En la noticia recogida ayer
en la prensa regional en el siguiente enlace https://bit.ly/48Xjvmg,
Carmen Moriyón defendió la necesidad de desbloquear el proyecto de Ecojove y
cargó contra el consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, después de
que este descartara reformular el proyecto al considerar que no tenía
sentido impulsar un desarrollo inmobiliario desconectado de la ciudad y
vinculado al fallido vial de Jove.
La alcaldesa de Gijón hizo
un repaso cronológico del proyecto para sostener que Ecojove no es una
propuesta nueva ni improvisada, sino una actuación con antecedentes
administrativos claros. Recordó que el 11 de junio de 2010 el Principado, el
Ayuntamiento y varios promotores firmaron un convenio que permitió reclasificar
los suelos y registrar las parcelas resultantes. También señaló que el 18 de
mayo de 2011, pocos días antes de las elecciones, se firmó otro acuerdo entre
la Secretaría de Estado de Vivienda del Gobierno de Zapatero, la consejera
asturiana Noemí González, de Izquierda Unida, y la entonces alcaldesa Paz
Fernández Felgueroso. Según Moriyón, aquel acuerdo fijaba que el 75%
de la edificabilidad de Ecojove se destinara a vivienda protegida y permitía al
promotor acceder a financiación del Plan Estatal de Vivienda. Tras
recordar esos pasos, criticó que después no se hiciera nada para desarrollar el
proyecto.
Foto: Carmen Moriyón y su fiel escudero el concejal Martínez Salvador vendiendo la burra coja ayer de Ecojove
Moriyón
también explicó que, cuando llegó por primera vez a la Alcaldía, intentó
modificar el convenio de Ecojove, pero no pudo hacerlo porque, según afirmó,
PSOE e Izquierda Unida votaron en contra en el Ayuntamiento. Añadió que
durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana del año 2019 fue
la CUOTA la que informó al Ayuntamiento de que debía mantener obligatoriamente
esa bolsa de suelo para vivienda protegida en el planeamiento vigente.
A partir de esos
antecedentes, la alcaldesa reclamó a Ovidio Zapico que dejara de
quejarse y empezara a trabajar. Aseguró que el Principado lleva tres
años sin actuar y que en Gijón existe una reserva de suelo con capacidad para
unas 1.900 viviendas protegidas. También afirmó que hay promotores
interesados en reactivar el plan y en adaptar sus condiciones a las
necesidades actuales, pero acusó a la Consejería de responder con evasivas y de
no avanzar porque, según dijo, eso exige trabajo.
Moriyón elevó el tono al
acusar a Zapico de actuar con criterios electoralistas. Según
su planteamiento, modificar Ecojove requiere una tramitación compleja
que no ofrecería resultados visibles antes de las próximas elecciones, mientras
que el consejero preferiría proyectos donde se pudiera ver actividad antes. Además,
sostuvo que la inacción del Principado ante una bolsa de suelo destinada a
vivienda protegida podría considerarse una “presunta prevaricación”,
al menos “moral”.
Finalmente, Moriyón defendió
que Ecojove debe desbloquearse porque, en su opinión, permitiría construir un
nuevo barrio y ayudaría a coser la ciudad en esa zona de Gijón.
