La propuesta anunciada por el Ayuntamiento de Villaviciosa para vincular la productividad de los funcionarios al cumplimiento de los plazos administrativos ha abierto un debate que ha terminado extendiéndose desde el ámbito municipal al conjunto de Asturias, coincidiendo además con la preparación por parte del Gobierno del Principado de un sistema para evaluar el desempeño de sus empleados públicos. Ayuntamientos, organizaciones empresariales, sindicatos y partidos políticos comparten, con diferentes matices, la necesidad de conseguir una Administración más ágil y eficaz, aunque discrepan sobre la manera de medir el rendimiento de los trabajadores y las consecuencias que debe tener esa evaluación.
El origen de la cuestión está en Villaviciosa. Durante el día dedicado al concejo en la Feria de Muestras de Asturias, su alcalde, Alejandro Vega, destacó primero la evolución económica y social del municipio. Villaviciosa ha alcanzado un nuevo récord histórico de población con 15.935 habitantes, superando los 15.783 registrados como máximo en enero de 2025. Vega señaló que, después de décadas de descenso, existe desde hace años una tendencia positiva y definió al concejo como un territorio “en pleno crecimiento en población, en empleo y en actividad económica”.
Ese crecimiento no elimina algunos de los problemas existentes. El alcalde señaló el envejecimiento de la población, una situación compartida con buena parte de Asturias, aunque destacó que cada vez más personas escogen Villaviciosa para establecer su residencia y que muchas llegan con niños o forman allí sus familias. Esta evolución ha tenido consecuencias directas en los servicios municipales: según explicó Vega, las plazas de educación infantil han tenido que ampliarse tres veces y probablemente sea necesario volver a hacerlo.
Junto a estos datos positivos, Vega reconoció deficiencias en el funcionamiento del propio Ayuntamiento. En los últimos años se han incorporado medios y funcionarios para reformar la Administración municipal, pero, según admitió, los resultados en la agilización de los trámites no han sido suficientes. El alcalde señaló expresamente los problemas relacionados con la concesión de licencias, las actividades y otros procedimientos municipales y anunció un plan de medidas para corregirlos.
La actuación no se limitará a incrementar los medios disponibles, sino que contempla reformar los procedimientos y aumentar la exigencia de responsabilidad en la tramitación. Dentro de esas medidas, Vega anunció la decisión de ligar la productividad que cobran los funcionarios a los resultados, de manera que se tenga en cuenta el cumplimiento de los plazos para emitir informes y resolver los expedientes correspondientes. El Ayuntamiento pretende acompañar esta medida de una mejora organizativa que comenzará a impulsarse con la incorporación de un nuevo secretario en septiembre, poniendo fin a la interinidad existente en un área considerada fundamental para el Gobierno y la Administración municipal.
El anuncio se produjo durante una jornada en la Feria de Muestras que también incluyó la charla José Pando y Valle, un siglo después, impartida por Ángel Valle, presidente de la Asociación de Amigos del Paisaje Cubera, quien presentó además el Cuaderno número 35 de la asociación, dedicado al doctor con motivo del centenario de su fallecimiento. La noticia sobre el anuncio realizado por Alejandro Vega recoge el planteamiento inicial del Ayuntamiento de Villaviciosa.
La decisión de vincular el complemento de productividad al cumplimiento de los plazos de tramitación provocó inmediatamente reacciones entre otros ayuntamientos, sindicatos y representantes empresariales. La cuestión principal planteada es la complejidad de implantar un sistema objetivo, aunque existe coincidencia sobre la conveniencia de que las Administraciones reduzcan sus tiempos de respuesta. La cuestión resulta especialmente relevante para las empresas, dado que disponer de una licencia dentro del plazo previsto puede condicionar la ejecución de una inversión.
La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez, recordó que la regulación de estos criterios entra dentro de la autonomía municipal. Cada ayuntamiento puede establecer la forma de graduar y pagar la productividad, siempre que existan criterios objetivos, disponibilidad económica y el procedimiento se desarrolle dentro de la negociación colectiva.
