Las noticias publicadas estos días dejan una contradicción difícil de ignorar en la política de vivienda de las principales ciudades asturianas. Por un lado, los gobiernos municipales denuncian la falta de vivienda y rechazan las medidas destinadas a intervenir el mercado del alquiler; por otro, cuando tienen capacidad para orientar el desarrollo urbanístico, aparecen proyectos de enorme dimensión que no parecen dirigidos precisamente a resolver el problema de acceso a una vivienda asequible.
El ejemplo más llamativo está en Gijón. El Ayuntamiento gobernado por partidos de la derecha extrema, Foro Asturias y PP, están impulsando la tramitación del plan residencial del Infanzón, en el entorno de La Providencia y Somió. El proyecto contempla 440 viviendas unifamiliares, sobre una superficie de nada menos que 685.783 metros cuadrados. Los chalés se levantarían mayoritariamente en parcelas de entre 900 y 1.000 metros cuadrados, con viviendas de alrededor de 200 metros cuadrados construidos.
Foto: Feria de Muestras de Gijón en el brindis de los trileros políticos, Carmen Moriyón y Alfredo Canteli
Estamos, por tanto, ante un desarrollo urbanístico gigantesco: más de 400 chalés y más de 200 millones de euros de inversión privada. El propio proyecto opta expresamente por una edificación dispersa y descarta soluciones más compactas como viviendas adosadas o en hilera.
Y aquí aparece la primera gran paradoja. En una ciudad donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales, una enorme bolsa de suelo urbanizable avanza hacia un modelo residencial de baja densidad, mientras la vivienda pública y asequible continúa siendo insuficiente.
Conviene precisar, además,
algo importante: los 440 chalés no los construye directamente el
Ayuntamiento. El desarrollo está promovido fundamentalmente por 196
propietarios particulares y los gastos de urbanización corren a su cargo. El
Ayuntamiento interviene en la planificación y tramitación urbanística y, como
consecuencia del desarrollo, recibirá cerca de 85.000 metros cuadrados
destinados a zonas verdes y equipamientos públicos, además de viarios y
parcelas que previsiblemente supondrán al menos 40 solares para vivienda
unifamiliar.
Pero esa precisión no elimina la cuestión política de fondo. Si existe una
emergencia de vivienda, cabe preguntarse qué modelo urbanístico se está
priorizando y por qué una de las mayores operaciones residenciales de la ciudad
se articula alrededor de cientos de viviendas unifamiliares en parcelas de gran
tamaño, en lugar de aprovechar la planificación para incrementar de manera
mucho más intensa la oferta de vivienda accesible.
La contradicción resulta todavía más evidente cuando esta noticia se pone al lado de la posición política que mantienen Gijón y Oviedo frente a las denominadas zonas tensionadas.
Según El Comercio, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, anunció que pretende seguir el camino de Gijón para tratar de frenar la declaración de zonas tensionadas. Canteli sostiene que «no tiene sentido que el Principado se meta a gobernar en los ayuntamientos» y califica de «obsesión» la intención de intervenir sobre la propiedad privada.
La misma posición aparece recogida por La Nueva España. El alcalde ovetense afirma que «el problema es que no se hace vivienda pública» y rechaza que la solución pase por limitar o intervenir el mercado del alquiler. Incluso resume su posición respecto al propietario particular de una manera especialmente gráfica: «Si tiene un piso, cobrará por ahí todo lo que pueda».
Y es precisamente ahí donde las diferentes noticias, leídas conjuntamente, generan una evidente incongruencia política.
Si el problema es que no se construye suficiente vivienda pública, las administraciones deberían empezar por demostrar con sus propias políticas urbanísticas una apuesta contundente por incrementarla. Resulta mucho más difícil defender que la única solución consiste en aumentar la oferta mientras, simultáneamente, se combate la intervención del mercado y grandes desarrollos urbanísticos avanzan hacia modelos residenciales de baja densidad.
Canteli dirige sus críticas al Gobierno central y recuerda la promesa de Pedro Sánchez de construir cientos de miles de viviendas, preguntando «¿Dónde están?». Esa pregunta es legítima y las administraciones superiores también deben responder por sus compromisos. Pero exactamente el mismo principio debería aplicarse hacia abajo: los gobiernos municipales también deben explicar qué han hecho ellos con las competencias, el suelo y los instrumentos urbanísticos de los que disponen.
