Ayer conocíamos por la prensa regional que el proceso de implantación de la red pública y gratuita de escuelas infantiles de 0 a 3 años en Asturias, conocida como Les Escuelines, continúa encontrando obstáculos un año después de la aprobación de la ley que la regula. Mientras la consejera de Educación del Principado intenta rebajar la tensión con los sindicatos y avanzar hacia acuerdos que pongan fin a la conflictividad existente en el sector, el proyecto estrella del Gobierno autonómico avanza con más lentitud de la prevista.
La normativa que regula esta red autonómica cumplió un año el pasado mes de noviembre en un contexto marcado por las protestas de las trabajadoras y por varios retrasos en su desarrollo. El plan contempla la creación de escuelas infantiles de gestión autonómica, pero la mayor parte de los centros que formarán parte de la red proceden de escuelas municipales ya existentes. Precisamente el proceso de integración de estos centros está siendo uno de los puntos más complejos del proyecto.
El primer bloque de escuelas municipales se integró al inicio del curso 2025-2026, en septiembre de 2025. En aquella primera fase se incluyeron centros de 22 concejos: Aller, Belmonte, Bimenes, Cabranes, Candamo, Castropol, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Llanera, Morcín, Nava, Navia, Piloña, Ponga, Proaza, Sobrescobio, Taramundi, Valdés, Villanueva de Oscos y Villaviciosa. Se eligieron aquellos municipios en los que la tramitación administrativa resultaba más sencilla y donde ya se había completado el proceso de estabilización del personal, uno de los principales problemas con los que se está encontrando la implantación de la red. La ley fijaba un plazo de seis meses para resolver la integración del personal que aún no estuviera estabilizado, una cuestión que todavía sigue pendiente en algunos casos.
El segundo bloque de integración estaba previsto inicialmente para enero de 2026. Sin embargo, a finales del año pasado ya se anunció un primer aplazamiento hasta abril. Ahora, la Consejería de Educación ha confirmado un nuevo retraso: la integración se pospone hasta el 1 de junio de 2026. El motivo, según explica el departamento autonómico, es “el retraso en la entrega de toda la documentación requerida, lo que impide completar el proceso en abril, que era el plazo inicial previsto, con plenas garantías y sin provocar incidencias en el servicio”.
Ante esta situación, la Consejería ha decidido recalcular las subvenciones que concede a los ayuntamientos afectados para que puedan seguir gestionando sus escuelas municipales durante el periodo adicional. Según el departamento, se trata de que los consistorios “queden compensados económicamente estos dos meses de prórroga”.
En un principio, esta segunda fase incluía veinte escuelas infantiles de titularidad municipal repartidas en quince concejos. No obstante, finalmente solo se integrarán aquellos ayuntamientos que hayan podido garantizar la continuidad del servicio de comedor de cara al próximo curso escolar. El Principado introdujo este requisito después de los problemas que han surgido en varios centros en los últimos meses, donde el servicio de comedor llegó a interrumpirse.
Si todo sigue según lo previsto, en junio se integrarán las escuelas municipales de Avilés, Cangas del Narcea, Castrillón, Coaña, Grado, Laviana, Lena, Mieres, Noreña, Siero, Somiedo, Teverga, Tineo y Vegadeo. Sin embargo, Llanes queda fuera por el momento, sin que exista aún una fecha para su incorporación a la red autonómica.
La exclusión de Llanes ha generado críticas políticas. La diputada del Partido Popular en Asturias, Gloria García (la comisaria que lleva las competencias de educación en el parlamento regional del sicario Álvaro Queipo para tapar la mierda del gobierno municipal del Ayuntamiento de Llanes) denunció lo que considera una “dejadez de funciones” por parte de la Consejería de Educación tras anunciarse que las escuelas infantiles del municipio no se integrarán en la red en la fecha inicialmente prevista, el 1 de abril. Durante una visita al concejo, acompañada por los concejales Aurora Aguilar (responsable de las competencias de educación dentro del gobierno municipal fascista de VecinosxLlanes yPP) y Josín Amor (PP), García aseguró que “desde mayo del año pasado se activaron todos los protocolos necesarios para que el Principado asumiese la gestión de las escuelas infantiles municipales llaniscas dentro de la red 0-3”. Sin embargo, según explicó, el Ayuntamiento recibió recientemente una comunicación informando del aplazamiento y denunció que “la Consejería ha comunicado por WhatsApp al alcalde que el traspaso no se llevará a cabo el 1 de abril como estaba previsto”.