A modo de recordatorio, Ecojove
fue concebido como un Plan Especial del área con destino a viviendas
protegidas en Jove/Xove, promovido por Áreas Residenciales Concertadas,
S. L. —ARCON—, sobre una superficie de 253.888,85 m² en la parroquia
de Jove. El expediente fue aprobado definitivamente por la CUOTA el 10 de
marzo de 2011, después de que el Gobierno del Principado declarara de
interés la operación en mayo de 2010, se autorizara la firma del convenio en
enero de 2010 y el convenio entre Principado, Ayuntamiento y ARCON se firmara
el 11 de junio de 2010. El Ayuntamiento había aprobado
inicialmente el Plan Especial el 10 de septiembre de 2010 https://bit.ly/4eJbZPw
El proyecto recogía la
construcción de 1.976 viviendas protegidas, no exactamente
1.900. El Plan General de Ordenación Urbana de Gijón (PGOU)
aprobado posteriormente mantuvo esa determinación porque, según el propio
documento del PGOU, el informe sectorial de la CUOTA obligaba a conservar las
determinaciones de la Actuación Urbanística Concertada y, por tanto, la
previsión de 1.976 viviendas https://bit.ly/42v4rZy
En cuanto al modelo urbano,
el Ecojove original no era una pequeña actuación de borde, sino
un desarrollo residencial intensivo. La documentación de aprobación
señalaba alturas de entre cuatro y nueve plantas, con los bloques
de mayor altura situados en torno a un espacio central configurado como plaza
pública. También preveía zonas verdes, equipamientos y una actuación por el
sistema de compensación, con propietario único, en una sola etapa,
ejecutando simultáneamente urbanización y edificación junto con la red viaria,
saneamiento, abastecimiento, electricidad, telefonía, gas y alumbrado https://bit.ly/4tx5tiu
Sobre los plazos,
la urbanización fue aprobada definitivamente por la Junta de Gobierno Local el 5
de abril de 2011, después de la aprobación inicial del 18 de
enero de 2011 y de la aprobación definitiva del proyecto de
compensación el 29 de marzo de 2011. La Consejería del Principado
sostuvo en 2026 que el ámbito estaba ya fuera de plazo, tanto
en la urbanización, cuyo plazo habría expirado en 2016, como en la edificación,
cuyo horizonte terminó en 2023, sin que se hubiera materializado
ninguna actuación ni existiera convenio vigente https://bit.ly/4d8EzZq , https://bit.ly/4dGbR2c
Respecto a si Ecojove
estaba vinculado al vial de Jove, la respuesta documental es
matizada. El expediente sí relacionaba el desarrollo con la futura Ronda
de El Musel y con el nuevo vial de acceso al puerto. La resolución
ambiental del proyecto de urbanización situaba el ámbito entre la carretera de
La Campa de Torres y la futura Ronda de El Musel, y explicaba que la trama
viaria prevista se conectaría con esa futura ronda mediante glorietas, además
de conectar con la carretera de La Campa de Torres https://bit.ly/433zM5w
La aprobación del Plan
Especial también decía que, aunque el acceso existente sería desde la
carretera de La Campa de Torres, el nuevo vial de acceso al puerto de El Musel
tendría un papel primordial para el futuro del área residencial.
Ahora bien, el propio expediente añadía que la ordenación del área de Jove no
se confiaba “en ningún caso” exclusivamente a ese vial,
porque el acceso principal en ese momento sería la carretera de La Campa de
Torres, que debía mejorarse y acondicionarse desde su entronque con la avenida
de la Argentina https://bit.ly/4d63EUS
, https://bit.ly/3PmcGUH
Por tanto, para contrastar
las declaraciones de Moriyón, hay varios puntos relevantes. Es correcto
que el ámbito fue mantenido en el PGOU como bolsa de vivienda protegida por
indicación de la CUOTA, pero la cifra exacta documentada es 1.976
viviendas, no 1.900. También es cierto que el proyecto no
nació en 2026, sino que tiene un expediente urbanístico aprobado entre 2010 y
2011. Sin embargo, no parece preciso presentar Ecojove como una
actuación simplemente pendiente de activar sin más, porque el Principado
sostiene que el convenio expiró en abril de 2023, que los plazos de
urbanización y edificación vencieron y que el proyecto original quedó obsoleto
por su intensidad edificatoria, su integración en el entorno y la incertidumbre
o no ejecución del vial de Jove https://bit.ly/3R4Rcw1
La posible incorrección más
clara sería negar o minimizar la relación de Ecojove con el vial
de Jove. La documentación no dice que todo el proyecto dependiera
únicamente de ese vial, pero sí lo incorpora como elemento relevante de
conexión futura y reconoce que tendría un papel importante para el área.
