En el III Encuentro de alcaldes y alcaldesas de Asturias, celebrado hoy en Avilés dentro del Foro Municipalismo organizado por LA NUEVA ESPAÑA, los representantes municipales del oriente asturiano coincidieron en señalar que la excesiva burocracia es el principal problema al que se enfrentan los ayuntamientos en su gestión diaria. En el encuentro participaron José Manuel González (Cangas de Onís), Emilio García (Parres), José Ángel Toyos (Colunga), José Manuel Fernández (Peñamellera Baja), Iván Allende (Piloña), Salomé Samartino (Caravia), Enrique Riestra (Llanes), José Antonio Roque (Onís) y Paulo García (Ribadesella) https://bit.ly/4upiKezEl alcalde de Llanes, Enrique Riestra, destacó que “el principal problema de los ayuntamientos es la burocracia y la falta de efectividad normativa”. Señaló que incluso acciones sencillas pueden tardar meses debido a los trámites administrativos y pidió más apoyo de las administraciones autonómica y estatal, además de medidas para facilitar viviendas asequibles en municipios turísticos.
Por la izquierda, José Manuel González, Emilio García, José Ángel Toyos, José Manuel Fernández, Iván Allende, Salomé Samartino, Enrique Riestra, José Antonio Roque y Paulo García, este jueves, en Avilés.
Por su parte, el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, explicó que el reto principal es prestar servicios de calidad con recursos limitados. Indicó que los ayuntamientos asumen cada vez más competencias sin financiación suficiente y reclamó mayor apoyo al medio rural, inversiones en infraestructuras y respaldo al sector primario, además de reducir la burocracia.
El alcalde de Ribadesella, Paulo García, señaló que los municipios turísticos afrontan dificultades para mantener los servicios cuando la población se multiplica durante el verano, por lo que reclamó un tratamiento diferencial que permita cubrir adecuadamente esas necesidades.
Iván Allende, alcalde de Piloña, afirmó que uno de los principales retos es poder ejecutar proyectos municipales, ya que la normativa de contratación y la burocracia ralentizan especialmente los proyectos medianos y pequeños. También subrayó que los ayuntamientos asumen competencias que no les corresponden y con recursos económicos limitados.
El alcalde de Parres, Emilio García Longo, indicó que los municipios necesitan definir mejor su marco competencial y contar con una financiación acorde. Según explicó, los procedimientos administrativos generan impotencia y frustración, especialmente al ser la administración más cercana a los ciudadanos.
José Ángel Toyos, alcalde de Colunga, señaló que la principal aspiración de los ayuntamientos es reducir la burocracia y agilizar las tramitaciones de proyectos y solicitudes, destacando que una mayor financiación ayudaría a resolver gran parte de los problemas municipales.
Desde Peñamellera Baja, su alcalde José Manuel Fernández defendió que es necesario facilitar el emprendimiento en los pueblos, con menos burocracia, menor presión fiscal y normativa más flexible. También reclamó mayor apoyo de los gobiernos autonómicos y propuso impulsar micropolígonos para favorecer la implantación de empresas.
La alcaldesa de Caravia, Salomé Samartino, insistió en la necesidad de “adelgazar” la burocracia, señalando que los largos tiempos de autorización entre administraciones pueden hacer fracasar proyectos y subvenciones, incluso cuando cuentan con financiación europea.
Finalmente, el alcalde de Onís, José Antonio Roque, explicó que el principal objetivo de su concejo es retener población, ya que el envejecimiento y el aumento de segundas residencias reducen los ingresos municipales mientras aumentan los costes de servicios. Por ello, reclamó una financiación autonómica que permita la supervivencia de los municipios con poca población.
En conjunto, las declaraciones de todos los alcaldes participantes muestran una situación en la que los ayuntamientos perciben que tienen un papel central en la gestión diaria del territorio, pero con limitaciones administrativas, económicas y normativas que ralentizan su capacidad de actuación. La coincidencia en estos puntos indica que se trata de problemas compartidos por distintos municipios, independientemente de su tamaño o características.
El análisis de la aparente incoherencia entre las declaraciones del alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas, sobre la burocracia y la realidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del concejo debe partir de los hechos comprobables relacionados con la tramitación urbanística del municipio.
