Hoy se publica una noticia en un diario nacional donde analiza la creciente problemática de los denominados “desahucios invisibles” en España, entendidos como aquellas situaciones en las que los inquilinos se ven obligados a abandonar sus viviendas no por un proceso judicial directo, sino por la finalización de contratos o por subidas del alquiler que no pueden asumir. Según el informe “La vivienda, cimiento de desigualdades” elaborado por Oxfam Intermón, en el último año uno de cada tres inquilinos ha sufrido este fenómeno. Además, en el 60% de los casos, estas personas no solo abandonan su vivienda, sino que también deben trasladarse a otro barrio o municipio, lo que afecta a su entorno social y condiciones de vida.
El informe identifica como colectivos más afectados a los extranjeros extracomunitarios, que representan el 37% de los casos, y a los menores de 35 años, con un 31,9%. En el caso de los jóvenes, la situación es especialmente grave, ya que uno de cada dos se ha visto obligado a regresar al hogar familiar por no poder afrontar el coste del alquiler.
Uno de los factores principales de esta situación es el incremento sostenido de los precios del alquiler, que en los últimos cinco años han aumentado entre un 35% y un 40%. Este periodo coincide con la duración habitual de los contratos de arrendamiento cuando el propietario es un particular, lo que provoca que muchas subidas se materialicen en el momento de la renovación. Este fenómeno se ha intensificado especialmente en los años 2025 y 2026, debido a que muchos contratos firmados en 2020 y 2021 —cuando los precios bajaron por la pandemia— están venciendo ahora. Además, se prevé una nueva oleada en el año 2027, relacionada con el vencimiento de contratos de siete años vinculados a grandes tenedores de vivienda.
En cuanto al esfuerzo económico que supone el acceso a la vivienda, los datos reflejan una situación de alta presión financiera. El 85% de los inquilinos destina más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, umbral considerado de riesgo, y uno de cada tres supera el 50%. Entre los hogares con hipoteca, el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago del préstamo, y uno de cada cinco destina más de la mitad. En contraste, el 60% de las personas que tienen su vivienda completamente pagada consigue ahorrar cada mes, lo que evidencia una clara diferencia entre propietarios y no propietarios. Además, el 58% de los inquilinos considera improbable poder acceder a la compra de una vivienda en el futuro.
El encarecimiento de la vivienda también está teniendo consecuencias directas en las condiciones de vida. Se observa un aumento del alquiler por habitaciones y de la convivencia con personas sin relación familiar: el 13% de los inquilinos comparte vivienda en estas condiciones, porcentaje que se eleva al 22% entre la población migrante y al 27,7% entre los jóvenes de entre 25 y 34 años. Esta situación no se limita a los jóvenes, ya que también afecta a una de cada diez personas de entre 35 y 54 años.
Asimismo, la falta de capacidad económica se extiende a otros ámbitos básicos. El 19,2% de la población no pudo afrontar el pago de suministros esenciales en el último año, lo que refleja una situación de vulnerabilidad que podría agravarse por factores externos como el contexto internacional.
El informe también destaca el papel de la vivienda como factor de desigualdad estructural. En este sentido, se señala que el 21,2% de las personas que ya poseen una vivienda considera probable heredar otra, frente al 11,6% de quienes viven de alquiler, lo que refuerza la brecha entre propietarios y arrendatarios https://bit.ly/4rD5jFk
La situación descrita en el informe de Oxfam Intermón sobre los “desahucios invisibles” puede trasladarse al contexto de la comunidad asturiana dentro de las dinámicas generales del mercado de la vivienda en España. Asturias presenta tradicionalmente un mercado inmobiliario menos tensionado que el de grandes áreas urbanas como Madrid o Barcelona, pero en los últimos años también ha experimentado un incremento sostenido de los precios del alquiler, especialmente en núcleos urbanos como Oviedo, Gijón y Avilés.
El aumento de las rentas, en línea con el crecimiento nacional de entre un 35% y un 40% en los últimos cinco años, coincide igualmente con la finalización de contratos firmados durante la pandemia, lo que provoca situaciones de renovación con precios más elevados. Este proceso puede derivar en dinámicas similares a las descritas en el informe, donde los inquilinos se ven obligados a abandonar sus viviendas por no poder asumir las nuevas condiciones económicas. En Asturias, esta situación se refleja especialmente en jóvenes y trabajadores con rentas medias o bajas, que encuentran dificultades para mantenerse en el mercado del alquiler.
