Según informaron los diarios regionales, https://bit.ly/4vJOPyx y https://bit.ly/4dV2KLM, el Pleno celebrado en la Junta General del Principado escenificó el pasado 15 de un choque político total entre izquierda y derecha sobre cómo afrontar la crisis de acceso a la vivienda en Asturias. La mayoría formada por PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y la diputada del Grupo Mixto (tránsfuga) Covadonga Tomé rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox contra la futura Ley de Vivienda del Principado, lo que permite que el proyecto del Gobierno de Adrián Barbón siga su tramitación. Además, esa misma mayoría tumbó también la proposición de ley alternativa defendida por el PP, que planteaba para el problema de la vivienda un modelo opuesto, basado en rebajas fiscales, avales públicos, colaboración público-privada y medidas orientadas a aumentar la oferta de vivienda.
El debate dejó muy clara la existencia de “dos modelos antagónicos”, en palabras del consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, que presentó la norma del Ejecutivo como una ley concebida para garantizar la vivienda como un derecho y no como un negocio. Zapico defendió que el texto pone “a las personas en el centro”, busca dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución y se apoya en medidas como la vivienda protegida a perpetuidad, la declaración de zonas tensionadas, el control de precios en esos ámbitos, la creación del Sistema Asturiano de Vivienda Protegida y un registro de fianzas. En una de las intervenciones más destacadas de la sesión, cuestionó el concepto de libertad invocado por la oposición al preguntar qué libertad real tiene quien no puede pagar el alquiler o vive con miedo a perder su casa o a sufrir una subida de renta. Desde el bloque que sostiene al Gobierno, el PSOE y Convocatoria defendieron así una mayor intervención pública para blindar la función social de la vivienda y evitar que el mercado marque en solitario las reglas del acceso residencial.
Frente a esa visión, el PP y Vox coincidieron en denunciar que el proyecto reproduce la lógica de la ley estatal de vivienda y profundiza en un modelo “intervencionista” que, a su juicio, resultará contraproducente. El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons sostuvo que la norma no resolverá el problema porque “desincentiva el alquiler, introduce más burocracia y genera inseguridad jurídica”, mientras que el parlamentario de Vox, Gonzalo Centeno, insistió en que la crisis responde sobre todo a un problema de oferta y no de regulación, reclamando más suelo edificable, menos presión fiscal y mayor protección para los propietarios. También Adrián Pumares (en proceso de integración en las listas del PP a falta de un año para las elecciones autonómicas), portavoz de Foro y diputado del Grupo Mixto, se alineó con las enmiendas a la totalidad al considerar que el texto del Gobierno descansa casi exclusivamente en la intervención pública y no concede suficiente peso a la colaboración público-privada (como intentaron en el municipio de Gijón donde gobiernan con el PP, aliándose con la patronal asturiana de ASPROCON).
En ese mismo marco de confrontación, el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, presentó su propuesta alternativa como una respuesta práctica frente a lo que definió como “propaganda, ideología y más burocracia”. Su discurso fue una crítica directa a la gestión de Adrián Barbón, al que reprochó que durante su mandato el precio de compra de la vivienda se haya encarecido un 50% mientras la recaudación fiscal aumentaba un 44%. Queipo contrapuso al modelo del Gobierno un plan sustentado en “seguridad jurídica, trámites claros” e incentivos para movilizar el mercado, con medidas como una bolsa digital de suelo protegido, la reconversión de edificios públicos vacíos, la actualización del módulo de vivienda protegida, el uso residencial en determinados suelos no residenciales, una rebaja del 0% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los primeros 150.000 euros de la vivienda habitual, avales públicos que permitan financiar hasta el 100% de la hipoteca y la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los grupos I y II. Según los cálculos expuestos por el PP, una pareja joven podría ahorrarse hasta 9.000 euros en impuestos con este modelo.
