El Gobierno municipal de Gijón, integrado por Foro Asturias y el Partido Popular, ha expresado su firme oposición a la propuesta aprobada en la Junta General del Principado para modificar la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Asturias. La iniciativa pretende prohibir el acceso de menores de 16 años y el consumo de alcohol en los espectáculos taurinos, una medida que ha generado un intenso debate político en la región.
La posición del Ejecutivo gijonés fue resumida por el portavoz municipal y concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, quien afirmó que el Gobierno local está “radicalmente en contra” de la propuesta. Los grupos parlamentarios de Foro, PP y Vox votaron en contra de la tramitación de la reforma, mientras que PSOE, Convocatoria por Asturias-IU y la diputada Covadonga Tomé respaldaron la iniciativa, permitiendo que continúe su recorrido parlamentario.
Los partidos que apoyan la modificación legislativa defienden que la medida busca reforzar la protección de los menores frente a contenidos que consideran inadecuados para determinadas edades. Sin embargo, desde la derecha extrema y ultraderecha asturiana se sostiene que la protección de los menores es únicamente una justificación para promover nuevas restricciones a la tauromaquia y dificultar su desarrollo.
Aunque los grupos de izquierda pretenden que los cambios legales entren en vigor antes del inicio de la Feria Taurina de Nuestra Señora de Begoña, prevista para el próximo mes de agosto en la plaza de toros de El Bibio, los plazos parlamentarios son ajustados y no existe la certeza de que la reforma pueda aprobarse definitivamente antes de esa fecha.
El Gobierno municipal recuerda que la tauromaquia es una actividad plenamente legal en España y que cuenta con reconocimiento como patrimonio cultural. Según explicó Martínez Salvador, este tipo de iniciativas persiguen “entorpecer y dificultar” la celebración de festejos taurinos mediante restricciones que pueden reducir la asistencia de público y afectar económicamente a las empresas organizadoras.
Asimismo, el portavoz municipal destacó que los espectáculos taurinos no representan ningún gasto para el Ayuntamiento de Gijón. Al contrario, generan ingresos a través del contrato de concesión de la plaza de toros de El Bibio. La actual concesión fue adjudicada en abril de 2024 a la empresa de Carlos Zúñiga hijo por un periodo inicial de tres años, prorrogable por otros dos, y contempla el pago de un canon anual de 42.350 euros, IVA incluido.
La defensa de la libertad individual es otro de los argumentos empleados por el Ejecutivo local para justificar su apoyo a la continuidad de los festejos taurinos. En este sentido, Martínez Salvador señaló que cada ciudadano debe tener la capacidad de decidir libremente si desea asistir o no a este tipo de eventos, afirmando que “el que quiera ir, que vaya; y el que no quiera ir, que no vaya”.
La postura actual del Gobierno municipal contrasta con la mantenida durante el mandato de la anterior alcaldesa socialista, Ana González, quien decidió no renovar la concesión de espectáculos taurinos en El Bibio, una medida que suponía, en la práctica, el final de las corridas de toros en Gijón. Tanto Foro como el Partido Popular criticaron duramente aquella decisión y, tras recuperar el Gobierno municipal, impulsaron la vuelta de la actividad taurina a la ciudad.
Este nuevo episodio refleja la división política existente en Asturias respecto al futuro de la tauromaquia. Mientras los sectores progresistas defienden una regulación más restrictiva, especialmente en lo referente a la presencia de menores, los partidos conservadores consideran que estas medidas constituyen un ataque directo a una tradición cultural que continúa contando con seguidores y respaldo institucional en diferentes ámbitos https://bit.ly/4eh2eHC.
En otro orden de cosas que suceden en el Ayuntamiento de Gijón con el gobierno de la derecha extrema de, Foro, PP y tránsfuga de Moriyón, hoy conocíamos que la anunciada prohibición de circular en patinete por parte del centro urbano de Gijón no llegará a aplicarse, al menos por el momento. Las doce señales R-118 que debían instalarse para impedir el acceso de estos vehículos a determinadas zonas de la ciudad no llegaron a colocarse en la fecha prevista, pese a que la medida había sido presentada públicamente por los concejales foristas de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Pelayo Barcia y Nuria Bravo.
La decisión de frenar la iniciativa partió directamente de la alcaldesa, Carmen Moriyón, quien, tras la polémica social y política generada por el anuncio, manifestó durante el fin de semana a través de sus redes sociales su intención de rectificar y abrir un proceso para elaborar una normativa específica que regule el uso de los vehículos de movilidad personal en la ciudad. Según adelantó, dicha regulación incluiría sanciones contundentes para quienes incumplan las futuras normas.