La estructura demográfica de Asturias, caracterizada por un envejecimiento de la población y una menor presencia de jóvenes en comparación con otras comunidades, no impide que este colectivo sea uno de los más afectados. Al igual que indica el informe, muchos jóvenes tienen dificultades para emanciparse o mantener su independencia residencial, lo que puede traducirse en el regreso al hogar familiar o en la necesidad de compartir vivienda. Este último fenómeno, aunque menos extendido que en grandes ciudades, ha ido en aumento en zonas urbanas asturianas.
En relación con la población extranjera, Asturias presenta un porcentaje menor que otras regiones, pero este grupo también puede experimentar una mayor vulnerabilidad en el acceso a la vivienda, en línea con el dato nacional del 37% de afectados por “desahucios invisibles”. Las dificultades económicas y la precariedad laboral pueden influir en su capacidad para afrontar subidas del alquiler.
El esfuerzo económico destinado a la vivienda en Asturias también refleja patrones similares a los señalados por Oxfam. Aunque los precios absolutos puedan ser inferiores a los de otras comunidades, los ingresos medios también lo son, lo que mantiene elevada la proporción de renta destinada al alquiler o a la hipoteca. Esto puede situar a una parte significativa de la población en niveles de esfuerzo superiores al 30% de sus ingresos, umbral considerado de riesgo, y limitar su capacidad de ahorro, dificultando el acceso a la compra de vivienda.
Asimismo, el encarecimiento del acceso a la vivienda en Asturias contribuye a cambios en las condiciones de vida, como el aumento del alquiler por habitaciones o la movilidad residencial forzada dentro de la propia comunidad, especialmente hacia zonas más periféricas o con precios más bajos. Este tipo de desplazamientos puede tener impacto en la estabilidad social y laboral de los afectados.
Por último, la diferencia entre quienes poseen vivienda y quienes viven de alquiler también está presente en Asturias. La mayor estabilidad económica de los propietarios, junto con la posibilidad de heredar vivienda, contrasta con la situación de los inquilinos, que enfrentan mayores dificultades para ahorrar y acceder a la propiedad, reproduciendo así patrones de desigualdad similares a los descritos en el informe.
En Llanes, la situación descrita por Oxfam encaja con un contexto local especialmente sensible al problema del acceso a la vivienda. No existen cifras en las fuentes públicas consultadas una cifra específica de “desahucios invisibles” para el municipio, pero sí aparecen varios indicadores objetivos que muestran una fuerte presión sobre el uso residencial estable. Llanes tenía 13.486 habitantes según el INE en 2025, mientras que su estructura de alojamiento y vivienda refleja un peso muy elevado del uso no permanente y del uso turístico https://bit.ly/4dpQAtU
El primer rasgo relevante es la composición del parque residencial. En el censo de 2011, Llanes contaba con 12.890 viviendas familiares, de las que 5.685 eran viviendas principales, 4.915 secundarias y 2.290 vacías. Eso significa que las viviendas principales representaban en torno al 44,1% del total, mientras que las secundarias suponían aproximadamente el 38,1% y las vacías el 17,8%. Dicho de otro modo, ya en esa fotografía censal menos de la mitad del parque familiar estaba dedicado a residencia habitual, un dato que sitúa a Llanes en una posición de especial fragilidad cuando aumenta la presión sobre el mercado https://bit.ly/4lTc2tP
A esa estructura se suma el peso del alojamiento turístico. SADEI recoge para el año 2024 un total de 17.232 plazas turísticas en Llanes entre las distintas modalidades de alojamiento. Además, un estudio encargado por el Ayuntamiento y citado en el año 2024 situaba en más de 5.600 las plazas de uso turístico entre pisos y casas en el concejo. La comparación con la población empadronada es muy expresiva: el total de plazas turísticas equivale a alrededor del 127,8% de la población de Llanes, y esas más de 5.600 plazas de viviendas turísticas y vacacionales representan una magnitud muy alta para un municipio de 13.486 habitantes https://bit.ly/4smaScw
