La vivienda en la costa asturiana atraviesa un periodo de fuerte encarecimiento. Según los datos recogidos por Tinsa, el precio medio de una vivienda situada en los municipios del litoral del Principado alcanzó durante el primer trimestre de 2026 los 1.892 euros por metro cuadrado, lo que representa un incremento interanual del 13,6%. La subida supera la registrada en el conjunto de la cornisa Cantábrica, donde el precio medio se situó prácticamente en el mismo nivel, 1.891 euros por metro cuadrado, pero con un crecimiento del 11,7%, y también está por encima del aumento del 12,2% correspondiente al conjunto de Asturias.
La diferencia con el mercado asturiano general también se refleja en los precios. La media provincial se situó en 1.747 euros por metro cuadrado, por lo que la vivienda del litoral cuesta de media 145 euros más por metro cuadrado que en el conjunto de Asturias. El precio de la costa también supera ligeramente los 1.882 euros por metro cuadrado registrados en Oviedo. En la comparación con otras provincias del norte, Vizcaya presenta el precio costero más elevado, con 2.909 euros por metro cuadrado, seguida de Cantabria, con 2.156 euros, mientras que Pontevedra se encuentra prácticamente al mismo nivel que Asturias, con 1.894 euros. En cuanto a la evolución anual, Cantabria registra una subida del 15,8% y Asturias del 13,6%.
Este encarecimiento repercute directamente en el esfuerzo económico necesario para adquirir una vivienda. Tinsa calcula que un hogar medio necesita destinar el 33% de su renta disponible a comprar una vivienda en la costa asturiana, frente al 30% correspondiente al conjunto de Asturias y a Oviedo. El porcentaje permanece por debajo del 40% estimado para el conjunto de los municipios costeros españoles, aunque existen diferencias importantes dentro del propio Principado.
Por municipios, Llanes presenta el precio más elevado, con 2.152 euros por metro cuadrado, después de registrar una subida anual del 13,9%. A continuación se encuentran Ribadesella, con 2.079 euros por metro cuadrado, y Gijón, con 2.019 euros. Las mayores subidas porcentuales no coinciden necesariamente con los municipios más caros: Carreño encabeza el encarecimiento con un 19,4%, seguido de Gozón, con un 18,8%, y Ribadesella, con un 18,3%.
La vivienda destinada a segunda residencia presenta precios todavía superiores. Tinsa estima un valor medio de 2.500 euros por metro cuadrado para la vivienda vacacional de la costa asturiana, alrededor de 608 euros más que el promedio del conjunto de viviendas de los municipios litorales. Las diferencias geográficas también son considerables: entre Muros del Nalón y Villaviciosa el valor estimado asciende a 2.800 euros por metro cuadrado, mientras que entre Castropol y Cudillero y entre Colunga y Ribadedeva se sitúa en torno a 1.800 euros.
Frente al incremento de los precios, la actividad inmobiliaria presenta una evolución más contenida. Durante 2025, los municipios costeros contabilizaron 7.356 compraventas, un 1,4% menos que el año anterior, y 1.104 visados de vivienda nueva, un 12% menos. Pese a estos descensos, el litoral concentró el 41% de todas las compraventas y el 52% de los visados de vivienda nueva de Asturias, según los datos recogidos en el estudio sobre la evolución de la vivienda en la costa asturiana.
Dentro de este mercado, Gijón destaca especialmente por el volumen de construcción residencial. El estudio de Tinsa sitúa a la ciudad como el tercer municipio costero de España con más visados de obra nueva en 2025, con 854 viviendas. Únicamente Mijas, con 1.670, y Estepona, con 1.278, registraron cifras superiores. Gijón quedó por delante de Torrevieja, que contabilizó 766 viviendas visadas; Roquetas del Mar, con 723; Vigo, con 692, y Benidorm, con 685.
La evolución gijonesa contrasta con la registrada en buena parte del Principado. Los visados de vivienda nueva aumentaron en Gijón un 10,8% respecto a 2024, mientras que en el conjunto de Asturias descendieron un 18,1%. Otros municipios experimentaron reducciones más acusadas: Oviedo terminó 2025 con 356 visados y una caída superior al 50%, Llanes contabilizó 45 después de un descenso del 64% y Castrillón registró únicamente 18, un 41,9% menos. En total, de las 2.137 licencias de obra nueva contabilizadas en Asturias, 1.104 correspondieron a municipios costeros.
