La política de vivienda y el modelo de crecimiento urbano de Gijón se han convertido en uno de los principales focos de debate institucional en Asturias durante las últimas semanas. El origen de la controversia se encuentra en el desarrollo residencial de Ecojove, una actuación urbanística que podría permitir la construcción de cerca de 2.000 viviendas protegidas en la zona oeste de la ciudad.
La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, acusó al Principado de Asturias de mantener paralizado este proyecto pese a disponer de mecanismos para impulsarlo (después de tres años de legislatura). Según defendió el Ayuntamiento, los terrenos afectados forman parte de la cartera de Casa 47, organismo público estatal creado para poner suelo a disposición de las administraciones con el objetivo de ampliar el parque de vivienda asequible. Moriyón sostiene que la administración autonómica está desaprovechando una oportunidad para aumentar de forma significativa la oferta de vivienda protegida en la ciudad y considera que el Gobierno regional ha bloqueado durante años la mayor reserva de suelo residencial disponible en Gijón https://www.elcomercio.es/gijon/moriyon-acusa-principado-mantener-bloqueado-suelo-construir-viviendas-20260609143158-nt.html
Desde el Ayuntamiento también se ha defendido que el consistorio está dispuesto a colaborar activamente en el desarrollo del proyecto, asumiendo incluso la ejecución de los accesos previstos para la futura urbanización. Tanto la alcaldesa como el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, consideran que el expediente ha permanecido inactivo durante demasiado tiempo y que la ciudad no puede permitirse seguir retrasando la construcción de viviendas protegidas en un contexto de creciente demanda residencial.
Sin embargo, el Principado respondió rechazando las acusaciones y defendiendo una visión completamente distinta del proyecto. La directora general de Urbanismo, Laura Díaz, explicó que Ecojove fue concebido originalmente mediante una figura urbanística de iniciativa privada y que, por tanto, no puede considerarse una actuación pública en sentido estricto. Además, la Consejería de Vivienda dejó claro que sus reservas no son únicamente jurídicas, sino también urbanísticas y medioambientales. El Gobierno autonómico considera que concentrar 2.000 viviendas en la zona oeste supondría impulsar el crecimiento de la ciudad hacia un área que continúa condicionada por problemas históricos de contaminación y cierta desconexión respecto al tejido urbano consolidado. En lugar de este modelo, el Principado apuesta por desarrollos más pequeños y repartidos por distintos barrios de la ciudad, entendiendo que favorecen una mejor integración urbana y una distribución más equilibrada de la población. https://www.elcomercio.es/gijon/principado-alcaldesa-gijon-ecojove-terrenos-crecimiento-20260609201421-nt.html
Foto: Carmen Moriyón y Martínez Salvador... La cara del fracaso político (1)
El debate sobre la vivienda no se limita únicamente a la construcción de nuevas promociones residenciales. Paralelamente, el pleno municipal del Ayuntamiento de Gijón abordó la situación de las viviendas de uso turístico, una cuestión que continúa generando posiciones enfrentadas entre los grupos políticos. El gobierno municipal de la derecha extrema de Foro, PP, tránsfuga en colaboración con Vox rechazó implantar una nueva moratoria para la concesión de licencias de pisos turísticos, desestimando una propuesta presentada por Podemos y apoyada por Izquierda Unida.
Los defensores de la moratoria consideran que el crecimiento de este tipo de alojamientos está reduciendo la oferta de vivienda disponible para residentes y contribuyendo al aumento de los precios del alquiler. Durante el debate se señaló que en los últimos años se ha producido un incremento significativo tanto del número de viviendas turísticas como de las plazas ofertadas para visitantes. Según esta visión, resulta necesario endurecer la regulación y establecer limitaciones permanentes para evitar que determinados barrios pierdan población residente en favor de usos turísticos.
Por el contrario, el gobierno municipal defendió que las medidas adoptadas anteriormente ya han conseguido contener el crecimiento de este fenómeno. El concejal de Urbanismo argumentó que, tras la moratoria temporal aplicada en las zonas más tensionadas de la ciudad, el ritmo de nuevas incorporaciones se ha reducido notablemente y que la concentración de viviendas turísticas únicamente alcanza niveles elevados en una pequeña parte del municipio. https://www.lavozdeasturias.es/noticia/gijon/2026/06/10/gijonrechaza-implantar-nueva-moratoria-concesion-licencias-pisos-turisticos/00031781089537681575248.htm
Todo este escenario coincide además con otra preocupación importante para el desgobierno de Moriyón y sus compañeros de viaje en el gobierno municipal. La evolución turística que presenta claros contrastes. Asturias atraviesa un momento de fortaleza en términos generales y se sitúa entre las comunidades autónomas donde más creció el gasto turístico durante el primer cuatrimestre de 2026. Los visitantes gastan más dinero en el conjunto de la región y el Principado continúa consolidando su atractivo como destino turístico.