Por eso, afirmar sin matices que el vial no afecta al desarrollo no encaja
bien con el expediente como defiende Moriyón; lo más ajustado
sería decir que Ecojove tenía acceso previsto por La Campa de Torres, pero
también estaba funcionalmente relacionado con la futura Ronda de El Musel/vial
de Jove
No se puede afirmar como
hecho objetivo que las declaraciones de Carmen Moriyón sean una “pataleta”,
porque eso implicaría atribuirle una intención o un estado de ánimo. Lo
que sí se puede sostener, con los datos disponibles, es que su intervención
contiene varias simplificaciones e incongruencias políticas: presenta
Ecojove como una bolsa de vivienda casi lista para desbloquear, cuando la
documentación y las propias posiciones administrativas recientes muestran que
se trata de un desarrollo antiguo, caducado en sus plazos, necesitado de
reformulación y con condicionantes urbanísticos relevantes.
La primera incongruencia
está en usar Ecojove como si fuera una solución operativa e
inmediata al problema de la vivienda. El proyecto existe, tiene antecedentes
administrativos claros y no es una ocurrencia reciente: el Plan Especial
fue aprobado definitivamente por la CUOTA el 10 de marzo de 2011, el proyecto
de compensación el 29 de marzo de 2011 y el proyecto de urbanización por la
Junta de Gobierno el 5 de abril de 2011. Pero precisamente por eso, no
estamos ante un expediente nuevo, sino ante una actuación diseñada hace
más de quince años y no ejecutada. La Consejería sostiene que
el ámbito está fuera de plazo, con la urbanización expirada en 2016 y la
edificación finalizada en 2023, sin actuación material ni convenio vigente.
Por tanto, hablar de “desbloquear” puede ser políticamente eficaz
para intentar salvar la cara Moriyón y su gobierno, pero
administrativamente parece reducir mucho la complejidad real del asunto https://bit.ly/4uNHjBB
La segunda incongruencia está
en la cifra y en la forma de presentarla. Moriyón habla de unas
1.900 viviendas protegidas, una cifra razonable como redondeo político, pero la
documentación del PGO recoge 1.976 viviendas y señala expresamente que,
según el informe sectorial de la CUOTA, había que mantener las determinaciones
de la Actuación Urbanística Concertada y, por tanto, construir esas 1.976
viviendas. La diferencia no cambia el fondo del debate, pero sí
muestra que se está usando una cifra comunicativamente cómoda más que una
referencia técnica exacta https://bit.ly/48VJx9o
La tercera incongruencia es
que Moriyón se apoya en la CUOTA cuando le conviene para decir que el
Ayuntamiento estaba obligado a mantener la reserva de suelo, pero
traslada el peso político del bloqueo casi exclusivamente al Gobierno del
Principado. Es cierto que el PGOU mantuvo Ecojove por
indicación de la CUOTA, pero también lo es que el propio Zapico replica que
el convenio expiró en 2023 y que el ámbito está clasificado dentro del
planeamiento municipal, añadiendo que, si el Ayuntamiento considera
prioritario desarrollarlo, debe asumir su parte de competencia urbanística.
