Hoy podemos leer en la prensa el vodevil que vive el municipio de Llanes con el gobierno de la ultraderecha que lleva gobernando el Ayuntamiento de Llanes desde el año 2015 con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En las dos informaciones que hoy aparecen—la pieza sobre la crítica del PSOE y la respuesta del alcalde— aparece un mismo hecho leído de forma opuesta. El PSOE de Llanes, a través de Óscar Torre, sostiene que el retraso del PGOU de Llanes no obedece a ningún bloqueo del Principado, sino a una tramitación municipal mal planteada desde el inicio, con errores reiterados y rectificaciones que habrían ido alargando el expediente. En esa versión, el gobierno local de Vecinos por Llanes y PP habría usado el PGOU como bandera política, pero después no habría sabido conducirlo técnicamente. La réplica del alcalde Enrique Riestra niega de raíz esa tesis: dice que sería absurdo que el propio gobierno municipal quisiera bloquear su plan, afirma que los técnicos municipales remitieron hace meses la documentación a la Consejería y reprocha al Principado no haber advertido antes de supuestos defectos o carencias para poder subsanarlos de inmediato.
Lo publicado adicionalmente estos días en internet permite encajar mejor ese choque. El 13 de abril, el Ayuntamiento formalizó un requerimiento a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias para que emitiera la declaración ambiental estratégica del PGOLL. En esa comunicación municipal se defendía que el consistorio había remitido la documentación el 11 de diciembre de 2025 y que el plazo máximo de cuatro meses ya se había superado, por lo que la demora estaría paralizando la tramitación del Plan. Esa fue, por tanto, la posición oficial previa del equipo de gobierno de Vecinos y PP antes del cruce de este viernes.
También hay antecedentes oficiales que explican por qué el debate actual no nace de cero. En febrero del año 2024, el Principado anunció la aprobación de unas normas urbanísticas provisionales para Llanes con el objetivo de dar seguridad jurídica y agilizar la actividad urbanística mientras no hubiera Plan General definitivo. Y el 1 de marzo del año 2024, el Consejo de Gobierno concedió al Ayuntamiento un plazo adicional de 15 meses para la aprobación provisional del PGOU, el Catálogo Urbanístico y el Documento Ambiental Estratégico, precisamente porque esos tres documentos debían volver a someterse a información pública una vez recibido el informe favorable de Patrimonio Cultural.
A eso se suma otro hito relevante: en noviembre del año 2025 el gobierno municipal comunicó su intención de llevar a Pleno la aprobación provisional del Plan General ese mismo mes, presentándolo como el paso previo para remitirlo al Principado y encarar ya la aprobación definitiva. Sin embargo, casi al mismo tiempo, el Principado advirtió públicamente de que, si la tramitación no se desarrollaba correctamente, podría adoptar “medidas respecto a las competencias urbanísticas” del municipio. Esa advertencia, citada ahora por el PSOE, demuestra que ya entonces existía desconfianza institucional sobre la forma en que se estaba llevando el expediente.
La novedad que introduce la discusión de hoy es que ya no se debate solo sobre plazos, sino sobre la validez formal de lo enviado a la Consejería. En una información publicada este 17 de abril, recogiendo la posición usada por el PSOE, se afirma que la propia Consejería trasladó que la documentación remitida por el Ayuntamiento en diciembre no equivalía realmente a una solicitud de declaración ambiental estratégica y que faltaba la documentación específica necesaria para iniciar ese procedimiento. Si esa versión es correcta, el problema no sería únicamente que el Principado tardó en responder, sino que el trámite ambiental ni siquiera habría arrancado en forma válida.
Con todo eso integrado, el cuadro que dejan las noticias es este: el PGOLL de Llanes arrastra una tramitación larga y accidentada, con reinicios, nuevos periodos de información pública y soluciones provisionales impulsadas por el Principado para sostener la seguridad jurídica del concejo; en noviembre del año 2025 el gobierno municipal dio por inminente la aprobación provisional; el 13 de abril de 2026 acusó a la Consejería de retrasar la declaración ambiental estratégica; y el 17 de abril el PSOE respondió que el verdadero atasco no está en un bloqueo político del Principado, sino en que el Ayuntamiento no habría pedido correctamente ese trámite ambiental. El alcalde del gobierno de la ultraderecha, por su parte, mantiene que, de haber sido advertido antes, el error se habría subsanado en pocos días. A fecha de hoy, según lo publicado, el resultado práctico es que el Plan General sigue atascado en la fase ambiental previa a su aprobación definitiva.