Sin embargo, este crecimiento no se está trasladando de la misma manera a las dos principales ciudades asturianas. Tanto Gijón como Oviedo registraron descensos en sus ingresos hoteleros durante los primeros meses del año, una evolución que contrasta con la experimentada por otras ciudades del norte de España. Gijón, de hecho, figura entre los destinos urbanos con peor comportamiento del país en términos de rentabilidad hotelera. En esta cuestión quizás la regatista Angela Pumariega debería dar explicaciones a la ciudadanía como concejal responsable de dicho desgobierno municipal de Gijón.
Los datos apuntan a que una parte creciente del gasto turístico se está desplazando hacia municipios costeros, áreas rurales y espacios naturales. El turismo de naturaleza, las actividades al aire libre y la búsqueda de destinos menos masificados están favoreciendo que el crecimiento turístico se distribuya cada vez más por todo el territorio asturiano en lugar de concentrarse exclusivamente en las grandes ciudades. Esta tendencia plantea nuevos retos para Gijón y Oviedo, que continúan siendo las principales puertas de entrada a la región pero que necesitan reforzar su atractivo para aprovechar plenamente el buen momento que vive el turismo asturiano. https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2026/06/10/turistas-vez-gastan-asturias-oviedo-gijon/00031781105063355923417.htm
En conjunto, las cuatro noticias muestran cómo Gijón se encuentra ante varios desafíos simultáneos: aumentar la oferta de vivienda asequible, definir el modelo de crecimiento urbano que debe seguir la ciudad, regular el impacto de las viviendas turísticas sobre el mercado residencial y adaptarse a los cambios que está experimentando el sector turístico en Asturias. Las discrepancias entre el gobierno municipal del Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado sobre Ecojove, el debate sobre los pisos turísticos y la evolución del turismo regional forman parte de una misma discusión de fondo sobre el futuro desarrollo económico, social y urbanístico de la ciudad.
Casa 47 es la antigua SEPES, rebautizada como CASA 47 Entidad Pública Empresarial por el Real Decreto 1123/2025. Depende del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y su función es urbanizar suelo, promover vivienda y gestionar alquiler asequible.
En Asturias, las competencias autonómicas en ordenación del territorio, urbanismo y planificación de vivienda corresponden a la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado. Además, el planeamiento municipal lo tramita el Ayuntamiento, pero determinados instrumentos urbanísticos pasan por la Comisión de Urbanismo del Principado.
Sobre Ecojove, lo que está acreditado en las noticias es que el Ayuntamiento afirma que los terrenos forman parte de SAREB y Casa 47, y que por eso Moriyón sostiene que ya no se trata de suelo puramente privado. No he podido confirmar con fuente oficial pública la fecha exacta desde la que los terrenos de Ecojove están incorporados a Casa 47. Lo prudente es decir que Casa 47 como tal existe desde finales del año 2025, tras la transformación de SEPES, y que la información sobre Ecojove sale públicamente en junio del año 2026, pero no consta en las fuentes consultadas una fecha administrativa exacta de incorporación.
Sobre por qué ninguna administración activó esos terrenos antes, con los datos disponibles la explicación es política y administrativa: el Ayuntamiento sostiene que el Principado tiene el expediente “dormido” y debe desbloquearlo; el Principado responde que Ecojove no es el modelo adecuado porque concentra 2.000 viviendas en una zona oeste con problemas de contaminación y desconexión urbana.
Por tanto, si los terrenos están en SAREB/Casa 47, el Estado dispone de la titularidad o gestión patrimonial; el Principado tiene competencias de vivienda, ordenación territorial y urbanismo; y el Ayuntamiento tiene un papel clave en el planeamiento municipal y los accesos. La falta de avance parece deberse a la combinación de desacuerdo institucional, dudas sobre el modelo urbano de Ecojove y ausencia de una iniciativa coordinada entre Estado, Principado y Ayuntamiento de Gijón… Lo demás son excusas de mal pagador a la que nos tienen acostumbrados esta desgracia política que nos gobierna en la actualidad.
