El problema de la vivienda en España aparece reflejado en las siguientes noticias como una cadena de causas y consecuencias. En primer lugar, el Banco de España calcula que alrededor de 900.000 viviendas están en manos de extranjeros no residentes o destinadas al alquiler turístico, lo que equivale al 3,3% del parque residencial español. Dentro de esa cifra, se estiman unas 355.000 viviendas turísticas, aproximadamente el 1,5% del total, aunque su peso llega a rondar el 10% del mercado del alquiler en algunas zonas. El fenómeno se concentra sobre todo en áreas turísticas y costeras: Alicante alcanza un 14,5% de viviendas turísticas y de no residentes, Málaga un 14,1%, Girona y Baleares un 10,9%, Santa Cruz de Tenerife un 9,1% y Las Palmas un 7,4%. Además, entre 2021 y 2025, las compras realizadas por no residentes representaron el 7,4% del total, unas 50.000 viviendas al año, con especial peso en Alicante, donde llegaron al 33,3% de las compraventas, y en Málaga, con el 27,9%. https://tinyurl.com/yc53vy6b
Esta presión sobre la vivienda ayuda a explicar que distintas administraciones estén buscando fórmulas para contener los precios del alquiler. En Asturias se ha iniciado la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, una herramienta prevista en la Ley estatal de Vivienda. El Principado mira hacia Navarra, donde hace cerca de un año se declararon tensionados 21 municipios, que concentran alrededor del 70% de la población navarra. Según el Gobierno foral, tras doce meses de aplicación, los alquileres en esas zonas han bajado una media del 7%, e incluso se llegó a calcular un descenso acumulado del 8,6% respecto al periodo previo. Asturias ya ha empezado a aplicar esta figura en zonas como Llanes, Posada, Po, Barro, Niembro y Nueva, en el concejo de Llanes; Arenas y Poo, en Cabrales; los barrios gijoneses de Cimavilla y La Arena; La Magdalena, en Avilés; y Luanco, en Gozón. https://tinyurl.com/bdeu2cws
La dificultad de acceso también se observa en la compra de vivienda. Según un estudio de Accumin Intelligence, comprar un piso de 100 metros cuadrados en Gijón exige un salario neto familiar de 2.051 euros al mes para poder pagar la hipoteca, mientras que en Oviedo serían necesarios 1.895 euros mensuales. El cálculo se realiza suponiendo una hipoteca del 80% del valor de tasación y una cuota que no supere el 35% del salario neto familiar. A nivel nacional, el salario medio necesario para comprar una vivienda se sitúa en 1.999 euros netos mensuales, unos 35.000 euros brutos anuales. Las ciudades más caras son San Sebastián, con 5.074 euros mensuales; Madrid, con 4.574; Barcelona, con 4.485; Marbella, con 3.532; y Palma, con 3.477. En el extremo contrario están Zamora, con 1.279 euros; Lugo, con 1.322; Ciudad Real, con 1.323; Castellón, con 1.338; y Palencia, con 1.339. https://tinyurl.com/jwn2ht39
La última noticia muestra la consecuencia social más grave de esta situación: el aumento de personas en situación de sinhogarismo. En Gijón, la Red de Inclusión Activa incorporó el año pasado a 1.084 nuevas personas sin hogar, un 14% más que en 2024. Desde su creación en 2012, la Redia ha atendido en algún momento a 11.848 personas. Más de la mitad de los nuevos usuarios, el 53%, entraron en la red a través del Albergue Covadonga. El perfil mayoritario sigue siendo masculino: siete de cada diez nuevos usuarios eran hombres, mientras que las mujeres bajaron por primera vez desde la pandemia por debajo del 30%. Por nacionalidad, el 31% eran españoles y el 63,9% procedían de otros países, especialmente de Colombia, Venezuela, Perú y Cuba. Además, la memoria detecta un aumento importante de personas directamente en la calle: pasaron del 30,8% en 2024 al 41,4% en 2025. https://tinyurl.com/86ap8bxa
En conjunto, las cuatro noticias dibujan una misma realidad: la vivienda disponible para residencia habitual se reduce en algunas zonas por el peso del alquiler turístico y las compras de no residentes; las administraciones intentan frenar el encarecimiento mediante zonas tensionadas; comprar una vivienda exige salarios cada vez más altos; y, en el extremo más vulnerable, aumentan las personas que necesitan apoyo social por carecer de un hogar o vivir en condiciones inseguras.