Gijón también ocupa una posición destacada en el mercado de compraventa. Durante 2025 registró 3.778 transacciones de vivienda. En la comparación realizada por Tinsa entre destinos costeros que no son capitales provinciales, esta cifra sitúa a la ciudad en el cuarto puesto nacional, por detrás de Torrevieja, con 6.913 operaciones; Orihuela, con 4.992, y Marbella, con 4.407. Cartagena quedó inmediatamente por detrás de Gijón con 3.759 operaciones, seguida de Elche, con 3.611, y Estepona, con 3.475.
La elevada actividad inmobiliaria de Gijón coincide con precios superiores a la media regional. Tinsa sitúa el valor de la vivienda en la ciudad por encima de los 2.000 euros por metro cuadrado, frente a los 1.747 euros del conjunto de Asturias. Las compraventas gijonesas descendieron un 1,6% respecto al año anterior, mientras que el conjunto del Principado registró 17.750 operaciones, con un crecimiento del 5%.
La demanda de vivienda vacacional constituye otro de los elementos recogidos en el análisis. El perfil de los compradores es mayoritariamente nacional y procede principalmente de Madrid, mientras que entre los compradores extranjeros destaca la procedencia de países de Europa del Este. Según el informe, los compradores extranjeros representan entre el 10% y el 30% de las compraventas de vivienda vacacional, dependiendo de la zona. Estos datos y la posición de Gijón dentro del mercado inmobiliario costero se detallan en la información sobre la construcción y compraventa de vivienda en Gijón.
Las diferencias entre municipios también aparecen al analizar el esfuerzo económico que deben realizar los hogares. Aunque la media del litoral asturiano se sitúa en el 33% de la renta disponible, en Llanes el esfuerzo de compra alcanza el 43%. En Ribadesella llega al 37% y en Gijón al 34%, mientras que Avilés y Castrillón presentan los porcentajes más bajos de los municipios estudiados, ambos con un 26%.
En el mercado de vivienda vacacional, el informe de Tinsa recoge además indicios de moderación en determinadas zonas. Asturias aparece entre los territorios en los que los técnicos detectan señales de ralentización o primeros ajustes en algunos mercados y entre las localizaciones donde la vivienda vacacional podría estar acercándose a su techo de precios. Esta apreciación se refiere específicamente a este segmento del mercado y aparece recogida en el informe junto a los datos de precios y operaciones.
La construcción de vivienda tampoco presenta una evolución uniforme entre los distintos concejos. Aunque Gijón contabilizó 854 licencias y un incremento del 10,8%, los visados descendieron de forma considerable en otros municipios: un 86,5% en Avilés, un 64% en Llanes y un 60,2% en Gozón. En conjunto, los 1.104 visados registrados en los municipios costeros representaron más de la mitad de toda la obra nueva autorizada en Asturias.
De este modo, los datos del informe Vivienda en Costa 2026 muestran un mercado en el que los precios de la vivienda costera asturiana crecen a tasas de dos dígitos, mientras las compraventas y los visados de obra nueva registran descensos en el conjunto del litoral. Los precios y su evolución presentan diferencias relevantes entre municipios, al igual que el esfuerzo económico necesario para comprar una vivienda. La vivienda vacacional mantiene valores superiores a los del mercado residencial general y Gijón sobresale por su volumen de compraventas y, especialmente, por su número de visados de obra nueva. El conjunto de estos datos puede consultarse en la información sobre precios, compraventas, vivienda vacacional y construcción en la costa asturiana.
La lectura que dejan estos datos es especialmente preocupante porque el problema ya no puede reducirse a decir que «la vivienda está cara». Lo que muestran las cifras es un desajuste cada vez mayor entre el precio de la vivienda, la capacidad económica de los residentes y la disponibilidad de vivienda protegida y asequible en algunos de los concejos donde la presión inmobiliaria es más intensa. Llanes, Ribadesella, Gijón y buena parte del litoral oriental concentran varios de los indicadores que permiten medir esa tensión: precios elevados, incrementos interanuales de dos dígitos, vivienda vacacional considerablemente más cara que la residencial y un esfuerzo económico creciente para quienes quieren comprar una vivienda habitual.
Los números son suficientemente contundentes por sí mismos. La vivienda costera asturiana alcanzó los 1.892 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2026, un 13,6% más que un año antes, mientras que el esfuerzo necesario para adquirirla se situó en el 33% de la renta disponible del hogar medio. El problema se intensifica en determinados municipios. Llanes alcanza los 2.152 euros por metro cuadrado, Ribadesella los 2.079 euros y Gijón los 2.019 euros. Al mismo tiempo, Carreño registra una subida interanual del 19,4%, Gozón del 18,8% y Ribadesella del 18,3%.
