Hoy podemos leer en la columna de opinión de La Nueva España un artículo del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, sobre Melquiades Álvarez https://tinyurl.com/2exh93d3 La reivindicación que Queipo hace de Melquíades Álvarez presenta una contradicción que merece ser examinada desde los hechos y no únicamente desde la retórica. Queipo construye en su artículo la imagen de un político reformista que entendía la democracia como un espacio de libertad, parlamentarismo, negociación, respeto a la ley y reconocimiento del adversario. Esa caracterización contiene elementos ciertos de la trayectoria de Melquíades Álvarez. Lo discutible comienza cuando ese legado se utiliza para establecer una continuidad entre aquella tradición reformista y la práctica política que representa actualmente el Partido Popular.
Foto: Álvaro Queipo, un aprendiz de trilero político
Melquíades Álvarez no entendía la moderación como inmovilismo. Su reformismo nació precisamente de la convicción de que España necesitaba transformaciones profundas. Procedente del republicanismo y del liberalismo progresista, defendió la democratización del sistema político, la soberanía nacional, las libertades públicas, la reforma de las instituciones, el debilitamiento del caciquismo, la secularización del Estado, la descentralización y determinadas reformas sociales. Su moderación residía fundamentalmente en el método: transformar sin recurrir a la violencia revolucionaria, utilizando el Parlamento, la ley y la negociación política. Reducir ese pensamiento a una vaga apelación al orden institucional significa desprender al reformismo melquiadista de aquello que precisamente lo convertía en reformismo: la voluntad efectiva de cambiar la sociedad.
Desde esa perspectiva, resulta legítimo cuestionar la utilización que Queipo hace de su figura. Cuando el presidente del PP asturiano afirma que cree, como Melquíades, en "transformar una sociedad sin dividirla", la afirmación debe confrontarse con la actuación política del partido al que representa. Durante 2026 el PP ha alcanzado acuerdos con Vox en distintas comunidades autónomas, y esos acuerdos han incorporado reivindicaciones de la formación situada en la extrema derecha, incluidas medidas relacionadas con inmigración, políticas sociales o el concepto de "prioridad nacional". La colaboración entre ambos partidos no constituye, por tanto, una hipótesis sobre el futuro, sino una realidad política comprobable.
Existen ejemplos recientes especialmente significativos. En Valladolid, el gobierno municipal formado por PP y Vox modificó los criterios para el acceso a vivienda social sustituyendo la referencia específica a las víctimas de "violencia de género" por "violencia doméstica", una decisión cuestionada por colectivos feministas y por el Ministerio de Igualdad por sus posibles consecuencias sobre la protección de las mujeres. También los acuerdos autonómicos entre PP y Vox han provocado controversias relacionadas con la acogida de menores migrantes y con la introducción de criterios de prioridad nacional en determinadas políticas públicas.
La contradicción se hace todavía más visible cuando se observa la actividad parlamentaria. No sería riguroso afirmar que el PP ha votado contra todas las medidas progresistas presentadas por el Gobierno, porque existen excepciones y cada votación debe analizarse individualmente. Pero sí pueden señalarse decisiones concretas. En septiembre de 2025, PP, Vox y Junts rechazaron en el Congreso la tramitación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales; esas mismas formaciones coincidieron posteriormente en el rechazo de otras iniciativas sociales, como la prórroga automática de determinados contratos de alquiler.
Por eso el problema de la columna de Queipo no está tanto en las virtudes que atribuye a Melquíades Álvarez como en la facilidad con la que las traslada al presente. Defender retóricamente la moderación no convierte automáticamente una práctica política en moderada. La moderación debe comprobarse en las alianzas que se establecen, en las políticas que se acuerdan, en las leyes que se apoyan o rechazan y, especialmente, en la disposición a preservar derechos cuando mantenerlos entra en conflicto con las exigencias de un socio político.
