Hoy podíamos leer en la prensa que los jóvenes asturianos que viven de alquiler afrontan una elevada presión económica, situándose Asturias entre las comunidades más tensionadas de España. Según el informe de Funcas, el sobreesfuerzo medio alcanza el 38,8 % del presupuesto destinado a vivienda (alquiler, comunidad, agua y energía), solo por detrás de Baleares (44,9 %). Además, el 71,2 % de los hogares jóvenes supera el umbral del 30 % de gasto, lo que coloca a la región en cuarta posición nacional. A nivel estatal, este problema ha aumentado en la última década: antes de la pandemia afectaba a alrededor del 50 % de los jóvenes y en 2024 alcanza cerca del 60 %, siendo Asturias claramente superior a la media. El informe también destaca diferencias territoriales —con Galicia (25,9 %), Murcia y Castilla y León en niveles más bajos— y señala que el encarecimiento del alquiler y los suministros ha impulsado este sobreesfuerzo. Asimismo, subraya que los jóvenes inmigrantes presentan mayores dificultades, con más del 84 % de quienes viven solos superando el 30 % de gasto, frente al 60,7 % de los nacidos en España. Más información en: https://bit.ly/4bDZu4u
Foto: los dos sicarios del urbanismo caciquil, Álvaro Queipo (PP) y Enrique Riestra (VxLl)
En paralelo, el municipio de Villaviciosa avanza en la tramitación de su nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que encara su aprobación inicial en el Pleno tras recibir únicamente el respaldo del equipo de gobierno (PSOE), mientras que el Partido Popular, encabezado por Adrián García, y la edil no adscrita Marta Sanz optaron por la abstención, sin llegar a posicionarse a favor del documento. El propio García señaló que su grupo “estudiará a fondo” el plan debido a su extensión y complejidad, destacando que “hará falta tiempo” para analizarlo en detalle antes de fijar una postura definitiva. El alcalde Alejandro Vega destacó que el documento introduce cambios de suelo para facilitar el desarrollo de vivienda, especialmente en zonas rurales. Tras su aprobación inicial, el plan se publicará en el BOPA y se abrirá un periodo de información pública de 45 días para alegaciones, tras el cual se elaborarán informes técnicos y jurídicos antes de su aprobación definitiva por el Principado https://bit.ly/40Ogct4
El nuevo planeamiento de Villaviciosa responde a la necesidad de actualizar una normativa vigente desde el año 1997 con gobiernos del PP hasta el año 2015, está diseñado para los próximos 25 años teniendo en cuenta el crecimiento poblacional del concejo, que ya alcanza los 15.813 habitantes y podría llegar a 16.700 en 2035 (con una población potencial de 20.985). Para ello, se prevé la construcción de 5.420 nuevas viviendas y la creación de 73 núcleos rurales adicionales. El plan también contempla 1.268.830 metros cuadrados de suelo para actividades económicas, con el objetivo de impulsar el desarrollo empresarial dentro del municipio. Según fuentes municipales, supone “un paso cualitativo para un municipio que carece de suelo industrial” https://bit.ly/3PeaRsD
A la vista de los datos de sobreesfuerzo que hacen los ciudadanos en Asturias y de lo que han hecho los gobiernos locales donde el PP participa, lo que aparece no es tanto una ausencia total de política de vivienda como una preferencia clara por medidas de oferta, planeamiento y colaboración público-privada, frente a las herramientas de intervención directa del mercado previstas en la Ley estatal de Vivienda, como las zonas tensionadas, los topes al alquiler o una regulación más dura de las viviendas turísticas. Esa diferencia es muy visible en municipios como Gijón y, con matices, también en el municipio de Llanes https://bit.ly/41hGS5w
En Gijón, donde gobiernan Foro y PP, la línea política que se ha explicitado en la práctica municipal ha sido contraria a ampliar la intervención del mercado del alquiler. En el pleno de 12 de febrero del año 2025, una proposición para declarar los cinco distritos urbanos como zonas de mercado residencial tensionado y para volver a suspender temporalmente las comunicaciones ambientales de nuevas viviendas de uso turístico fue rechaza con 15 votos en contra, entre ellos los 5 del PP, Foro Asturias (FORO), Vox y el concejal tránsfuga del gobierno de Moriyón, Óliver Suárez; el acta recoge además que la iniciativa partía del dato de que en todos los distritos urbanos la carga media del alquiler superaba el 30 % de la renta media de los hogares. Es decir, el problema fue reconocido en el debate, pero la mayoría municipal no aceptó usar ese instrumento regulatorio https://bit.ly/4lHXAEM