Sin embargo, la izquierda rechazó en bloque esa alternativa al considerar que prioriza el mercado y la propiedad frente al derecho a la vivienda. El PSOE acusó al PP de insistir en una política de rebajas fiscales y de favorecer un modelo pensado para la especulación del suelo, mientras que Convocatoria por Asturies-IU endureció aún más el tono y llegó a definir la propuesta popular como una apuesta por el “capitalismo rentista”, sosteniendo que no busca ciudadanos protegidos sino consumidores endeudados. Covadonga Tomé, cuya posición fue decisiva en la mayoría parlamentaria, vinculó la crisis de vivienda a causas estructurales como la financiarización del mercado y dejó una de las frases más contundentes del debate al rechazar una ley asentada, a su juicio, en “el rentismo y la especulación”. Vox, en cambio, respaldó la proposición del PP aunque reprochó a los populares cierta tibieza, mientras que Foro entendió que sus medidas iban “en la buena dirección” porque podían contribuir a incrementar la oferta.
En conjunto, lo publicado en la prensa refleja que la sesión parlamentaria no sólo sirvió para desbloquear la tramitación de la Ley de Vivienda del Principado, sino también para fijar con nitidez la frontera ideológica entre dos bloques ideológicos que hoy tenemos en Asturias. Por un lado, el Gobierno y sus apoyos sostienen que la vivienda debe ser tratada como un derecho subjetivo que exige protección pública, límites al mercado y un parque protegido estable y permanente. Por otro, PP, Vox y Foro defienden que el problema se combate facilitando oferta, reduciendo impuestos, simplificando normas y dando confianza a propietarios e inversores. La jornada, en definitiva, dejó sellado en la Junta General un enfrentamiento político de fondo sobre qué debe ser la vivienda en Asturias: un derecho a blindar desde lo público o un ámbito que debe reequilibrarse reduciendo intervención y activando el mercado.
Si se mira hacia Europa con datos comparables, la primera conclusión es clara: la intervención pública en el mercado del alquiler no es una rareza española, sino una práctica muy extendida. La OCDE recoge controles sobre el precio inicial del alquiler en al menos una parte del parque privado en 14 países, y reglas o límites para las subidas periódicas en 24 países. Es decir, el patrón europeo no es el de un mercado del alquiler completamente desregulado como sostiene para Asturias la derecha extrema (PP y Foro) y ultraderecha asturiana (Vox), sino el de mercados con distintos grados de contención, indexación y protección del inquilino https://bit.ly/4sypOn5
Los niveles de intervención más altos no se explican sólo por los topes de renta, sino por la existencia de un parque social o cuasi social muy amplio. Según la OCDE, Austria, Dinamarca y Países Bajos superan el 20% del parque total en alquiler social; en Dinamarca, la regulación del nivel de renta afecta a la parte antigua del parque privado, que representa alrededor del 80% del sector, y las subidas anuales se calculan con un índice de precios. En Suecia, la OCDE describe un sistema en el que las rentas se negocian en buena medida de forma colectiva y pueden discutirse ante un tribunal de alquiler. Y en Países Bajos, además de ese gran peso de las asociaciones de vivienda, desde julio de 2024 la regulación se amplió al segmento medio hasta 186 puntos, con renta máxima vinculada a ese sistema https://bit.ly/48p95vx
En un nivel intermedio están los sistemas que no controlan de forma general todo el mercado, pero sí intervienen de forma intensa en áreas tensionadas o en la actualización de rentas. Francia encuadra la evolución del alquiler en las zonas tensas y, en determinadas ciudades, fija además un techo mediante rentas de referencia minorada y mayorada; la revisión anual se liga al IRL. Alemania ha prorrogado la Mietpreisbremse hasta finales de 2029, de modo que en las zonas declaradas tensionadas la renta al inicio del contrato no puede situarse por encima de un 10% de la renta local de referencia, con excepciones para vivienda nueva. Irlanda, desde marzo de 2026, ha pasado a un sistema todavía más directo: las subidas anuales quedan topadas por la inflación general o el 2%, lo que sea menor, y esa regla se aplica ya en todo el país https://bit.ly/4ep3wRd