Ahí aparece la principal debilidad de la reivindicación de Queipo. Resulta difícil presentar el reformismo de Melquíades como referente propio y omitir simultáneamente que aquel reformismo pretendía ampliar y modernizar el espacio de derechos y libertades de su tiempo. Melquíades no defendía las instituciones para convertirlas en una muralla contra cualquier transformación; defendía que las transformaciones debían realizarse a través de ellas. Esta diferencia es fundamental. El respeto a la legalidad era para él el procedimiento de la reforma democrática, no un sustituto de la reforma.
También resulta problemática la identificación entre moderación y equidistancia. Reconocer la legitimidad del adversario, negociar y alcanzar acuerdos son comportamientos perfectamente compatibles con mantener diferencias ideológicas profundas. Pero la reivindicación de ese principio pierde fuerza cuando un partido normaliza acuerdos de gobierno con Vox mientras pretende reservarse para sí mismo la condición de representante de la moderación. La cuestión no consiste en negar al PP el derecho democrático a alcanzar esos acuerdos, sino en señalar que tales decisiones tienen consecuencias políticas e ideológicas que no desaparecen simplemente porque sus dirigentes continúen definiéndose como moderados.
La figura de Melquíades Álvarez sirve precisamente para poner esa contradicción bajo una luz más exigente. Su trayectoria demuestra que moderación y reforma no eran conceptos opuestos. Se podía ser moderado en las formas y profundamente transformador en los objetivos; defender la propiedad privada y al mismo tiempo reclamar reformas sociales; aceptar la negociación y combatir el caciquismo; respetar las instituciones y exigir su democratización; abandonar el republicanismo como condición imprescindible de actuación política sin abandonar por ello la defensa de las libertades y de la soberanía nacional.
Por eso convertir a Melquíades Álvarez únicamente en un símbolo abstracto de "moderación", "ley", "orden" y "convivencia" corre el riesgo de domesticar históricamente a un personaje mucho más complejo. Queipo reivindica acertadamente al parlamentario que rechazaba la violencia y confiaba en las instituciones, pero deja mucho menos espacio al reformista que quería utilizar precisamente esas instituciones para ampliar libertades y transformar una sociedad que consideraba necesitada de profundas reformas.
La mejor manera de honrar a Melquíades Álvarez no debería consistir en apropiarse de su memoria para legitimar posiciones políticas contemporáneas, sino en aceptar la exigencia que contiene su pensamiento. Si se reivindica su reformismo, hay que aceptar que reformar significa cambiar; si se reivindica su liberalismo, hay que preguntarse qué derechos y libertades se están ampliando o restringiendo; si se reivindica su parlamentarismo, habrá que valorar la política por lo que se vota en el Parlamento; y si se reivindica su moderación, habrá que confrontarla con las alianzas y políticas que cada partido practica cuando gobierna.
Desde ese criterio, la columna que hoy publica en LNE de Álvaro Queipo puede leerse menos como demostración de una continuidad política con Melquíades Álvarez que como expresión de una contradicción. Invocar al reformista asturiano es sencillo; más difícil es asumir íntegramente lo que significaba su reformismo. Porque la herencia de Melquíades no fue simplemente pedir moderación a los demás. Fue defender que la libertad, el Parlamento y la ley debían servir para transformar democráticamente la sociedad. Y es precisamente en la distancia entre esa concepción y determinadas decisiones actuales del Partido Popular, especialmente cuando dependen de sus acuerdos con Vox, donde la apelación de Queipo a la moderación encuentra su límite más evidente.
Si se toma en serio el pensamiento político de Melquíades Álvarez, la contradicción con determinadas actuaciones del Partido Popular actual puede llevarse bastante más lejos que la cuestión de sus pactos con Vox. Pero para que la crítica sea sólida conviene no convertirla en una descalificación genérica del PP ni atribuirle intenciones que no puedan demostrarse. Lo más eficaz es enfrentar principios concretos del reformismo melquiadista con decisiones políticas igualmente concretas. Es precisamente ahí donde la apelación de Álvaro Queipo a la moderación resulta más vulnerable.