La concejala de Educación del Ayuntamiento de Llanes, Aurora Aguilar, también alertó de los problemas que esta situación está generando para el consistorio. Según indicó, el retraso complica especialmente la gestión del personal de las escuelas infantiles, ya que “el Ayuntamiento se enfrenta a serias limitaciones derivadas de la normativa vigente de contratación pública, que solo permite realizar contratos por un periodo máximo de seis meses, lo que dificulta cubrir con agilidad las bajas o ausencias del personal” (la eterna canción de este gobierno de mangantes e indocumentados que ya obtuvo respuesta por parte del Defensor del Pueblo el 3 de enero del año 2022. Entonces en su momento dicho organismo del Estado en su resolución dijo lo siguiente: “el ayuntamiento, en el marco de las obligaciones asumidas con la suscripción del convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de Ordenación de Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil, debe incrementar la oferta educativa pública en la línea seguida por los restantes concejos de esa comunidad autónoma, previo estudio de las necesidades de escolarización, para dimensionar correctamente la plantilla” https://bit.ly/411yjM4
La consejera de Educación, Eva Ledo, respondió a estas críticas y explicó que la exclusión temporal de Llanes se debe a un problema concreto relacionado con el servicio de comedor. Según afirmó, el municipio queda fuera “porque el ayuntamiento no tiene garantizada la continuidad del servicio de comedor una vez que se produzca el traspaso”. En estas circunstancias, añadió, si el Principado asumiera ahora las escuelas infantiles del concejo “podríamos dejar de prestar este servicio a casi 90 niños durante siete meses, desde el inicio del curso hasta casi marzo de 2027”.
La responsable autonómica detalló además que el 7 de octubre de 2025 la Consejería solicitó a los quince ayuntamientos incluidos en el segundo bloque de integración varios documentos, entre ellos un contrato que garantizara el servicio de comedor durante el próximo curso escolar. El objetivo era disponer de tiempo suficiente para poder licitar un nuevo contrato en caso necesario.
Según Ledo, todos los concejos han cumplido con este requisito excepto Llanes, de esto la comisaria (Gloria), el sicario (Queipo) y el parado (Riestra) no saben no contestan. El contrato actual de comedor del municipio finaliza el 1 de julio y, hasta el momento, no consta que se haya iniciado una nueva licitación. El contrato tiene un valor aproximado de 128.000 euros anuales, lo que obliga a realizar un procedimiento abierto cuya tramitación suele durar entre ocho y doce meses.
La consejera aseguró además que el Ayuntamiento de Llanes fue advertido en varias ocasiones de esta situación. “Nos envió un número de expediente de contrato sin aportar los pliegos y sin que sacara la licitación a información pública. Y en febrero nos propuso como solución modificar el convenio-tipo, que aprobó el Consejo de Gobierno y que, por tanto, requería una nueva aprobación por parte de este órgano, basándose en unos argumentos que ningún otro concejo ha visto necesarios”, explicó. Para teatros, campos de golf y demás mierda propagandística, el gobierno municipal fascista de Enrique Riestra tiene dinero, para pagar el comedor a los niños de 0-3 años de Llanes no hay dinero para el comedor, eso mejor que lo pague el gobierno de Barbón.
Asimismo, Ledo negó que hubiera comunicado la exclusión del municipio únicamente mediante un mensaje de WhatsApp. Según su versión, “le llamé por teléfono el martes 3 de marzo para informarle de la exclusión y me comentó que sí existía esa licitación. Quedamos entonces en que lo comprobaría y, al día siguiente, le mandé un mensaje para decirle que no nos constaba. A continuación, le llamé por teléfono, estuvimos hablando durante 11 minutos y concluimos en que la inexistencia de esa licitación suponía la exclusión en la segunda fase de integración”.