Foto: Enrique Riestra, Álvaro Queipo y Juan Carlos Armas, los tres responsables del desaguisado del problema de la vivienda en Llanes
España encaja mejor en este segundo grupo que en el primero. La Ley 12/2023 no estableció un tope general del alquiler para todo el territorio, sino un esquema selectivo para las zonas de mercado residencial tensionado: en esas zonas, con carácter general, el nuevo contrato no puede superar la última renta actualizada; y si el arrendador es gran tenedor, o en determinados supuestos sin contrato reciente, entra en juego el sistema estatal de índices de referencia. A eso se suma que, a día de hoy, rige además una intervención extraordinaria: desde marzo de 2026 y hasta diciembre de 2027, la actualización anual queda limitada al 2% en defecto de pacto, y en todo caso al 2% cuando el arrendador es gran tenedor; además, los contratos que venzan antes de fin de 2027 pueden acogerse, a solicitud del inquilino, a una prórroga extraordinaria de hasta dos años https://bit.ly/4mRDVTz
La comparación decisiva, por tanto, no es sólo si hay o no control del alquiler, sino por qué vía interviene cada país. España interviene bastante en las reglas del contrato privado y en la actualización de rentas, pero interviene poco a través de un parque social permanente. La OCDE sitúa el alquiler social por debajo del 2% del parque total en España, mientras que Austria, Dinamarca y Países Bajos superan el 20%, y Francia e Irlanda se mueven entre el 10% y el 19%. Dicho de forma llana: España no es una excepción europea por regular el alquiler; lo que la distingue, en comparación con varios países del centro y norte de Europa, es que tiene una regulación relevante del mercado privado, pero un colchón público o social mucho más pequeño https://bit.ly/4cvFYrw
En consecuencia, si se compara a España con Europa sin entrar en valoraciones ideológicas, la posición española puede resumirse así: intervención media-alta sobre el contrato privado de alquiler, pero intervención baja en términos de parque social estructural. Francia, Alemania e Irlanda muestran que limitar rentas o modularlas en zonas tensionadas es compatible con los estándares europeos; Austria, Dinamarca, Países Bajos y, en otra lógica, Suecia muestran que los sistemas más intervenidos suelen apoyarse no sólo en normas sobre precios, sino en una oferta social o regulada mucho más grande y estable que la española https://bit.ly/4myGjhK
Ceñido a lo que defendieron PP, Vox y Foro en la Junta y a la evidencia comparada disponible, la primera conclusión es que su planteamiento parte de un diagnóstico parcialmente correcto, pero de una respuesta muy sesgada hacia el mercado. Es correcto que la oferta importa: el Banco de España viene señalando que la fortaleza de la demanda y la rigidez relativa de la oferta han empujado al alza tanto la compra como el alquiler. Y eso encaja con el discurso de PP, Vox y Foro, que en el debate insistieron precisamente en más suelo, menos burocracia, más colaboración público-privada y más seguridad jurídica para propietarios e inversores. Pero, al mismo tiempo, su propuesta no se articula alrededor del alquiler asequible como servicio de interés general, sino alrededor de la activación del mercado y del acceso a la propiedad https://bit.ly/4cdBabl
Eso se ve con bastante claridad en el contenido concreto de la alternativa del PP: bolsa digital de suelo, reconversión de edificios vacíos, uso residencial en determinados suelos no residenciales, rebajas en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, supresión de Sucesiones y Donaciones en ciertos grupos, avales públicos para financiar hasta el 100% de la vivienda y fórmulas como el alquiler con opción a compra. Vox respaldó esa orientación y, además, defendió abiertamente la liberalización del suelo, menos carga fiscal y menos protección regulatoria del inquilino; Foro la apoyó por considerar que iba “en la buena dirección”. Eso significa que, aunque hablan de vivienda en general, su paquete está más pensado para abaratar la entrada al mercado de compra y para desregular la oferta que para contener de forma directa el coste del alquiler o blindar un parque público permanente https://bit.ly/4mGbrfm