La fotografía de la vivienda en Asturias no puede ser más demoledora, especialmente para quienes viven y trabajan en municipios turísticos como Gijón y Llanes. A las advertencias del Banco de España sobre la presión que ejercen la vivienda turística y las compras de inmuebles por parte de no residentes sobre el mercado residencial se suma una realidad incontestable: cuando faltan viviendas asequibles para los vecinos, las administraciones locales tienen la responsabilidad de actuar. Sin embargo, cuando la legislatura municipal entra ya en su último año útil y el balance en materia de vivienda es prácticamente inexistente, resulta inevitable preguntarse qué prioridades han guiado la acción política de algunos gobiernos municipales como Gijón y Llanes.
En Gijón, el gobierno formado por Foro y Partido Popular, sostenido además por un concejal tránsfuga, afronta el tramo final de la legislatura sin haber impulsado una política pública de vivienda capaz de responder a las crecientes dificultades de acceso que sufren miles de familias. Los datos son elocuentes. Comprar una vivienda de cien metros cuadrados en la ciudad exige actualmente unos ingresos netos familiares de 2.051 euros mensuales, por encima de la media española. Al mismo tiempo, los servicios sociales municipales alertan de un incremento del 14% en las nuevas incorporaciones a la Red de Inclusión Activa y de un aumento de las personas que viven directamente en la calle. La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de la ciudad, pero la respuesta del gobierno municipal de Moriyón ha estado muy lejos de la magnitud del desafío.
En Llanes, la situación presenta características distintas, pero conduce a conclusiones similares. El gobierno integrado por el partido ultra de VecinosxLlanes y Partido Popular llega a la recta final de la legislatura sin haber promovido ninguna actuación relevante de vivienda pública que permita atender las necesidades de los residentes permanentes. Por no tener no tiene ni PGOU aprobado después de 11 años de tramitación, todo un éxito en “negro”. Todo ello en uno de los concejos más afectados por la presión de las segundas residencias, la vivienda vacacional y la demanda turística. El propio Banco de España señala que los territorios turísticos son los que sufren con más intensidad la reducción de la oferta residencial disponible para quienes viven y trabajan en ellos.
Resulta especialmente significativo que el principal proyecto urbanístico impulsado por el ejecutivo municipal ultra sea el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según la documentación presentada por el gobierno municipal, el nuevo planeamiento contempla la construcción de 5.774 nuevas viviendas, de las cuales más de 3.000 se ubicarían en núcleos rurales del concejo. El crecimiento previsto es de enorme magnitud para un municipio de las características de Llanes y supone una profunda transformación territorial del concejo. Sin embargo, dentro de ese volumen descomunal de crecimiento residencial, el plan únicamente contempla 274 viviendas de protección oficial, apenas el 4,7% del total de las nuevas viviendas previstas, distribuidas entre Llanes, Posada y Nueva. Con los datos localizables y verificables, el PGOU de Llanes contempla 274 viviendas de protección oficial (VPO): 223 en Llanes, 46 en Posada y 5 en Nueva https://tinyurl.com/3jw2zdm9
Si se toma como referencia la previsión total de 5.774 nuevas viviendas, las 274 VPO representan aproximadamente el 4,7% del total previsto. El cálculo es:
274 ÷ 5.774 × 100 = 4,74%.
El debate político y social se ha centrado precisamente en esta limitada presencia de vivienda protegida dentro del conjunto del planeamiento. Diversos sectores han reclamado durante la tramitación del PGOU una reserva más ambiciosa de suelo para vivienda pública y protegida, entendiendo que el principal problema del concejo no es la falta de suelo para construir, sino la ausencia de vivienda asequible para trabajadores, jóvenes y familias que desean fijar su residencia en Llanes.
La paradoja resulta evidente. Mientras el gobierno municipal ultra de, VecinoxLlanes y PP, defiende un planeamiento capaz de albergar miles de nuevas viviendas, el propio consistorio ha tenido que ofrecer nuevamente al Principado 25.000 metros cuadrados de suelo municipal para que pueda desarrollarse vivienda protegida, recordando además que existe un convenio firmado en 2007 que nunca llegó a materializar las promociones previstas https://tinyurl.com/3kb89jy3 Es decir, el propio gobierno municipal reconoce implícitamente la necesidad de vivienda pública al tiempo que el principal debate urbanístico gira en torno a un crecimiento residencial masivo cuya ejecución recaerá fundamentalmente en la iniciativa privada https://tinyurl.com/2e39cb4z
Por eso resulta difícil separar la política de vivienda de la política urbanística. Mientras los vecinos encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda, los gobiernos municipales parecen haber concentrado buena parte de sus esfuerzos en modelos de desarrollo donde el protagonismo recae sobre los operadores privados, Moriyón es el ejemplo más sangrante de dicha cuestión. En Gijón, la crítica se dirige hacia una estrategia abanderada por el gobierno municipal que confía en que el mercado inmobiliario genere por sí mismo soluciones a problemas que afectan a miles de ciudadanos. Es lo que se conoce como laissez-faire (dejar hacer al salvaje mercado). En Llanes, las dudas se centran en un planeamiento urbanístico que proyecta miles de nuevas viviendas sin que exista una garantía clara de que una parte significativa de ellas vaya destinada a resolver las necesidades residenciales de los llaniscos.