Porque no resulta coherente convertir la falta de vivienda pública en el argumento principal contra la regulación del mercado y, al mismo tiempo, no acompañar ese discurso de una política municipal de vivienda pública proporcional a la magnitud del problema.
El resultado es una especie de círculo perfecto: se reconoce que existe un grave problema de vivienda; se sostiene que la causa fundamental es la escasez de oferta; se rechaza intervenir los precios; se responsabiliza a otras administraciones de no construir vivienda pública y, mientras tanto, se tramitan grandes desarrollos residenciales cuyo producto estrella son cientos de chalés en parcelas de alrededor de 1.000 metros cuadrados.
No se trata de sostener que construir esos chalés sea ilegal ni de responsabilizar a los propietarios particulares de solucionar la crisis de vivienda. Tampoco las noticias aportadas permiten afirmar por sí solas que el Ayuntamiento vaya a construir directamente esas 440 viviendas. La cuestión es otra: cuáles son las prioridades públicas y qué modelo de ciudad se está favoreciendo desde el planeamiento.
Si los gobiernos municipales consideran que la solución es construir, entonces deberían ser los primeros en convertir esa afirmación en vivienda pública y asequible. Y si consideran que el mercado debe funcionar prácticamente sin intervención, tendrán que explicar cómo se garantiza que el aumento de la oferta termine llegando a quienes hoy no pueden acceder a una vivienda.
Lo difícil de justificar es pretender ambas cosas simultáneamente: rechazar las herramientas destinadas a contener los precios porque supuestamente la solución consiste en construir más, pero no situar la construcción de vivienda pública y asequible en el centro de la actuación municipal.
Las tres noticias, colocadas una detrás de otra, dibujan así una contradicción muy clara: se combate la intervención del mercado en nombre de la falta de oferta, mientras las decisiones urbanísticas no necesariamente priorizan la vivienda que más falta hace.
Y esa es, probablemente, la pregunta que deberían responder los responsables municipales: si el problema es la falta de vivienda pública y asequible, ¿dónde está esa vivienda y por qué no constituye la prioridad absoluta de su política urbanística?
Hay políticas que se equivocan y hay políticas que revelan una determinada idea de ciudad. Lo que está ocurriendo con la vivienda en Gijón y, en términos similares, con el discurso municipal de Oviedo, pertenece claramente al segundo grupo. No estamos únicamente ante decisiones urbanísticas discutibles, sino ante una concepción política en la que el derecho colectivo a acceder a una vivienda parece quedar subordinado una y otra vez a la protección del mercado, de la propiedad y de determinadas expectativas privadas.
La contradicción resulta especialmente difícil de ocultar cuando se colocan juntas las noticias de los últimos días. Mientras el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas cotidianos para jóvenes, trabajadores y familias, Gijón tiene prácticamente preparada la tramitación del plan residencial del Infanzón: una operación sobre 685.783 metros cuadrados de suelo destinada a levantar 440 viviendas unifamiliares.
No hablamos precisamente de vivienda pequeña destinada a aliviar la presión residencial. El proyecto contempla parcelas de aproximadamente 900 a 1.000 metros cuadrados y casas de unos 200 metros cuadrados construidos, dentro de un modelo deliberadamente disperso y de baja densidad.
La inversión privada prevista supera los 200 millones de euros, mientras solamente las obras de urbanización supondrían otros 12 millones.
Conviene ser rigurosos: el Ayuntamiento de Gijón no va a pagar ni construir esos 440 chalés. La promoción corresponde fundamentalmente a 196 propietarios particulares. Pero utilizar esa precisión para exonerar políticamente al gobierno municipal sería esconder la mitad de la realidad. Un Ayuntamiento quizá no construya cada ladrillo, pero decide el planeamiento, tramita los desarrollos, establece prioridades urbanísticas y determina qué modelo de ciudad facilita.
Y el modelo que aparece ante nuestros ojos resulta llamativo: en plena crisis de acceso a la vivienda, una de las mayores bolsas de suelo urbanizable de Gijón se prepara para albergar más de cuatrocientas viviendas unifamiliares en parcelas cercanas a los mil metros cuadrados.
Eso es una opción urbanística. Y las opciones políticas se juzgan por sus prioridades.
El contraste que desnuda el discurso
La contradicción se vuelve todavía mayor cuando observamos qué dicen estos mismos gobiernos cuando otra administración intenta intervenir sobre los precios del alquiler. El Gobierno del Principado inició la tramitación de doce áreas de mercado residencial tensionado en distintos concejos asturianos, entre ellas La Arena y Cimavilla, en Gijón. El Ejecutivo autonómico anunció además medidas para limitar las viviendas turísticas en esos ámbitos con el objetivo declarado de contener la presión sobre el mercado residencial.