La nueva estrategia fue defendida posteriormente por el portavoz del Gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, quien aseguró que la regulación es la solución “más lógica, realista y efectiva”. El Ayuntamiento tiene previsto iniciar esta misma semana una ronda de contactos con personal técnico de las áreas de Tráfico y Seguridad Ciudadana, además de representantes vecinales y del colectivo de repartidores, uno de los sectores más afectados por la prohibición inicialmente planteada.
El objetivo de estos encuentros será elaborar una ordenanza que permita ordenar el uso de los patinetes eléctricos en la ciudad y ponerla en funcionamiento lo antes posible. Martínez Salvador insistió en que el Ejecutivo local considera necesario establecer una regulación propia que permita compatibilizar la movilidad sostenible con la seguridad de peatones y conductores.
Sin embargo, dentro del propio Gobierno municipal existen diferencias sobre el alcance que podría tener dicha normativa. El concejal de Tráfico, Pelayo Barcia, ha expresado públicamente sus dudas sobre la capacidad legal de los ayuntamientos para imponer restricciones que vayan más allá de las establecidas por la Dirección General de Tráfico (DGT). Aunque reconoce que los municipios pueden desarrollar ordenanzas específicas, advierte de que el margen de actuación es muy limitado y que cualquier regulación excesivamente restrictiva podría acabar siendo anulada por los tribunales.
En varias publicaciones difundidas en redes sociales, Barcia señaló que muchas de las ordenanzas municipales que han superado el examen judicial se han limitado a reproducir la normativa estatal ya existente. Según su criterio, aquellas administraciones que han intentado establecer restricciones adicionales han terminado enfrentándose a recursos legales o a la anulación de las sanciones derivadas de dichas normas.
La incertidumbre también afecta a la reunión que el propio Barcia había acordado mantener con representantes de los repartidores, un encuentro que ha quedado temporalmente en suspenso hasta que Alcaldía defina el nuevo calendario de trabajo para la elaboración de la normativa.
La controversia llegará además al próximo Pleno municipal de la mano del PSOE. Los socialistas exigen al Gobierno local que aclare cuál es su posición definitiva sobre los patinetes después del cambio de criterio experimentado en apenas unos días. El concejal socialista Tino Vaquero recordó que el mismo Ejecutivo que ahora defiende la necesidad de una regulación específica rechazó anteriormente una propuesta similar presentada por Vox.
Vaquero considera que la prohibición anunciada inicialmente por los concejales Barcia y Bravo carecía de respaldo legal suficiente y ha solicitado acceso a los informes técnicos y jurídicos que supuestamente justificaban aquella decisión. Asimismo, reclama que el Gobierno municipal explique si finalmente permitirá la circulación general de los patinetes aplicando sanciones a quienes incumplan las normas o si mantendrá algún tipo de restricción parcial en determinadas zonas de la ciudad. La marcha atrás ordenada por la alcaldesa Moriyón ha abierto un nuevo debate sobre la movilidad urbana en Gijón, una cuestión que seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda política municipal durante las próximas semanas https://bit.ly/4fV7YrH
Lo primero que quiero recordarle a la alcaldesa Moriyón y a su desgobierno municipal es lo siguiente. La Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial atribuye a los municipios la competencia para la regulación, ordenación, gestión y disciplina del tráfico en las vías urbanas de su titularidad https://bit.ly/4u98hTo
Por tanto, los ayuntamientos pueden aprobar ordenanzas municipales y establecer determinadas restricciones o condiciones de circulación en calles urbanas, siempre que:
- Actúen dentro de sus competencias.
- No contradigan la normativa estatal.
- Las medidas estén justificadas y sean proporcionales https://bit.ly/4a1D5y8
Ejemplos reales son:
- Zonas de bajas emisiones.
- Calles peatonales.
- Limitaciones de acceso a determinadas vías.
