Ayer se publicaba en la prensa regional la noticia donde se explica cómo la evolución de los bienes de interés cultural en Asturias refleja el cambio en la manera de entender y proteger el patrimonio regional. Toma como punto de partida la torre del antiguo castillo de Llanes, primer BIC declarado en Asturias en 1876, para mostrar cómo, desde entonces, el catálogo patrimonial fue ampliándose desde los grandes monumentos religiosos y civiles hacia castros, cuevas con arte rupestre, conjuntos históricos, bienes muebles y, más recientemente, manifestaciones inmateriales. En esa línea, se señala que esta misma semana se han incorporado la Quinta de los Selgas, en Cudillero, y la colección artística de la antigua Cajastur.
El texto subraya que, en un primer momento, las declaraciones se centraron en elementos esenciales de la historia asturiana, como Santa Cristina de Lena, la colegiata de Covadonga, el prerrománico ovetense y distintas iglesias y monasterios medievales. Más adelante, la idea de patrimonio se amplió para incluir paisajes culturales, arquitectura industrial, órganos históricos, yacimientos arqueológicos, cuevas paleolíticas y expresiones culturales vivas. Entre estas últimas figuran la cultura sidrera, la misa asturiana de gaita, la asturianada, los bolos asturianos, el corri-corri de Cabrales y los saberes ligados al bote de vela latina en la ría del Eo.
Fuente: LNE
En cuanto a la distribución territorial, Oviedo aparece como el principal núcleo patrimonial de Asturias, con 41 bienes declarados, gracias a la concentración de monumentos como San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco, la catedral, La Foncalada, la muralla, museos, palacios y órganos históricos. Después se sitúan Llanes y Villaviciosa, con 26 BIC cada uno; en Llanes destaca además el bien inmaterial de los trajes de aldeana y de porruanu llanisco, mientras que Villaviciosa se asocia a la cultura del azabache. Tras ellos aparecen Gijón, Cangas de Onís, Cabrales y Mieres. Frente a estos concejos, la noticia también señala que todavía hay municipios sin ningún BIC asignado directamente, como Caravia, El Franco, Illas, Muros de Nalón, Ponga, Riosa, San Tirso de Abres, Sobrescobio, Soto del Barco, Vegadeo, Villayón y Yernes y Tameza.
Además, se indica que el inventario seguirá creciendo, ya que hay varios bienes en tramitación, entre ellos el yacimiento de Lucus Asturum, el teatro popular asturiano y la trashumancia en la región, todos pendientes de la aprobación definitiva del Consejo de Gobierno del Principado. La información remarca que la declaración de BIC no es solo un reconocimiento simbólico, sino que implica protección legal y la obligación de conservar esos bienes, tanto por parte de sus propietarios como de la administración.
La segunda parte de la noticia se centra en el estado de conservación de algunos de estos bienes y en las actuaciones previstas por el Gobierno de Asturias. Se menciona la rehabilitación próxima de cubiertas y muros del Museo Arqueológico, especialmente en zonas afectadas por filtraciones de agua, como la sala de exposiciones temporales y un almacén del sótano. También se destaca la situación preocupante de varios edificios del poblado minero de Bustiello, en Mieres, donde, pese a la reparación reciente de la cubierta de la botica, los vecinos consideran insuficiente la intervención y denuncian el deterioro del resto del complejo hospitalario.
En Bustiello, además, está prevista la rehabilitación de la antigua escuela de niños promovida por el Marqués de Comillas, que recuperará su uso como refugio de viajeros. Según la noticia, el albergue juvenil reabrirá en 2027 tras una reforma profunda de más de 900.000 euros, contará con 50 plazas y será gestionado directamente por el Instituto Asturiano de la Juventud como primer albergue juvenil de montaña dependiente de la administración autonómica. Por último, el texto menciona otras obras pendientes, como la rehabilitación del edificio contiguo a la hospedería del monasterio de Valdediós, en Villaviciosa, la del palacio de Aramil en Siero, cuyo proyecto ya está en manos de Patrimonio, y la del palacio de Celles, también en ese concejo https://bit.ly/4vdjoMQ
Según la legislación asturiana, la obligación directa de mantener y conservar los BIC no recae por el mero hecho de estar en un municipio sobre el ayuntamiento, sino sobre los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre el bien. Eso lo establece con claridad la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural, en su artículo 28.1, al decir que esos titulares “están obligados a conservarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente” https://bit.ly/3O8VwsV
Para los Bienes de Interés Cultural de forma específica, la misma ley añade en el artículo 50.1 que “los Bienes de Interés Cultural deberán ser conservados” conforme a su régimen de protección general y específico. Es decir, el deber de conservación existe con carácter general para todo el patrimonio cultural y se refuerza expresamente en el caso de los BIC.