El conflicto abierto entre el gobierno municipal de Carmen Moriyón y el gobierno autonómico de Adrián Barbón vuelve a colocar a Gijón en una situación política difícil, especialmente en un asunto tan sensible como la vivienda. El debate sobre Ecojove no puede entenderse como un episodio aislado, sino como una muestra más de una forma de hacer política basada en el enfrentamiento permanente, la falta de acuerdos y la tendencia a convertir cualquier asunto de interés ciudadano en un campo de batalla institucional.
La vivienda es hoy uno de los principales problemas de Gijón. La falta de pisos asequibles, la dificultad para acceder al alquiler, la ausencia de vivienda pública suficiente y la presión de los usos turísticos sobre el mercado residencial dibujan un panorama especialmente preocupante. En ese contexto, resulta difícil entender que las administraciones implicadas dediquen más esfuerzo a responsabilizarse unas a otras que a presentar soluciones concretas, coordinadas y eficaces. El rifirrafe entre Ayuntamiento y Principado sobre Ecojove refleja precisamente esa incapacidad para ordenar prioridades y actuar con sentido de ciudad.
El gobierno de Moriyón llega a este punto con un balance muy pobre en materia de vivienda. A menos de un año para las elecciones municipales, el problema sigue prácticamente en el mismo punto de partida: muchas declaraciones, muchas acusaciones cruzadas y ninguna respuesta material suficiente para quienes necesitan una vivienda en Gijón. La alcaldesa Moriyón se enfrenta así a una especie de examen de final de curso con un expediente muy débil. El resultado, visto desde el interés ciudadano, es un completo desastre: no se han construido las viviendas necesarias, no se ha desbloqueado una estrategia sólida y no se ha ofrecido una solución clara a quienes no pueden acceder a un alquiler o a una vivienda en condiciones razonables.
Pero el problema no recae únicamente en el gobierno municipal de Gijón. El gobierno autonómico también aparece atrapado en sus propias contradicciones. La coalición entre PSOE e Izquierda Unida muestra dos almas políticas que no siempre parecen remar en la misma dirección, especialmente en un asunto como la vivienda, donde las discrepancias sobre el modelo urbano, el papel de lo público y la colaboración con otros actores se hacen evidentes. Esa falta de una línea clara por parte del Principado contribuye a agravar la sensación de bloqueo. Mientras unos y otros discuten sobre competencias, modelos y responsabilidades, la ciudadanía sigue esperando soluciones.
Foto: Ovidio Zapico y Adrián Barbón... La cara del fracaso político (2)
Este patrón de desencuentro no es nuevo. Ya se vio con el vial de Jove, donde tanto el gobierno municipal como el autonómico quedaron en evidencia ante el secretario de Estado José Antonio Santano. Tras dos reuniones en Madrid, no fueron capaces de presentar un estudio riguroso que permitiera avanzar hacia un acuerdo sólido. Aquello dejó una imagen muy pobre de coordinación institucional y volvió a demostrar que, cuando se trata de asuntos estratégicos para Gijón, las administraciones llegan tarde, mal y divididas.
La misma falta de cintura política aparece ahora con la vivienda. En política, a quienes representan a los ciudadanos se les exige, como mínimo, capacidad para negociar, escuchar y alcanzar acuerdos. Sin embargo, en Gijón y en Asturias parece que eso se ha convertido en una tarea casi imposible. Cada administración se atrinchera en su posición, utiliza el conflicto para reforzar su relato y convierte los problemas reales en munición partidista. El resultado es que asuntos como Ecojove, la vivienda pública, el vial de Jove, la contaminación de la zona oeste, la movilidad o el traslado del Albergue Covadonga terminan envueltos en la misma dinámica de bloqueo.
Durante esta legislatura, el gobierno de Moriyón ha mantenido una actitud de confrontación descarnada con todo aquel que no aceptaba sus planteamientos. Esa forma de gobernar ha marcado buena parte de los debates municipales. En lugar de buscar acuerdos amplios en asuntos estructurales, el gobierno local ha optado con frecuencia por tensar la relación con otras administraciones y con los grupos que discrepan de su posición… El resultado es conocido. Esa estrategia puede servir para alimentar el discurso político, pero no resuelve los problemas de fondo de la ciudad.
A ello se suma la relación del gobierno municipal con los intereses del sector de la construcción. Durante esta legislatura, Moriyón y su equipo actuaron políticamente como un caballo de Troya de la patronal ASPROCON, intentando abrir la puerta a su participación en el negocio de la construcción de vivienda protegida. Aunque esa intención no llegó a materializarse como pretendían, quedó reflejada en sus declaraciones públicas y en la orientación de sus propuestas. Este elemento resulta especialmente relevante porque introduce una duda de fondo sobre cuál debe ser el papel de lo público y de lo privado en una política de vivienda que debería priorizar el interés general.