Tres años después del inicio de la legislatura, el resultado es que los precios continúan tensionados, la vivienda pública sigue siendo insuficiente, los jóvenes encuentran enormes dificultades para emanciparse y cada vez más trabajadores tienen problemas para residir en los municipios donde desarrollan su actividad económica. La vivienda se ha convertido en el principal problema social de numerosos territorios turísticos y, sin embargo, la respuesta política de dichos gobiernos municipales sigue llegando con una lentitud que contrasta con la rapidez con la que aumentan los precios y se reducen las oportunidades de acceso para la mayoría de los vecinos.
La conclusión es difícil de evitar. Cuando una legislatura se acerca a su final y no puede señalarse una política efectiva de promoción pública de vivienda acorde a las necesidades existentes, el balance para quienes buscan un hogar no puede calificarse de otra manera que como profundamente insuficiente. Porque mientras el debate gira en torno a planes urbanísticos, recalificaciones o futuros desarrollos inmobiliarios, miles de ciudadanos siguen esperando una respuesta inmediata a un problema que afecta directamente a su derecho a vivir en el lugar donde nacieron, trabajan o quieren construir su proyecto de vida.
Foto: Juan Carlos Armas y Enrique Riestra... Los dos inútiles que hoy tienen a Llanes de rodillas con el problema de la vivienda
La valoración de una política de vivienda no puede hacerse únicamente por las viviendas construidas, sino también por la capacidad de las administraciones para anticiparse a los problemas, movilizar recursos públicos y utilizar todas las herramientas disponibles para garantizar el acceso a una vivienda digna. Desde esa perspectiva, el balance de los gobiernos municipales de Gijón y Llanes durante esta legislatura han sido todo carencias.
La primera de ellas es la falta de una estrategia integral frente a uno de los mayores problemas que afrontan ambos municipios. Durante estos años se han multiplicado los informes, estudios y advertencias sobre la tensión existente en el mercado residencial. El Banco de España ha señalado expresamente el impacto que tienen las viviendas turísticas y las compras realizadas por no residentes en los municipios turísticos y costeros, precisamente el perfil que encajan tanto Llanes como Gijón. Sin embargo, mientras los diagnósticos se acumulaban, las actuaciones destinadas a incrementar de forma significativa la oferta de vivienda asequible han sido escasas o inexistentes.
En el caso de Llanes, la contradicción resulta especialmente evidente. El propio Ayuntamiento reconoce la necesidad de vivienda protegida y ha ofrecido suelo al Principado para su construcción, pero al mismo tiempo el principal proyecto urbanístico de la legislatura se articula en torno a un PGOU que prevé 5.774 nuevas viviendas, de las cuales únicamente 274 serían de protección oficial, apenas un 4,7% del total. La desproporción entre el crecimiento residencial proyectado y la reserva destinada a vivienda protegida refleja una apuesta claramente orientada hacia el desarrollo inmobiliario privado más que hacia la resolución de los problemas de acceso a la vivienda que sufren hoy los llaniscos.
En Gijón, la situación también resulta significativa porque la ciudad dispone de instrumentos públicos y capacidad institucional para impulsar políticas más ambiciosas. Sin embargo, durante estos años el acceso a la vivienda ha seguido deteriorándose. El precio de compra continúa creciendo, el esfuerzo salarial exigido a las familias es cada vez mayor y los servicios sociales alertan del incremento de situaciones de vulnerabilidad vinculadas a problemas habitacionales. Pese a ello, la vivienda no ha ocupado una posición central dentro de las prioridades políticas del gobierno municipal de Moriyón.
Otro elemento relevante es la falta de aprovechamiento de las herramientas previstas en la Ley de Vivienda. Mientras otras administraciones han comenzado a desarrollar medidas específicas para contener precios, movilizar vivienda vacía o aumentar los parques públicos de alquiler, los gobiernos municipales han mantenido una posición fundamentalmente pasiva, limitándose en muchos casos a trasladar la responsabilidad hacia otras administraciones (el caso de Gijón y Llanes ha sido escandaloso).