¿La respuesta política?
Resistencia.
El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se alineó expresamente con la postura seguida en Gijón y declaró que esperaba «pararlo antes», afirmando además que existe una «obsesión por intervenir la propiedad privada». En La Nueva España fue todavía más explícito. Defendió que un propietario, si tiene un piso, intentará obtener por él todo lo que pueda, y situó la responsabilidad fundamental en la ausencia de vivienda pública: «El problema es que no se hace vivienda pública».
Ahí aparece una pregunta política demoledora:
Si ustedes mismos aseguran que el problema es que no se construye vivienda pública, ¿qué han hecho desde sus propios gobiernos municipales para convertir esa afirmación en ladrillos, promociones y hogares asequibles?
Porque gobernar no consiste solamente en señalar hacia Madrid, hacia el Principado o hacia la administración inmediatamente superior. Gobernar consiste también en responder por aquello sobre lo que uno tiene capacidad de decisión.
La vivienda pública sirve como argumento, pero ¿también como prioridad?
El Ayuntamiento de Gijón dispone de una Empresa Municipal de la Vivienda, EMVISA, cuyas funciones oficiales incluyen precisamente promover y construir viviendas protegidas, arrendar viviendas, impulsar vivienda social y desarrollar ayudas para facilitar el acceso a las personas con mayores dificultades.
Por tanto, la política municipal de vivienda no es inexistente ni jurídicamente ajena al Ayuntamiento. De hecho, el consistorio mantiene programas de adjudicación de vivienda pública, ayudas al alquiler y ha impulsado mecanismos como Gijón Confía Alquilando, destinado a movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible.
Hay que reconocer esos instrumentos. Pero una política de vivienda no puede medirse únicamente por disponer de oficinas, ayudas, registros o programas. La pregunta decisiva es cuántas nuevas viviendas asequibles se incorporan realmente y con qué velocidad frente a la magnitud de la demanda.
Y existe otro dato especialmente revelador: en diciembre de 2025 el propio Gobierno de Asturias anunció un acuerdo político con el Ayuntamiento de Gijón para crear vivienda destinada al alquiler asequible, dentro del objetivo autonómico de licitar, adjudicar e iniciar en 2026 la construcción de mil viviendas públicas en Asturias, reservando una parte significativa para Gijón.
Es decir, incluso las actuaciones que deberían aumentar significativamente el parque público gijonés muestran hasta qué punto la cooperación y la financiación de otras administraciones resultan esenciales. Eso hace todavía menos convincente convertir a esas mismas administraciones en el adversario cuando plantean intervenir un mercado que presenta síntomas de tensión.
Privatizar el beneficio y socializar el problema
Aquí aparece el fondo ideológico de esta política.
Cuando el mercado produce beneficios, se reclama libertad. Cuando ese mismo mercado produce alquileres inaccesibles, expulsión residencial y dificultades para emanciparse, entonces se exige a la Administración que construya más vivienda.
El planteamiento tiene una asimetría evidente:
· El precio debe ser libre.
· La rentabilidad debe ser libre.
· El propietario debe cobrar lo máximo que el mercado permita.
Pero cuando millones de ciudadanos no pueden acceder a una vivienda, la solución debe financiarla el conjunto de la sociedad mediante construcción pública. Eso supone, llevado a su consecuencia última, privatizar la rentabilidad y socializar el coste del fracaso del mercado.
No existe nada ilegítimo en que una persona obtenga rentabilidad de su propiedad. La cuestión política comienza cuando se pretende que el derecho del propietario a maximizar esa rentabilidad prevalezca sistemáticamente sobre cualquier mecanismo público diseñado para garantizar el acceso a un bien esencial.
Porque una vivienda no es un teléfono móvil, un automóvil deportivo o una segunda residencia. Es el lugar desde el que una persona construye su vida.
440 chalés son también una declaración política
El caso del Infanzón resulta especialmente simbólico. El proyecto entregará al Ayuntamiento cerca de 85.000 metros cuadrados destinados a zonas verdes y equipamientos, además de nuevos viarios y las parcelas correspondientes legalmente a la Administración, que podrían equivaler a al menos 40 solares para vivienda unifamiliar. Nadie discute que esas cesiones tengan valor público. La cuestión es otra.