El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, coincidió con el objetivo perseguido por Villaviciosa. Según el regidor, si la productividad funcionase de acuerdo con su finalidad, debería pagarse en función de objetivos concretos, aunque considera que en la práctica ha terminado convirtiéndose en un complemento “fijo y constante”. García defendió la necesidad de que la Administración sea ágil y responda a empresas y ciudadanos a tiempo. En Siero, aseguró estar muy satisfecho con sus funcionarios y destacó que se han reducido considerablemente los plazos, aunque el Ayuntamiento continúa trabajando para mejorarlos. Por el momento, no plantea una medida concreta como la anunciada en Villaviciosa.
El alcalde sierense reclamó, además, que sea la legislación estatal de Función Pública la que establezca con mayor precisión estos mecanismos, evitando que toda la responsabilidad de diseñar los sistemas de evaluación recaiga sobre los propios ayuntamientos.
Más dudas expresó el alcalde de Corvera, Iván Fernández, quien puso el acento en la dificultad de comparar trabajos y expedientes diferentes. Fernández ejemplificó esta situación con dos arquitectos: uno podría tramitar cinco expedientes de obras menores mientras otro dedicase el mismo periodo a una única aprobación de un plan general de ordenación. Una comparación exclusivamente cuantitativa mostraría una diferencia considerable en el número de expedientes, pese a que su complejidad sería completamente distinta.
Fernández considera que evaluar la productividad en función de los plazos puede resultar más sencillo en una oficina técnica o en determinados expedientes administrativos, pero plantea mayores dificultades cuando se trata de trabajadores de jardinería, servicios de obras o limpieza. En Corvera, además, se acaba de aprobar la primera Relación de Puestos de Trabajo de la historia democrática del concejo.
Desde Tapia de Casariego, su alcalde, Pedro Fernández, defendió la necesidad de avanzar también en la exigencia de responsabilidades cuando los expedientes no progresen. El regidor sostiene que, cuando existe una orden política para regularizar una determinada situación, debe existir igualmente un plazo para resolverla y una responsabilidad del funcionario o técnico si no se cumple. Los gobiernos locales de los tres grandes ayuntamientos asturianos, por su parte, no se pronunciaron entonces sobre este debate.
La patronal asturiana mostró un respaldo completo a la iniciativa. La presidenta de FADE, María Calvo, calificó de “buena noticia” la medida propuesta por Villaviciosa y destacó la importancia de los plazos administrativos para las inversiones. Desde el punto de vista empresarial, el plazo de una licencia forma parte del calendario de una inversión y cada mes de retraso tiene un coste, pudiendo llegar a influir incluso en el concejo en el que finalmente se realiza el proyecto.
FADE pidió también que los ayuntamientos publiquen sus tiempos medios de tramitación antes y después de aplicar estas medidas, con el objetivo de comprobar mediante datos si realmente consiguen acelerar los procedimientos. La patronal sostiene que aquello que no se mide no puede mejorarse y confía en que, si ofrece resultados, la iniciativa pueda extenderse a otros municipios asturianos.
UGT comparte que la productividad debe establecerse mediante criterios objetivos y no discriminatorios, pero observa grandes dificultades para relacionarla directamente con el cumplimiento de plazos. Alberto Rozas, responsable del sector local del sindicato, recuerda que no todos los expedientes tienen la misma duración: algunos pueden comenzar y finalizar el mismo día, mientras que otros se prolongan durante meses y pasan por las manos de varios trabajadores. Por este motivo, considera muy difícil implantar el sistema con criterios verdaderamente objetivos. Las diferentes posiciones de ayuntamientos, empresarios y sindicatos aparecen desarrolladas en la noticia sobre el debate provocado por la propuesta de Villaviciosa.
