Hoy se publica en la prensa regional que el Ayuntamiento de Llanes ha dado un paso formal para intentar desbloquear su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La Concejalía de Urbanismo remitió un requerimiento a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado para que formule “de manera inmediata” la declaración ambiental estratégica del PGOLL, un trámite imprescindible para que el documento pueda seguir avanzando hacia su aprobación definitiva. Según se explica, el consistorio había enviado toda la documentación necesaria al Servicio de Evaluaciones Ambientales el 11 de diciembre de 2025, pero a 13 de abril del año 2026 seguía sin recibir una resolución expresa. El alcalde del gobierno del ultraderecha (VecinosxLlanes y PP), Enrique Riestra, sostiene que esta paralización no es menor, porque afecta a la planificación territorial del concejo, a la ordenación de los usos del suelo y a la puesta en marcha de proyectos estratégicos para Llanes.
De profesión, "marrullero poítico"
La información añade que el Ayuntamiento subraya que la ley fija un plazo máximo de cuatro meses para formular esa declaración ambiental y que ese plazo ya se ha sobrepasado. Por eso, además de exigir que se dicte la declaración cuanto antes, el requerimiento pide alternativamente que el Principado informe de forma detallada sobre el estado del expediente y sobre las causas concretas del retraso. El equipo municipal considera que esta demora supone una “paralización indebida” de la tramitación del plan general y que está perjudicando al interés público. También recuerda que la declaración ambiental es el paso previo necesario para que después la CUOTA pueda pronunciarse sobre la aprobación definitiva del plan urbanístico. La noticia termina señalando que el consistorio advierte de que, si persiste la inactividad administrativa, podría reclamar responsabilidades y adoptar medidas legales para defender los intereses públicos afectados https://bit.ly/47UHYbl
Leída la noticia y si la comparamos con la trayectoria del equipo de gobierno que encabeza, Enrique Riestra, desde que llegó a la alcaldía en el año 2015, la noticia encaja en un patrón bastante reconocible: el gobierno municipal de Llanes ha quedado marcado, sobre todo, por la prolongación de expedientes estratégicos y por una gestión muy apoyada en anuncios, correcciones y fases intermedias antes de cerrar los asuntos de fondo.
El ejemplo más claro es el urbanismo. El PGOU aparece una y otra vez como gran asunto pendiente desde su llegada a la alcaldía. La aprobación inicial se sitúa en septiembre de 2022, pero en abril de 2025 el pleno aún estaba aprobando de nuevo el expediente completo en ejecución de un acuerdo del Consejo de Gobierno de marzo de 2024, que había dado al Ayuntamiento quince meses para llegar a la aprobación provisional y obligaba a una nueva información pública. En noviembre de 2025 la propia Consejería de Ordenación del Territorio recordó públicamente que Llanes ya estaba incumpliendo los plazos fijados por el Principado, y el 13 de abril de 2026 el Ayuntamiento volvió a situarse en la posición contraria, presionando ahora al Gobierno asturiano para que resolviera la declaración ambiental estratégica. Dicho de otro modo, el principal expediente estructural del concejo ha acompañado a este gobierno durante años sin llegar todavía a un cierre definitivo, y entre tanto ha ido acumulando revisiones, advertencias, requerimientos y reproches cruzados entre administraciones.
La vivienda es otro terreno donde el balance documentado muestra más debate y medidas indirectas que resultados materiales nuevos. En noviembre del año 2024, cuando se discutían en pleno los criterios de acceso a las viviendas públicas de titularidad municipal, lo que aparece sobre la mesa son las viviendas ya existentes en antiguas escuelas del concejo, no una promoción nueva impulsada durante esta etapa. Y en enero de 2026 el propio alcalde anunció un pleno extraordinario sobre vivienda y explicó que el Ayuntamiento y la Consejería acababan de poner en marcha una mesa de trabajo para activar, “veinte años después”, 25.000 metros cuadrados de la Reserva Regional de Suelo con la idea de construir nuevas viviendas. Eso refleja que, tras una década de gobierno, una parte esencial de la respuesta seguía todavía en fase de activación administrativa y de discusión sobre suelo disponible, mientras la bolsa municipal realmente existente seguía siendo la heredada de antiguos inmuebles públicos.