Melquíades Álvarez hizo de la regeneración democrática una cuestión central de su pensamiento. Consideraba insuficiente que existiesen elecciones y sufragio si detrás continuaban funcionando estructuras de poder capaces de degradar la representación política. Su combate contra el caciquismo respondía precisamente a esa preocupación. Quería transparencia, democratización de la vida pública y una ciudadanía que pudiera ejercer realmente sus derechos políticos. Su fórmula era evolución y no revolución, pero esa evolución debía conducir a una democracia más auténtica y debía incluir reformas sociales.
Por eso resulta insuficiente invocar su nombre únicamente para hablar de moderación. Melquíades no concebía la moderación como la virtud de pronunciar palabras templadas mientras se mantenían intactas las relaciones de poder existentes. Su reformismo pretendía modificar el sistema. Era moderado en el procedimiento y reformador en los objetivos. Esta distinción es esencial porque permite juzgar a quienes hoy reclaman su legado no por la etiqueta que se atribuyen, sino por aquello que hacen cuando disponen de poder político.
También existe una contradicción particularmente incómoda en materia de memoria democrática. Melquíades Álvarez fue asesinado el 22 de agosto de 1936 en un episodio de violencia política que merece condena sin matices. Precisamente por eso resulta difícil reivindicar solemnemente a una víctima de la violencia política de 1936 y, simultáneamente, respaldar actuaciones que eliminan instrumentos públicos destinados a reconocer y reparar a otras víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura como hace el PP.
El caso balear resulta especialmente significativo. En marzo de 2026, PP y Vox aprobaron la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares. La iniciativa procedía de Vox y salió adelante gracias al voto del PP. No se trata, por tanto, de atribuir al Partido Popular una intención oculta: la votación está documentada. Además, el PP balear había respaldado parte de aquella legislación cuando fue aprobada en 2018.
La paradoja resulta difícil de ignorar. No parece coherente convertir el asesinato de Melquíades en una advertencia sobre la necesidad de conservar la memoria frente a la barbarie política y considerar, al mismo tiempo, prescindibles políticas públicas de memoria cuando las víctimas pertenecen a otros espacios históricos. La memoria democrática pierde su sentido si funciona por afinidad ideológica. Las víctimas de la violencia republicana merecen reconocimiento y las víctimas de la represión franquista también. Un liberalismo consecuente debería poder sostener ambas afirmaciones sin dificultad.
Algo parecido sucede con la igualdad. Melquíades perteneció a una tradición liberal que entendía el progreso político como ampliación de ciudadanía, derechos y garantías. Es legítimo discutir cómo deben diseñarse las políticas contemporáneas de igualdad, pero resulta mucho más complicado presentarse como heredero de una tradición de ampliación de derechos mientras se aceptan retrocesos concretos como precio de los acuerdos políticos.
Valladolid ofrece actualmente un ejemplo verificable. El gobierno municipal de PP y Vox ha sustituido la referencia a la "violencia de género" por "violencia doméstica" en los criterios de acceso a vivienda social y ha aumentado de uno a tres años el requisito de empadronamiento. La modificación ha provocado incluso que el Ministerio de Igualdad anuncie que estudia acciones legales.
Se puede defender políticamente esa modificación y asumir sus consecuencias. Lo que resulta más difícil es practicar este tipo de políticas y, simultáneamente, presentar la palabra "moderación" como si por sí sola resolviera la contradicción. Una posición política no se vuelve moderada porque quien la adopta se defina de ese modo. Debe examinarse su contenido.