En Gijón, esta posición alcanzó su máxima expresión cuando el gobierno de Carmen Moriyón anunció su intención de recurrir ante los tribunales la declaración de zonas de mercado residencial tensionado impulsada por el Principado, una medida concebida precisamente para intentar contener la escalada de precios en aquellos territorios donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema estructural https://tinyurl.com/bddc9ntv La decisión evidenció una profunda discrepancia con una de las principales herramientas previstas por la legislación vigente para intervenir en mercados especialmente tensionados. Para muchos ciudadanos, esta actitud refleja una desconexión entre las prioridades del gobierno municipal y las dificultades cotidianas de quienes destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de una vivienda. Mientras miles de familias afrontan problemas para acceder a un alquiler o comprar una vivienda, el gobierno de la derecha extrema de Moriyón ha optado por confrontar una medida orientada a aliviar esa presión en lugar de liderar políticas públicas ambiciosas destinadas a ampliar la oferta de vivienda asequible.
Pero si el balance de los gobiernos municipales de la derecha y la ultraderecha resulta decepcionante, tampoco puede obviarse el papel desempeñado por la oposición socialista durante estos tres años en ambos ayuntamientos. Ante uno de los principales problemas que sufren miles de vecinos, la acción política del PSOE tanto en Gijón como en Llanes ha carecido de la intensidad, la iniciativa y la capacidad de movilización que exigiría una crisis de vivienda de esta magnitud. Mientras los gobiernos municipales desarrollaban modelos urbanísticos orientados fundamentalmente hacia la iniciativa privada y mantenían posiciones alejadas de una intervención decidida en favor de la vivienda asequible, la oposición socialista no ha logrado construir una alternativa política sólida capaz de situar el derecho a la vivienda en el centro del debate público. La consecuencia es que, frente a una ofensiva política de la derecha extrema y ultraderecha en defensa de un modelo que prioriza los intereses patrimoniales y del mercado inmobiliario, la respuesta de quienes deberían ejercer la principal labor de oposición ha resultado insuficiente. En una cuestión tan determinante para el futuro de nuestros municipios, tan preocupante es la falta de políticas públicas por parte de quienes gobiernan como la ausencia de una oposición capaz de liderar una respuesta firme y sostenida en defensa de la mayoría social.
Para terminar el post quiero manifestar que por último, existe una cuestión de prioridades políticas. Mientras la vivienda se consolida como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, buena parte del debate público ha girado alrededor de operaciones urbanísticas, modificaciones de planeamiento y futuros desarrollos residenciales cuya materialización se producirá a largo plazo. Sin embargo, los problemas de acceso a la vivienda son inmediatos y afectan hoy a miles de personas. La distancia entre la urgencia social del problema y la respuesta ofrecida por los gobiernos municipales explica buena parte del creciente malestar existente entre quienes consideran que la vivienda debería haber ocupado un lugar mucho más relevante en la acción política de estos años.
Y mientras todo esto sucede, los vecinos siguen soportando las consecuencias de unas políticas que no han estado a la altura del problema. Los jóvenes retrasan cada vez más su emancipación, numerosos trabajadores tienen dificultades para encontrar una vivienda en el municipio donde desarrollan su actividad laboral, muchas familias destinan una parte creciente de sus ingresos al pago del alquiler o de la hipoteca y el mercado residencial continúa expulsando población hacia otros concejos con precios más asequibles. En municipios turísticos como Llanes o Gijón, el riesgo ya no es únicamente el encarecimiento de la vivienda, sino la progresiva sustitución de residentes permanentes por usos vinculados al turismo y la segunda residencia. Cuando una comunidad pierde capacidad para garantizar que quienes trabajan, estudian o desarrollan su proyecto vital puedan vivir en ella, el problema deja de ser exclusivamente inmobiliario para convertirse en un problema social, económico y demográfico de primer orden.
Después de tres años de legislatura, los datos son tozudos. Más dificultades para acceder a una vivienda, precios más elevados, una oferta pública insuficiente y una respuesta institucional incapaz de situar el problema en el centro de la acción política. Mientras otras administraciones intentan activar mecanismos para intervenir en un mercado cada vez más tensionado, los gobiernos municipales de Gijón y Llanes han optado por la pasividad, la confrontación con algunas de esas medidas o la confianza casi exclusiva en que el mercado resolverá por sí mismo una crisis que lleva años agravándose. El resultado está a la vista: más incertidumbre para quienes buscan una vivienda y menos respuestas desde quienes tenían la responsabilidad de actuar.
Ya lo dijo Pierre Bordieau: “Todo privilegio implica una exclusión.”
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