El propio gobierno municipal fascista de Llanes de, VecinosxLlanes y PP, ha reconocido esa presión y ha actuado sobre ella cuando ya era tarde y mal. En octubre del año 2024 anunció que no concedería nuevas licencias de viviendas de uso turístico en las poblaciones urbanas que superasen el umbral de cinco viviendas turísticas por cada 100 hogares. Un año después, en octubre del año 2025, el consistorio aprobó inicialmente el Plan Especial de Usos Turísticos y amplió la suspensión de nuevas licencias a todos los núcleos del municipio, urbanos y rurales. Esa secuencia administrativa muestra que la tensión no se estaba localizando solo en el casco urbano de Llanes, sino en el conjunto del concejo https://bit.ly/4rD2kNg
Vista desde la lógica del informe de Oxfam, la consecuencia más clara para los llaniscos es que el problema de la vivienda no se reduce a una subida de precios aislada, sino a una competencia intensa entre usos residenciales, de segunda residencia y turísticos. Cuando en un municipio como Llanes una parte tan grande del parque no está orientada a residencia habitual y, además, el Ayuntamiento adopta medidas para frenar nuevas licencias turísticas e incentivar el alquiler anual, lo que queda acreditado es la existencia de dificultades reales para sostener oferta estable para la población local tras diez años de gobierno municipal incompetente e insolvente con los problemas de los llaniscos. En los presupuestos del año 2026, el Ayuntamiento incorporó una subvención de 50.000 euros para fomentar el alquiler anual, con ayudas de 1.000 euros por vivienda, precisamente para atraer viviendas de uso turístico y vacacional hacia el mercado residencial. Un brindis al sol si tenemos en cuenta que el presupuesto municipal era de 22 millones de euros y la vivienda es el principal problema de los llaniscos https://bit.ly/4sgRhdN
Por la izquierda el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Armas (PP) y el alcalde de Llanes, Enrique Riestra (VxLl), dos fascistas que tienen a Llanes sumidos en un caos urbanístico
Eso afecta de manera directa a los residentes del concejo porque el mercado local no se comporta solo como mercado de vivienda, sino también como mercado turístico. En la práctica, para un vecino que necesita alquilar todo el año, la oferta disponible compite con fórmulas más rentables o más flexibles para el propietario. Por eso, el patrón que Oxfam describe para España —finalización de contrato, subidas difíciles de asumir y salidas forzadas sin procedimiento judicial— encuentra en Llanes un terreno especialmente propicio: no porque haya un dato público local que lo cuantifique, sino porque los factores que lo favorecen están documentados en el propio municipio https://bit.ly/3Pi5aK4
Para la población joven llanisca, el impacto potencial es particularmente severo. Oxfam señala que los menores de 35 años son uno de los grupos más afectados por los “desahucios invisibles” y que una parte importante de los jóvenes acaba regresando al hogar familiar. En Llanes, donde la oferta residencial estable compite con segunda residencia y uso turístico, esa dificultad de emancipación tiende a agravarse: no solo por precio, sino por disponibilidad de vivienda durante todo el año. En un municipio turístico, el obstáculo no es únicamente cuánto cuesta alquilar, sino encontrar vivienda en condiciones de estabilidad temporal https://bit.ly/3PaEfQt
También repercute sobre los trabajadores vinculados al comercio, la hostelería y los servicios locales. En un concejo con un volumen tan alto de plazas turísticas, la actividad económica depende en gran medida del turismo, pero esa misma especialización tensiona el acceso a la vivienda de quienes trabajan allí de forma continuada. El resultado es una contradicción muy visible: el municipio necesita empleo ligado al turismo, pero el predominio del uso turístico de parte del parque residencial puede dificultar que esa población trabajadora resida de forma estable en el propio concejo. Esa es una de las formas concretas en que la desigualdad habitacional descrita por Oxfam se traduce en una escala municipal https://bit.ly/4sL9YGg
Otro efecto importante para los llaniscos es el desplazamiento dentro del propio territorio. Oxfam subraya que, cuando el alquiler se vuelve inasumible, muchas familias no solo abandonan la vivienda, sino también su barrio o su municipio. En Llanes, la ampliación en el año 2025 de la suspensión de nuevas licencias turísticas a todos los núcleos, incluidos los rurales, sugiere que la presión ya no se limitaba a unos pocos puntos del concejo. Eso significa que el problema no se resuelve fácilmente desplazándose desde la villa a otras parroquias o pueblos del municipio, porque la tensión alcanza una escala territorial más amplia https://bit.ly/4bP8Qf2