Si un llanisco se atiene solo a los hechos contrastables, la conclusión principal es que el problema del Plan ya no puede presentarse como un simple atasco ajeno o de última hora. Llanes arrastra desde hace años una anomalía urbanística de fondo: el concejo carece de PGOU desde el 4 de enero de 2011 por la nulidad judicial del planeamiento entonces vigente con un gobierno socialista, y el Principado tuvo que aprobar en 2024 unas normas urbanísticas provisionales para dar seguridad jurídica mientras seguía la tramitación del nuevo documento. Además, en marzo de 2024 el Consejo de Gobierno concedió al Ayuntamiento otros 15 meses para la aprobación provisional del PGO, el Catálogo Urbanístico y el Documento Ambiental Estratégico.
Eso significa que, tras once años de gobierno ultra de Enrique Riestra —alcalde desde junio de 2015 y de nuevo investido en el año 2023—, el balance objetivo no es un plan aprobado, sino un expediente que sigue encallado. Esa es la primera conclusión institucional que puede sacar cualquier vecino: más allá del tono de unos y otros, el compromiso político de ordenar de una vez el urbanismo de Llanes no se ha traducido en el resultado prometido.
La segunda conclusión es que la defensa del alcalde queda en cueros por la propia cronología oficial. El Ayuntamiento sostuvo el 13 de abril de 2026 que había remitido la documentación ambiental el 11 de diciembre de 2025 y que el Principado estaba fuera de plazo para formular la declaración ambiental estratégica. Pero ya en noviembre de 2025 la Consejería había dejado por escrito que las comunicaciones previas del consistorio eran meros trámites, que no requerían respuesta autonómica, y que lo determinante sería remitir un expediente formalmente correcto; incluso advirtió de posibles medidas si la tramitación municipal seguía sin ajustarse a los plazos y exigencias.
Por eso, de la acusación del PSOE y de la réplica del alcalde, un vecino prudente no necesita deducir ninguna intención oculta para extraer una idea clara: lo acreditado es, como mínimo, una gestión insuficiente del procedimiento. Cuando una administración local asegura que el expediente está parado por falta de respuesta y, al mismo tiempo, desde el ámbito autonómico se viene diciendo que el paso decisivo era presentar correctamente el documento y cumplir los plazos, lo que aparece no es una maniobra demostrada contra Llanes, sino un fallo prolongado de dirección, control y coordinación administrativa del gobierno municipal.
La tercera conclusión, y seguramente la más importante para quien vive allí, es que el debate público ha entrado en una fase de cruce de culpas que no resuelve el fondo del problema. Desde el año 2024 el concejo dispone de un marco provisional y de un calendario extraordinario para sacar adelante el nuevo plan, y aun así en abril de 2026 la discusión sigue girando sobre si faltó un requerimiento, si hubo silencio administrativo o si la documentación era o no la correcta. Traducido a lenguaje ciudadano: después de años de promesas, el urbanismo de Llanes sigue dependiendo de soluciones transitorias y de expedientes que vuelven a tropezar en la tramitación.
Dicho de la forma más sobria posible: el llanisco puede concluir que el gobierno municipal no ha conseguido convertir su discurso sobre el Plan en eficacia administrativa. Eso no prueba por sí solo mala fe, pero sí permite afirmar que, después de más de una década de gobierno municipal ultra encabezado por Enrique Riestra, la ordenación urbanística general del concejo sigue sin cerrarse y el coste de esa falta de culminación lo soporta Llanes en forma de inseguridad, provisionalidad y desgaste institucional.
Lo que está pagando Llanes no es solo el retraso de un plan urbanístico, sino una forma de hacer política basada en la confrontación permanente. Cuando un gobierno municipal convierte cualquier discrepancia con el Principado en una batalla política, deja de actuar como una administración que resuelve problemas y pasa a comportarse como un actor que necesita enemigos para justificarse (es una característica de la ultraderecha, la bronca con la que tapar su incapacidad). El resultado es que la discusión pública se desplaza del fondo de los asuntos a un cruce constante de reproches, y esa estrategia termina teniendo consecuencias muy concretas para los vecinos de Llanes.
