Hoy se ha celebrado pleno en el Ayuntamiento de Llanes y los ciudadanos que vivimos en el municipio pudimos ver una vez más al fascismo de VecinosxLlanes y PP campara a sus anchas mientras la oposición socialista sucumbía entre, la incompetencia y la resignación, a la que nos tiene acostumbrados de la mano de su portavoz. Lo primero que a uno le llama la atención es la falta de conocimiento que hoy tienen los miembros de la oposición para poner coto a los atropellos “trumpistas” con el que nos deleita un día sí y otro también el gobierno municipal. Se aprobó de forma definitiva el estudio de viabilidad de la zona azul de Llanes. Curiosamente el grupo socialista presentó alegaciones de forma folclórica, sin estudio económico ni de viabilidad, lo cual fue tumbado de forma contundente por los servicios jurídicos del Ayuntamiento al no presentar la documentación requerida.
Cuando un ayuntamiento como el de Llanes aprueba medidas como un plan de movilidad, una ordenanza de estacionamiento regulado (zona azul/ORA) o un estudio de viabilidad asociado, la ley obliga a abrir un periodo de información pública para que ciudadanos, entidades o grupos políticos puedan presentar alegaciones. Ese procedimiento no es arbitrario: está regulado por normas generales del derecho administrativo.
La base legal principal se encuentra en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, el artículo 83 regula el trámite de información pública, estableciendo que, cuando la naturaleza del procedimiento lo aconseje (como ocurre con ordenanzas o planes municipales), el expediente debe ponerse a disposición de los interesados durante un plazo determinado para que puedan formular alegaciones. En ese plazo, cualquier persona o entidad puede presentar un escrito razonado, acompañado de los documentos que estime oportunos para defender su posición.
Además, en el ámbito local, el procedimiento de aprobación de ordenanzas y regulaciones municipales está regulado por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, concretamente en su artículo 49. Este artículo establece que las ordenanzas y reglamentos municipales deben aprobarse inicialmente por el pleno, someterse a información pública y audiencia a los interesados durante al menos 30 días, y permitir la presentación de reclamaciones o sugerencias antes de su aprobación definitiva.
La ley no fija un listado cerrado de documentos obligatorios para presentar alegaciones. En términos jurídicos, basta con un escrito de alegaciones identificado, firmado y presentado dentro del plazo, en el que se expongan los motivos de oposición o modificación. Sin embargo, en procedimientos complejos —como un plan de movilidad, un estudio económico de la zona azul o un contrato de gestión del estacionamiento regulado— las alegaciones suelen requerir documentación técnica o económica si se pretende cuestionar el contenido del expediente. Por ejemplo: informes técnicos, estudios de impacto, informes económicos o documentación que contradiga los datos utilizados por la administración.
Por eso, en la práctica administrativa, cuando unas alegaciones se limitan a afirmaciones políticas o genéricas sin aportar soporte técnico o jurídico, los servicios jurídicos municipales pueden desestimarlas al considerar que no acreditan ni fundamentan las objeciones planteadas frente al expediente, como sucedió hoy con el portavoz Oscar Torre que quedó como “Cagancho en Almagro”. En muchos procedimientos de ordenanzas de movilidad, las alegaciones se incorporan al expediente junto con los informes técnicos que las analizan antes de la aprobación definitiva.
Foto: pleno municipal celebrado hoy en el Ayuntamiento de Llanes
En resumen, la obligación de permitir alegaciones se fija principalmente en la Ley 39/2015 (art. 83) y en la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local (art. 49). La ley exige presentar un escrito dentro del plazo y debidamente identificado, pero cuando se pretende cuestionar la viabilidad económica o técnica de un plan municipal —como el de la zona azul— resulta necesario acompañar el escrito de informes o documentos que sustenten las afirmaciones realizadas, ya que de lo contrario las alegaciones pueden ser rechazadas por falta de fundamento técnico o jurídico.
Pero no contentos con este atropello fascista del hoy alcalde de Llanes, Enrique Riestra, cuando se somete a votación el mismo veo con estupor como es aprobado con los votos a favor de las dos formaciones fascistas de Vecinos y PP y la abstención de un triste y lamentable PSOE. Ofrecieron razones de peso en el pleno para cuestionar los perjuicios que ocasiona a los ciudadanos esta ordenanza municipal de movilidad pero cuando llega la hora de votar se ponen de perfil… Que vergüenza.
Otra cuestión que hoy los llaniscos hemos podido percibir en el pleno municipal celebrado es la opacidad que se manifiesta tanto por parte de gobierno como de oposición a la hora de poner en conocimiento de los ciudadanos de la documentación generada con los asuntos en los que están circunscritos. Que lo haga el gobierno fascista municipal no es nada nuevo, lo tienen acreditado en sus más de diez años de gobierno, tienen alergia a la transparencia sobre cualquier asunto publico donde se pueda ver cualquier cuestión que los pueda desnudar. ¿Pero que lo haga el comedido Oscar Torre del PSOE tiene cojones? Que piensa, que se lo van a premiar los ciudadanos cuando vayan a votar y hayan visto que son mas de lo mismo que el gobierno municipal, incompetencia, temeridad y opacidad a la hora de representar los intereses de los ciudadanos.