- Regulación específica de bicicletas y vehículos de movilidad personal (patinetes) https://bit.ly/4a49XpW
Ahora bien, no pueden imponer cualquier restricción. Si una ordenanza municipal excede las competencias legales del ayuntamiento o contradice normas estatales de rango superior, puede ser anulada por los tribunales https://bit.ly/4dWba3Y
En resumen: sí, los ayuntamientos pueden establecer restricciones adicionales en el tráfico urbano, pero únicamente dentro del marco legal que les permite la Ley de Tráfico y sin contradecir la normativa estatal https://bit.ly/4ubele7
Sí, pueden imponer algunas restricciones adicionales, pero no pueden contradecir la normativa estatal ni regular materias reservadas a la DGT o a una ley estatal https://bit.ly/4x3XxrZ
Dato concreto:
- Los ayuntamientos pueden decidir por qué calles, carriles o zonas urbanas pueden circular los patinetes, establecer zonas de exclusión, regular estacionamientos, exigir casco en su municipio (cuando la normativa estatal lo permita) y aprobar ordenanzas de movilidad urbana https://bit.ly/3REXEu1
- No pueden modificar las características básicas de los VMP fijadas por la DGT (por ejemplo, redefinir qué es un VMP, alterar la velocidad máxima de fabricación de 25 km/h o contradecir normas estatales de circulación) https://bit.ly/3PNom33
Por tanto, respecto al caso de Gijón:
Sí sería legal que el Ayuntamiento prohibiera la circulación de patinetes en determinadas calles o zonas concretas del centro mediante una ordenanza debidamente justificada. Lo que no puede hacer es aprobar una regulación que contradiga directamente la normativa estatal sobre los VMP https://bit.ly/4fTMVWw
En resumen: sí pueden restringir más dónde circulan los patinetes; no pueden cambiar las reglas básicas estatales que definen y regulan los VMP https://bit.ly/4vqLBPC
Resulta difícil no percibir una evidente desproporción entre la energía política que el Gobierno municipal de Moriyón dedica a determinados debates y los problemas que afectan de forma directa a la vida cotidiana de miles de ciudadanos. Mientras la ciudad sigue afrontando dificultades relacionadas con el acceso a la vivienda, la atención de los servicios sociales, la movilidad urbana o el deterioro de determinados servicios públicos, buena parte de la agenda política y mediática acaba girando en torno a cuestiones como la tauromaquia o la circulación de patinetes.
El caso de los toros es especialmente significativo. El Ejecutivo local ha movilizado un importante esfuerzo político y comunicativo para defender la continuidad de los festejos taurinos y oponerse a cualquier restricción impulsada desde el Parlamento asturiano. Se trata de una actividad legal y respaldada por una parte de la población, pero difícilmente puede considerarse una prioridad para la mayoría de los gijoneses frente a problemas tan urgentes como la vivienda, la atención a las personas más vulnerables o las necesidades de inversión en los barrios.
Algo parecido ha ocurrido con la polémica de los patinetes. El anuncio de una prohibición parcial de circulación en el centro de la ciudad fue presentado públicamente por responsables municipales para ser rectificado pocos días después por la propia alcaldesa. La marcha atrás no solo evidenció una notable falta de coordinación dentro del Gobierno local, sino que abrió un debate sobre una cuestión cuya gestión parecía no haber sido suficientemente estudiada antes de ser anunciada. El resultado fue una sensación de improvisación que contribuye a aumentar la desconfianza ciudadana hacia la gestión municipal.
Pero si hay un asunto que ejemplifica mejor las prioridades discutibles del actual Ejecutivo es el proyecto del Vial de Jove. Mientras vecinos, colectivos sociales y entidades ciudadanas llevan años reclamando una solución que reduzca el impacto ambiental y sanitario del tráfico pesado sobre los barrios del oeste de la ciudad, la respuesta institucional continúa siendo inexistente. El debate sobre esta infraestructura afecta directamente a la calidad del aire, al ruido, a la seguridad vial y a la salud de miles de personas, cuestiones que tienen una repercusión mucho más profunda en la vida diaria de la ciudadanía que otras polémicas que monopolizan titulares durante semanas.
La situación resulta especialmente llamativa cuando se observa cómo determinados asuntos son abordados con una enorme intensidad política mientras otros, con una incidencia mucho mayor sobre el bienestar colectivo, avanzan con lentitud o permanecen enquistados. La ciudadanía contempla cómo se suceden declaraciones, enfrentamientos partidistas y debates ideológicos sobre cuestiones secundarias mientras problemas estructurales siguen sin resolverse.
La consecuencia de esta dinámica es que el debate público corre el riesgo de quedar atrapado en controversias que generan ruido político, pero que apenas modifican las condiciones reales de vida de la población, es el gobierno escaparate de Moriyón. Mientras tanto, continúan presentes dificultades relacionadas con el acceso a una vivienda digna, la protección social de quienes más lo necesitan, la movilidad sostenible, la regeneración urbana o la búsqueda de soluciones definitivas para infraestructuras tan relevantes como el Vial de Jove.