El caso de Llanes, además, debe leerse dentro de una tendencia asturiana reciente de contracción de la oferta residencial. En Asturias, la oferta de alquiler de larga duración cayó en el año 2025 en 2.217 viviendas, un 14,1%, y la presión de demanda alcanzó 31 interesados por anuncio, según la información publicada sobre el mercado regional. Ese dato no es municipal, pero ayuda a situar a Llanes dentro de un entorno autonómico ya tensionado, al que el concejo añade sus factores propios de turistificación y segunda residencia https://bit.ly/4rFaFjE
En conjunto, el análisis exhaustivo de Llanes a la luz del informe de Oxfam conduce a una conclusión clara: el concejo reúne varios de los elementos que hacen más probable la expulsión silenciosa de residentes del mercado de vivienda estable. Los datos disponibles muestran un parque residencial donde las viviendas principales son minoría frente al conjunto de viviendas familiares, una presencia muy elevada de plazas turísticas, una reacción regulatoria intensa del gobierno municipal fascista, hecha tarde y mal, para limitar nuevas licencias y una política municipal específica para intentar recuperar cuando ya es tarde la vivienda hacia el alquiler anual. Todo ello apunta a que, para muchos llaniscos, el problema no es solo pagar más, sino competir por una vivienda habitual en un municipio donde el uso turístico y la segunda residencia tienen un peso extraordinario https://bit.ly/3NsUKXm
Para terminar el post quiero manifestar que a la luz de los datos expuestos, la situación de la vivienda en Asturias y, de forma especialmente intensa, en el municipio de Llanes, refleja un problema estructural que no ha sido abordado con la eficacia necesaria por parte de las administraciones públicas. El incremento sostenido de los precios del alquiler, la reducción de la oferta de vivienda habitual y la presión creciente del uso turístico han generado un escenario en el que amplias capas de la población encuentran serias dificultades para acceder o mantenerse en una vivienda.
En Asturias, la caída de la oferta de alquiler de larga duración y el aumento de la demanda evidencian un mercado tensionado, donde el acceso a la vivienda se convierte en un factor de desigualdad creciente. Esta situación no es puntual ni coyuntural, sino el resultado de una falta de planificación sostenida en el tiempo, donde las medidas adoptadas han sido, en muchos casos, insuficientes o tardías.
En Llanes, los datos muestran con claridad una realidad especialmente preocupante: un parque de viviendas en el que las residencias habituales son minoría frente a segundas viviendas y alojamientos turísticos, unido a un volumen de plazas turísticas que supera a la población empadronada. Esta estructura condiciona directamente el acceso a la vivienda para los residentes, generando una competencia desigual entre el uso residencial y el turístico. Las medidas adoptadas por el gobierno municipal fascista, como la limitación de licencias o los incentivos al alquiler anual, evidencian el reconocimiento del problema, pero también reflejan que la intervención llega en un contexto donde la presión ya está consolidada.
El resultado de esta combinación de factores es una dificultad real para que los llaniscos puedan desarrollar su proyecto de vida en su propio municipio, especialmente en el caso de los jóvenes y de los trabajadores vinculados a sectores esenciales como la hostelería o los servicios. La necesidad de desplazarse, compartir vivienda o incluso abandonar el municipio se convierte en una consecuencia directa de un modelo que prioriza otros usos de la vivienda frente a su función residencial.
En términos generales, la evolución del mercado de la vivienda en Asturias y en municipios como Llanes pone de manifiesto una desconexión entre la magnitud del problema y la respuesta institucional. Los datos reflejan una realidad objetiva de presión, desigualdad y dificultad de acceso, mientras que las políticas aplicadas no han logrado revertir estas dinámicas ni garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda.
Ya lo dijo Nelson Mandela: “La pobreza no es natural, es creada por políticas.”
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