En un sistema democrático local, el pleno municipal es el principal espacio institucional donde se debaten y se toman decisiones sobre los asuntos públicos que afectan al municipio. Por ello, tanto el gobierno municipal como los grupos de la oposición tienen responsabilidades diferentes pero complementarias en relación con la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
El gobierno municipal tiene la obligación de gestionar el ayuntamiento y de facilitar el acceso a la información pública relacionada con su actividad. Esta obligación deriva del principio de transparencia recogido en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como de la normativa autonómica y local que regula la publicidad de los expedientes, acuerdos y documentación administrativa. En la práctica, esto implica que los expedientes que se someten a debate o aprobación en el pleno deben estar disponibles en los términos que marca la ley, especialmente para los concejales, que ejercen funciones de control y fiscalización.
Por su parte, la oposición tiene como función principal supervisar la actuación del gobierno municipal, analizar la documentación de los expedientes y trasladar a la ciudadanía las posibles deficiencias, desacuerdos o alternativas respecto a las decisiones del equipo de gobierno (en la cuestión de la nueva ordenanza municipal probablemente el portavoz del PSOE y su cuadrilla estaban de vacaciones en Benidorm, por eso no tuvieron tiempo de dar las explicaciones oportunas). Esa función de control político es uno de los elementos básicos del funcionamiento de los ayuntamientos y está contemplada en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que reconoce el derecho de los concejales a acceder a la información necesaria para el ejercicio de su cargo.
Cuando se percibe una falta de transparencia o de explicación pública por parte del gobierno municipal, suele esperarse que la oposición actúe como contrapunto, exigiendo información, solicitando aclaraciones y comunicando a los ciudadanos el contenido de los expedientes y las decisiones que se están tomando. Esa dinámica forma parte del equilibrio institucional entre gobierno y oposición.
La contradicción aparece cuando una parte de la ciudadanía percibe que esa función de control y explicación pública no se ejerce con claridad o intensidad. En esos casos se genera la impresión de que, aunque los papeles institucionales sean distintos, el resultado práctico —en términos de información disponible para los ciudadanos— termina siendo similar: escasa comunicación sobre los expedientes, poca explicación pública de la documentación que sustenta las decisiones y una limitada difusión de los debates técnicos o administrativos.
Cuando esa percepción se produce, el debate político se desplaza desde el contenido concreto de las decisiones hacia el funcionamiento del propio sistema de representación local. Es decir, se cuestiona si el gobierno está cumpliendo adecuadamente con su obligación de transparencia y, al mismo tiempo, si la oposición está ejerciendo de manera efectiva su papel de control, fiscalización y explicación pública de la actividad municipal.
En ese contexto, la transparencia y la accesibilidad a la información administrativa se convierten en elementos centrales para la confianza ciudadana. La publicación de expedientes, estudios técnicos, informes jurídicos y documentos económicos relacionados con las decisiones municipales no solo permite un mayor conocimiento de la gestión pública, sino que también facilita que el debate político se base en información verificable y accesible para los vecinos del municipio.
Con respecto a la observación que hizo el portavoz de PSOE en el pleno con respecto a que el gobierno municipal no visitaba los pueblos del municipio y si lo hacia su grupo político (PSOE), tengo que decir varias cosas. La primera es que uno no va donde sabe que no va a recibir halagos sino que los vecinos le van a dar cera por todos los sitios hasta que queden relucientes. Pero en el caso del municipio de llanes la cosa es completamente diferente, ya que tanto gobierno como oposición viven a la fuga de la ciudadanía. Los primeros porque no les importa la ciudadanía más que cuando van a votar para seguir cobrando lo que no ganan en la vida civil en sus profesiones. Los segundos (la oposición) porque trabajar y hacer las cosas bien cuesta trabajo, y a ellos esto de trabajar les coje con el pie cambiado. Van a los plenos como el de hoy y presentan escritos de alegaciones que se caen por su propio peso al no cumplir con el ordenamiento jurídico, lo hacen en el fondo por guardar la cara ante los llaniscos. Esta semana leía una noticia en un diario regional en la cual salía el corsario político Álvaro Queipo afirmando que el timorato Barbón tenía una ejecución presupuestaria manifiestamente mejorable https://bit.ly/3PmsDJW Hombre que uno haga afirmaciones como esta y que luego donde lleva gobernando desde hace mas de diez años haga lo mismo resulta cuando menos irónico. A continuación tienes una tabla resumen orientativa con el porcentaje aproximado de ejecución del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Llanes por ejercicio, basada en los informes de liquidación y estados de ejecución publicados por el propio consistorio y en los datos agregados de portales de información presupuestaria municipal.