Al mismo tiempo que se desarrolla esta discusión municipal, el Gobierno asturiano ha ideado un sistema para evaluar el desempeño de sus funcionarios, con consecuencias positivas y negativas dependiendo del rendimiento. La propuesta ha provocado dudas y críticas entre los partidos de la oposición. Mientras PP y Vox cuestionan abiertamente el planteamiento, IU, socio del Ejecutivo, considera razonable buscar mecanismos para mejorar la Administración pero advierte sobre el momento y la velocidad con la que pueda desarrollarse la iniciativa.
El secretario de Organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga, explicó que el decreto está previsto para octubre y que su objetivo es fortalecer una Administración más moderna, eficaz y eficiente, reducir los plazos administrativos y favorecer el impulso y el desarrollo económico de Asturias.
El PP mantiene una posición frontalmente contraria. Su portavoz adjunto, Luis Venta, calificó la propuesta como una iniciativa preelectoral y acusó al Gobierno de pretender “premiar más si cabe el enchufismo y el amiguismo”, sosteniendo que los complementos podrían beneficiar a trabajadores afines y perjudicar a otros. Venta considera que supondría una forma de invasión política del empleo público.
El dirigente popular recordó también que el Principado lleva, según afirmó, dos años sin resolver un concurso de méritos de jefaturas de sección y servicio, con cientos de puestos ocupados en comisión de servicio. Venta atribuyó parte de los problemas de rendimiento a la falta de dirección política y acusó al Ejecutivo de utilizar la iniciativa para ocultar los problemas de gestión de las distintas consejerías y sus equipos.
IU mantiene una posición diferente. La formación considera que la propuesta “no es original ni poco razonable” y entiende que parece de sentido común que la Administración establezca criterios destinados a mejorar su eficiencia y eficacia. Sin embargo, Alejandro Suárez, secretario de Estrategia, señaló que desconocen el contexto político y sindical generado por la iniciativa y defendió que una reforma de la Administración requiere pactos sindicales y políticos y debe realizarse con sosiego. IU considera evidente la necesidad de reformas, aunque señala también como una de las grandes cuestiones pendientes la lucha contra la burocracia.
Por su parte, el secretario general de Foro, Adrián Pumares, defendió que cualquier evaluación de los funcionarios debe desarrollarse con “criterios objetivos, transparentes y con todas las garantías”. Pumares advirtió además de que el mal funcionamiento de los servicios públicos no depende en muchas ocasiones de los trabajadores, sino que puede estar relacionado con plantillas insuficientes, falta de medios o malas decisiones políticas.
Finalmente, la portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, reclamó igualmente “objetividad y rigor” en el sistema. Tomé criticó que hasta el momento no existan herramientas capaces de garantizar que todos los empleados públicos realizan sus tareas y cumplen sus funciones. Las posiciones políticas ante el modelo que prepara el Principado pueden consultarse en la noticia sobre el sistema de evaluación de los funcionarios asturianos.
Las noticias recogen así un debate común sobre la agilización de los procedimientos administrativos y los sistemas utilizados para evaluar la productividad de los empleados públicos. La propuesta de Villaviciosa consiste en relacionar el complemento de productividad con el cumplimiento de determinados plazos, mientras que el Principado prepara un decreto de evaluación del desempeño con consecuencias vinculadas al rendimiento. En torno a ambas iniciativas aparecen las posiciones de los ayuntamientos, la patronal, los sindicatos y los partidos políticos, con un elemento compartido en buena parte de las intervenciones: la necesidad de reducir los tiempos administrativos, acompañada por el debate sobre cómo establecer criterios de evaluación que sean objetivos, transparentes y aplicables a trabajos y expedientes de características muy diferentes.
Las posiciones de los múltiples actores que intervienen en el debate sobre la agilización de la Administración dejan al descubierto un problema que va mucho más allá de cómo calcular un complemento de productividad. Lo que está en discusión es si las administraciones públicas deben asumir objetivos, medir sus tiempos de respuesta y rendir cuentas cuando los expedientes se eternizan. La propuesta de Villaviciosa de vincular parte de la productividad al cumplimiento de plazos ha puesto precisamente esa cuestión encima de la mesa. El propio alcalde, Alejandro Vega, reconoce que, pese al incremento de medios y funcionarios, los resultados obtenidos en la agilización de los trámites no han sido suficientes y plantea reformar procedimientos y exigir responsabilidades en la tramitación.