La alternativa defendida por el gobierno gijonés ha sido otra. El concejal de Urbanismo de la derecha extrema regional de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha venido sosteniendo que el acceso a la vivienda requiere ir “mucho más allá” de una sola medida y ha apostado por la colaboración público-privada. Esa lógica se concretó en el llamado “Plan Llave”, presentado como una vía para sacar más suelo edificable al mercado y promover vivienda protegida mediante venta de parcelas o concesiones de derecho de superficie a largo plazo. En esa presentación, el gobierno local remarcó que no se trataba de vivienda social orientada a exclusión, sino de vivienda asequible para rentas que no llegan al mercado libre, y defendió que el problema no se resuelve “topando precios y regulando al extremo el mercado”. Esa es, seguramente, la definición más clara de su postura política del gobierno de Moriyón: aumentar oferta y movilizar suelo antes que intervenir precios o restringir con fuerza la rentabilidad del uso residencial https://bit.ly/41ohDyt
Eso no significa que en Gijón no haya habido ningún movimiento institucional útil para ampliar vivienda asequible. A finales del año 2025, el pleno aprobó por unanimidad impulsar la cesión de suelo municipal al Principado para construir vivienda pública, y el acuerdo posterior entre Ayuntamiento y Gobierno asturiano incluyó expresamente vivienda destinada al alquiler a precio asequible. Además, en febrero del año 2026 el Ayuntamiento aceptó elevar el tope del precio de la vivienda para poder acceder a ayudas al alquiler, aunque el propio gobierno insistió en que subir topes no era la solución de fondo y que lo prioritario era aumentar oferta. Por tanto, en Gijón hay acción pública en vivienda, pero encajada en un marco de oferta, suelo, ayudas y promoción, no en uno de control del mercado https://bit.ly/47Xmomi
Por eso, si se analiza Gijón en relación con el problema general de Asturias, la conclusión más ajustada es esta: el PP, dentro del gobierno local, no ha respaldado los mecanismos de intervención del mercado que buscaban frenar el alza de alquileres y contener el efecto de las viviendas turísticas sobre el parque residencial, pero sí ha acompañado un modelo alternativo basado en construir más, movilizar suelo y colaborar con promotores privados. Ese modelo puede aumentar oferta a medio plazo, pero no actúa de manera inmediata sobre el precio de los alquileres ya existentes ni sobre los barrios donde la presión residencial ya es alta https://bit.ly/3PjVyi1
En Llanes, donde gobierna el partido fascista, VecinosxLlanes y el PP, la fotografía es más compleja. Por un lado, el pleno de noviembre del año 2024 muestra una posición muy clara del bloque de gobierno contra la interpretación de que la vivienda turística sea el núcleo del problema. El acta recoge que una moción del PSOE fue rechazada con los votos en contra de VXLL y PP (9) y, durante el debate, se defendió que “el verdadero problema no es las viviendas de uso turístico”, añadiendo que en Llanes no operan grandes tenedores de viviendas como en grandes capitales y que muchas de esas viviendas pertenecen a vecinos que complementan rentas gracias al turismo. Esa intervención retrata una visión muy reconocible del PP local: el mercado residencial llanisco no se explica, a su juicio, principalmente por fondos de inversión o grandes operadores, y una restricción intensa de la vivienda turística perjudicaría a propietarios locales y a la economía del concejo.
Mapa de grandes tenedores de vivienda en el municipio de Llanes, otra mentira más del gobierno fascista que hoy preside el parado, Enrique Riestra Rozas y sus "perroflautas" de concejales mantenidos
Sin embargo, en Llanes no puede sostenerse sin más que el gobierno local haya permanecido inmóvil. De hecho, el propio Ayuntamiento anunció en octubre del año 2025 un Plan Especial de Usos Turísticos que amplía la suspensión de nuevas licencias a todos los núcleos del municipio, rurales o urbanos, y la información pública sobre ese plan indica además criterios de saturación y limitación del peso de las viviendas turísticas. Es decir, aunque el discurso previo del bloque PP-VXLl relativizaba el papel de las VUT, la evolución administrativa posterior sí fue hacia una regulación más restrictiva del uso turístico de la vivienda https://bit.ly/40KXBOw
También en Llanes hubo debate específico sobre las zonas tensionadas. En el pleno de 14 de abril del año 2025, la oposición socialista llevó una moción apoyándose en los estudios del Principado, señalando que en Llanes y en Posada-Barro se superaba el 30 % de los ingresos medios familiares y que también se cumplía el criterio del IPC; en esa propuesta se pedía la declaración de zonas tensionadas, la cesión de suelo municipal al Principado para vivienda asequible y el fomento del alquiler de larga duración. Ese dato es importante porque muestra que la presión residencial no era una hipótesis política, sino una cuestión sustentada en estudios usados en el propio pleno. Ahora bien, con la información disponible no puedo atribuir al PP de Llanes una aceptación de esa vía regulatoria; al contrario, las referencias disponibles apuntan a resistencia inicial y a un enfoque más favorable a limitar de manera urbanística el uso turístico que a intervenir directamente el mercado del alquiler https://bit.ly/4lJG5DV