Ese frentismo tiene un coste evidente. Mientras el Ayuntamiento se instala en el relato de las culpas ajenas, Llanes sigue arrastrando inseguridad, provisionalidad y retrasos en una cuestión tan decisiva como la ordenación urbanística del concejo. No hablamos de un daño abstracto, sino de un peaje real que pagan todos los llaniscos: más incertidumbre, más desgaste institucional y más tiempo perdido en conflictos políticos en lugar de en soluciones eficaces. Cuando la prioridad de un gobierno parece ser proteger su posición pública antes que asumir errores, corregirlos y encauzar los expedientes con seriedad, quien acaba perjudicado no es el adversario político, sino el municipio entero.
Por eso el problema no es solo que falte un interlocutor eficaz, sino que al frente del Ayuntamiento se proyecta una forma de actuar más cercana al ariete político que al responsable institucional. Un interlocutor político fiable es quien rebaja el ruido, corrige a tiempo, coopera con otras administraciones y ofrece seguridad a sus vecinos. Un ariete, en cambio, vive de la tensión, necesita el choque constante y convierte cada dificultad en una oportunidad para desplazar responsabilidades. Y cuando esa es la lógica que se impone desde el gobierno municipal, Llanes no solo pierde tiempo: pierde estabilidad, credibilidad y capacidad para resolver de una vez los problemas que arrastra desde hace demasiado tiempo.
Foto: los tres caciques que tienen sumido a Llanes en un caos urbanístico: Juan Valladares, Enrique Riestra y Juan Carlos Armas.
La situación puede resumirse así: el PGOU en tramitación en Llanes prevé una capacidad muy amplia de crecimiento residencial, porque en el pleno de aprobación de abril de 2025 el concejal de Urbanismo explicó que el documento contempla la ejecución de unas 5.700 nuevas viviendas. Sin embargo, en la defensa pública que hizo VecinosxLlanes del propio plan, la cifra anunciada para vivienda protegida fue de 274 viviendas VPO, repartidas en 223 en Llanes, 46 en Posada y 5 en Nueva. Si se comparan ambas magnitudes, la vivienda protegida apenas rondaría el 4,8% de las nuevas viviendas previstas, un peso muy reducido dentro del conjunto del planeamiento.
Por eso, el problema no es solo que Llanes tenga una dificultad real de acceso a la vivienda, sino que el plan que debería servir para corregirla reserva una parte ínfima a vivienda protegida. El propio debate plenario de marzo de 2024 dejó constancia de que en el concejo existe un “grave problema en vivienda y en acceso a la misma”, y de que la oposición pidió que el Plan General recogiera más suelo para vivienda protegida y vivienda social. Esa moción fue rechazada por la mayoría ultra de VecinosxLlanes y PP.
En términos sencillos, lo que reflejan los datos públicos es que el PGOU está pensado para permitir mucho crecimiento residencial, pero dedica una reserva escasa a vivienda asequible o protegida para los llaniscos. Eso hace que, tal como está planteado, el plan ofrezca una respuesta débil a una de las necesidades más sensibles del municipio: que los vecinos puedan acceder a una vivienda y seguir viviendo en Llanes.
Un buen ejemplo de lo que debe ser gobernar para la ciudadanía lo vemos en Ribadesella, su gobierno municipal saca adelante un plan urbanístico con una mayoría amplia y sin votos en contra, y hacerlo incorporando una reserva de alrededor de 14.000 metros cuadrados de suelo público para futuras viviendas de protección oficial. Es decir, utilizar el planeamiento no solo para ordenar el territorio, sino también para dejar abierta una respuesta concreta a una necesidad social básica como es el acceso a la vivienda. El propio pleno del 15 de abril de 2026 aprobó el último modificado del Plan General con 11 votos a favor y 2 abstenciones, y una de las razones destacadas públicamente para apoyarlo fue precisamente esa bolsa de suelo público destinada a vivienda protegida.
