación y pensiones se consideran ya derechos básicos garantizados por el Estado.
• La vivienda se reconoce cada vez más como el cuarto pilar del Estado del bienestar, porque:
• Sin un hogar digno, los otros derechos se ven limitados.
• El acceso a vivienda condiciona la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
• El mercado, por sí solo, no garantiza un acceso justo, especialmente en contextos de especulación.

El error de PP y Foro y la ultraderecha de Vox y VecinosxLlanes, está en absolutizar el derecho de propiedad privada, olvidando su función social y subordinación al interés general. El derecho a la vivienda no es un ataque a la propiedad, sino una garantía colectiva indispensable para que exista verdadera igualdad y un Estado social pleno.

Las soluciones para los ayuntamientos pasan por las siguientes medidas:

1. Herramientas tecnológicas

• Rastreo automatizado de plataformas online: usar software que cruce direcciones y anuncios con el registro oficial de viviendas turísticas para detectar las ilegales en tiempo real.
• Mapas interactivos de uso del suelo: para comprobar rápidamente si el inmueble está en una zona donde se permite ese uso.

2. Medidas fiscales

• Tasa municipal específica para viviendas turísticas (legales), con recargos a los que no acrediten registro.
• Beneficios fiscales a quienes regularicen su situación (por ejemplo, bonificaciones en el IBI durante el primer año).
• Refuerzo en la colaboración con la Agencia Tributaria para cruzar datos de ingresos declarados y detectar alquileres ocultos.

3. Inspección y control

• Crear unidades mixtas de inspección (Ayuntamiento + Principado + Policía Local).
• Establecer campañas periódicas de control en temporada alta, cuando aumenta el número de pisos alquilados sin licencia.
• Multas proporcionales a la facturación estimada del inmueble ilegal (como en Barcelona o Palma).

4. Coordinación institucional

• Convenios con el Principado para que los datos de registro autonómico estén accesibles en tiempo real a cada ayuntamiento.
• Obligación a las plataformas digitales de retirar anuncios en un plazo máximo de 48 horas si el ayuntamiento notifica irregularidades.

5. Políticas de vivienda y urbanismo

• Limitar el número de licencias en barrios tensionados para evitar la expulsión de residentes.
• Incentivar que propietarios transformen pisos turísticos ilegales en alquiler residencial de larga duración, con ayudas o desgravaciones.

6. Sensibilización ciudadana

• Campañas informativas explicando a los vecinos que un piso ilegal:
• No paga impuestos locales.
• Puede ser un problema de convivencia y seguridad.
• Reduce la oferta de vivienda habitual.

Ejemplos en otras ciudades

• Barcelona: usa rastreadores digitales y sanciona tanto a propietarios como a plataformas.
• San Sebastián: ha limitado las licencias en el casco histórico para proteger la vivienda residencial.
• Valencia: trabaja con la Generalitat y exige que las plataformas incluyan el número de registro en los anuncios.

La clave está en una triple estrategia:

1. Tecnología para detectar.
2. Inspección y sanción ejemplar.
3. Coordinación institucional y medidas de vivienda alternativas.

El resumen que podemos decir de la gestión del problema de la vivienda en los municipios de Gijón, Oviedo y Llanes, gestionado por la derecha extrema de PP y Foro y la ultraderecha de VecinosxLlanes y Vox, es un problema que no encuentra solución por la incapacidad y falta de voluntad para abordar el problema desde la administración local. Los precios más recientes del metro cuadrado de vivienda en Gijón, Oviedo y Llanes, con fuentes verificables tienen los precios más elevados de Asturias para la compra de una vivienda:

Municipio	Precio medio €/m²
Gijón	~ 2.415 €/m² para venta de vivienda en agosto 2025. Idealista
Oviedo	~ 2.054 €/m² para vivienda en venta en agosto 2025. Idealista
Llanes	~ 2.971 €/m² para pisos en 2025. Engel & Völkers

Ninguno de los alcaldes que hoy gobiernan en dichos municipios son dignos de dicha responsabilidad, por el discurso, su forma de vestir y comportarse frente a los problemas, de “perro” Riestra en Llanes, “Evita Perón” Moriyón en Gijón y “ Lucky Luciano” Alfredo Canteli en Oviedo, han demostrado ser el verdadero problema que hoy sacude a los asturianos con el problema de la vivienda.

Ya lo dijo Montesquieu: “Las leyes inútiles debilitan a las necesarias”.