Foto: Juan Carlos Armas (PP) y Enrique Riestra (VxLl), los dos inútiles que hoy están al frente del problema de la vivienda en Llanes
En primer lugar, es importante señalar que Llanes llevaba años sin un plan urbanístico válido, concretamente desde el año 2011 sin un PGOU válido, es decir, alrededor de 14-15 años sin planeamiento urbanístico general plenamente vigente https://bit.ly/4bG5Bqc, después de que el anterior fuera anulado por el Tribunal Supremo. Esto generó una situación prolongada de inseguridad jurídica en materia urbanística. Durante ese periodo se sucedieron varios intentos de elaborar un nuevo documento de planeamiento sin éxito, lo que convirtió el urbanismo en uno de los principales focos de conflicto político y administrativo del concejo.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) impulsado por el gobierno municipal fascista de VecinosxLlanes y PP, fue aprobado inicialmente por el pleno el 28 de abril de 2025, iniciando después el procedimiento legal de exposición pública y presentación de alegaciones. Durante ese proceso se registraron 539 alegaciones en el segundo periodo de información pública, lo que muestra un nivel considerable de participación y también de controversia en torno al contenido del plan.
El documento urbanístico contempla un crecimiento residencial importante: 5.774 nuevas viviendas previstas, de las cuales aproximadamente el 60 % se ubicarían en núcleos rurales del concejo, según la propuesta defendida por el equipo de gobierno municipal. Este planteamiento forma parte de la estrategia urbanística del plan, que según el propio alcalde pretende impulsar un desarrollo “sostenible y moderado” sin agotar el suelo disponible.
El nuevo PGOU aprobado por el gobierno municipal de Llanes se presenta oficialmente como la solución al vacío urbanístico que arrastra el concejo desde que el Tribunal Supremo anuló el anterior plan en 2011. Sin embargo, cuando se examinan los datos y las decisiones políticas documentadas durante su tramitación, aparece una contradicción evidente entre el discurso institucional sobre el problema de la vivienda y el contenido real del planeamiento aprobado.
El plan se ha defendido públicamente como un instrumento necesario para ordenar el territorio y desbloquear la actividad urbanística tras más de una década sin planeamiento general válido. Pero los números del propio documento muestran que el eje central del PGOU no es la vivienda accesible ni la corrección de la crisis habitacional que afecta al concejo, sino la apertura de un enorme volumen de crecimiento residencial. En la tramitación del plan se difundió la previsión de casi seis mil nuevas viviendas, una cifra que convierte al PGOU en uno de los instrumentos de transformación territorial más intensos planteados en el municipio en décadas.
El problema no es simplemente el crecimiento. El problema es para quién está pensado ese crecimiento. En un concejo donde el mercado inmobiliario está fuertemente tensionado por la segunda residencia y el turismo, la cuestión clave no es construir más, sino garantizar vivienda accesible para residentes permanentes. Y es precisamente ahí donde el PGOU revela su mayor debilidad social.
La prueba más clara no está en interpretaciones ideológicas, sino en un hecho político concreto y documentado. En marzo de 2024 el pleno municipal debatió una moción para que el plan general incorporara suelo destinado específicamente a vivienda protegida y vivienda social. La propuesta no prosperó porque fue rechazada por la mayoría formada por VecinosxLlanes y el PP. Es decir, cuando se planteó reforzar de forma explícita el componente social del planeamiento, el gobierno municipal decidió no hacerlo... Nada nuevo en gobernantes fascistas y peseteros.
Ese dato desmonta el argumento de que el plan responde al problema de la vivienda. Si el objetivo prioritario hubiera sido garantizar acceso a vivienda asequible, la reserva de suelo para vivienda protegida habría sido un elemento central del PGOU. Sin embargo, la decisión política fue otra: permitir un gran volumen de crecimiento residencial sin convertir la vivienda pública en el eje estructural del planeamiento.
La consecuencia es un modelo urbanístico profundamente desequilibrado. Mientras el plan abre la puerta a miles de nuevas viviendas, la proporción destinada a vivienda protegida aparece como marginal en comparación con el crecimiento total. En términos sociales, eso significa que el planeamiento no corrige la dinámica que ya existe en el mercado inmobiliario local, dominado por la segunda residencia, la inversión inmobiliaria y el encarecimiento del suelo.
El problema se agrava además por la distribución territorial del crecimiento. Una parte significativa de las nuevas viviendas previstas se ubica en núcleos rurales, lo que implica expansión residencial dispersa. Ese tipo de crecimiento no solo incrementa la presión sobre infraestructuras y servicios públicos, sino que dificulta utilizar el planeamiento como herramienta de política social de vivienda. La dispersión residencial favorece la urbanización extensiva, pero no facilita la creación de parques de vivienda pública bien conectados y accesibles.