Los cómplices del gobierno municipal en el desaguisado urbanístico, AVALL
Por contraste, en Llanes el urbanismo aparece hoy como lo contrario de una política centrada en resolver problemas reales de los vecinos. Allí el debate público no está girando en torno a cuánta vivienda protegida se garantiza o cómo se facilita que la gente pueda seguir viviendo en su concejo, sino alrededor de un nuevo choque institucional por un plan que continúa atascado. El 13 de abril el Ayuntamiento responsabilizó a la Consejería del retraso en la declaración ambiental estratégica del PGOLL, pero el 17 de abril la respuesta difundida desde el ámbito autonómico fue que el problema radicaba en la falta de diligencia municipal y en que la documentación remitida no había iniciado correctamente el trámite ambiental. El resultado práctico, más allá del intercambio de culpas, es que Llanes sigue sin ver culminado el instrumento que debería dar estabilidad urbanística al concejo.
Ese es el verdadero contraste político. En Ribadesella, el plan se presenta como una herramienta para abrir camino a la vivienda protegida y se aprueba con un respaldo institucional amplio. En Llanes, el plan sigue envuelto en retrasos, reproches y bloqueo administrativo. Por eso, la comparación permite una idea muy clara para un post: gobernar para la gente es reservar suelo público, construir consensos y convertir el urbanismo en una palanca al servicio del derecho a vivir en el municipio; gobernar de espaldas como hace el gobierno ultra del Ayuntamiento de Llanes es dar la espalda a esa necesidad, es dejar que el planeamiento se convierta en un escenario de confrontación mientras los vecinos siguen esperando soluciones.
Y esa es, en el fondo, la verdadera cuestión. Después de más de una década de gobierno de la ultraderecha representada por Enrique Riestra y sus sicarios de AVALL, Llanes no tiene todavía el urbanismo ordenado que necesita, no tiene una respuesta suficiente al problema de la vivienda y no tiene un gobierno capaz de convertir sus promesas en resultados. Donde debería haber planificación, rigor y ambición para que la gente pueda vivir en su pueblo, hay retrasos, bronca y una política basada en desplazar culpas. Por eso el debate ya no es solo sobre un PGOU encallado, sino sobre un modelo de gobierno que ha demostrado ser incapaz de dar a Llanes la seguridad, la vivienda y el futuro que merece.
Para terminar el post quiero manifestar que ese es, en realidad, el balance que queda cuando se aparta el ruido y se miran solo los resultados. Desde el año 2015, con el gobierno ultra de Enrique Riestra en la alcaldía, Llanes sigue sin haber resuelto de forma definitiva el problema urbanístico que condiciona el presente y el futuro del concejo. No hay un planeamiento culminado, no hay una respuesta suficiente al problema de la vivienda y no hay una gestión capaz de convertir las promesas en soluciones. Lo que hay es un municipio obligado a convivir con retrasos por obra y gracia de VecinosxLlanes y PP, provisionalidad, cruces de culpas y un desgaste institucional que acaba pagando toda la ciudadanía.
Y ese coste no es solo político: también es económico. Este gobierno le cuesta a los llaniscos 293.902 euros al año, la exigencia mínima debería ser eficacia, solvencia y capacidad para resolver problemas. Pero cuando el resultado de esa factura anual no es un ayuntamiento que ordena el urbanismo, facilita vivienda y ofrece seguridad a sus vecinos, sino un gobierno instalado en la confrontación y en la excusa permanente, lo que se está encareciendo no es solo la administración: se está encareciendo la vida pública de Llanes. Cada año que pasa sin resolver lo esencial convierte ese gasto en un peaje todavía más injustificable para los llaniscos.
Por eso, el cierre solo puede ser contundente: este gobierno sale demasiado caro para lo poco que resuelve. Sale caro porque cobra como si gobernara con eficacia y, sin embargo, deja a Llanes atrapado en los mismos problemas de fondo. Sale caro porque, en lugar de ofrecer certezas, prolonga la incertidumbre. Sale caro porque, en vez de asumir errores y corregirlos, prefiere la bronca, el señalamiento y la batalla política. Y sale caro, sobre todo, porque mientras el gobierno se protege a sí mismo, quienes siguen esperando una respuesta seria sobre urbanismo, vivienda y futuro son los vecinos de Llanes. Ahí está la verdadera factura: 293.902 euros al año para seguir donde no se debería seguir, en el atasco, en la provisionalidad y en la incapacidad.
Ya lo dijo Manuel Azaña: “Gobernar no es agitar culpas, sino responder con hechos.”
No hay comentarios:
Publicar un comentario