La posición del gobierno municipal respecto a los pisos turísticos agrava todavía más esta fotografía. En una ciudad donde no hay suficientes viviendas para alquilar y vivir, permitir que vuelvan a legalizarse nuevas viviendas de uso turístico sin una regulación más estricta equivale a echar gasolina sobre el problema. La vivienda turística puede tener un papel dentro de la actividad económica, pero cuando la oferta residencial es escasa y los precios dificultan el acceso a una vivienda habitual, la prioridad debería ser proteger el uso residencial. Dar vía libre a nuevas licencias en este contexto transmite la sensación de que el Ayuntamiento no mide correctamente la gravedad del problema.
Mientras tanto, la oposición socialista en el Ayuntamiento de Gijón tampoco parece ser una alternativa clara. Su posición aparece desdibujada y desnortada, demasiado condicionada por las decisiones del gobierno autonómico de Barbón. En lugar de construir un discurso propio y sólido para Gijón, el PSOE municipal parece vivir a la sombra de la estrategia del Principado. Esa debilidad de la oposición contribuye a que el debate local quede atrapado entre el choque del gobierno municipal y el gobierno autonómico, sin que emerja una propuesta suficientemente firme, autónoma y centrada en las necesidades de la ciudad.
La consecuencia de todo ello es una fotografía política preocupante. Gijón tiene un problema grave de vivienda, pero las administraciones responsables no han demostrado estar a la altura. El Ayuntamiento acusa al Principado, el Principado responde al Ayuntamiento, los socios autonómicos muestran diferencias internas, la oposición municipal no termina de encontrar su sitio y los ciudadanos continúan padeciendo las consecuencias de la falta de vivienda asequible. Lo que debería ser una política pública prioritaria se ha convertido en otro capítulo del enfrentamiento permanente.
El caso de Ecojove resume bien esta situación. Se habla de suelos, de competencias, de modelos de ciudad y de posibles desarrollos residenciales, pero la realidad es que Gijón sigue sin una respuesta eficaz al problema de la vivienda. Si existe suelo disponible, si hay necesidad evidente de vivienda pública y si las administraciones conocen la gravedad del problema, resulta incomprensible que no se haya articulado antes una actuación coordinada. La ausencia de contacto, iniciativa y acuerdo entre administraciones es difícil de justificar cuando la carencia de vivienda pública en la ciudad es tan evidente.
En definitiva, el balance político de estos años deja una conclusión clara: ni el gobierno municipal ni el autonómico han sido capaces de convertir la vivienda en una prioridad real por encima de sus intereses partidistas. La falta de acuerdos, la utilización política del conflicto y la incapacidad para coordinar soluciones han terminado perjudicando a los ciudadanos de Gijón. Gijón necesita vivienda pública, planificación urbana seria, regulación de los pisos turísticos, respuestas ante la contaminación de la zona oeste, soluciones de movilidad y una relación institucional basada en el acuerdo. Sin embargo, lo que recibe es ruido, bloqueo y enfrentamiento. En Gijón y en Asturias, pedir cintura política parece, una vez más, pedir peras al olmo.
Para terminar el post quiero manifestar que quizá ahí resida el verdadero problema de fondo. No en Ecojove, ni en los pisos turísticos, ni siquiera en la incapacidad para poner en marcha políticas eficaces de vivienda. El problema es una forma de hacer política que ha terminado sustituyendo la gestión por el enfrentamiento, la búsqueda de soluciones por la construcción de relatos y el interés general por la rentabilidad partidista.
Asturias vive desde hace años una preocupante degradación de la política entendida como herramienta para resolver los problemas de la ciudadanía. Lo que debería ser un espacio de negociación, acuerdo y construcción colectiva se ha convertido en demasiadas ocasiones en un escenario de confrontación permanente. Los gobiernos y las oposiciones parecen más preocupados por encontrar culpables que por encontrar soluciones. Y cuando la política se convierte en un ejercicio constante de propaganda, los problemas reales de la gente quedan relegados a un segundo plano.
La vivienda es probablemente el mejor ejemplo de esta deriva. Mientras miles de jóvenes no pueden emanciparse, mientras familias enteras destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler y mientras la vivienda pública sigue siendo claramente insuficiente, los responsables políticos discuten sobre competencias, intercambian reproches y levantan trincheras ideológicas. Lo urgente se convierte en secundario. Lo necesario se aplaza. Y lo que debería ser una prioridad absoluta termina atrapado en el barro de la lucha partidista.