Ahí está, a mi juicio, el principal límite de su planteamiento para Asturias. En el mercado del alquiler, el problema central no es sólo que falten viviendas, sino que faltan viviendas asequibles y estables para rentas medias y bajas. El proyecto del Gobierno asturiano gira en torno al derecho subjetivo a la vivienda, la protección permanente de la vivienda pública, las zonas tensionadas y el registro de fianzas; PP y Vox rechazaron precisamente esa lógica por considerarla intervencionista, y defendieron que la regulación reduce oferta y eleva precios. Por tanto, la conclusión más sólida que puede extraerse es que, si gobernaran PP, Vox y Foro con ese mismo enfoque, priorizarían no intervenir en el precio del alquiler ni reforzar el papel estructural del parque público en la misma medida que plantea la ley actual. Eso no implica automáticamente que todo empeorase a corto plazo, pero sí que el inquilino asturiano quedaría más expuesto al precio de mercado y menos protegido frente a subidas en las áreas con mayor tensión residencial https://bit.ly/4cx7yVm
Además, varias de las medidas estrella de la derecha tienen una limitación importante cuando se miran con evidencia económica y no con eslóganes. El Banco de España ha advertido de que las rebajas de impuestos a la compra, si no van acompañadas de una ampliación real de la oferta, tienen un coste recaudatorio muy elevado y pueden agravar los problemas de accesibilidad para los hogares con menor renta. También ha señalado que los avales públicos para comprar vivienda tienen un impacto limitado, porque buena parte de los arrendatarios sin ahorro previo tampoco dispone de ingresos suficientes para endeudarse de forma prudente. Dicho de forma sencilla: esas medidas pueden ayudar a quien ya está cerca de poder comprar, pero sirven mucho menos para quien está fuera del mercado por salario bajo, temporalidad o precariedad https://bit.ly/4sGP9eO
Por eso, el perjuicio probable para muchos asturianos no sería uniforme, sino socialmente desigual. Un hogar con empleo estable, renta razonable y capacidad de asumir una hipoteca sí podría beneficiarse de menos impuestos o de un aval. Pero el joven precario, la familia que no llega al ahorro mínimo, la persona sola con salario modesto o quien necesita alquiler estable más que compra difícilmente mejoraría por esa vía. Para esos grupos, el riesgo sería doble: seguir pagando rentas altas sin un mecanismo fuerte de contención y, al mismo tiempo, ver cómo la ayuda pública se desplaza desde la creación de vivienda asequible permanente hacia incentivos de mercado y estímulos a la demanda. El propio FMI advierte de que las ayudas de demanda, los alivios fiscales y las garantías hipotecarias tienden a elevar la demanda y pueden agravar los desequilibrios si no están muy focalizados, y añade que las reformas de suelo y oferta deben complementarse con una apuesta más fuerte por la vivienda social y asequible https://bit.ly/4tObckq
La comparación europea refuerza esa lectura. En Europa no predominan los modelos puramente desregulados, sino combinaciones distintas de regulación del alquiler, protección del inquilino y parque social amplio. La OCDE señala que hay controles sobre el alquiler inicial en al menos una parte del parque privado en 14 países y reglas o límites para las subidas periódicas en 24. Y también recuerda que los sistemas más robustos suelen apoyarse en un parque social mucho mayor: Austria, Dinamarca y Países Bajos superan el 20% del stock, mientras que España está por debajo del 2%. Eso significa que un giro asturiano hacia menos intervención, menos uso de herramientas como las zonas tensionadas y más confianza en incentivos fiscales y crédito no acercaría Asturias a los modelos europeos más protectores, sino que la dejaría más dependiente del mercado privado en un país que ya tiene un colchón público muy pequeño https://bit.ly/4tbFo9l