Sin entrar a resolver jurídicamente todas las competencias, el reproche de Moriyón
queda debilitado si se presenta como si el Gobierno del Principado tuviera
por sí solo la llave de una actuación que exige planeamiento, gestión
urbanística, acuerdo con promotores, accesos, financiación y adaptación al
modelo urbano actual https://bit.ly/4nqRedB
La cuarta incongruencia está
en el vial de Jove. Moriyón rechaza que la falta de alternativa al vial
pueda servir de excusa y sostiene que se puede construir barrio en esa zona, pero
la documentación y las comunicaciones institucionales recientes sí vinculan el
futuro de Ecojove a los problemas de conexión. En el año 2024, la
Consejería recordó que el convenio había expirado en abril de 2023 y señaló que
el nulo desarrollo privado, la incertidumbre sobre el vial de Jove que daría
acceso a esos terrenos y los cambios legislativos obligaban a repensar la
actuación. En 2026, Zapico volvió a sostener que la no ejecución del
vial previsto dejó el ámbito desconectado y cuestionó la viabilidad del modelo
inicial. Por tanto, no es correcto decir sin matices que el vial sea una
mera excusa: puede que Ecojove no dependiera exclusivamente de ese
vial, pero sí estaba condicionado por él en términos de accesibilidad e
integración urbana https://bit.ly/4dqe7tbv
La quinta incongruencia
afecta al relato de “coser ciudad”. Moriyón defiende que Ecojove
permitiría construir barrio y coser la ciudad en esa parte de Gijón, pero
en el año 2024 la propia Consejería afirmó que tanto el Gobierno asturiano
como el Ayuntamiento (con Moriyón como alcaldesa) consideraban obsoleto el
proyecto original por su edificación intensiva y su escasa integración en el
entorno. Si ahora se defiende que Ecojove
cosería la ciudad, haría falta explicar qué Ecojove: no el de
2011 sin cambios, sino uno reformulado, con otra densidad, otros accesos, otra
relación con Jove y otra conexión con la ciudad consolidada. Sin esa
concreción, la frase funciona más como argumento político que como
descripción técnica del desarrollo https://bit.ly/42QfvRb
La sexta incongruencia es el
uso del reproche de la inacción. Moriyón acusa a Zapico de llevar tres
años “haciendo nada”, pero la propia hemeroteca institucional
recoge que en junio del año 2024 se anunció una redefinición de Ecojove
coordinada entre el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Gijón. Otra
cosa es que esa redefinición no haya producido resultados visibles, que es una
crítica legítima. Pero convertirlo en un reproche unilateral al
Principado borra la parte de responsabilidad municipal y la complejidad de una
actuación que no salió adelante ni con promotores privados, ni con convenio
vigente, ni con el diseño original intacto https://bit.ly/48Xmxa8
También resulta llamativo
que Moriyón introduzca la expresión “presunta prevaricación, al
menos moral”. Esa fórmula tiene más carga retórica que utilidad
administrativa. Si se habla de prevaricación en sentido jurídico, harían
falta elementos que no aparecen acreditados en la información consultada.
Si se habla de “prevaricación moral”, lo que se está haciendo
realmente es elevar el tono político para acusar de dejadez o bloqueo, no
probar una irregularidad concreta. En un problema tan serio como el
acceso a la vivienda, esa clase de expresión desplaza el debate desde las
soluciones hacia el choque partidista https://bit.ly/4wsahIy
Resulta cuando menos chocante y obsceno al ciudadano de Gijón que se
hable de prevaricación moral cuando Moriyón arrastra en su mochila política
hechos que si son motivo de dicho reproche político. Por ejemplo, la condena
del Tribunal de Cuentas por el cobro de dinero publico que no le correspondía o
la mentira en campaña electoral cuando afirmó que no pactaría con los extremos
políticos y le faltó tiempo para “encamarse” con Vox y quitarle la alcaldía a “Floro”…
De prevaricación moral mejor no hablar Moriyón
El contexto del Plan
Llave explica por qué Ecojove aparece ahora en el centro
del rifirrafe. El Ayuntamiento presentó una nueva fase para promover entre
160 y 180 viviendas en alquiler asequible facilitando el “negociete” a
los promotores privados con intención de licitar antes del 30 de junio https://bit.ly/3PyO1MG, mientras la
Consejería acusa al gobierno local de haber anunciado mucho y ejecutado poco,
llegando a hablar de “cero viviendas licitadas” y de una
convocatoria fallida. Es decir, Ecojove se utiliza como arma
cruzada: Moriyón lo emplea para señalar la inacción del Principado y
Zapico lo usa para acusar al Ayuntamiento de tapar sus propios retrasos https://bit.ly/4d77GMH
En resumen, las
declaraciones de Moriyón tienen una base cierta cuando recuerdan que Ecojove
existía, que fue aprobado, que el PGOU mantuvo la reserva y que allí se
contemplaban casi 2.000 viviendas protegidas. Pero resultan débiles
cuando presentan el asunto como si bastara voluntad política del Gobierno del
Principado para ponerlo en marcha, cuando minimizan el problema del vial de
Jove, cuando omiten que el convenio y los plazos están vencidos, y cuando
convierten una actuación urbanística compleja en un reproche electoral
inmediato. La víctima de ese intercambio no es el relato de una
administración u otra, sino la ciudadanía de Gijón que necesita vivienda
asequible y recibe, en su lugar, una pelea de gallos inútil sobre quién
tiene la culpa de que no se haya construido.