En movilidad también se repite la misma idea de demora. En noviembre de 2024 se llevó al pleno una moción para la redacción urgente de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para la villa, y la respuesta del gobierno fue admitir que el plan estaba preparándose pero rechazar un calendario concreto, señalando que lo licitarían “en sus tiempos”. Meses después, en abril de 2025, otra moción pedía ya un plan específico de movilidad y aparcamiento para el entorno del Cinemar durante ese mismo año, lo que indica que la planificación seguía sin estar cerrada ni siquiera para un foco de atracción tan claro. La polémica de la zona azul en marzo de 2026 reforzó esa imagen: el alcalde tuvo que pedir disculpas por no haber comunicado con suficiente claridad y antelación los cambios aplicados en Semana Santa, reconoció que la nueva ordenanza todavía no estaba en vigor y abrió la puerta a revisar sanciones. En conjunto, la movilidad en Llanes aparece durante estos años como un asunto tratado a base de ajustes parciales, anuncios y rectificaciones, más que mediante un plan integral culminado.
A eso se suma la política sobre viviendas turísticas, que también retrata bien el estilo de gestión del gobierno de las moratorias de este periodo. En octubre de 2024 el Ayuntamiento aprobó una moratoria sobre nuevas licencias de viviendas de uso turístico y vacacional, y en octubre de 2025 prorrogó esa suspensión durante otro año, ampliándola mediante un Plan Especial de Usos Turísticos a suelo urbano y a núcleos rurales saturados. El propio consistorio justificó esa decisión por la necesidad de frenar la compra especulativa y tratar de ampliar la oferta de alquiler anual. Es decir, ante el problema de la vivienda, una de las respuestas más visibles del gobierno no fue la creación inmediata de parque público nuevo, sino la contención regulatoria del alojamiento turístico y la búsqueda de medidas para devolver inmuebles al alquiler de todo el año.
Por tanto, si se buscan ejemplos concretos de cómo se ha caracterizado el gobierno municipal de Llanes desde 2015, lo que aflora en la documentación pública es una combinación bastante nítida: un PGOU eternizado; una política de vivienda todavía muy centrada en gestionar escasez, suelo y regulación, más que en promociones nuevas ya materializadas; una movilidad que siguió sin cerrarse en un plan integral incluso después de varios veranos problemáticos; y decisiones correctoras o de contención, como la moratoria turística o las rectificaciones en la ORA, que llegaron cuando los problemas ya estaban encima de la mesa.
El 11 de abril se publicaba la noticia donde se informa de que el Gobierno del Principado está reforzando su política de vivienda pública en el oriente de Asturias a partir de una actuación ya en marcha en Colunga. Allí, el consejero Ovidio Zapico visitó las obras de una promoción de 30 viviendas públicas destinadas al alquiler asequible, con una inversión de 4.878.966 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. El texto presenta esta promoción como una respuesta a la demanda de vivienda existente en el concejo y como parte de la ampliación del parque público autonómico https://bit.ly/3Ql4YKt
En cuanto a los municipios donde se sitúan las actuaciones, la noticia señala que la construcción ya está iniciada en Colunga y que también están ya en marcha 10 viviendas de alquiler asequible en Benia de Onís. Además, el Principado prevé nuevas promociones de vivienda pública en Villaviciosa, Arriondas y Ribadesella. En el caso de Llanes, la información no habla de una promoción concreta ya iniciada en ese momento, sino de medidas que el Gobierno autonómico está ultimando ante su próxima declaración como zona tensionada.
En resumen, los municipios citados en la noticia son Colunga, donde ya se están construyendo 30 viviendas; Benia de Onís, con 10 viviendas ya en ejecución; y Villaviciosa, Arriondas y Ribadesella, donde se anuncian futuras promociones. Llanes aparece mencionado dentro de la estrategia de vivienda del Principado, pero vinculado en ese texto a medidas específicas por su futura consideración como zona tensionada, no a una promoción concreta detallada en la propia noticia.