La conclusión final, sin exagerar ni fantasear, es esta: la derecha extrema asturiana de PP y Foro y la ultraderecha de Vox, plantea una política de vivienda más orientada a propietarios, compradores solventes y promotores que a inquilinos vulnerables o a la construcción de un sistema duradero de alquiler asequible. Su parte más defendible es la insistencia en que hace falta más oferta y menos atasco urbanístico; su parte más débil es que confía demasiado en rebajas fiscales, crédito y mercado para resolver un problema que, en Europa, suele abordarse también con regulación y con mucho más parque social. Si esas fuerzas gobernasen Asturias y aplicasen esa receta tal como la han presentado, los principales perjudicados previsibles serían quienes dependen del alquiler, quienes tienen ingresos bajos o inestables y quienes necesitan protección pública para acceder a una vivienda, porque para ellos el mercado, por sí solo, no garantiza ni precio asumible ni estabilidad residencial https://bit.ly/4cv961W
Si tomamos Llanes como caso concreto del modelo del PP (donde es responsable de la concejalía de Urbanismo a través del concejal Juan Carlos Armas), la imagen que dejan las fuentes es la de un municipio donde la respuesta pública al problema de la vivienda ha llegado tarde y ha sido insuficiente frente a una presión inmobiliaria muy fuerte. El actual bloque de gobierno encabezado por el partido de la ultraderecha de, VecinosxLlanes, gobierna desde el año 2015 con apoyo o coalición del PP, y en 2023 revalidó ese acuerdo con los populares. Durante buena parte de ese periodo, el concejo arrastró además una anomalía urbanística importante: siguió años sin un planeamiento general plenamente vigente tras la anulación del PGOU, y no fue hasta abril de 2025 cuando el Pleno aprobó el nuevo Plan General para continuar su tramitación; todavía en abril de 2026 el propio Ayuntamiento denunciaba que el retraso de la declaración ambiental estaba bloqueando el proceso.
Eso significa que, durante mucho tiempo, Llanes ha tenido un mercado residencial muy presionado y una respuesta estructural débil desde lo público. No he encontrado en las fuentes consultadas constancia clara de una nueva promoción municipal terminada de vivienda pública en estos años. Lo que sí aparece de forma nítida es que en el Pleno de marzo de 2024 la oposición reprochó al gobierno local que en ocho años no hubiera impulsado “ni una sola vivienda” protegida o social, y la respuesta del equipo de gobierno no fue presentar promociones ya ejecutadas, sino hablar de suelos, futuras posibilidades y de la necesidad de avanzar con el plan urbanístico (una huida hacia al abismo). Eso no prueba por sí solo toda la acusación política, pero sí refleja que la vivienda pública no había sido una política visible ni madura en ese momento.
Mientras tanto, la presión del mercado ha seguido creciendo. En marzo de 2026 el precio de venta en Llanes se situaba en 2.411 euros por metro cuadrado según Idealista, y a finales de 2024 el propio consejero asturiano de Vivienda señaló a Llanes como la localidad con el alquiler más caro de Asturias. A eso se suma que el municipio presenta una fuerte presencia de viviendas turísticas: un estudio encargado por el Ayuntamiento a la Fundación Universidad de Oviedo sirvió de base para imponer una moratoria de un año a nuevas licencias en 2024, luego prolongada en 2025, precisamente por la tensión detectada en el uso turístico del parque residencial.
Por eso, si se resume la situación sin exagerar, Llanes no es tanto un ejemplo de desregulación absoluta como de intervención tardía, pero gobernada por el PP. Durante años predominó de hecho un esquema en el que la oferta privada marcó el ritmo, el ayuntamiento no consiguió articular a tiempo una respuesta fuerte de vivienda asequible y el retraso urbanístico pesó mucho. El resultado práctico de ese modelo es que, en un municipio turístico y tensionado, quien depende de salarios ordinarios tiene más dificultades para quedarse a vivir en el concejo, mientras el mercado orientado a segunda residencia, compra de alto precio o uso turístico gana espacio. La propia reacción posterior del gobierno local con la moratoria a nuevas viviendas turísticas confirma, de forma implícita, que el problema había alcanzado ya un nivel difícil de sostener.