Frente a ello resulta especialmente llamativa la reacción del PP. Su portavoz adjunto en la Junta General, Luis Venta, ha respondido al sistema de evaluación que prepara el Principado hablando de “enchufismo y amiguismo” y presentándolo como una iniciativa preelectoral. Es una acusación política concreta de Venta, no un hecho acreditado sobre el funcionamiento futuro del sistema. Lo comprobable es que el PP se ha situado frontalmente contra la propuesta anunciada por el Gobierno asturiano, mientras otros actores han centrado sus objeciones en exigir criterios objetivos, transparentes y negociados.
La contradicción resulta todavía más evidente cuando se compara ese rechazo con situaciones municipales en las que la lentitud administrativa constituye un problema real. Llanes ofrece un ejemplo particularmente significativo. Las críticas a sus tiempos urbanísticos no son nuevas. En el año 2022, el PSOE local denunciaba que las licencias en núcleos rurales tardaban una media de 15 meses solamente en recibir el informe de los arquitectos, otros dos o tres meses para el informe jurídico y entre tres y siete meses adicionales en su paso por las comisiones correspondientes. Para las licencias en suelo urbano que no tenían que pasar por la CUOTA, denunciaba tiempos de entre 18 y 20 meses.
No estamos, además, ante una cuestión que el propio Ayuntamiento pueda presentar hoy como inexistente. En noviembre de 2025, el Ayuntamiento de Llanes aprobó una instrucción específica para unificar y agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas, justificándola en la necesidad de mejorar la seguridad jurídica, la coherencia técnica y la eficiencia de los procedimientos. Es decir, la propia Administración municipal ha considerado necesario introducir cambios en la forma de tramitar los expedientes.
A ello se suma el conflicto sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que lleva en tramitación con un gobierno de la ultraderecha de VecinosxLLanes y PP de algo más de 11 años. En noviembre de 2025, la Consejería de Ordenación de Territorio llegó a urgir al Ayuntamiento de Llanes a aprobar inmediatamente su plan general y afirmó que el consistorio estaba incumpliendo los plazos establecidos por el Consejo de Gobierno. Meses después, en abril de 2026, el Ayuntamiento responsabilizaba a su vez al Principado de superar el plazo legal para formular la declaración ambiental estratégica del PGOLL. Las acusaciones sobre retrasos administrativos han circulado, por tanto, en las dos direcciones, y atribuir sin pruebas toda demora a una voluntad política concreta sería ir más allá de lo que permiten afirmar los hechos disponibles.
En Gijón donde gobierna una coalición de Foro y PP tampoco permite despachar el problema de las licencias como una cuestión teórica. En mayo de 2025, en la propia Comisión municipal de Urbanismo se preguntó al Gobierno por los tiempos medios de tramitación de las licencias de obra menor, obra mayor, primera ocupación, licencias ambientales y de apertura, además del número de expedientes pendientes y de cuántas licencias de obra mayor llevaban más de tres meses esperando. La respuesta del concejal de Urbanismo fue que los datos debían recopilarse y la contestación quedó pendiente.
Ya un año antes, en junio de 2024, otra pregunta en la Comisión de Urbanismo había solicitado conocer cuántas licencias para rehabilitación de fachadas estaban pendientes y cuál era el plazo medio para conceder licencias de obra mayor y menor. El concejal respondió entonces que facilitaría los datos por escrito debido a la cantidad de información requerida. Son ejemplos documentados que permiten sostener que los tiempos de tramitación y la acumulación de expedientes han sido objeto de fiscalización política específica en Gijón durante esta legislatura, aunque las fuentes consultadas no permiten afirmar con rigor un plazo medio actual concreto sin disponer de la contestación municipal completa.