El ayuntamiento no es, con carácter general, el obligado principal a conservar un BIC ajeno, pero sí tiene funciones de control y disciplina urbanística. La ley prevé que, si se incumple el deber de conservación, la Consejería competente en patrimonio ordenará a los propietarios las obras necesarias, y que los ayuntamientos harán lo mismo cuando tengan facultades para ello con arreglo a la legislación urbanística y de régimen local, especialmente respecto de bienes incluidos en catálogos urbanísticos de protección. Esto aparece en el artículo 29.1. Además, el artículo 31 permite la ejecución subsidiaria por la administración competente, a costa de los responsables, si no cumplen el requerimiento.
Por tanto, la respuesta jurídica exacta es esta: la conservación y mantenimiento corresponde en primer término al propietario, poseedor o titular de derechos sobre el BIC; el Principado y, en su caso, el ayuntamiento, vigilan, requieren, sancionan y pueden actuar subsidiariamente, pero no sustituyen de entrada al titular salvo incumplimiento o salvo que sean ellos mismos los propietarios del bien.
La ley donde se recoge es la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural, sobre todo en estos preceptos: art. 28 (deber de conservación y uso), art. 29 (incumplimiento del deber de conservación), art. 31 (ejecución subsidiaria) y art. 50 (régimen de protección de los BIC).
Tomando como referencia el listado oficial de Bienes de Interés Cultural de Asturias actualizado a octubre del año 2025, en el concejo de Llanes figuran 26 asientos: Torre del Castillo; Ídolo de Peña Tú; Iglesia de San Antolín de Bedón; Conjunto histórico de la villa de Llanes; Palacio de Espriella; Casa del Cercáu; Casa Palacio de los Condes de Vega de Sella; Palacio de Gastañaga; Iglesia de Santa María del Conceyu; Torre de Tronquedo en Andrín; Casino de Llanes; Cueva de Balmori, Pradón o La Cuevona; Cueva de El Quintanal; Cueva de El Covarón; Cueva de Coberizas o Sabina; Cueva de La Herrería, Herrerías o Bolao; Cueva de Cordoveganes; Cueva de Cueto la Mina; Cueva de La Riera; Cueva El Tebellín; Cueva Tempranas; Cueva Trescalabres; Cueva de Samoreli; Órgano de la iglesia de Santa María del Conceyu; Delimitación del entorno de protección de la iglesia de San Antolín de Bedón; y Conjunto histórico de Llanes: establecimiento de intervenciones y obras exentas de autorización por Cultura https://bit.ly/47IJFIQ
Ahora bien, esos 26 asientos no son 26 inmuebles equivalentes entre sí. El propio listado mezcla monumentos, cuevas y un bien mueble singular —el órgano— con dos asientos de carácter complementario o regulatorio: la delimitación del entorno de protección de San Antolín de Bedón (2019) y la fijación de intervenciones exentas en el conjunto histórico (2022). Además, el Conjunto histórico de la villa de Llanes no responde a un único propietario, porque comprende múltiples parcelas y edificios dentro del casco histórico.
El Ayuntamiento de Llanes, siendo estricto y ciñéndome solo a lo que se puede acreditar con fuente pública abierta, he podido verificar que solo es propietario de uno: el Casino de Llanes. Hay un expediente municipal de 2025 para redactar los estudios y el proyecto de rehabilitación del Casino promovido por el propio Ayuntamiento, y RTPA recuerda además que el edificio fue comprado por el Ayuntamiento en el año 1990. No sumo la Torre del Castillo porque las fuentes abiertas sí muestran uso y gestión municipal continuados, pero no he localizado una referencia pública inequívoca de titularidad registral. Tampoco se computa como “propiedad municipal” el conjunto histórico ni los dos asientos puramente protectores, porque no corresponden a una sola finca ni a un solo dueño https://bit.ly/4dqntqz
En cuanto al contenido patrimonial de esos 26 BIC, el núcleo más visible está en la propia villa de Llanes. Ahí se concentran la Torre del Castillo, resto defensivo medieval que fue también cárcel; el Conjunto histórico, que protege la trama antigua de la villa; la iglesia de Santa María del Conceyu, uno de los hitos religiosos del casco; la Casa del Cercáu, descrita en su decreto como un palacio urbano con rasgos renacentistas y barrocos, capilla y finca amurallada; el Palacio de Gastañaga; y el Casino de Llanes, que el decreto de declaración describe como una pieza de gusto indiano y modernista, con una decoración interior muy rica. En esta parte del catálogo se ve con claridad la superposición de la Llanes medieval, la señorial y la de comienzos del siglo XX.