El mismo criterio debería aplicarse a la inmigración. El liberalismo de Melquíades partía del individuo como sujeto de derechos y de una ciudadanía protegida por la ley. El debate sobre inmigración admite posiciones legítimamente distintas sobre fronteras, regularidad administrativa, integración o capacidad de los servicios públicos. Pero cuando los acuerdos políticos incorporan conceptos como la "prioridad nacional", la cuestión deja de ser exclusivamente administrativa y entra directamente en el terreno de qué derechos y oportunidades deben depender del origen de una persona. En los actuales acuerdos entre PP y Vox esta expresión ha adquirido presencia política, al mismo tiempo que Vox mantiene su presión para endurecer las políticas relacionadas con inmigrantes y menores extranjeros.
Hay, además, una cuestión todavía más profunda que puede confrontarse con Melquíades: la relación entre oposición y responsabilidad de gobierno. El reformismo melquiadista aspiraba a convertirse en alternativa de gobierno precisamente porque entendía que la política debía producir reformas posibles. No consistía únicamente en desgastar al adversario. Desde esa perspectiva, cualquier partido que defienda una posición mientras está en la oposición y adopte otra cuando llega al gobierno debe explicar públicamente esa contradicción.
Cambiar de posición no es por sí mismo antidemocrático ni necesariamente censurable. Gobernar obliga a enfrentarse con restricciones presupuestarias, jurídicas y administrativas que desde la oposición pueden resultar menos visibles. Lo exigible es otra cosa: explicar el cambio y asumir su responsabilidad. Cuando una promesa se abandona, cuando una medida denunciada desde la oposición termina aplicándose desde el gobierno o cuando aquello que se calificaba de intolerable pasa a considerarse inevitable una vez alcanzado el poder, el ciudadano tiene derecho a exigir una explicación que vaya más allá de la conveniencia partidista.
Y aquí aparece precisamente uno de los aspectos que más pueden reprocharse desde la tradición regeneracionista de Melquíades: convertir al elector en instrumento y no en ciudadano. El voto no constituye un cheque en blanco. La democracia liberal exige responsabilidad ante quienes han depositado su confianza en un programa político. Cuando las decisiones posteriores perjudican materialmente a sectores que apoyaron electoralmente al partido que gobierna, el problema no consiste en que esos ciudadanos hayan votado "mal", sino en determinar si recibieron una explicación suficientemente clara de las políticas que después iban a aplicarse.
Por eso tampoco conviene afirmar automáticamente que cualquier política del PP "golpea a sus propios votantes". Esa afirmación requeriría demostrar, medida por medida, quiénes resultan perjudicados y cómo votaron esos grupos. La crítica puede formularse con mucha mayor fuerza sin necesidad de esa generalización: un partido que se presenta como defensor de determinadas clases medias, trabajadores, pensionistas, autónomos o habitantes del medio rural debe responder políticamente cuando sus decisiones de gobierno perjudican los intereses que afirmó defender. Esa responsabilidad democrática existe con independencia de que podamos conocer el voto individual de los afectados.
Hay todavía otra contradicción importante con Melquíades: la sustitución del reformismo por la política identitaria. El reformista asturiano pretendía superar las divisiones de su época mediante instituciones comunes, reformas sociales y ciudadanía. Una política obsesionada con clasificar permanentemente a los españoles entre bloques irreconciliables se aleja de ese espíritu, venga de la izquierda o de la derecha. Y la normalización de marcos políticos procedentes de Vox plantea al PP precisamente este problema: hasta qué punto conserva una identidad liberal-conservadora propia y hasta qué punto termina aceptando conceptos y prioridades establecidos por su competidor a la derecha.
Eso no puede resolverse simplemente afirmando que el PP se ha convertido en Vox. Son partidos diferentes y sería intelectualmente pobre tratarlos como si fueran idénticos. El problema más interesante es otro: qué concesiones realiza el PP para obtener el apoyo de Vox y qué efectos producen esas concesiones sobre su pretendida condición de partido moderado. Ahí es donde los hechos permiten una crítica mucho más contundente que cualquier calificativo.