La confrontación permanente entre el gobierno municipal de Llanes y el Gobierno del Principado no es una estrategia inocua ni simbólica para los vecinos de Llanes, sino una forma de actuar que termina teniendo consecuencias prácticas para el concejo. Según esa lectura, el enfrentamiento institucional no se queda en el terreno del discurso político, sino que acaba traduciéndose en costes reales para los vecinos. El ejemplo que se pone en primer plano es el de la vivienda. El 11 de abril de 2026, el Principado informó de actuaciones de vivienda pública ya iniciadas o previstas en Colunga, Onís, Villaviciosa, Arriondas y Ribadesella, mientras que en Llanes hablaba de “medidas” vinculadas a su próxima declaración como zona tensionada, no de una promoción concreta de nueva construcción en ese anuncio.
A partir de ahí, el texto defiende que esa ausencia de una promoción de vivienda pública anunciada para Llanes no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como una muestra de que el municipio está perdiendo oportunidades en comparación con otros concejos del oriente asturiano. La idea que se quiere transmitir es que, mientras otros ayuntamientos logran que las políticas públicas de vivienda se materialicen en obras o planes concretos, Llanes queda rezagado. En esa interpretación, el perjuicio no lo sufre el gobierno municipal como actor político, sino la población llanisca, que ve cómo una necesidad básica, como el acceso a la vivienda, no obtiene la misma respuesta visible que en otros municipios del entorno.
El segundo eje del argumento se centra en el urbanismo. El texto sostiene que la presión ejercida ahora por el Ayuntamiento sobre el Principado para acelerar el PGOU no respondería únicamente a una defensa del interés general, sino también a intereses particulares muy concretos dentro del municipio. Esa es, de hecho, la acusación política de fondo: que el planeamiento urbanístico no se percibe como una herramienta neutral de ordenación del territorio, sino como un instrumento del que ciertos sectores esperan beneficios directos. En ese marco, la amenaza o la escalada verbal en torno al PGOU se interpreta como una maniobra con lógica interna local, conocida por buena parte del concejo, porque habría personas o grupos concretos pendientes de que ese planeamiento salga adelante en unos términos determinados.
La idea, por tanto, no es solo que el PGOU sea importante, sino que su aprobación tendría ganadores identificables. El texto sugiere que algunos vecinos próximos al entorno político de VecinosxLlanes y AVALL podrían verse favorecidos por ese desarrollo urbanístico. Esa afirmación, tal como aparece formulada fue publicada en la prensa regional https://bit.ly/48N0TFh Existe una sospecha de que detrás del discurso institucional del gobierno municipal sobre el interés general existiría una red de intereses particulares que explicaría tanto la insistencia actual con el planeamiento como determinados silencios públicos.
Ahí entra el tercer elemento del razonamiento: el papel de AVALL. Esta asociación es un elemento claramente hostil a los llaniscos, callando ante cuestiones que, según sus propios estatutos o fines declarados, debería vigilar o denunciar. Lo que se quiere transmitir con eso es una idea de selectividad: no se cuestiona solo al gobierno municipal, sino también a quienes, en teoría, deberían actuar como contrapeso cívico y sin embargo guardarían silencio cuando el asunto afecta a intereses urbanísticos sensibles. En esa lectura, el silencio de AVALL no sería neutral, sino funcional. Es decir, es una manera de tomar partido, porque permite que avance un modelo urbanístico presuntamente favorable a personas bien situadas dentro del ecosistema político local.
La acusación política queda así construida en cadena. Primero, se dice que la confrontación con el Principado perjudica a Llanes. Después, se añade que ese perjuicio se nota ya en asuntos materiales, como la vivienda pública, que sí aparece en otros municipios del oriente asturiano. Y finalmente se sostiene que, mientras eso ocurre, el gobierno municipal concentra su energía en empujar un PGOU del que podrían beneficiarse determinados sectores cercanos, sin encontrar una oposición social suficientemente fuerte por parte de actores que, en teoría, deberían ejercer vigilancia crítica, como es la oposición socialista del consistorio. El texto, por tanto, no describe simplemente una mala relación entre administraciones, sino un modelo de poder local en el que el conflicto institucional se combina con prioridades urbanísticas discutidas y con silencios interesados en el tejido asociativo.