¿Es razonable que, en una ciudad con problemas graves de vivienda, una superficie cercana a 686.000 metros cuadrados termine asociada fundamentalmente a 440 viviendas unifamiliares?
Una simple división permite entender la escala: son alrededor de 1.559 metros cuadrados brutos de ámbito urbanístico por cada vivienda prevista. No significa que cada propietario disponga de esa superficie —hay carreteras, equipamientos, zonas verdes y otros usos—, pero la cifra ilustra perfectamente la bajísima densidad residencial del desarrollo. Y precisamente por eso resulta legítimo preguntar qué ocurriría si una fracción considerable de semejante capacidad urbanística estuviera orientada hacia vivienda colectiva protegida, alquiler asequible, cooperativas residenciales o promociones públicas.
No es una discusión arquitectónica. Es una discusión sobre quién tiene derecho a ocupar la ciudad del futuro.
La ciudad como mercancía o la ciudad como comunidad
Una política municipal verdaderamente comprometida con la vivienda tendría que combinar muchas herramientas como:
· Construcción pública.
· Movilización de viviendas vacías.
· Rehabilitación.
· Vivienda protegida.
· Cesión de suelo.
· Colaboración público-privada cuando resulte beneficiosa para el interés general.
· Regulación donde exista una tensión acreditada.
· Limitación de aquellos usos turísticos que reduzcan excesivamente la oferta residencial.
· Y creación de nueva oferta privada.
Lo preocupante empieza cuando prácticamente cualquier intervención sobre el mercado se presenta como un ataque a la propiedad privada, mientras se da por bueno que el propio mercado determine quién puede vivir en determinados barrios y a qué precio.
El Principado sostiene precisamente que las zonas tensionadas buscan responder a la subida del alquiler y ha identificado inicialmente doce áreas donde considera necesario actuar. Se puede discutir la eficacia concreta de esa herramienta. Se pueden cuestionar sus efectos secundarios. Se pueden proponer alternativas. Lo que resulta intelectualmente mucho más pobre es reducir toda intervención pública a una supuesta persecución de los propietarios.
La política del escombro
Podríamos llamar a este modelo político que hoy sufre Gijon u Oviedo, la política del escombro, porque detrás de las grandes proclamaciones sobre libertad económica queda una ciudad cada vez más difícil de habitar para quien depende exclusivamente de su salario. Es la política que mira primero cuánto puede producir económicamente el suelo y solo después se pregunta quién podrá vivir sobre él. La que considera intolerable intervenir el mercado pero perfectamente natural que el mercado intervenga brutalmente en la vida de las personas.
El mercado decide si un joven puede emanciparse.
El mercado decide qué porcentaje del salario debe entregar una familia para continuar en su barrio.
El mercado decide si resulta más rentable una vivienda turística que un alquiler residencial.
Y cuando la consecuencia de todas esas decisiones acumuladas genera un problema social, el discurso político responde que faltan viviendas públicas. La pregunta inevitable vuelve a ser la misma:
¿Y quién gobierna las ciudades?
El examen de mayo de 2027
Las próximas elecciones municipales españolas están previstas para el 23 de mayo de 2027. Hasta entonces hay tiempo suficiente para que cualquier gobierno municipal presente resultados, corrija políticas y explique sus decisiones.
Pero precisamente por eso la evaluación ciudadana debería hacerse sobre indicadores concretos y no sobre eslóganes.
· ¿Cuántas viviendas públicas nuevas se han terminado durante el mandato?
· ¿Cuántas están realmente en construcción y cuántas permanecen únicamente anunciadas o proyectadas?
· ¿Cuánto ha aumentado el parque municipal de alquiler asequible?
· ¿Cuánto ha subido el alquiler durante ese mismo periodo?
· ¿Cuánto suelo municipal se ha destinado efectivamente a vivienda protegida?
· ¿Qué porcentaje de los nuevos desarrollos urbanísticos está reservado a vivienda accesible?
· ¿Qué medidas concretas se han adoptado para impedir que el crecimiento turístico expulse vivienda del mercado residencial?
Esas preguntas permiten juzgar una gestión con mucha más seriedad que cualquier consigna electoral. Porque un gobierno municipal debería ser evaluado no por aquello que denuncia, sino por aquello que transforma.