En paralelo, el planeamiento urbanístico se ha utilizado en Llanes como herramienta de respuesta estructural. La aprobación del PGOU en 2025 prevé la construcción de 5.774 nuevas viviendas, con un peso relevante del crecimiento en núcleos rurales, y el gobierno municipal lo ha presentado como un instrumento para ordenar el desarrollo futuro del concejo. Sin embargo, el documento incorpora una escasa previsión de vivienda de protección oficial, lo que limita su impacto sobre el acceso real a la vivienda para las clases medias con menor poder adquisitivo. De este modo, aunque el plan amplía la oferta potencial, no garantiza que esa nueva vivienda sea asequible, lo que puede dificultar el acceso para una parte importante de la población y favorecer la salida de residentes del municipio. Esta línea enlaza con lo observado en otros municipios como Villaviciosa o, en parte, Gijón: frente a una crisis de acceso inmediato a la vivienda, una parte del municipalismo asturiano donde participa el PP está priorizando el urbanismo, el planeamiento y el aumento de oferta potencial, más que la intervención directa sobre el mercado del alquiler vigente. Dicho de otra forma, en Gijón la postura es más nítida y coherente: rechazo a ampliar zonas tensionadas y a endurecer de nuevo el freno a las VUT, defensa del Plan Llave y de la colaboración público-privada, y aceptación posterior de cesión de suelo y ayudas pero sin abrazar el marco de intervención del mercado. En Llanes, el PP integrado en el gobierno local ha compartido inicialmente un discurso que minimizaba el papel de las viviendas turísticas en el problema residencial pese a los datos que ofrece el estudio realizado por la Universidad de Oviedo y votó con su socio contra propuestas socialistas en esa materia. Pero el propio gobierno municipal acabó impulsando un plan especial que sí endurece la regulación de nuevas licencias turísticas. Por tanto, en Llanes hay una tensión entre el discurso político y la respuesta normativa posterior.
Si conectas todo eso con el dato inicial de Asturias —sobreesfuerzo juvenil del 38,8 % y 71,2 % de hogares jóvenes de alquiler por encima del 30 % de gasto—, la lectura más sólida es que el problema de vivienda en Asturias, y especialmente en municipios con fuerte presión turística o urbana, está chocando con dos modelos. Uno defiende regular precios, declarar zonas tensionadas y restringir más los usos turísticos, principalmente desde la izquierda; el otro el de la derecha extrema y ultraderecha, en el que el PP aparece alineado en Gijón y con matices en el gobierno fascista de Llanes, prioriza aumentar oferta, movilizar suelo y corregir desequilibrios desde el urbanismo y la promoción desde el ámbito privado para que participen los constructores privados. Lo que muestran los casos de Gijón y Llanes es que, allí donde el PP participa en el gobierno, no ha sido el impulsor de la intervención directa del mercado de la vivienda pese al grave problema que es para los asturianos.
Para terminar el post quiero manifestar que en este contexto, lo que muestran los datos y las decisiones adoptadas en municipios como Gijón y Llanes es una pauta política clara allí donde el PP forma parte del gobierno. Ante un problema de vivienda acreditado por cifras —con un sobreesfuerzo del 38,8 % en Asturias y más del 70 % de jóvenes destinando más del 30 % de su presupuesto al alquiler—, las respuestas institucionales impulsadas no han pasado por intervenir directamente el mercado, sino por priorizar el aumento de oferta futura, el desarrollo urbanístico y la colaboración con el sector privado.
En Gijón, esa posición se ha traducido en el rechazo a declarar zonas tensionadas o a reforzar los límites sobre las viviendas turísticas, incluso cuando los propios datos municipales reconocen niveles de esfuerzo elevados en todos los distritos urbanos. En Llanes, aunque el discurso inicial también minimizaba el impacto del mercado turístico sobre la vivienda residencial, la evolución normativa ha obligado a introducir restricciones, evidenciando la presión existente sobre el acceso a la vivienda. Sin embargo, incluso en este caso, las medidas adoptadas se han centrado más en el planeamiento y en la ordenación del territorio que en actuar directamente sobre los precios o el mercado del alquiler.
De forma consistente, allí donde el PP gobierna o participa en el gobierno, no ha impulsado los instrumentos previstos para contener los precios o garantizar el acceso inmediato a la vivienda, pese a la magnitud del problema reflejado en los datos. Las políticas aplicadas se orientan principalmente a generar oferta a medio y largo plazo, sin intervenir en el funcionamiento actual del mercado, lo que limita su capacidad de respuesta ante una situación que ya está afectando de manera directa a amplios sectores de la población, especialmente a los jóvenes… Todo por obra y gracia de un sicario cuyo nombre es Álvaro Queipo y el partido que preside.
Ya lo dijo Franklin D. Roosevelt: “Una nación, una civilización, puede ser juzgada por la forma en que trata a sus ciudadanos más débiles.”
No hay comentarios:
Publicar un comentario