También conviene ser preciso cuando se habla de vivienda. Decir que en Gijón no se ha hecho absolutamente nada sería incorrecto. En abril de 2025 se aprobó la primera fase del denominado Plan Llave, que contempla 120 viviendas de protección concertada sobre suelo municipal, de las cuales veinte pasarían al patrimonio municipal para alquiler asequible. Pero aprobar un proyecto, licitar suelo o anunciar futuras promociones no equivale a entregar viviendas terminadas a quienes hoy las necesitan. El propio calendario previsto contemplaba seis meses para iniciar las obras una vez obtenidas las licencias, treinta meses para ejecutarlas y otros seis para la entrega.
Ahí está precisamente uno de los puntos centrales de la crítica: la política pública debe juzgarse también por sus resultados efectivos y por sus plazos, no solamente por anuncios, expedientes abiertos o proyectos aprobados. Si una familia necesita una vivienda pública ahora, una promoción cuya entrega se sitúa varios años después no resuelve su necesidad presente. Y si un ciudadano o una pequeña empresa presenta una solicitud urbanística, tampoco basta con que exista formalmente un procedimiento: necesita que la Administración responda dentro de un plazo razonable.
Por eso resulta difícil aceptar que cualquier intento de evaluar el funcionamiento administrativo sea despachado automáticamente con acusaciones de “enchufismo” como hace el sátrapa político Venta. La patronal asturiana ha planteado una propuesta mucho más verificable: publicar los tiempos medios de tramitación antes y después de aplicar las reformas. Esa fórmula permitiría conocer qué ayuntamientos funcionan, cuáles acumulan retrasos y si las medidas adoptadas producen realmente mejoras. Del mismo modo, UGT ha advertido con razón de que no todos los expedientes son comparables y de que cualquier sistema debe asentarse sobre criterios objetivos y no discriminatorios. Ambas posiciones apuntan a algo elemental: medir no significa necesariamente castigar, pero sin datos resulta muy difícil exigir responsabilidades o distinguir una demora justificada de una gestión deficiente.
También Foro, a través de Adrián Pumares, reclama criterios objetivos y transparentes y recuerda que el funcionamiento deficiente de los servicios públicos puede proceder de plantillas insuficientes, falta de medios o malas decisiones políticas (Gijón donde gobierna su partido es un claro ejemplo). Precisamente por eso una evaluación seria no debería convertirse en una persecución del funcionario ni tampoco en una coartada para el responsable político. Debe servir para determinar dónde se encuentra el atasco y quién tiene capacidad y responsabilidad para solucionarlo.
Ese es el terreno en el que debería librarse el debate. Si faltan funcionarios, que se cuantifique. Si los procedimientos están mal diseñados, que se reformen. Si determinados expedientes requieren más tiempo por su complejidad, que quede reflejado. Si existen decisiones políticas que bloquean la Administración, que se identifiquen. Y si hay incumplimientos injustificados de los plazos atribuibles a responsables concretos, que también existan mecanismos para exigir responsabilidades. Convertir cualquier propuesta de evaluación en una batalla ideológica sirve de poco al ciudadano que lleva meses o años esperando una licencia, una autorización o una respuesta administrativa.
Llanes y Gijón son especialmente relevantes porque permiten trasladar el debate desde las declaraciones políticas hasta la gestión cotidiana. En Llanes existen antecedentes documentados de demoras muy prolongadas en las licencias y el propio Ayuntamiento ha tenido que aprobar medidas destinadas a agilizar su tramitación. En Gijón, los tiempos y expedientes pendientes han provocado preguntas reiteradas dentro de la Comisión de Urbanismo. Eso es lo que puede afirmarse con documentación; atribuir esos retrasos a “sectarismo”, “chiringuitos” o trato deliberadamente desigual exigiría pruebas específicas que las fuentes disponibles no aportan.