Principio del formulario
Ayer también se publicaban
en la prensa regional las declaraciones del alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas,
sobre el culebrón del “caso Valladares” https://bit.ly/4tspG9n
El alcalde de Llanes valoró la dimisión del concejal Juan Valladares, de
VecinosxLlanes, después de que este accediera sin permiso a
documentación bajo custodia saltándose la ley de forma impune.
Foto: Juan Valladares y Enrique Riestra, dos timadores en apuros tras ser cazados con el carrito del helado en las manos
Riestra presentó la renuncia
como un gesto de “profunda entereza moral y responsabilidad política”.
Según el alcalde, Valladares decidió apartarse no por una cuestión menor
ni por presión externa, sino porque entendió que un cargo público debe actuar
con ejemplaridad, transparencia y respeto hacia los vecinos. El regidor
destacó que el concejal no se aferró al acta ni se amparó en la presunción de
inocencia para mantenerse en el cargo, sino que prefirió asumir una
responsabilidad política inmediata.
El alcalde utilizó esa
dimisión para establecer una comparación con otros casos políticos, especialmente
con situaciones que atribuyó a cargos socialistas implicados en polémicas como
la de la mina de Cerredo, en Degaña. Riestra criticó que, a su juicio,
en esos casos los responsables no hayan dimitido ni asumido responsabilidades
políticas, sino que se hayan refugiado en argumentos técnicos, plazos
procesales o silencios. Frente a esa actitud, defendió que Valladares sí habría
antepuesto la ética y la dignidad del cargo a cualquier interés personal o
partidista.
En sus declaraciones,
Riestra quiso presentar la actuación de Valladares como ejemplo de la
forma de hacer política que defiende VecinosxLlanes, basada, según dijo, en
el rigor, la honestidad y el compromiso real con los vecinos (para
ponerse rojo de ira tras once años de gobierno ultra). Cerró su mensaje
agradeciendo al concejal saliente su honestidad y expresando el deseo de que su
ejemplo sirva para otras formaciones, al sostener que sin responsabilidad ni
coherencia no puede sostenerse una democracia.
Con los datos publicados, el
centro del “caso Valladares” no está en si el concejal dimitió o
no dimitió, porque eso ya ocurrió, sino en si esa dimisión basta para
cerrar políticamente una actuación que él mismo reconoce como irregular.
Y ahí es donde las declaraciones de alcalde ultra, Enrique Riestra, resultan inútiles:
el alcalde desplaza el foco desde el hecho principal —un concejal de su
gobierno accede por su cuenta a documentación municipal sometida a custodia
especial— hacia el relato moral de la dimisión, presentándola como
prueba de ejemplaridad. Ese giro puede servir como defensa política,
pero no responde a las preguntas administrativas de fondo.
Lo que está acreditado por
las informaciones publicadas es que Juan Valladares accedió a
documentación relacionada con la concesión de parcelas agrícolas en la Sierra
Plana de Purón, que esos documentos estaban bajo un régimen específico de
custodia y que el propio Valladares reconoció que ese régimen “prohíbe
expresamente acceder” al contenido de la caja a la que él accedió “por
cuenta y riesgo”. También consta que comunicó lo ocurrido al alcalde y
que asumió la responsabilidad política mediante su dimisión. Es decir, no
estamos ante una mera polémica fabricada por la oposición, sino ante un hecho
reconocido por el propio afectado: hubo un acceso irregular a
documentación protegida.