Pero probablemente el dato más revelador no sea el precio por metro cuadrado, sino cuánto tiene que sacrificar una familia para acceder a una vivienda. En Llanes el esfuerzo de compra alcanza ya el 43% de la renta disponible del hogar; en Ribadesella, el 37%, y en Gijón, el 34%. Cuando una parte tan importante de los ingresos familiares tiene que destinarse únicamente a adquirir una vivienda, el problema deja de ser exclusivamente inmobiliario. Afecta directamente a la capacidad de los hogares para ahorrar, consumir y desarrollar un proyecto de vida estable.
La vivienda vacacional añade otra dimensión. Su precio medio alcanza los 2.500 euros por metro cuadrado en la costa asturiana y llega a los 2.800 euros por metro cuadrado entre Muros del Nalón y Villaviciosa. Además, el perfil de la demanda descrito por Tinsa es mayoritariamente nacional y procede principalmente de Madrid, mientras que los compradores extranjeros de vivienda vacacional representan entre el 10% y el 30% de las operaciones, dependiendo de la zona.
Estos datos obligan a plantear una cuestión elemental: si el mercado libre se encarece a este ritmo, la necesidad de disponer de un parque suficiente de vivienda protegida y pública aumenta, no disminuye. Precisamente cuando comprar o alquilar en el mercado ordinario resulta más difícil es cuando la política pública de vivienda adquiere mayor importancia.
Y aquí conviene ser rigurosos. No puede afirmarse a partir de estas tres noticias que en los últimos tres años se haya dejado literalmente «sin vivienda de protección oficial a miles de asturianos», porque las noticias no aportan una cifra que permita sostener esa afirmación. Lo que sí puede afirmarse es que existe demanda registrada de vivienda protegida. El propio Principado mantiene el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida (REDVIVA) con listas de solicitantes para municipios como Gijón, Llanes, Ribadesella, Ribadedeva, Gozón, Carreño o Castrillón.
Tampoco sería exacto afirmar que no existe ninguna actuación pública. Por ejemplo, en Ribadesella el Ayuntamiento acordó en julio de 2023 ceder al Principado una parcela de 1.217,34 metros cuadrados en El Mantequeru destinada a viviendas protegidas de promoción pública, pero la aceptación formal de esa cesión por el Gobierno autonómico se produjo mediante un decreto de enero de 2025. Este tipo de plazos permite formular una crítica perfectamente verificable: ante un mercado que puede incrementar sus precios más de un 10% en doce meses, una política pública que necesita años para transformar suelo disponible en viviendas efectivamente habitables corre permanentemente por detrás del problema.
También existe oferta protegida registrada oficialmente. El portal del Principado contabiliza promociones históricas y actuales en distintos concejos y mantiene el acceso sujeto al REDVIVA. Por tanto, la crítica más sólida no consiste en afirmar que «no se ha hecho absolutamente nada», sino en preguntar algo mucho más incómodo: si lo realizado guarda proporción con la magnitud y la velocidad del problema.
Porque mientras la Administración tramita suelo, proyectos, calificaciones y promociones, el mercado no espera. En un solo año Ribadesella ha subido un 18,3%, Llanes un 13,9% y Gijón un 13,7%. Y mientras esto sucede, la vivienda vacacional alcanza valores muy superiores a los del mercado residencial ordinario. El resultado objetivo es que cada año de retraso en incrementar la oferta asequible se produce sobre un mercado más caro que el del año anterior.
La contradicción resulta todavía más evidente en Gijón. La ciudad contabilizó 854 viviendas nuevas visadas en 2025, convirtiéndose en el tercer municipio costero analizado por Tinsa con mayor volumen de visados, únicamente por detrás de Mijas y Estepona. Sin embargo, esa actividad constructora no ha impedido que el precio supere los 2.000 euros por metro cuadrado. El propio registro oficial del Principado muestra que existe demanda de vivienda protegida en Gijón. Construir muchas viviendas no equivale automáticamente a resolver el acceso a la vivienda si una parte de la población no puede pagar los precios resultantes.
Eso es precisamente lo que debería situarse en el centro del debate político asturiano. El indicador verdaderamente relevante no puede ser solamente cuántas licencias se conceden, cuántas promociones se anuncian o cuánto dinero se moviliza. El resultado debe medirse también por cuántas viviendas protegidas y públicas terminadas llegan efectivamente a familias que no pueden acceder al mercado libre.