Y si después de cuatro años el principal argumento continúa siendo que la culpa corresponde a otra administración, mientras se rechazan medidas de regulación y se favorece un modelo urbanístico que encuentra espacio para cientos de chalés pero no produce vivienda asequible a una escala comparable, la contradicción deja de ser anecdótica.
Se convierte en balance político.
La cuestión que deberían responder personajes como la franquista, Carmen Moriyón y cualquier gobierno municipal que defienda esta concepción de la vivienda es muy sencilla:
Si consideran que construir vivienda pública es la solución, enseñen las viviendas;
· No los anuncios.
· No los planes.
· No los convenios futuros.
· Las viviendas.
Porque los ciudadanos no viven dentro de una nota de prensa, ni pagan el alquiler con una promesa urbanística. Y ese posiblemente sea el criterio más exigente con el que analizar cualquier gobierno cuando llegue el 23 de mayo de 2027:
· comparar lo que encontró, lo que prometió, las herramientas que tenía y lo que finalmente dejó construido.
Para terminar el post quiero manifestar que al final, después de los discursos, las fotografías y las declaraciones grandilocuentes, queda algo mucho más difícil de maquillar: el balance.
Y el balance que debe exigirse a Foro, al PP y a cualquier gobierno que defienda estas políticas no puede construirse con propaganda, sino con preguntas extremadamente sencillas: ¿dónde están las viviendas públicas?, ¿qué han hecho para contener el coste de vivir?, ¿qué ciudad están dejando a quienes trabajan, estudian, forman una familia o intentan emanciparse?
Porque resulta obsceno políticamente proclamar que «el problema es que no se hace vivienda pública» mientras se gobierna una administración que dispone de instrumentos urbanísticos y de una empresa municipal cuyas funciones incluyen precisamente promover vivienda protegida. Resulta todavía más difícil de explicar cuando, paralelamente, se combate la intervención del mercado y se tramita una gigantesca operación de 440 chalés sobre 685.783 metros cuadrados, con parcelas próximas a los mil metros cuadrados.
Eso no es una casualidad administrativa. Es una prioridad política susceptible de ser juzgada. Y las prioridades revelan para quién se gobierna. Cuando hay que proteger la rentabilidad privada, aparece inmediatamente el discurso de la libertad y la defensa de la propiedad. Cuando una familia no puede pagar el alquiler, cuando un trabajador dedica una parte insoportable de su salario a conservar un techo o cuando un joven descubre que emanciparse se ha convertido casi en un privilegio, entonces aparecen las excusas: faltan viviendas, la culpa es del Principado, del Gobierno central o de quien pasaba por allí.
Siempre existe un responsable situado un despacho más lejos.
Pero hay una pregunta de la que ningún gobierno municipal puede escapar:
¿QUÉ HICIERON USTEDES MIENTRAS GOBERNABAN?
· No qué dijeron.
· No qué anunciaron.
· No qué prometieron que construirían otros.
Qué hicieron.
Porque gobernar una ciudad no consiste en administrar resignadamente las reglas del mercado como si fueran las leyes de la gravedad. Gobernar significa elegir. Elegir dónde se construye, qué modelo urbanístico se impulsa, qué suelo se reserva, qué vivienda se protege, qué recursos se movilizan y, sobre todo, qué intereses se colocan primero cuando los intereses particulares chocan con las necesidades colectivas.
Ese es el verdadero debate:
· No propiedad contra comunismo.
· No libertad contra intervención.
· No propietarios contra inquilinos.
El debate es si una ciudad debe organizarse fundamentalmente alrededor de la rentabilidad de sus activos o alrededor de las necesidades de las personas que viven en ella.
Porque cuando una vivienda deja de ser principalmente un hogar para convertirse en un producto financiero; cuando el suelo vale más por lo que puede rentabilizar que por la comunidad que puede albergar; cuando tener dinero determina progresivamente quién puede permanecer en determinados barrios, la ciudad empieza a seleccionar a sus habitantes por renta.
Y entonces la desigualdad deja de estar solamente en la nómina:
· Se dibuja sobre el mapa.
· Unos pueden elegir dónde vivir.
· Otros viven donde todavía pueden pagar.
· Y algunos terminan marchándose.
ESO TAMBIÉN ES POLÍTICA.
Por eso resulta tan reveladora aquella frase pronunciada por Alfredo Canteli: «Si tiene un piso, cobrará por ahí todo lo que pueda».
La frase contiene casi toda una filosofía.
El propietario cobrará todo lo que pueda.
El mercado llegará hasta donde pueda.