Fuera de la villa, el catálogo incorpora varios hitos muy distintos entre sí. El Ídolo de Peña Tú, en Puertas, es un enclave prehistórico de primer orden con pinturas y grabados y un entorno de túmulos funerarios. La iglesia-monasterio de San Antolín de Bedón, en Bricia, conserva la iglesia románica comenzada a inicios del siglo XIII junto a la desembocadura del Bedón. A ello se suman edificios de carácter señorial o residencial como el Palacio de Espriella en Villahormes, la Casa Palacio de los Condes de Vega de Sella en Nueva y la Torre de Tronquedo en Andrín, que representan la parte nobiliaria y civil del patrimonio disperso por el concejo.
El bloque más numeroso lo forman las cuevas BIC, que son trece entradas del registro: Balmori o La Cuevona, El Quintanal, El Covarón, Coberizas o Sabina, La Herrería, Cordoveganes, Cueto la Mina, La Riera, El Tebellín, Tempranas, Trescalabres y Samoreli. Este conjunto explica por sí solo el peso que tiene en Llanes el patrimonio prehistórico, arqueológico y rupestre. Las resoluciones de protección de varias de estas cuevas destacan precisamente sus valores paleolíticos y sus manifestaciones artísticas.
El listado se completa con el órgano de la iglesia de Santa María del Conceyu, declarado de forma separada en el año 2017, lo que muestra que en Llanes el régimen BIC no protege solo edificios o yacimientos, sino también un bien mueble singular vinculado a la historia litúrgica y musical local. Y, además, las dos entradas finales de 2019 y 2022 refuerzan la protección jurídica sobre San Antolín de Bedón y sobre el conjunto histórico de la villa.
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BIC |
Localidad |
Tipo |
Titularidad municipal acreditada |
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Torre del Castillo |
Llanes |
Torre / monumento defensivo |
No acreditada |
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Ídolo de Peña Tú |
Puertas |
Yacimiento / arte prehistórico |
No acreditada |
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Iglesia de San Antolín de Bedón |
Bricia |
Iglesia / monumento religioso |
No acreditada |
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Conjunto histórico de la villa de Llanes |
Llanes |
Conjunto histórico |
No procede |
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Palacio de Espriella |
Villahormes |
Palacio |
No acreditada |
|
Casa del Cercáu |
Llanes |
Casa palacio |
No acreditada |
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Casa Palacio de los Condes de Vega de Sella |
Nueva |
Casa palacio |
No acreditada |
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Palacio de Gastañaga |
Llanes |
Palacio |
No acreditada |
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Iglesia de Santa María del Conceyu |
Llanes |
Iglesia |
No acreditada |
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Torre de Tronquedo en Andrín |
Andrín |
Torre |
No acreditada |
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Casino de Llanes |
Llanes |
Edificio civil |
Ayto. Llanes |
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Cueva de Balmori, Pradón o “La Cuevona” |
Valmori |
Cueva arqueológica |
No acreditada |
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Cueva de “El Quintanal” |
Valmori |
Cueva arqueológica |
No acreditada |
|
Cueva de “El Covarón” |
Parres |
Cueva arqueológica |
No acreditada |
|
Cueva de Coberizas o Sabina |
Posada |
Cueva arqueológica |
No acreditada |
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Cueva de La Herrería, Herrerías o Bolao |
La Pereda |
Cueva arqueológica |
No acreditada |
|
Cueva de Cordoveganes |
Vidiago |
Cueva arqueológica |
No acreditada |
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Cueva de Cueto la Mina |
Bricia |
Cueva arqueológica |
No acreditada |
|
Cueva de La Riera |
Bricia |
Cueva arqueológica |
No acreditada |
|
Cueva El Tebellín |
Bricia |
Cueva arqueológica |
No acreditada |
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Cueva Tempranas |
Bricia |
Cueva arqueológica |
No acreditada |
|
Cueva Trescalabres |
Bricia / Posada |
Cueva arqueológica |
No acreditada |
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Cueva de Samoreli |