La costa oriental necesita además una respuesta especialmente adaptada a su realidad. Llanes y Ribadesella no pueden analizarse únicamente como mercados turísticos. Son municipios en los que vive población durante todo el año y donde los residentes necesitan acceder a una vivienda con salarios vinculados a la economía asturiana. Cuando el precio inmobiliario recibe presión de compradores de segunda residencia con mayor capacidad adquisitiva, la ausencia de una oferta protegida suficiente coloca al residente que busca una primera vivienda en una competición económica profundamente desigual. No es una hipótesis abstracta: los datos muestran simultáneamente precios elevados, fuerte crecimiento y un coste superior de la vivienda vacacional.
Y el problema trasciende incluso el acceso individual a una casa. Un territorio donde trabajadores y jóvenes no encuentran vivienda asequible tiene enormes dificultades para retener población estable. Mantener colegios, comercio, hostelería, sanidad, cuidados y servicios públicos requiere personas que puedan vivir cerca de donde trabajan. La vivienda, por tanto, no puede abordarse exclusivamente como un activo inmobiliario: es también infraestructura básica para mantener comunidades permanentes.
Por eso resulta insuficiente responder a una emergencia de esta magnitud exclusivamente con anuncios de futuras promociones. Una vivienda protegida anunciada, proyectada o pendiente de tramitación todavía no aloja a ninguna familia. La medida relevante para quien lleva años inscrito como demandante es cuándo recibe una vivienda y cuánto tiene que pagar por ella.
La paradoja de la costa asturiana queda resumida en dos cifras: los municipios costeros concentraron el 41% de las compraventas de Asturias y el 52% de los visados de vivienda nueva, pero los precios continuaron aumentando con enorme intensidad. Hay actividad inmobiliaria; lo que esos datos no demuestran es que esa actividad esté proporcionando vivienda económicamente accesible a quienes la necesitan.
Por eso la conclusión puede ser dura sin necesidad de exagerar ningún dato: cuando el mercado encarece la vivienda a tasas de dos dígitos y la respuesta pública no consigue generar vivienda protegida al mismo ritmo que crece la necesidad, la política de vivienda está llegando tarde. Y llegar tarde en vivienda tiene consecuencias concretas: personas que aplazan su emancipación, hogares obligados a dedicar una proporción creciente de sus ingresos al alojamiento y residentes que tienen que buscar fuera del municipio en el que quieren vivir.
La cuestión política, por tanto, no debería reducirse a discutir si se han anunciado actuaciones. La pregunta que merece una respuesta verificable es otra: cuántas viviendas protegidas nuevas se han terminado y adjudicado realmente desde 2023 en Gijón, Llanes, Ribadesella y el resto de la costa oriental, cuántas personas permanecen actualmente inscritas esperando una vivienda y cuánto tiempo llevan esperando. Solo confrontando esas tres cifras —viviendas entregadas, demandantes y tiempo de espera— puede evaluarse con precisión la eficacia de la política desarrollada.
Mientras tanto, los datos disponibles dejan una advertencia suficientemente contundente: el mercado inmobiliario de la costa asturiana avanza mucho más deprisa de lo que pueden permitirse numerosos hogares. Si la vivienda protegida no aumenta en cantidad y velocidad precisamente en los municipios donde esa presión es mayor, el resultado no necesita adornarse con ninguna elucubración: cada nueva subida de precios hace más difícil que una parte de los asturianos pueda vivir allí donde ha nacido, trabaja o quiere construir su futuro.
Y es precisamente aquí donde termina la discusión sobre estadísticas y comienza la exigencia de responsabilidades políticas. Gobernar no consiste en describir el problema de la vivienda, sino en utilizar las competencias, el suelo y los recursos públicos disponibles para intentar resolverlo. Cuando pasan los años, los precios continúan aumentando y las familias siguen encontrando enormes dificultades para acceder a una vivienda, quienes gobiernan tienen que responder por sus resultados.
La situación resulta especialmente grave en municipios como Gijón, Llanes, Ribadesella, Colunga o Ribadedeva, porque la presión inmobiliaria de buena parte de la costa asturiana ya está perfectamente identificada. En Llanes, una familia necesita destinar de media el 43% de su renta disponible a comprar una vivienda; en Ribadesella, el 37%, y en Gijón, el 34%. No estamos hablando de una amenaza futura, sino de un problema que ya aparece reflejado en los indicadores económicos.
Por eso, allí donde gobiernan Foro, PP o candidaturas locales, la valoración de su política de vivienda debe hacerse sobre hechos comprobables y no sobre declaraciones. ¿Cuántas viviendas protegidas prometieron?, ¿Cuántas iniciaron?, ¿Cuántas terminaron?, ¿Cuántas entregaron?, ¿Cuánto suelo municipal destinaron realmente a vivienda asequible y cuántas familias que estaban esperando tienen hoy una vivienda gracias a esas actuaciones? Esas son las preguntas que permiten determinar si una política funciona.