Una administración municipal debe ser evaluada principalmente por su capacidad para responder a los problemas cotidianos de sus vecinos. Los ciudadanos esperan soluciones eficaces para los desafíos que condicionan su bienestar y su futuro, no una sucesión constante de debates que, aunque puedan generar confrontación política o repercusión mediática, tienen una incidencia limitada en la mejora de la ciudad. Por ello, resulta legítimo preguntarse si las prioridades del actual Gobierno municipal están verdaderamente alineadas con las preocupaciones reales de una parte importante de la sociedad gijonesa… La respuesta es evidente, no lo están.
El día 29 de mayo conocíamos por la prensa regional que el municipio de Llanes ha dado un nuevo paso en la promoción de hábitos saludables y la protección del medio ambiente con la incorporación de veinte de sus playas a la Red Asturiana de Playas Sin Humo. Esta adhesión ha permitido al concejo recibir la distinción de Municipio Oro, un reconocimiento que lo sitúa entre los ayuntamientos asturianos con mayor participación en esta iniciativa impulsada desde el ámbito de la salud pública.
La entrega del distintivo tuvo lugar el 29 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Llanes. La ceremonia estuvo presidida por el alcalde ultra, Enrique Riestra Rozas, y contó con la presencia de la consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra Rielo. También asistieron la concejala de Servicios Sociales, Salud y Playas, Priscila Alonso; la jefa del Servicio de Planificación en Salud Mental y Adicciones, Purificación Saavedra Pose; y el vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, Julio Manuel González Zapico.
Durante el acto se presentó oficialmente la Red de Playas Sin Humo de Llanes, integrada por veinte arenales repartidos por distintos puntos del concejo. La consejera de Salud hizo entrega del diploma acreditativo de Municipio Oro, que fue recogido por la concejala Priscila Alonso en representación del Ayuntamiento.
Tras la recepción institucional, las autoridades se desplazaron hasta la playa del Sablón, donde se procedió al descubrimiento de la señal informativa que identifica este espacio como integrante de la red. En esta actividad participaron además alumnos de sexto curso de Educación Primaria del Colegio Público Peña Tú, que desarrollaron diversas acciones de sensibilización orientadas a concienciar sobre los beneficios de los espacios libres de humo y la importancia de prevenir el consumo de tabaco entre los más jóvenes.
Durante su intervención, el alcalde de Llanes destacó que esta incorporación representa un compromiso firme con la salud y la sostenibilidad del municipio. Según señaló, las playas constituyen no solo un importante patrimonio natural, sino también espacios de convivencia que deben promover hábitos saludables y el respeto al entorno.
La iniciativa tiene como objetivo principal proteger a la infancia y a la juventud frente a los efectos del tabaquismo y de los nuevos productos relacionados con el consumo de tabaco, además de contribuir a mantener espacios públicos más limpios y respetuosos con el medio ambiente. La medida tiene un carácter exclusivamente educativo y de concienciación, sin contemplar sanciones para quienes incumplan la recomendación de no fumar, siguiendo el modelo aplicado en el resto de municipios adheridos a la red.
Las playas incorporadas a la Red Asturiana de Playas Sin Humo en el concejo de Llanes son: El Sablón, Andrín, Antilles, Ballota, Barru, Borizu, Buelna, Cuevas del Mar, Guadamía, La Huelga, Las Cámaras, Palombina, Poo, San Antolín, San Antonio, San Martín, Torimbia, Toranda, Toró y Vidiago, conocida también como Bretones o Novales.
Con la incorporación de estos veinte arenales, la Red Asturiana de Playas Sin Humo alcanza un total de 65 playas distribuidas en catorce municipios del Principado. El acto concluyó con una clausura institucional centrada en la promoción de la salud colectiva, la prevención del tabaquismo y la conservación de los espacios naturales. La información completa puede consultarse en la noticia original publicada por la prensa regional: https://bit.ly/3RXC2ZP
La incorporación de veinte playas de Llanes a la Red Asturiana de Playas Sin Humo y la obtención del distintivo de Municipio Oro constituye una iniciativa vinculada a la promoción de hábitos saludables y a la sensibilización ambiental. Sin embargo, la relevancia política e institucional otorgada al acto contrasta con la magnitud de otros problemas que afectan de manera mucho más directa a la vida cotidiana de los vecinos del concejo.