Y existen hechos. El PP ha permitido con sus votos la derogación de la Ley de Memoria Democrática balear impulsada por Vox. PP y Vox gobiernan conjuntamente en instituciones donde se han modificado políticas relativas a violencia de género. Los acuerdos entre ambas formaciones han introducido reivindicaciones vinculadas a inmigración y "prioridad nacional". Son decisiones comprobables y pueden confrontarse directamente con la concepción liberal, reformista e institucional que Queipo atribuye a Melquíades.
Por eso quizá el reproche más profundo que puede formularse a la columna de Álvaro Queipo no sea acusarlo simplemente de hipocresía, sino exigirle coherencia con el personaje histórico que él mismo ha elegido como referencia. Si reivindica a Melquíades Álvarez, debe aceptar todo lo incómodo que contiene su legado. Melquíades defendía la propiedad privada, pero también las reformas sociales; defendía el orden jurídico, pero quería transformar las instituciones; rechazaba la revolución, pero también el inmovilismo; combatía los extremismos, pero no utilizaba esa lucha como excusa para renunciar al progreso democrático.
La cuestión que queda planteada a Queipo es entonces mucho más difícil que la simple evocación de un político asesinado hace noventa años. ¿Qué significa hoy ser reformista? ¿Ampliar derechos o restringirlos? ¿Defender la autonomía de un proyecto liberal-conservador o aceptar progresivamente las condiciones políticas de Vox para conservar gobiernos y aprobar presupuestos? ¿Recordar a todas las víctimas de nuestra historia o seleccionar aquellas cuya memoria resulta políticamente cómoda? ¿Considerar al Parlamento el espacio del acuerdo o únicamente el escenario donde bloquear al adversario? ¿Defender las instituciones porque permiten transformar democráticamente la sociedad o utilizarlas para impedir cualquier transformación procedente del contrario?
Es ahí donde la palabra "moderación" deja de ser suficiente.
Melquíades Álvarez no necesita que noventa años después alguien se proclame su heredero. Su pensamiento permite algo bastante más exigente: comparar lo que un político dice con aquello que hace. Y si Álvaro Queipo quiere convertirlo en referente de su concepción de la política, tendrá que aceptar también ese examen. Porque la moderación de Melquíades no consistía en situarse retóricamente entre dos extremos. Consistía en defender la libertad, democratizar las instituciones, impulsar reformas sociales y combatir el sectarismo mediante la ley y el Parlamento.
La memoria de Melquíades, contemplada así, deja de ser un cómodo homenaje al pasado para convertirse en una incómoda pregunta sobre el presente: no quién pronuncia con mayor frecuencia las palabras libertad, moderación y convivencia, sino quién está dispuesto a sostenerlas cuando ejercer el poder obliga a elegir entre esos principios y la conveniencia política.
Para terminar el post quiero manifestar que hay algo especialmente irritante en la utilización que Álvaro Queipo hace de Melquíades Álvarez: no que lo recuerde, porque recordar a uno de los grandes políticos asturianos debería ser una obligación democrática, sino que pretenda envolverse en su figura para presentar como moderada una práctica política que debe ser juzgada por sus hechos y no por las palabras elegidas para describirla.
Porque la moderación no se proclama. Se demuestra.
Y precisamente el texto que precede a este epílogo ha mostrado una contradicción fundamental: Melquíades Álvarez defendía la democratización de las instituciones, las libertades públicas, las reformas sociales y la transformación de la sociedad mediante el Parlamento y la ley. Era moderado en los procedimientos y reformador en sus objetivos. Queipo, en cambio, pretende apropiarse de aquella palabra —moderación— separándola de buena parte del contenido político que le daba sentido.
Ahí comienza el trilerismo político.