En Gijón la contradicción merece una explicación especialmente clara. La ciudad registró 854 viviendas nuevas visadas en 2025 y fue uno de los municipios costeros españoles con mayor actividad promotora, mientras el precio de la vivienda se mantiene por encima de los 2.000 euros por metro cuadrado. Una ciudad puede construir mucho y, al mismo tiempo, fracasar en proporcionar vivienda accesible a una parte de sus habitantes. Confundir actividad inmobiliaria con política social de vivienda significa ignorar precisamente a quienes quedan fuera del mercado libre.
Y en concejos turísticos el problema adquiere todavía mayor gravedad. No puede permitirse que el éxito inmobiliario de un municipio termine convirtiéndose en el fracaso residencial de sus propios vecinos. Un pueblo puede tener viviendas cada vez más caras, numerosas segundas residencias y una intensa demanda exterior y, simultáneamente, tener jóvenes y trabajadores incapaces de encontrar una vivienda que puedan pagar. Eso no constituye un éxito de política de vivienda.
Por eso, la responsabilidad de los gobiernos municipales debe evaluarse con el mismo rigor con el que se juzga cualquier otra política pública. Si después de años de mandato aumenta el precio, aumenta el esfuerzo económico de las familias y la oferta pública y protegida sigue siendo insuficiente frente a la demanda existente, el balance político no puede construirse sobre anuncios: tiene que construirse sobre viviendas terminadas y entregadas.
Tampoco sirve convertir permanentemente el problema en una disputa sobre qué Administración tiene la culpa. Los ayuntamientos tienen responsabilidades decisivas en materias como el planeamiento y la gestión urbanística, y la política de vivienda exige además coordinación con el Principado y otras administraciones. Cuando existe una emergencia residencial, la obligación de un gobierno municipal es utilizar hasta el límite sus competencias y exigir al resto de administraciones que hagan exactamente lo mismo.
Hay una prueba muy sencilla para separar propaganda de gestión: publicar municipio por municipio cuántas personas demandan vivienda protegida, cuántas viviendas públicas se han iniciado desde 2023, cuántas se han terminado, cuántas se han adjudicado y cuál es el tiempo medio de espera. Si Foro, PP o cualquier candidatura que gobierne estos concejos considera que su política de vivienda está funcionando, esos datos deberían ser su mejor defensa. Si los resultados son insuficientes, ninguna campaña de comunicación puede sustituir las viviendas que faltan.
Porque detrás de cada porcentaje hay una realidad que no debería normalizarse: jóvenes que no pueden emanciparse, trabajadores que no encuentran vivienda cerca de su empleo y familias obligadas a buscar fuera del municipio en el que desarrollan su vida. La vivienda protegida que no se construye cuando hace falta no puede recuperarse con un titular tres años después. El tiempo perdido también forma parte del balance de una política pública.
Por eso, el juicio político debe ser exigente: quien gobierna debe responder de aquello que estaba en su mano hacer y no hizo, de aquello que prometió y no ejecutó y, sobre todo, de los resultados obtenidos. Da igual que las siglas sean Foro, PP, una candidatura local o cualquier otro partido. En vivienda, las familias no viven de siglas, discursos, proyectos anunciados ni futuras promociones. Viven en viviendas terminadas.
Y esa debería ser la última pregunta del post: después de tres años de mandato, ¿cuántas viviendas protegidas nuevas están hoy habitadas por familias que antes estaban esperando?
Si la respuesta es mínima frente a la magnitud de la demanda, entonces ya no estamos solamente ante un mercado inmobiliario desbocado. Estamos ante un fracaso de gestión que debe tener responsables políticos identificables y resultados que puedan medirse.
Para terminar el post quiero manifestar que los datos dejan poco espacio para esconderse detrás de discursos o anuncios. Cuando acceder a una vivienda exige cada vez más esfuerzo mientras la vivienda protegida no crece al ritmo de la necesidad, la política está fallando en una de sus obligaciones más básicas. Quienes gobiernan deben responder con resultados: viviendas iniciadas, terminadas y entregadas.
Porque al final la cuestión es mucho más sencilla que cualquier debate partidista: una vivienda anunciada no es una vivienda; una promesa no entrega unas llaves y un proyecto pendiente no permite a una familia construir su futuro.
Y cuando pasan los años y el problema empeora, ya no basta con explicar las dificultades: llega el momento de rendir cuentas por los resultados ante los ciudadanos.
Ya lo dijo Leilani Farha: «La vivienda es un derecho humano, no una mercancía.»
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