La derecha extrema asturiana (Foro y PP), especialmente en el ámbito municipal gijonés, ha optado por una política de confrontación permanente, de oposición sistemática al adversario y de utilización del conflicto institucional como principal herramienta de acción política, el fin último es esconder sus limitaciones a la hora de gestionar lo público. Es una derecha cada vez más cómoda en el ruido que en la gestión, más interesada en señalar enemigos que en construir consensos. Una derecha extrema que parece haber asumido que gobernar consiste en mantener una batalla constante contra quien piensa diferente, aunque esa batalla termine perjudicando los intereses de la propia ciudad.
Pero sería un error pensar que toda la responsabilidad recae en ese lado del tablero político. La izquierda institucional tampoco sale indemne de este balance. Durante demasiado tiempo ha demostrado una alarmante falta de determinación para afrontar los grandes problemas estructurales. Allí donde se esperaban políticas ambiciosas, liderazgo político y capacidad transformadora, muchas veces solo ha habido prudencia excesiva, cálculos electorales y una preocupante tendencia a gestionar la inercia. Una izquierda que se reivindica como defensora de lo público pero que no ha sido capaz de convertir la vivienda pública en una prioridad efectiva. Una izquierda que habla de derechos pero que con demasiada frecuencia parece resignada ante la lentitud administrativa y los bloqueos burocráticos.
Entre una derecha instalada en la confrontación y una izquierda atrapada en la indecisión, los ciudadanos quedan abandonados en tierra de nadie. Porque las necesidades sociales no esperan a los calendarios electorales ni entienden de tácticas partidistas. La vivienda no puede esperar. La movilidad no puede esperar. La regeneración de la zona oeste no puede esperar. La lucha contra la contaminación no puede esperar. Sin embargo, los años pasan y los problemas permanecen prácticamente intactos.
Lo más preocupante es que esta anti política no se expresa únicamente en las instituciones. También se manifiesta en la incapacidad para construir proyectos compartidos de futuro. Asturias parece haber perdido parte de aquella ambición colectiva que permitió afrontar otros desafíos históricos. Hoy predominan los vetos cruzados, las desconfianzas permanentes y las guerras de posición. Cada administración gobierna pensando en la siguiente disputa. Cada partido actúa mirando la próxima campaña electoral. Y mientras tanto, la realidad continúa avanzando sin esperar a nadie.
Los ciudadanos no necesitan dirigentes que ganen discusiones en ruedas de prensa. Necesitan dirigentes capaces de construir acuerdos. No necesitan políticos especializados en encontrar excusas. Necesitan responsables públicos capaces de asumir responsabilidades. No necesitan administraciones enfrentadas. Necesitan administraciones coordinadas. Y, sobre todo, necesitan que quienes gobiernan comprendan que la política no consiste en administrar conflictos, sino en resolverlos.
Cuando una sociedad empieza a acostumbrarse a que nada se resuelva, a que todo quede bloqueado y a que cualquier proyecto estratégico termine convertido en una batalla partidista, el riesgo no es solo la ineficacia institucional. El verdadero riesgo es la desafección democrática. Porque los ciudadanos pueden soportar errores, pueden aceptar discrepancias e incluso pueden comprender decisiones impopulares. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es la sensación de que quienes tienen la responsabilidad de gobernar han dejado de considerar los problemas reales como su principal prioridad.
Y esa es, probablemente, la crítica más severa que puede hacerse a la política asturiana actual. No que existan diferencias ideológicas, algo legítimo y necesario en democracia. No que haya debates sobre modelos de ciudad o estrategias de desarrollo, porque precisamente para eso existe la política. La crítica verdaderamente dura es que, ante problemas tan evidentes y urgentes como la vivienda, demasiados responsables públicos parecen haber olvidado que fueron elegidos para resolverlos. Han olvidado que ocupan cargos de enorme responsabilidad, remunerados en muchos casos con salarios que difícilmente alcanzarían fuera de la vida política, y que esa responsabilidad exige resultados, no excusas. Sin embargo, en lugar de concentrar sus esfuerzos en ofrecer soluciones eficaces a los ciudadanos, han convertido problemas que afectan a miles de personas en simples armas arrojadizas dentro de una guerra política permanente. Mientras ellos intercambian reproches y calculan ventajas partidistas, la realidad sigue avanzando y la ciudadanía continúa esperando respuestas que nunca terminan de llegar. Porque mientras los partidos discuten, la realidad sigue ahí. Y la realidad no entiende de excusas.
Ya lo dijo Platón: “El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres.”
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