La rentabilidad crecerá hasta donde pueda.
¿Y el ciudadano?
El ciudadano pagará hasta donde pueda.
Y cuando ya no pueda, alguien explicará que la solución consiste en construir vivienda pública. Pero entonces vuelve la pregunta que atraviesa todo este artículo:
¿DÓNDE ESTÁ?
En Gijón hay sitio para tramitar 440 viviendas unifamiliares en uno de los mayores desarrollos residenciales de la ciudad. Hay una operación privada superior a 200 millones de euros. Hay parcelas previstas de 900 a 1.000 metros cuadrados. Hay capacidad administrativa para tramitar durante años semejante transformación urbanística.
Por tanto, que nadie diga que la política no puede transformar una ciudad. Claro que puede. La cuestión es en qué dirección decide transformarla. Y eso es exactamente lo que algún día tendrán que explicar quienes gobiernan.
Porque una administración pública no es una inmobiliaria, no es una gestora de oportunidades de negocio y no es el consejo de administración de quienes más patrimonio poseen.
Es la institución que pertenece también al trabajador que cobra 1.300 euros. A la mujer que mantiene sola una familia. Al jubilado. Al estudiante. Al pequeño comerciante. Al joven que encadena contratos y contempla cómo el precio de una habitación empieza a parecerse al alquiler que pagaban sus padres por una vivienda completa.
Ellos también son la ciudad.
Y probablemente sean quienes más necesitan que exista Ayuntamiento. Los poderosos pueden comprarse soluciones privadas. Quien tiene dinero compra vivienda, educación, cuidados, seguridad y oportunidades. Quien no lo tiene necesita instituciones públicas capaces de impedir que la cuenta corriente determine completamente su destino. Ahí reside la razón de ser de lo público.
Por eso, cuando una administración pierde esa brújula y comienza a considerar cualquier regulación una intromisión, cualquier límite una agresión y cualquier defensa del interés colectivo una amenaza contra el mercado, no estamos simplemente ante una discusión económica: estamos ante dos concepciones radicalmente distintas de sociedad.
Una entiende la ciudad como mercado.
La otra debe entenderla como comunidad.
Una pregunta cuánto vale el metro cuadrado.
La otra debería preguntar quién podrá seguir viviendo sobre ese metro cuadrado dentro de diez años.
Ese es el juicio verdaderamente incómodo.
Porque Asturias no necesita administraciones que contemplen cómo sus jóvenes retrasan indefinidamente su emancipación mientras explican que intervenir el mercado resulta intolerable.
No necesita gobiernos expertos en encontrar culpables fuera de su despacho.
Necesita administraciones capaces de demostrar que gobernar sirve para algo más que gestionar lo existente.
Y frente a cualquier gobierno —sea Foro, PP o cualquier otro— que sostenga que la solución a la vivienda consiste en construir más vivienda pública, solamente cabe exigirle una prueba.
No ideología.
No discursos.
No enemigos imaginarios.
No ruedas de prensa.
RESULTADOS.
¿Cuántas viviendas públicas recibieron?
¿Cuántas construyeron?
¿Cuántas dejaron?
Todo lo demás es ruido.
Porque detrás de cada estadística hay personas esperando.
Y detrás de cada año perdido hay jóvenes que no se emanciparon, familias que dedicaron demasiado de su sueldo al alquiler y ciudadanos que descubrieron que trabajar ya no garantiza poder vivir dignamente en su propia ciudad.
Eso es lo que finalmente debe juzgarse de una política.
No sus palabras.
Sus consecuencias.
Y cuando llegue el momento de hacer balance, habrá una pregunta que ningún eslogan podrá sepultar:
SI GOBERNARON PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA, ¿DÓNDE ESTÁN LAS VIVIENDAS?
Que las enseñen.
Porque si después de años de gobierno quedan los anuncios, los proyectos, las excusas y cientos de chalés avanzando sobre el planeamiento, pero la vivienda pública continúa siendo incapaz de responder a la necesidad existente, ya no estaremos discutiendo sobre ideología.
Estaremos hablando de algo mucho más sencillo.
De resultados.
Y tengo que decir a Carmen Moriyón y Alfredo Canteli que ante los resultados, no existe propaganda capaz de sustituir a una sola vivienda que nunca llegó a construirse.
Ya lo dijo Mahatma Gandhi: «La medida de una sociedad se encuentra en cómo trata a sus miembros más débiles.»
No hay comentarios:
Publicar un comentario