Se coloca sobre la mesa la palabra moderación, se agita delante del ciudadano, se invoca a Melquíades Álvarez y se habla solemnemente de libertad, convivencia, parlamentarismo, diálogo y Estado de Derecho. Pero mientras el público contempla esas palabras, debajo de la mesa están las decisiones políticas reales: los acuerdos con Vox, las concesiones realizadas para conseguir sus votos, las políticas sobre memoria democrática, inmigración o igualdad y las votaciones parlamentarias que permiten comprobar qué queda de aquel reformismo cuando llega el momento de convertir las palabras en hechos. El propio análisis precedente recoge decisiones concretas del PP y sus acuerdos con Vox que permiten realizar esa comparación sin necesidad de atribuir intenciones ocultas.
Eso es lo que hace particularmente endeble la reivindicación de Queipo. Nadie puede impedirle admirar a Melquíades Álvarez. Lo que no puede pretender es quedarse únicamente con las partes cómodas de su pensamiento y esconder las incómodas.
Porque Melquíades no fue un monumento a la quietud. No fue un político dedicado a impedir que las cosas cambiaran. No convirtió la legalidad en coartada para el inmovilismo. Quería combatir el caciquismo, democratizar la vida pública, reformar las instituciones y ampliar las posibilidades reales de ejercicio de los derechos ciudadanos. Su fórmula era evolución frente a revolución, pero esa evolución debía desembocar en una democracia más auténtica y acompañarse de reformas sociales.
Por eso resulta difícil aceptar que quienes necesitan los votos de Vox para sostener gobiernos o sacar adelante determinadas políticas puedan presentarse simultáneamente como depositarios naturales de aquella moderación sin someterse a una pregunta elemental: ¿qué han tenido que aceptar para conseguir esos apoyos?
No basta con responder que PP y Vox son partidos diferentes. Lo son. Precisamente por eso la cuestión relevante consiste en saber qué concesiones realiza el primero al segundo y qué consecuencias tienen esas concesiones sobre la supuesta centralidad y moderación que proclama.
Y tampoco basta con ponerse la etiqueta de reformista.
Reformista no es quien pronuncia la palabra reforma mientras se opone sistemáticamente a las reformas que considera ideológicamente ajenas. Reformista es quien propone alternativas y pretende modificar la realidad utilizando las instituciones democráticas. Melquíades entendió precisamente eso: las instituciones no eran una muralla destinada a impedir la transformación, sino el instrumento legítimo mediante el cual debía realizarse.
También existe un problema de coherencia política cuando aquello que se combate desde la oposición cambia de consideración al alcanzarse el gobierno. Un partido tiene perfecto derecho a modificar sus posiciones. Incluso puede tener razones fundadas para hacerlo. Pero entonces tiene también la obligación democrática de explicar el cambio y asumir sus consecuencias. Cuando una promesa desaparece, cuando aquello que era intolerable desde la oposición se vuelve inevitable desde el gobierno o cuando una posición se modifica por necesidades parlamentarias, el ciudadano merece algo más que propaganda. Merece una explicación.
Eso también forma parte del respeto al elector.
Porque el ciudadano no es una papeleta que se deposita cada cuatro años y después puede olvidarse. El voto no es un cheque en blanco. Una concepción regeneracionista de la democracia exige responsabilidad ante quienes confiaron en un determinado programa político. Si un partido promete proteger determinados intereses sociales y cuando gobierna adopta decisiones contrarias a ellos, tendrá que responder por esa contradicción. No porque todos los afectados sean necesariamente sus votantes —afirmarlo sin datos sería falso—, sino porque gobernar significa responder ante todos, incluidos aquellos a quienes se pidió el voto prometiéndoles una determinada política.
Y todavía resulta más incómodo utilizar la memoria de Melquíades selectivamente.
Queipo recuerda, con razón, la atrocidad de su asesinato. Pero una democracia madura no establece categorías ideológicas entre sus muertos. Si la muerte de Melquíades sirve para recordarnos hasta dónde puede conducir el fanatismo político, entonces esa enseñanza debe valer para todas las víctimas. Las víctimas de la violencia producida en la zona republicana merecen memoria, dignidad y reconocimiento, exactamente igual que las víctimas de la represión franquista. El texto precedente recuerda la contradicción que supone reivindicar solemnemente a una víctima de 1936 mientras se respaldan decisiones destinadas a eliminar instrumentos públicos de memoria dirigidos a otras víctimas.