Llanes atraviesa desde hace años dificultades relacionadas con el acceso a la vivienda, una presión fiscal que genera debate entre una parte de la población, carencias en determinados servicios públicos, problemas vinculados a la dependencia, deficiencias en infraestructuras de saneamiento y episodios recurrentes relacionados con el abastecimiento de agua. Son cuestiones que inciden de forma inmediata en la calidad de vida de los residentes y que condicionan el desarrollo social y económico del municipio.
En este contexto, resulta comprensible que una parte de la ciudadanía perciba este tipo de actos institucionales como iniciativas de carácter más simbólico que práctico. La adhesión a una red de playas sin humo tiene un valor educativo y de concienciación, pero no supone una mejora tangible de problemas estructurales que afectan diariamente a los llaniscos.
La imagen proyectada es la de un gobierno muy activo en campañas de visibilidad pública y en la participación en actos institucionales, mientras persisten desafíos de gran calado cuya resolución exige inversiones, planificación y decisiones políticas de mayor alcance. La cuestión de fondo no es la utilidad o no de la iniciativa, sino la percepción de que asuntos secundarios ocupan una parte importante de la agenda pública mientras los problemas que más preocupan a los vecinos continúan reclamando respuestas efectivas.
Desde esa perspectiva, la noticia vuelve a abrir el debate sobre cuáles deben ser las prioridades de un gobierno municipal y hasta qué punto la actividad institucional está orientada a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos o a proyectar una determinada imagen de gestión ante la opinión pública.
Para terminar el post quiero manifestar que así se cierra el círculo de una forma de hacer política que parece haberse instalado tanto en Gijón como en Llanes: una política de escaparate, de fotografías, de titulares y de gestos simbólicos, mientras los problemas que condicionan realmente la vida de los ciudadanos continúan esperando respuestas eficaces.
En Gijón, el debate sobre los toros, los patinetes o cualquier otra controversia de corto recorrido mediático ha ocupado espacios y energías que deberían estar dirigidos a afrontar desafíos mucho más relevantes. La vivienda se ha convertido en un problema creciente para miles de familias y jóvenes que ven imposible emanciparse. Los servicios sociales soportan una presión constante. Los barrios reclaman inversiones y mejoras. El Vial de Jove sigue siendo una asignatura pendiente que afecta directamente a la salud y a la calidad de vida de miles de vecinos. Sin embargo, la sensación que percibe una parte importante de la ciudadanía es que las prioridades institucionales no siempre coinciden con las preocupaciones reales de quienes viven y trabajan en la ciudad.
En Llanes la situación presenta similitudes evidentes. Mientras el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas del concejo, especialmente para los residentes permanentes, continúan existiendo debates sobre la presión fiscal, las dificultades en determinados servicios públicos, la atención a las personas dependientes, las carencias en infraestructuras de saneamiento o los problemas relacionados con el abastecimiento de agua. Frente a ello, la actividad institucional aparece frecuentemente vinculada a campañas, distintivos y actos de carácter simbólico cuya repercusión sobre la vida diaria de los vecinos es limitada.
La cuestión de fondo no es cuestionar la legalidad o la utilidad puntual de determinadas iniciativas. El problema surge cuando la acción política parece orientarse prioritariamente a la construcción de una imagen pública de gestión mientras los asuntos que afectan de forma directa al bienestar de la población siguen sin encontrar soluciones satisfactorias. Los ciudadanos no viven mejor porque se inaugure una señal, se entregue un diploma o se genere una polémica mediática. Viven mejor cuando encuentran una vivienda asequible, cuando reciben unos servicios públicos de calidad, cuando cuentan con infraestructuras adecuadas y cuando las administraciones responden de forma eficaz a sus necesidades.
Todo ello resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que quienes ocupan responsabilidades públicas perciben unas retribuciones financiadas por el conjunto de los contribuyentes. Precisamente por esa razón, la exigencia ciudadana debe ser máxima. Los cargos públicos no son elegidos para protagonizar campañas de imagen ni para alimentar debates secundarios, sino para gestionar recursos públicos y resolver problemas colectivos.
Al final, la verdadera medida del éxito de un gobierno municipal no se encuentra en el número de actos institucionales celebrados, ni en las fotografías publicadas, ni en los titulares obtenidos. Se encuentra en la mejora real de las condiciones de vida de sus vecinos. Y mientras los problemas estructurales de Gijón y Llanes continúen sin respuesta suficiente, seguirá existiendo una distancia cada vez mayor entre las preocupaciones de los ciudadanos y las prioridades de quienes los gobiernan.
Ya lo dijo Julio Anguita: “La política deja de servir al pueblo cuando se convierte en escaparate para quienes gobiernan.”
No hay comentarios:
Publicar un comentario