El primer problema del
relato de Riestra es que convierte la dimisión en una especie
de absolución política total. Es verdad que dimitir es asumir una
consecuencia, y no todos los cargos públicos lo hacen cuando se ven envueltos
en una irregularidad. Pero una dimisión no sustituye a la explicación
institucional. Que Valladares se vaya no
aclara qué documentación era, por qué estaba bajo custodia especial, quién
debía custodiarla, cómo fue posible acceder a ella, quién facilitó llaves o
datos, si hubo informe técnico, si el procedimiento de adjudicación queda
afectado y qué medidas adoptará el Ayuntamiento para que no vuelva a ocurrir. La
dimisión cierra la responsabilidad individual más visible, pero no agota la
responsabilidad política del gobierno municipal.
La segunda incongruencia
está en el tono elegido por el ultra Riestra. Según la información
publicada y los mensajes difundidos por su entorno político, el alcalde
presentó la dimisión como un acto de “entereza moral y responsabilidad
política”, subrayando que Valladares no se aferró al cargo. Ese
enfoque tiene una parte cierta: el concejal dejó el acta. Pero resulta
incompleto si se usa para tapar el hecho previo. La ejemplaridad no
puede medirse solo por cómo se sale de una crisis, sino también por cómo
se produjo la crisis y por cómo responde la institución. Si un concejal
accede indebidamente a documentación bajo custodia especial, el
Ayuntamiento no puede limitarse a elogiar su salida; debe explicar el fallo de
control y que se vió comprometido.
La tercera incongruencia es
que Riestra intenta elevar el caso a una comparación moral con otros
partidos, especialmente con el PSOE, cuando el asunto inmediato afecta a
un concejal de su propio grupo y a un procedimiento interno de su Ayuntamiento.
La comparación con otros escándalos puede ser útil como arma partidista, pero
no responde a la cuestión concreta: qué ocurrió en Llanes, quién lo
sabía, desde cuándo, qué se hizo y qué consecuencias administrativas tiene
(de estas cuestiones el ultra Riestra hace mutis por el foro). En ese
sentido, la crítica de que el alcalde usa “tinta de calamar”
tiene base política: no porque esté probado que quiera ocultar nada, sino
porque sus declaraciones cambian el marco del debate. En vez de
explicar el funcionamiento interno del Ayuntamiento, coloca el foco en que
otros partidos supuestamente actúan peor.
La cuarta cuestión delicada
es el conocimiento previo del alcalde. En la carta o comunicado de Valladares
se recoge que, antes de que la técnica competente elaborase informe, habló con
el alcalde de lo sucedido y le trasladó su intención de dimitir (el jueves
pasado según declaraciones de Valladares en la cadena SER). Eso no prueba
por sí solo encubrimiento ni una actuación irregular de Riestra, pero sí activa
una obligación política evidente: explicar con precisión cuándo lo supo,
qué le dijo Valladares, qué medidas adoptó, si ordenó preservar el expediente,
si pidió informe, si informó a Secretaría o a los servicios jurídicos y por qué
la explicación pública llegó cuando llegó. En una administración, la
cronología es esencial.
La quinta incongruencia del
ultra Riestra está en presentar el episodio como una cuestión de
honestidad personal sin abordar la posible afectación al procedimiento
administrativo. El PSOE de Llanes ha pedido transparencia y sostiene
que no basta con la dimisión porque el caso afecta a la credibilidad
institucional del gobierno municipal y al proceso de adjudicación de parcelas.
Esa petición, al margen de la intención política que pueda tener, es razonable
en términos administrativos: si la documentación protegida pertenecía a
un procedimiento de adjudicación, la institución debe aclarar si el
procedimiento sigue siendo válido, si hubo perjuicio para terceros y si se debe
revisar lo actuado.