No existe una memoria democrática de izquierdas y otra de derechas cuando hablamos de seres humanos asesinados.
Existe memoria democrática o existe memoria selectiva.
Y ahí vuelve a aparecer el problema de fondo de la columna de Queipo. Melquíades Álvarez termina convertido en una bandera prestada. Se toma su asesinato, su parlamentarismo, su rechazo de la violencia y su defensa de la legalidad, pero se difuminan el reformador, el regeneracionista, el hombre procedente del republicanismo y del liberalismo progresista, el defensor de reformas sociales y el político convencido de que las instituciones debían servir para cambiar España.
Ese Melquíades completo resulta bastante más incómodo que el Melquíades cuidadosamente seleccionado para una columna de opinión.
Por eso Queipo debería elegir qué Melquíades reivindica. Si reivindica al verdadero, tendrá que aceptar que su legado no puede reducirse a una colección de palabras solemnes sobre moderación y convivencia. Tendrá que aceptar también al político que quería reformas, democratización y libertades; al hombre que rechazaba tanto la revolución como el inmovilismo y que entendía el Parlamento como instrumento de transformación. El propio análisis lo resume con claridad: defendía la propiedad privada pero también reformas sociales; defendía el orden jurídico pero quería transformar las instituciones; rechazaba la revolución pero también el inmovilismo.
Y si no se acepta todo eso, convendría dejar de utilizar a Melquíades como certificado histórico de moderación.
Porque apropiarse de un muerto ilustre es fácil. Los muertos no replican, no conceden entrevistas, no votan y no pueden protestar cuando alguien selecciona cuidadosamente unas páginas de su pensamiento y olvida las restantes.
Los hechos, en cambio, sí contestan.
Contestan cuando se vota.
Contestan cuando se gobierna.
Contestan cuando se pacta.
Contestan cuando aquello que ayer parecía irrenunciable hoy se negocia.
Y contestan, sobre todo, cuando llega el momento de elegir entre los principios proclamados y la conveniencia del poder.
Ahí desaparecen los homenajes, las efemérides y las grandes palabras. Ahí queda desnuda la política.
Por eso la pregunta que Álvaro Queipo debería responder no es cuánto admira a Melquíades Álvarez. Eso pertenece a su conciencia. La pregunta políticamente relevante es mucho más sencilla: ¿cuánto del pensamiento que atribuye a Melquíades está dispuesto a defender cuando entra en contradicción con los intereses inmediatos de su propio partido o con las exigencias de Vox?
Hasta que esa contradicción encuentre respuesta, envolverse en la bandera de Melquíades Álvarez para proclamar moderación corre el riesgo de convertirse precisamente en aquello que Queipo pretende negar: un ejercicio de trilerismo político en el que las palabras están en un cubilete y los hechos debajo de otro.
Melquíades Álvarez no necesita herederos autoproclamados.
Necesita ser leído entero.
Y cuando se le lee entero, la cuestión deja de ser quién se atreve a pronunciar su nombre con mayor solemnidad y pasa a ser quién está dispuesto a someter su propia conducta política al criterio que dice admirar: libertad, reforma, responsabilidad, Parlamento y ciudadanía.
Lo demás es retórica.
Y ninguna bandera, por grande que sea, consigue tapar indefinidamente la distancia entre lo que se predica y lo que se hace como hoy nos ha dejado el infeliz y manipulador Álvaro Queipo.
Ya lo dijo Melquiades Álvarez: «Yo he creído siempre que la libertad era de las pocas esencias divinas que existen en el mundo, que no puede quebrantarse, ni mutilarse, ni modificarse. Sin la libertad no pueden vivir los hombres; sin la libertad los Estados perecen».
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