La Llende |
Cueva arqueológica |
No acreditada |
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Órgano de la Iglesia de Santa María del Concejo |
Llanes |
Bien mueble |
No acreditada |
|
Delimitación del entorno de protección de la Iglesia de San Antolín de Bedón |
Bricia |
Entorno de protección |
No procede |
|
Conjunto histórico de Llanes: establecimiento de intervenciones y obras exentas de autorización por Cultura |
Llanes |
Régimen de protección |
No procede |
El mayor agresor de los BIC de Llanes es el gobierno fascista de VecinosxLlanes y PP que durante años y en sucesivas noticias hemos visto como han facilitado actividades que colisionaban con el interés de conservación de dichos BIC. Todo ello con la complicidad escandalosa de la asociación llanisca AVALL, el verdadero poder dentro del gobierno fascista.
Ciñéndome a noticias y documentos públicos recogeré cómo fue denunciando en los medios de comunicación una serie de actuaciones y omisiones que afectaron a BIC de Llanes, sobre todo en tres casos muy bien documentados: la cueva del Covarón , Cueva de las Herrerias y el Casino de Llanes.
El caso de la Cueva del Covarón es el más grave y el más sólido documentalmente. La cueva está protegida como BIC y su entorno de protección estaba delimitado antes de la polémica. En mayo de 2020 la controversia saltó a la prensa local cuando Podemos llevó a la Junta General la construcción que se estaba ejecutando en la entrada de la cavidad y preguntó cómo se había podido conceder una licencia dentro de un entorno protegido sin constancia del Servicio de Patrimonio; además, pidió que se valoraran la anulación de la licencia, la demolición de lo construido y la restitución del terreno. Toda esta tropelía se vinculó políticamente al entorno de VecinosxLlanes por estar relacionados con las obras que se estaban realizando https://bit.ly/3PMJk1H
Foto: concejales "filonazis" del gobierno fascista de VecinosxLlanes
La respuesta del Ayuntamiento que recogieron los medios fue defensiva: sostuvo que había actuado “con diligencia”, que ordenó la paralización el 6 de mayo de 2020 al detectar anomalías y que ya había iniciado la revisión de oficio para declarar la nulidad de la licencia. Esa versión municipal es importante porque muestra que, desde el primer momento, la discusión pública no giró solo en torno al daño patrimonial, sino también en torno a quién detectó el problema, cuándo se reaccionó y si la administración local estaba corrigiendo a tiempo una licencia que no debió desplegar efectos en ese entorno.
Los documentos oficiales posteriores confirman que no fue una simple polémica de partido. El Consejo Consultivo recoge que el 4 de mayo de 2020 Patrimonio Cultural advirtió al Ayuntamiento de que las obras podían afectar al entorno de protección y pidió una visita urgente con paralización inmediata si había afección; dos días después, el Ayuntamiento suspendió cautelarmente las obras, y el 29 de septiembre de 2020 el alcalde declaró nula de pleno derecho la licencia de 2018. Más aún: en marzo de 2021 el Consejo de Patrimonio concluyó que la parcela estaba intrínsecamente relacionada con el yacimiento y que una de las bocas de la cueva se abría en la propia finca. El propio dictamen consultivo de 2022 añade que la vulneración de la normativa protectora pasó inadvertida tanto para la CUOTA como para el Ayuntamiento, pese a que ambos habían intervenido en el procedimiento de delimitación del entorno.
La derivada judicial refuerza todavía más la importancia del caso. En 2022 los medios informaron de que el Juzgado de Llanes investigaba un presunto delito contra el patrimonio histórico-cultural por la obra levantada a la entrada de la cueva, después de que Cultura hubiera denunciado los hechos ante la Fiscalía por “daños irreparables” y de que se planteara la demolición de lo construido con restitución del terreno y seguimiento arqueológico. La Memoria de la Fiscalía del Principado recogió ese asunto como diligencias incoadas por actuaciones causantes de daños de imposible reparación en la cueva de El Covarón, finalizadas con denuncia ante el juzgado de guardia de Llanes por un presunto delito de prevaricación y contra el patrimonio.