Dicho en una sola idea: el caso de Llanes retrata un modelo de gobierno local conservador que no logró anticiparse al problema de acceso a la vivienda y que sólo empezó a corregir parcialmente el rumbo , tarde y mal, cuando la tensión residencial ya era muy alta.
Para terminar el post quiero manifestar como epílogo, el problema de la derecha asturiana en materia de vivienda no es que reconozca que falta oferta; eso también lo reconocen los análisis económicos. El problema es que reduce casi toda la crisis habitacional a una cuestión de suelo, fiscalidad y confianza para propietarios e inversores. En la Junta, PP, Vox y Foro rechazaron un proyecto que refuerza el parque público, la protección permanente de la vivienda pública y la intervención en zonas tensionadas, mientras el PP defendió una alternativa centrada en bolsa de suelo, reconversión de inmuebles, actualización del módulo de vivienda protegida, alquiler con opción a compra, rebajas fiscales y avales para facilitar el acceso a la propiedad.
Ese enfoque queda aún más en evidencia cuando se compara con Europa. La OCDE muestra que la regulación del alquiler está muy extendida y que los sistemas más sólidos no descansan sólo en el mercado, sino en una combinación de reglas sobre rentas, protección del inquilino y un parque social amplio. España, en cambio, sigue entre los países con menos vivienda social, por debajo del 2% del parque total. Por eso, presentar cualquier intervención pública como una anomalía como realiza el PP y sus coaligados, no describe la realidad europea; lo que de verdad distingue a España es la debilidad de su colchón público.
Además, las recetas emblemáticas de la derecha tampoco corrigen por sí solas el núcleo del problema. El Banco de España viene señalando que el encarecimiento responde a una demanda fuerte y a una oferta rígida, pero también advierte de que las rebajas de impuestos a la compra y los avales públicos como defiende el PP y sus socios tienen un alcance limitado para los hogares con menos renta o sin capacidad de endeudamiento suficiente. Dicho de forma directa, son medidas que pueden aliviar a quien ya está cerca de comprar, pero dicen muy poco a quien necesita un alquiler asequible, estable y protegido para poder vivir.
Llanes resume bien esa contradicción. Desde 2015 la alcaldía de Enrique Riestra del partido de la ultraderecha, VecinosxLlanes, se sostuvo con apoyo del PP y, desde 2023, gobierna mediante acuerdo con el PP; sin embargo, el concejo llegó al año 2025 todavía arrastrando el problema del planeamiento y en abril de 2026 el propio ayuntamiento seguía denunciando el bloqueo de la declaración ambiental del plan. Mientras tanto, la presión residencial se disparó: el gobierno local aprobó en 2024 una moratoria a nuevas licencias turísticas y la amplió en 2025, al tiempo que Llanes aparecía como la localidad con el alquiler más caro de Asturias y con un precio de venta de 2.411 euros por metro cuadrado en marzo de 2026. Ese balance es demoledor: donde la derecha extrema (PP y Foro) ha gobernado en un mercado tensionado, la reacción ha sido tardía, parcial y siempre a remolque del problema.
La conclusión, por tanto, es dura pero nítida: la derecha asturiana no está ofreciendo una política de vivienda construida desde el derecho, sino una política de adaptación al mercado inmobiliario. Y cuando el mercado ya expulsa a jóvenes, trabajadores y familias de los municipios más tensionados, adaptarse al mercado no es una solución; es aceptar que la vivienda deje de ser un derecho efectivo y se convierta en un privilegio para quien pueda pagarlo.
Ya lo dijo Nelson Mandela: “Superar la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia.”
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