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Año |
Ejecución presupuestaria aproximada |
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2015 |
~68 % |
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2016 |
~72 % |
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2017 |
~70 % |
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2018 |
~66 % |
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2019 |
~64 % |
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2020 |
~61 % |
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2021 |
~69 % |
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2022 |
~71 % |
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2023 |
~67 % |
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2024* |
~65 % (estimación según datos parciales) |
*El último ejercicio suele cerrarse definitivamente al año siguiente cuando se aprueba la liquidación presupuestaria.
En términos generales, la serie muestra que durante el periodo de gobierno municipal iniciado en 2015 la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Llanes se ha situado habitualmente entre el 60 % y el 72 % del presupuesto definitivo, con diferencias entre ejercicios y con menor grado de ejecución en las partidas de inversión respecto al gasto corriente.
En muchos debates políticos en España se ha extendido una dinámica conocida como el “y tú más”, en la que el eje del debate público se desplaza desde la resolución concreta de los problemas hacia la confrontación entre partidos. En lugar de centrarse en analizar las medidas, los proyectos o la gestión administrativa, los actores políticos tienden a responder a las críticas señalando errores o decisiones del adversario (es la política basura a la que tan acostumbrados estamos en Llanes con el gobierno fascista y la oposición lamentable que tenemos). De este modo, el debate se convierte en una comparación constante de responsabilidades en lugar de una discusión sobre soluciones.
En el ámbito municipal esta dinámica se percibe con mayor claridad porque los asuntos que se debaten afectan directamente a la vida cotidiana de los vecinos: movilidad, urbanismo, servicios públicos, presupuestos o mantenimiento del municipio. Cuando el debate político se centra principalmente en la confrontación entre gobierno y oposición, el espacio para explicar los expedientes, justificar las decisiones administrativas o plantear alternativas técnicas se reduce. El resultado es que gran parte del debate público gira alrededor del enfrentamiento político y no tanto alrededor del contenido de las políticas municipales.
En un municipio como Llanes, donde la política local tiene una gran visibilidad social y donde las decisiones del ayuntamiento influyen directamente en cuestiones económicas, turísticas y de servicios, esta dinámica puede trasladarse fácilmente a los plenos municipales y al debate público. Cuando el foco se sitúa en la confrontación entre grupos políticos, la discusión pública tiende a centrarse en quién tiene la responsabilidad de un problema o quién ha actuado peor en el pasado, en lugar de explicar con detalle las propuestas o los documentos técnicos que sustentan las decisiones.
En ese contexto, la percepción ciudadana puede orientarse hacia la idea de que el debate político busca más posicionamiento ante la opinión pública que la resolución efectiva de los asuntos municipales. Por ello, la transparencia en la documentación administrativa, la explicación de los expedientes y el debate sobre las medidas concretas suelen considerarse elementos necesarios para que el debate político vuelva a centrarse en la gestión y en las soluciones prácticas para los vecinos del municipio.
Para terminar el post quiero manifestar que el resultado final de esta forma de hacer política es que los llaniscos terminan asistiendo a un debate público que rara vez se traduce en soluciones claras para los problemas reales del municipio. Gobierno fascista y oposición socialista ocupan el espacio institucional, intervienen en los plenos, presentan discursos y reproches mutuos, pero con demasiada frecuencia el resultado práctico para los ciudadanos es limitado. Mientras tanto, los problemas que afectan a la vida cotidiana del concejo —la gestión del territorio, la movilidad, los servicios públicos o la planificación económica— siguen requiriendo decisiones eficaces, planificación y transparencia.
Cuando la acción política se reduce a la confrontación permanente o a la gestión rutinaria sin explicaciones claras, el sistema municipal pierde parte de su función esencial: representar a los vecinos y administrar los recursos públicos con eficacia. Los cargos públicos existen precisamente para analizar expedientes, explicar decisiones, fiscalizar la gestión y proponer alternativas cuando las políticas no funcionan. Si ese trabajo se sustituye por la repetición de reproches entre bloques políticos o por la ausencia de un debate técnico riguroso, la institución termina alejándose de las necesidades concretas de la ciudadanía.
Los vecinos sostienen el funcionamiento del ayuntamiento con sus impuestos y esperan que sus representantes utilicen ese mandato para mejorar el municipio. Cuando el resultado percibido es una política que gira más alrededor de la disputa entre partidos que de la resolución de problemas, se genera una sensación de distancia entre la institución y la ciudadanía. En ese escenario, la exigencia de responsabilidad política, de transparencia en los expedientes y de eficacia en la gestión se convierte en una demanda lógica de quienes esperan que el gobierno y la oposición estén a la altura del papel que ocupan en la administración municipal.
Ya lo dijo George Orwell: “Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima, es cómplice.”
Posdata: Tras finalizar el pleno de hoy, otro mes más de vacaciones para gobierno y oposición en su infausta gestión municipal con los intereses de los llaniscos.


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