En el fondo, la idea que se defiende es que el gobierno municipal habría invertido su escala de prioridades. Según esa visión, en lugar de poner por delante necesidades ampliamente compartidas, como la vivienda accesible o una relación eficaz con otras administraciones, estaría dando más importancia a una agenda urbanística cuya utilidad pública es cuestionada por sus críticos. De ahí que la crítica no sea solo administrativa, sino también moral y política: se viene a decir que los llaniscos pagan el precio de una estrategia de confrontación que no les devuelve resultados equivalentes en bienestar, y que al mismo tiempo sirve para mantener en marcha intereses locales mejor conectados con el poder.
Para terminar el post quiero manifestar que los datos verificables del contexto son que Enrique Riestra sigue siendo el alcalde y que el Principado, en abril de 2026, anunció actuaciones concretas de vivienda pública en varios municipios del oriente, mientras en Llanes hablaba de medidas ligadas a la zona tensionada. Lo demás, es decir, la idea de que el PGOU beneficia a personas concretas o de que determinados silencios responden a intereses particulares, forma parte de la tesis que hoy defiende el gobierno municipal.
El problema de este gobierno municipal ya no es que llegue tarde, sino que ha convertido el retraso en una forma de gobernar. Enrique Riestra llegó a la alcaldía en el año 2015, y aun así en noviembre de 2024 el propio gobierno seguía respondiendo que el plan de movilidad estaba “en ello” y rechazaba comprometerse a licitarlo en el primer semestre de 2025; pocos meses después, en marzo de 2026, el alcalde tuvo que pedir disculpas por la gestión de la zona azul y admitir que la nueva ordenanza todavía no estaba en vigor. Cuando una administración enlaza años de promesas con improvisaciones de última hora, la excusa deja de sonar verosímil: ya no parece un error puntual, sino una manera de gobernar.
Con el urbanismo ocurre lo mismo. El expediente del Plan General arrastra una tramitación larguísima: en marzo de 2024 el Principado concedió al Ayuntamiento quince meses para la aprobación provisional; en abril de 2025 seguían presentándose nuevas subsanaciones y documentación para llevarla a pleno; y en abril de 2026 el Ayuntamiento pasó a exigir al Principado que formulara de inmediato la declaración ambiental estratégica porque la documentación se había remitido en diciembre de 2025. Después de años de consultas, rectificaciones, nuevos contratos y plazos extraordinarios, resulta poco convincente que el gobierno municipal quiera presentarse solo como perjudicado por la lentitud ajena, cuando el desgaste del expediente lleva demasiado tiempo incubándose dentro de su propio mandato.
Y la vivienda termina de retratar el balance. Mientras el Principado anunciaba 30 viviendas públicas en Colunga, 10 ya en construcción en Onís y nuevas promociones en Villaviciosa, Arriondas y Ribadesella, para Llanes solo hablaba de medidas vinculadas a su futura declaración como zona tensionada. Ese contraste es duro porque muestra una diferencia entre hechos y relatos: donde otros concejos aparecen asociados a promociones concretas, Llanes vuelve a aparecer asociado a expectativas, trámites y explicaciones. Por eso la crítica pesa tanto sobre este gobierno: después de más de una década al frente del Ayuntamiento, seguir culpando siempre a otros ya no suena a justificación seria, sino a coartada. Gobernar no es encadenar pretextos; gobernar es resolver. Y cuando un ejecutivo se acostumbra a explicar por qué no llega, lo que acaba dejando al descubierto no es firmeza, sino incapacidad política para transformar los problemas en resultados.
Ya lo dijo Benjamín Franklin: “Quien es bueno poniendo excusas, rara vez es bueno para otra cosa.”
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