Por eso la crítica al PGOU no se limita a un debate técnico sobre urbanismo. Lo que está en juego es el modelo de concejo que se está construyendo. Un plan general puede servir para ordenar el territorio y garantizar desarrollo equilibrado, o puede convertirse en una herramienta que consolide un modelo inmobiliario orientado principalmente a la especulación residencial y la segunda vivienda. Cuando el crecimiento previsto es masivo y la vivienda protegida queda relegada a un papel mínimo, la dirección que toma el planeamiento resulta difícil de ignorar.
El contraste entre el discurso político y las decisiones adoptadas es particularmente llamativo. Desde el gobierno municipal se ha hablado en distintas ocasiones del problema del acceso a la vivienda en municipios turísticos. Sin embargo, cuando se analizan los hechos —el rechazo a incorporar suelo para vivienda social, la prioridad otorgada al crecimiento residencial y la escasa centralidad de la vivienda protegida en el plan— aparece una brecha evidente entre lo que se dice y lo que se aprueba.
En definitiva, el PGOU de Llanes no puede presentarse únicamente como un instrumento técnico para superar años de inseguridad urbanística. Es también una decisión política que define quién se beneficia del crecimiento del concejo y quién queda fuera de él. Y lo que muestran los hechos es que el planeamiento aprobado abre ampliamente la puerta al desarrollo inmobiliario mientras deja en segundo plano la función social de la vivienda.
Cuando un municipio con fuerte presión turística aprueba un plan que permite miles de nuevas viviendas pero no sitúa la vivienda protegida en el centro de su estrategia, el resultado no es neutral. Es un modelo de urbanismo que ordena el crecimiento, sí, pero que no garantiza justicia social en el acceso a la vivienda. Y esa ausencia no es un accidente administrativo: es el resultado directo de las decisiones políticas que se tomaron durante la elaboración del plan.
Por otro lado, la lentitud en la tramitación administrativa del Ayuntamiento de Llanes es legendaria. Existen referencias documentadas a problemas o críticas relacionadas con la tramitación de licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Llanes.
Un primer elemento objetivo es que el propio gobierno municipal ha reconocido la necesidad de mejorar y agilizar los procedimientos de licencias urbanísticas. En noviembre de 2025 el consistorio anunció una instrucción interna para unificar criterios técnicos y administrativos en la tramitación de expedientes de licencias, una medida impulsada desde la concejalía de Urbanismo que esta en manos del PP por obra de la “mentira andante”, Juan Carlos Armas, con el objetivo de aportar mayor seguridad jurídica y eficiencia al proceso. La propia explicación oficial de esa medida señala que se buscaba mejorar el funcionamiento de uno de los procedimientos administrativos más relevantes del municipio https://bit.ly/4sCd6nJ
El hecho de que el Ayuntamiento aprobara una instrucción específica para reorganizar y homogeneizar la tramitación indica que existía previamente un problema de funcionamiento o de disparidad de criterios, algo que el propio gobierno municipal trató de corregir mediante un protocolo interno https://bit.ly/47hCRSn
Foto: "Pinocho" Riestra, el fascista que hoy asola desde la alcaldía el municipio de Llanes
Además, en el ámbito laboral interno del área de urbanismo también han existido tensiones vinculadas al funcionamiento del departamento. El Ayuntamiento emitió un comunicado respondiendo a declaraciones sindicales relacionadas con el departamento de Urbanismo y recordando que ya había existido una denuncia ante la Inspección de Trabajo sobre las condiciones y funcionamiento del área, lo que refleja que el servicio municipal responsable de la gestión urbanística había sido objeto de conflicto o críticas https://bit.ly/3N3ih17
A esto se suma que los problemas relacionados con retrasos administrativos en licencias urbanísticas no son completamente nuevos en el municipio. En documentación del Defensor del Pueblo se recoge que se solicitó información al Ayuntamiento de Llanes por retrasos en la tramitación de solicitudes de licencias urbanísticas, teniendo que reiterarse el requerimiento de información en varias ocasiones antes de recibir respuesta https://bit.ly/4br1m0t
Estos tres elementos —la reorganización interna de los procedimientos de licencias, las controversias sobre el funcionamiento del departamento de Urbanismo y la existencia de actuaciones del Defensor del Pueblo relacionadas con retrasos en licencias— muestran que la tramitación urbanística en Llanes ha sido objeto de críticas o de problemas administrativos documentados.