Este nuevo retraso ya había sido anticipado días antes en la mesa de diálogo sobre la red 0-3, donde la consejera informó de las dificultades que estaban surgiendo en el proceso de implantación. En esa reunión también se avanzó en la elaboración del reglamento de funcionamiento de los centros. De hecho, en ese mismo foro se planteó la conveniencia de realizar la integración de manera más pausada, teniendo en cuenta los problemas detectados en las escuelas que ya forman parte de la red https://bit.ly/3P26JvD
La situación de la educación infantil de 0 a 3 años en Llanes refleja una acumulación de problemas administrativos y políticos que han terminado afectando directamente a la planificación educativa del municipio. Analizando los hechos denunciados y la información disponible, la crítica al gobierno municipal se sustenta en varios elementos objetivos que apuntan a fallos de gestión, falta de previsión y utilización política de conflictos educativos.
En primer lugar, el episodio más reciente tiene que ver con la exclusión de Llanes de la segunda fase de integración en la red autonómica de escuelas infantiles. La razón principal señalada por la Consejería de Educación es que el ayuntamiento no ha garantizado la continuidad del servicio de comedor escolar una vez que el Principado asuma la gestión. El contrato actual finaliza en julio y, según la administración autonómica, no se ha iniciado una nueva licitación, un requisito que se había pedido meses antes a todos los municipios implicados en el proceso. Esta ausencia de planificación podría provocar que, si el traspaso se realizara en estas condiciones, casi 90 niños se quedaran sin servicio de comedor durante varios meses.
Este hecho es especialmente significativo porque la contratación pública de servicios como el comedor escolar requiere procedimientos largos. Los procesos abiertos de licitación pueden durar entre ocho y doce meses, lo que implica que cualquier administración que pretenda garantizar la continuidad del servicio debe iniciar los trámites con suficiente antelación. En este caso, la ausencia de licitación evidencia un problema de planificación municipal que ha terminado bloqueando la integración del concejo en la red autonómica.
A este episodio se suma un contexto previo de conflictos relacionados con la gestión educativa en el municipio. Uno de los más relevantes fue la intervención del Defensor del Pueblo en relación con las escuelas infantiles. La institución llegó a señalar que las familias tenían motivos legítimos para reclamar soluciones ante la falta de plazas públicas en el municipio, recordando que las escuelas existentes contaban con espacio y financiación suficiente y que correspondía al ayuntamiento garantizar aspectos clave como la contratación del personal y la prestación de servicios como comedor o limpieza.
Este tipo de advertencias institucionales no son menores. Cuando el Defensor del Pueblo interviene en asuntos educativos suele hacerlo tras recibir quejas formales de ciudadanos y tras analizar si la administración responsable está cumpliendo con sus obligaciones. En el caso de Llanes, el pronunciamiento evidenciaba ya un problema estructural: la dificultad del ayuntamiento para asegurar la correcta gestión de un servicio que, aunque financiado parcialmente por otras administraciones, depende en gran medida de la capacidad de gestión municipal.
A todo ello se suman episodios polémicos relacionados con el transporte escolar, que generaron críticas públicas al gobierno municipal. En aquel caso se denunció la utilización política de un problema que afectaba a menores que no disponían de autobús para acudir al colegio, mientras el ayuntamiento no activaba las vías jurídicas disponibles —como la reclamación contencioso-administrativa— para exigir soluciones a la administración competente. Este tipo de actuaciones alimentan la percepción de que el conflicto educativo se gestiona más en el terreno de la confrontación política y la imagen pública que en el de la resolución efectiva de los problemas.
En conjunto, lo que se observa es un patrón de gestión reactiva y poco previsora. Problemas que deberían resolverse mediante planificación administrativa —contratos de servicios, coordinación institucional o defensa jurídica de los intereses del municipio— acaban convirtiéndose en conflictos políticos visibles. El resultado práctico es que las familias quedan atrapadas en un escenario de incertidumbre: retrasos en la integración de servicios, advertencias institucionales y polémicas públicas que no contribuyen a mejorar la estabilidad del sistema educativo local.
Por tanto, más allá del debate partidista, los hechos apuntan a una deficiencia en la gestión municipal de competencias educativas complementarias, especialmente en aspectos logísticos y administrativos. Cuando estas tareas no se realizan con la anticipación necesaria, las consecuencias terminan afectando a los servicios básicos que sostienen la conciliación familiar y el funcionamiento cotidiano de las escuelas infantiles. En ese sentido, el caso de Llanes se ha convertido en un ejemplo de cómo la falta de planificación administrativa puede traducirse en un problema político y social de mayor alcance.