Si se analiza en conjunto, las noticias sobre el Covarón no describen solo una colisión abstracta entre urbanismo y patrimonio. Describen una secuencia concreta: denuncia pública, confrontación política, reacción administrativa tardía pero efectiva en forma de paralización y nulidad, y finalmente judicialización del asunto. Es, por tanto, el ejemplo más claro y nítido en Llanes de una denuncia que acabó respaldada por actos administrativos firmes y por una investigación judicial, de modo que aquí no estamos ante una mera opinión, sino ante un expediente con consecuencias jurídicas objetivas.
El Casino de Llanes presenta un problema distinto. Aquí la denuncia pública no se centra en una obra presuntamente ilegal junto a un yacimiento, sino en el deterioro progresivo de un BIC municipal por falta de mantenimiento y retraso en la intervención. En febrero de 2023 Podemos llevó a la Junta General una pregunta sobre el “avanzado estado de deterioro por falta de mantenimiento” del edificio y presentó a Llanes como un caso paradigmático de abandono patrimonial. Esa presión política coincidió con una denuncia previa de la junta directiva de la Asociación Casino de Llanes, que provocó una inspección técnica de Patrimonio el 7 de febrero de 2023 https://bit.ly/3PQnyu0
La Consejería de Cultura confirmó entonces que el estado global del inmueble era bueno, pero también que presentaba desperfectos relevantes en acabados interiores e infiltraciones de agua visibles en falsos techos y partes altas de los muros. A partir de esa inspección, Patrimonio dio al Ayuntamiento de Llanes un plazo de dos meses para presentar un proyecto técnico y arquitectónico con diagnóstico, valoración de daños y propuesta definitiva de intervención. La propia documentación parlamentaria recoge que la exigencia se apoyaba en los artículos 28 y 29 de la Ley de Patrimonio Cultural. Esto significa que, en el Casino, la denuncia mediática sí encontró refrendo oficial: no era solo un reproche partidista, sino una deficiencia constatada por inspección técnica y seguida de un requerimiento formal.
Lo significativo es que el asunto no desapareció después de ese requerimiento. En marzo de 2025, el diario El Búscolu recogía una nueva denuncia del PSOE de Llanes según la cual, dos años después de los anuncios de intervención, no se había ejecutado ninguna actuación relevante y el edificio seguía en un estado preocupante; el mismo texto señalaba que las quejas no procedían solo del PSOE, sino también de la Sociedad Casino y de actores que habían llevado el problema a la Junta General. Ese mismo mes, sin embargo, la Plataforma de Contratación del Sector Público ya publicaba la memoria del contrato para redactar estudios previos y proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación del Casino; en esa memoria el propio Ayuntamiento admitía que el inmueble había sufrido reformas e intervenciones desordenadas y que era necesaria una primera actuación prioritaria para frenar su deterioro a corto plazo https://bit.ly/4bUKosQ
Leído en conjunto, el patrón del Casino es el de una denuncia persistente por inacción o lentitud. Primero se denuncia el deterioro; después Patrimonio lo verifica y requiere un proyecto; más tarde la oposición denuncia que el proyecto no se traduce en obras; y, finalmente, el Ayuntamiento reconoce en un expediente de contratación que hace falta una intervención prioritaria para frenar el deterioro. La crítica mediática, por tanto, se apoya aquí en la distancia entre el diagnóstico ya conocido y la ejecución material de las obras.
Según lo publicado en prensa, lo que ocurrió en el BIC de la Cueva de la Herrería en La Pereda fue la denuncia pública, en mayo de 2025, de unas obras ejecutadas dentro de su entorno de protección. Los medios recogieron que la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies puso el caso en conocimiento de la Consejería de Cultura, la de Ordenación del Territorio y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, al entender que se estaban realizando trabajos en una zona protegida y pidiendo que se comprobara su legalidad.