La cuestión, por tanto, no debería reducirse a proteger al Gobierno autonómico ni a atacar a quienes gobiernan Llanes o Gijón. La exigencia debe ser exactamente la misma gobierne quien gobierne: plazos públicos, estadísticas verificables, criterios transparentes y responsabilidades políticas y administrativas claramente delimitadas. Cuando una Administración tarda meses o años en resolver aquello que debería tramitar con mucha mayor rapidez, el perjudicado no es una sigla política. Es el vecino que espera una licencia para su vivienda, el autónomo que pretende abrir un negocio, la empresa que tiene paralizada una inversión o la familia que continúa esperando una vivienda asequible.
Y ahí es donde las grandes declaraciones partidistas pierden buena parte de su valor. Una Administración eficaz no se demuestra denunciando el “enchufismo” del adversario ni proclamando una guerra abstracta contra la burocracia: se demuestra resolviendo expedientes, reduciendo tiempos y publicando resultados. Villaviciosa ha abierto el debate proponiendo relacionar productividad y cumplimiento de objetivos; los sindicatos reclaman garantías; los empresarios piden mediciones; y distintos partidos cuestionan el modelo. La respuesta más difícil de esquivar sería, precisamente, hacer públicos los datos. Que cada gobierno municipal enseñe cuánto tarda realmente en conceder una licencia, cuántos expedientes tiene fuera de plazo y cómo han evolucionado esas cifras durante su mandato. Entonces la discusión dejará de sustentarse en acusaciones y empezará a sustentarse en resultados… Pero eso sería como dejar con el culo al aire a los que más protestan y muestran su disgusto, Foro, PP o VecinosxLlanes.
Para terminar el post quiero manifestar que lo que queda después de este debate es una sensación difícil de disimular: Asturias lleva demasiado tiempo pagando el precio de una política en la que demasiadas veces pesa más conservar posiciones de poder que transformar una Administración que no funciona como debería. Los retrasos, la burocracia, las dificultades para acceder a una vivienda, los expedientes interminables y las inversiones pendientes de una licencia no son discusiones abstractas. Son problemas que terminan pagando ciudadanos que no disponen de contactos, influencia ni tiempo para atravesar durante meses —cuando no años— un laberinto administrativo.
Y cuando la política se acostumbra a ese funcionamiento aparece el peor de sus vicios: la cultura del chanchullo, entendida no como una acusación penal indiscriminada, sino como una manera de ejercer el poder basada en las redes de conveniencia, el reparto de responsabilidades para que finalmente nadie responda y la utilización partidista de las instituciones. Una Administración opaca, lenta y sin indicadores públicos de rendimiento constituye el terreno perfecto para que prospere esa percepción. Por eso resulta imprescindible saber cuánto tarda cada ayuntamiento en resolver una licencia, cuántos expedientes acumula fuera de plazo y qué responsables políticos y administrativos intervienen en ellos.
Una parte de la derecha asturiana responde a cualquier intento de introducir controles sobre el rendimiento agitando inmediatamente el fantasma del “enchufismo”, como ha hecho Luis Venta, mientras evita responder a una pregunta mucho más sencilla: ¿qué alternativa propone para que un ciudadano no tenga que esperar indefinidamente una resolución administrativa de un gobierno municipal de su partido (PP)? El PP ha acusado al Gobierno asturiano de querer utilizar el nuevo sistema para favorecer a trabajadores afines y perjudicar al resto, mientras Foro ha reclamado criterios objetivos y ha advertido de que los problemas pueden proceder también de plantillas insuficientes, falta de medios o decisiones políticas equivocadas.
Pero sería demasiado cómodo cargar toda la responsabilidad sobre la derecha. La izquierda asturiana tampoco puede instalarse permanentemente en la prudencia, el matiz y la administración del problema. Gobernar obliga a decidir. Si la burocracia está estrangulando expedientes, hay que reformarla. Si faltan trabajadores, hay que demostrarlo con cifras y cubrir las necesidades justificadas. Si sobran procedimientos, hay que eliminarlos. Si existen departamentos incapaces de cumplir unos plazos razonables, hay que reorganizarlos. Y si determinadas responsabilidades corresponden a decisiones políticas equivocadas, quienes las adoptaron deben asumirlas.