La posición de IU de Llanes introduce
otro plano: el penal. IU Llanes afirma que puede haber un
presunto delito y pide que los hechos se trasladen a Fiscalía. Esa
afirmación debe manejarse con prudencia. Políticamente, puede tener sentido
pedir que se investigue; jurídicamente, hablar de delito exige acreditar
elementos que no están todos publicados: conocimiento previo de la
prohibición, carácter secreto o reservado de los documentos en sentido penal,
ausencia total de autorización, posible beneficio a una parte, alteración,
sustracción o revelación. Lo que sí es criticable desde el punto de
vista político es que, si una responsable pública como Begoña Collado o
una formación afirma que ve indicios suficientes de delito, lo coherente
sería no limitarse a pedir que otro denuncie, sino poner directamente los
hechos en conocimiento de Fiscalía si dispone de base documental suficiente.
Si no la tiene, lo más riguroso sería hablar de necesidad de investigación,
no de delito como conclusión https://bit.ly/4trFx7X
También hay una
contradicción de fondo entre el discurso de regeneración de VecinosxLlanes y
la gestión comunicativa del caso. El código ético de la formación habla
de honestidad, transparencia, rendición de cuentas, respeto institucional y
aceptación de responsabilidades. Además, recoge la limitación de
mandatos a dos legislaturas consecutivas, excepcionalmente prorrogables a una
más mediante un proceso de discusión y validación ciudadana (cuestión que el
ultra Enrique Riestra ya ha dicho que se saltará las próximas elecciones anunciando
un cuarto mandato en la entrevista del día 11 de mayo). Ese marco
obliga a una exigencia superior, no inferior. Si un partido se presenta
como alternativa ética a la política tradicional, no basta con decir que
un concejal dimite; debe demostrar que sus mecanismos internos y municipales
funcionan con más transparencia que aquellos a los que critica.
En ese mismo terreno, la
cuestión de los mandatos no es menor. VecinosxLlanes incluyó en su
programa la limitación a dos legislaturas para evitar que la política se
convirtiera en “forma de vida” (cuando uno ve lo que sucede
con Llanes a uno se le abren las carnes ante tanto concejal sin oficio ni
beneficio en la vida civil). Su propio código ético admite excepcionalmente
una tercera legislatura con validación ciudadana. Riestra fue elegido
alcalde por primera vez en 2015 y continuó posteriormente al frente del
Ayuntamiento, por lo que una eventual aspiración a un cuarto mandato chocaría,
como mínimo, con el espíritu regenerador que la formación había defendido
públicamente (tampoco le da mucho más, lo importante es seguir
cobrando los algo más de 46.000 euros que percibe al año, que recordemos todavía
no sabemos cuáles eran sus retribuciones antes de entrar en política tras once
años de gobierno municipal, eso transparencia y lo demás cuento).
Por tanto, el análisis
crítico del caso lleva a una conclusión bastante clara: el ultra Riestra
tiene razón en que Valladares asumió una responsabilidad política que otros
cargos públicos a veces evitan, pero no tiene razón si pretende
que esa dimisión convierta el episodio en una prueba de limpieza institucional.
La dimisión es una consecuencia, no una explicación. El hecho
relevante sigue siendo que un miembro del gobierno municipal accedió por su
cuenta a documentación bajo custodia especial en un procedimiento que afectaba
a vecinos concretos.
La respuesta institucional
adecuada no debería consistir en elogiar al dimitido ni en
comparar con escándalos ajenos, sino en publicar una
cronología completa, encargar o hacer público el informe técnico y jurídico
correspondiente, aclarar si el procedimiento de adjudicación queda afectado,
explicar qué sabía el alcalde y cuándo, y detallar qué cambios se harán para
proteger la documentación municipal. Todo lo demás —la
épica de la dimisión, la comparación con el PSOE, el uso del caso como bandera
moral o la insinuación de futuras listas electorales— pertenece al terreno
del ruido inútil político. Los hechos, sin adornos, son suficientes: hubo
una irregularidad reconocida, hay preguntas institucionales sin responder y la
ciudadanía de Llanes tiene derecho a algo más que un relato falso de
ejemplaridad construido después del problema por él ultra Riestra.