Lo que sí se puede afirmar con base documental es que:
- La tramitación de licencias urbanísticas en Llanes ha generado quejas y requerimientos administrativos.
- El propio Ayuntamiento ha reconocido la necesidad de reorganizar y agilizar esos procedimientos.
- El área municipal de Urbanismo ha sido objeto de conflictos internos y críticas relacionadas con su funcionamiento.
En conjunto, los documentos disponibles muestran que la gestión de licencias urbanísticas en Llanes ha sido un área problemática desde el punto de vista administrativo, lo que ha motivado tanto actuaciones institucionales externas como medidas internas para intentar mejorar la tramitación de expedientes.
Para terminar el post quiero manifestar que a partir de los hechos expuestos, el epílogo que se desprende es claro. En el encuentro de alcaldes celebrado en Avilés, el alcalde fascista de Llanes denunció la burocracia y la lentitud administrativa como uno de los grandes problemas que sufren los ayuntamientos. Sin embargo, cuando se examina la situación concreta del propio Ayuntamiento de Llanes, aparecen una serie de datos que ponen en cuestión esa crítica cuando procede de quien gobierna el concejo desde hace casi 11 años.
Llanes ha vivido más de una década sin un planeamiento urbanístico general plenamente válido tras la anulación del PGOU de 2011. El nuevo plan impulsado por el gobierno municipal no llegó hasta 2025, después de años de bloqueo y de varios intentos fallidos. Ese retraso no es una abstracción administrativa: ha tenido consecuencias directas sobre la seguridad jurídica del municipio, sobre la planificación del territorio y sobre la capacidad de gestionar el urbanismo con claridad.
A esa situación se suman las dificultades documentadas en la tramitación de licencias urbanísticas. El propio gobierno municipal de VecinosxLlanes y PP ha reconocido la necesidad de reorganizar y unificar criterios en la gestión de expedientes para intentar agilizar procedimientos. También existen referencias a conflictos internos en el área de Urbanismo y a requerimientos institucionales relacionados con retrasos administrativos. Todo ello evidencia que la lentitud burocrática que se denuncia públicamente no es un problema ajeno al propio funcionamiento del consistorio.
Cuando desde la alcaldía se critica la burocracia de otras administraciones mientras persisten problemas de funcionamiento en la gestión urbanística municipal, el contraste resulta inevitable. No se trata de una valoración ideológica, sino de una constatación basada en hechos: retrasos en la planificación urbanística durante años, necesidad de reorganizar procedimientos de licencias y conflictos internos en el área encargada de gestionarlas.
En ese contexto, las declaraciones de Riestra sobre la burocracia adquieren otra dimensión. Porque pedir a otras administraciones que agilicen procedimientos y faciliten soluciones exige también que el propio gobierno municipal demuestre la misma eficacia en su ámbito de responsabilidad. Cuando eso no ocurre, el discurso político corre el riesgo de convertirse en una crítica hacia fuera que no se aplica hacia dentro.
El resultado de esa dinámica lo perciben directamente los vecinos de Llanes. Tras casi once años de gobierno municipal continuado, la ciudadanía ha visto cómo se acumulaban retrasos en el planeamiento urbanístico, problemas en la tramitación administrativa y debates recurrentes sobre el acceso a la vivienda sin soluciones estructurales claras. Mientras tanto, los ciudadanos continúan cumpliendo con sus obligaciones fiscales y administrativas hacia el Ayuntamiento.
Por eso la cuestión de fondo no es únicamente la burocracia en abstracto. Lo que está en juego es la responsabilidad de quien gobierna. Si la administración local es la institución más cercana a los ciudadanos, también es la que tiene la obligación más directa de responder con eficacia, planificación y coherencia entre lo que se reclama públicamente y lo que se hace en la gestión diaria.
Cuando esa coherencia no se percibe como sucede con el gobierno fascista del Ayuntamiento de Llanes, el problema deja de ser solo administrativo y se convierte en una cuestión de confianza pública. Y esa confianza es la que, año tras año, muchos vecinos de Llanes sienten que no recibe el retorno que debería corresponder a una administración que lleva más de una década al frente del gobierno municipal.
Ya lo dijo Thomas
Jefferson: “La primera responsabilidad de un gobernante es responder ante
quienes gobierna.”
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