Porque precisamente ahí aparece una de las grandes contradicciones de la política asturiana: todos parecen estar de acuerdo en que la burocracia constituye un problema, pero cuando llega el momento de determinar responsabilidades comienzan las excusas. El funcionario puede señalar al político; el político, al funcionario; el ayuntamiento, al Principado; el Principado, al Estado; el gobierno, a la oposición; y la oposición, al gobierno. Mientras unos y otros encuentran al responsable perfecto, el expediente continúa encima de una mesa.
No es aceptable.
Asturias necesita una Administración que deje de medir su funcionamiento por el número de expedientes que tramita y empiece a hacerlo también por el tiempo que tarda en resolverlos y el resultado que obtiene. La propuesta de FADE de publicar los tiempos medios de tramitación antes y después de las reformas contiene una idea difícilmente discutible: lo que no se mide difícilmente puede mejorarse (W. Edwards Deming). Y precisamente la transparencia permitiría acabar tanto con las acusaciones interesadas como con las excusas permanentes.
Que se publiquen los datos.
Que sepamos cuánto tarda Llanes en conceder una licencia. Que sepamos cuánto tarda Gijón. Que sepamos cuánto tarda Oviedo. Que conozcamos los expedientes pendientes, los que superan los plazos y cómo evolucionan esas cifras año tras año. Y que se haga exactamente lo mismo con el Principado. Sin excepciones y sin distinguir el color político de quien gobierna.
Entonces empezaremos a saber quién gestiona y quién simplemente administra el atasco.
Porque detrás de cada expediente existe una persona. Detrás de una licencia que no llega puede existir una familia que quiere construir su vivienda; detrás de una autorización pendiente, un autónomo que pretende abrir un negocio; detrás de una promoción pública que nunca termina de materializarse, personas que no pueden pagar los precios del mercado. Cuando la Administración fracasa, su fracaso no queda encerrado en un despacho: se traslada directamente a la vida de los ciudadanos.
Asturias no necesita otra década de resignación burocrática. Tampoco necesita una derecha que convierta cualquier reforma en una guerra partidista ni una izquierda que confunda prudencia con inmovilismo. Necesita gobiernos dispuestos a entrar en una Administración que demasiadas veces parece diseñada para proteger el procedimiento antes que para resolver el problema.
Y necesita algo todavía más incómodo: responsabilidad.
Responsabilidad del político que gobierna mal. Del responsable administrativo que incumple injustificadamente. Del partido que utiliza las instituciones como patrimonio propio. Del gobierno que anuncia y no ejecuta. Y de la oposición que denuncia todo pero no ofrece soluciones cuando le corresponde gobernar.
La política del chanchullo no se combate cambiando unos nombres por otros para continuar haciendo exactamente lo mismo. Se combate abriendo ventanas: datos públicos, plazos públicos, criterios públicos, expedientes trazables y responsabilidades identificables. Una Administración verdaderamente transparente resulta mucho más difícil de utilizar como instrumento partidista porque deja menos espacio para la arbitrariedad y para la excusa.
Ese debería ser el debate asturiano.
No quién grita más alto desde una tribuna. No quién consigue colocar sobre el adversario la etiqueta más hiriente. No quién encuentra la explicación perfecta para justificar otros cuatro años de lentitud.
Quién resuelve. Quién cumple. Quién construye. Quién transforma. Y quién responde cuando fracasa.
Porque Asturias no puede acostumbrarse a que sus problemas sean eternos mientras sus responsables políticos son siempre provisionales. Una tierra que lleva años hablando de vivienda, despoblación, burocracia, inversión y servicios públicos no puede aceptar que cada legislatura termine con los mismos problemas esperando a la siguiente.
La resignación también puede convertirse en una forma de hacer política. Y probablemente sea la más peligrosa de todas.
Asturias no necesita aprender a convivir mejor con sus problemas. Necesita empezar, de una vez, a resolverlos.
Ya lo dijo Groucho Marx: «La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.»
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