Principio del formulario
Para terminar el post quiero
manifestar que al final, los dos casos dejan una conclusión política
incómoda, pero difícil de esquivar: tanto en Gijón como en Llanes, los
gobiernos sostenidos alrededor del mismo eje político —Foro, VecinosxLlanes
y el PP como pegamento institucional— han convertido la
gestión pública en un ejercicio de propaganda, evasivas y defensa de parte.
Durante estos tres años han prometido eficacia, limpieza, cercanía y
soluciones reales, pero los hechos recogidos en este post muestran otra cosa: bloqueo,
contradicciones, relatos interesados y una preocupante tendencia a utilizar las
instituciones para blindar su propio discurso antes que para resolver los
problemas de la ciudadanía.
En Gijón, Carmen Moriyón
utiliza Ecojove como arma arrojadiza para señalar al Principado, pero
lo hace ocultando o minimizando elementos esenciales: los plazos
vencidos, el convenio caducado, la necesidad de reformular el proyecto, la
vinculación funcional con el vial de Jove y la complejidad urbanística de una
actuación diseñada hace más de quince años. Presentar Ecojove como
si fuera una solución al alcance de la mano no es gestión; es una cortina
política ante la falta de resultados suficientes en materia de vivienda.
Mientras tanto, los gijoneses siguen esperando viviendas asequibles, no
titulares de confrontación ni reproches cruzados entre administraciones.
En Llanes, el ultra Enrique
Riestra pretende convertir una irregularidad reconocida por un concejal de
su propio gobierno en una lección de ejemplaridad democrática. Pero
la dimisión de Valladares no borra las preguntas pendientes: qué
documentación se abrió, quién permitió el acceso, qué sabía el alcalde, cuándo
lo supo, qué controles fallaron y qué consecuencias administrativas tendrá lo
ocurrido. Riestra ha preferido envolver el caso en una épica de
responsabilidad moral antes que ofrecer una explicación completa y
transparente. Y cuando un alcalde responde a una crisis interna
señalando los defectos de otros partidos, lo que demuestra no es fortaleza
institucional, sino falta de respuestas propias.
Moriyón y
Riestra comparten un mismo patrón: desplazar el foco. Una habla de
desbloquear Ecojove como si la realidad administrativa no existiera; el otro
habla de honestidad como si una dimisión bastara para cerrar una irregularidad
municipal. Ambos construyen relatos políticos para no mirar de frente
el problema de fondo. En Gijón, la vivienda sigue sin resolverse. En
Llanes, la transparencia sigue sin aparecer completa. Y en ambos
casos, quienes pagan las consecuencias no son los dirigentes que dan ruedas de
prensa o emiten comunicados, sino los vecinos que necesitan
soluciones reales.
Por eso, el balance político
es duro: Foro en Gijón y VecinosxLlanes en Llanes han tenido tiempo
suficiente para demostrar que gobernaban para la mayoría social. Sin
embargo, los hechos analizados proyectan otra imagen: gobiernos más
preocupados por conservar el poder, proteger su relato y satisfacer a sus
círculos de apoyo que por afrontar con rigor los problemas que dicen combatir. La
vivienda en Gijón y la limpieza institucional en Llanes no pueden seguir siendo
decorado de campaña ni munición contra el adversario.
Ante esta situación, tanto Moriyón
como Riestra han dejado de ser una solución para convertirse
en un problema político para sus respectivos concejos. Gijón y
Llanes necesitan gobiernos que rindan cuentas, que expliquen, que ejecuten y
que asuman responsabilidades sin convertir cada crisis en un espectáculo de
propaganda. Lo mejor para gijoneses y llaniscos sería que ambos pasaran
al banquillo de la oposición, no por revancha, sino por higiene
democrática y por la necesidad urgente de abrir una etapa donde los intereses
de la ciudadanía vuelvan a estar por encima de los intereses de quienes
gobiernan.
Ya lo dijo John
Steinbeck: “El poder no corrompe. El miedo corrompe, quizá el miedo a
perder el poder.”
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