Las actuaciones denunciadas, tal como las resumió la prensa, consistían en tala de arbolado, movimientos de tierra y acondicionamiento del terreno, parcelación de fincas con cierres de tubos metálicos y alambre sobre base de hormigón, e instalación de luz de obra. También se publicó que parte de esos trabajos afectaría a una zona de suelo no urbanizable y de especial protección, e incluso a la servidumbre de protección de aguas, lo que fue uno de los motivos principales de alarma.
La relevancia del caso, según esas noticias, radica en que la Cueva de la Herrería es un BIC y en que su entorno de protección estaba ya delimitado, por lo que la prensa enmarcó la denuncia como un posible choque entre las obras y el régimen de conservación del yacimiento. Los artículos recordaban además que la cavidad conserva signos rupestres datados en el Magdaleniense Superior y que la protección de su entorno buscaba precisamente evitar impactos negativos sobre el enclave.
En síntesis, lo que la prensa contó fue esto: se detectaron y denunciaron obras en el entorno protegido de la cueva, se pidió a las administraciones que verificaran si estaban autorizadas y, en caso contrario, que las paralizaran y restauraran la zona. La información publicada se concentra en esa denuncia inicial y en la descripción de los trabajos https://bit.ly/4sSJS4y
Para terminar el post quiero manifestar que lo sucedido con los BIC de Llanes no permite hablar de simples descuidos puntuales, sino de una negligencia gubernativa sostenida del ámbito municipal. Cuando en un mismo municipio se encadenan un caso como el del Covarón, con obras en el entorno de una cueva protegida que acabaron en paralización, nulidad de licencia e investigación judicial; otro como el del Casino, donde tuvo que intervenir Patrimonio para requerir formalmente al Ayuntamiento que actuara ante el deterioro de un BIC de su propia titularidad; y otro como el de la Cueva de la Herrería, donde vuelven a aparecer denuncias por actuaciones en un entorno protegido, lo que queda al descubierto es un fallo estructural en la vigilancia, en la prevención y en la asunción de responsabilidades políticas municipales. No es serio gobernar un concejo con uno de los patrimonios culturales más importantes de Asturias esperando siempre a que denuncien otros, a que intervenga el Principado o a que el problema llegue a la prensa para empezar a reaccionar.
El balance es especialmente grave porque no se trata solo de conservar piedras antiguas o expedientes administrativos, sino de custodiar bienes jurídicamente protegidos cuya defensa es una obligación pública inexcusable. Y, sin embargo, la imagen que deja este gobierno municipal presidido por él “filonazi”, Enrique Riestra Rozas, es la de una administración incapaz o renuente a ejercer con rigor esa obligación. Donde debería haber vigilancia constante, hay pasividad; donde debería haber mantenimiento preventivo, hay abandono hasta que el deterioro se hace visible; donde debería haber celo institucional, aparecen retrasos, omisiones y respuestas tardías. Esa forma de actuar no es neutral: favorece de hecho que el patrimonio quede expuesto, degradado o comprometido.
Además, el contraste con otras prioridades municipales resulta políticamente devastador. Para aquello que da escaparate, foto o proyección social sí aparece el dinero, la rapidez y la voluntad de actuar. Ahí está el campo de golf, al que se han destinado cientos de miles de euros públicos para sostener una instalación utilizada por una minoría. En cambio, bienes patrimoniales de valor colectivo han tenido que esperar años, informes, denuncias y hasta financiación externa para recibir intervenciones que eran perfectamente asumibles para el presupuesto municipal. El ejemplo de los Cubos de la Memoria es especialmente elocuente: una obra emblemática y perfectamente visible, deteriorada durante años, que no se restauró hasta la llegada de fondos europeos. Ese contraste demuestra que el problema no era la imposibilidad de actuar, sino la falta de voluntad política para hacerlo.
Por eso el juicio final es duro, pero ajustado a los hechos: en Llanes, bajo este gobierno municipal fascista de, Vecinos y PP, la protección de los BIC no ha funcionado como una prioridad de gobierno, sino como una carga secundaria que solo se atiende cuando la presión exterior ya hace imposible mirar hacia otro lado. Y cuando un ayuntamiento solo protege su patrimonio a remolque de las denuncias, de los requerimientos ajenos o del escándalo público, eso no es mala suerte ni una suma de incidentes aislados: es una forma de negligencia política en el ejercicio del poder con una oposición socialista que ni está ni se le espera como viene siendo costumbre.
Ya lo dijo José Saramago: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir.”
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