La polémica en torno a la educación infantil y la gestión educativa en Llanes pone sobre la mesa una contradicción política difícil de ignorar cuando se compara la actuación del PP en el ámbito municipal con su discurso en el Parlamento asturiano. Mientras en el municipio de Llanes se acumulan problemas administrativos y retrasos en servicios educativos básicos, los mismos dirigentes o referentes políticos del partido se presentan en la Junta General como fiscalizadores del Gobierno autonómico y exigen responsabilidades por la gestión de los servicios públicos.
En la Junta General del Principado, el PP mantiene una línea discursiva muy dura contra el Ejecutivo autonómico. Dirigentes como el “enemigo de los lobos” que azuza a los ganaderos a matar lobos pero él se pone de perfil ante las consecuencias que tienen sus propuestas ante los juzgados, Luis Venta han llegado a calificar la gestión del Gobierno regional como un “despropósito vergonzoso” y han acusado al Ejecutivo de no gestionar adecuadamente los recursos públicos, reclamando explicaciones en sede parlamentaria sobre la ejecución de inversiones y la gestión presupuestaria.
Ese discurso de exigencia y control institucional es una práctica habitual de la oposición parlamentaria y forma parte del funcionamiento normal de cualquier sistema democrático. Sin embargo, cuando se contrasta con lo que ocurre en determinados ayuntamientos gobernados por el propio PP, como Llanes, emerge una evidente disonancia entre el discurso político y la gestión práctica.
En el caso de Llanes, los problemas no giran en torno a debates ideológicos o presupuestarios generales, sino a cuestiones administrativas muy concretas: planificación de contratos públicos, gestión de servicios educativos o coordinación institucional con el Principado. El retraso en la integración de las escuelas infantiles en la red autonómica se ha explicado, entre otros motivos, por la ausencia de un procedimiento de licitación que garantice la continuidad del servicio de comedor escolar. Este tipo de trámites forman parte de la gestión ordinaria de cualquier administración local y requieren previsión, ya que los procedimientos de contratación pública suelen prolongarse durante varios meses.
Cuando una administración local no anticipa estos procesos, el problema deja de ser político y pasa a ser un fallo de gestión administrativa, con consecuencias directas sobre servicios que afectan a las familias. En ese contexto, el contraste con el discurso parlamentario del PP resulta llamativo: el mismo partido que en la Junta General exige eficiencia, rapidez en la gestión y ejecución presupuestaria al Gobierno autonómico aparece en el ámbito municipal vinculado a retrasos o conflictos en la gestión de servicios educativos de la mano de sus socios de la ultraderecha.
Esta situación alimenta la percepción de una doble vara de medir política. Por un lado, el partido utiliza un lenguaje muy duro en el Parlamento autonómico para denunciar supuestas deficiencias en la gestión del Gobierno regional. Por otro, cuando surgen problemas en administraciones locales gobernadas por el propio PP, el debate se desplaza hacia la confrontación política o hacia la búsqueda de responsabilidades en otras instituciones… Es fascismo de garrafón el que nos muestra esta derecha extrema del PP.
El resultado es un escenario en el que el debate público se polariza mientras los problemas administrativos concretos —contratación de servicios, planificación educativa o coordinación institucional— quedan en segundo plano. Desde una perspectiva estrictamente política, esta dinámica debilita la credibilidad del discurso de exigencia institucional: resulta difícil sostener una crítica basada en la eficiencia y la buena gestión cuando, en ámbitos donde se gobierna directamente, aparecen dificultades para resolver cuestiones administrativas básicas como la educación.
En definitiva, el caso evidencia una tensión habitual en la política: la diferencia entre el discurso de oposición y la responsabilidad de gobierno. Cuando ambas dimensiones no se corresponden, surge la acusación de incoherencia o doble estándar. Y en el debate público sobre la educación infantil en Llanes, esa contradicción se ha convertido en uno de los elementos centrales de la crítica política... Se les ve el plumero de forma obscena en perjuicio de los llaniscos y asturianos.
Ya lo dijo Molière: “La hipocresía es el colmo de todas las maldades.”
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