El debate sobre la política de vivienda en Llanes ha escalado en los últimos días a raíz de dos posicionamientos claramente enfrentados. Por un lado, el alcalde del partido fascista, VecinosxLlanes (sicarios de la asociación llanisca AVALL, los enemigos de Llanes), Enrique Riestra, ha defendido públicamente una postura de prudencia ante la posible declaración de zonas tensionadas del mercado del alquiler en el concejo, subrayando que el procedimiento se encuentra aún en una fase muy inicial y que no se puede adoptar una decisión de ese calado sin informes técnicos rigurosos por parte del Principado. El regidor comparte el diagnóstico general sobre los problemas de acceso a la vivienda, pero insiste en que existen otras prioridades más inmediatas, como la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el desarrollo de la Reserva Regional de Suelo de Poo para vivienda pública, un proyecto largamente prometido que, a su juicio, podría aliviar de forma significativa el mercado del alquiler. El fascista Riestra recalca además que el Ayuntamiento solo ha recibido hasta ahora una documentación “claramente insuficiente” y que no quiere abrir un conflicto institucional con una Consejería clave para el futuro del municipio https://bit.ly/4qlDyQU
Frente a este planteamiento, el PSOE de Llanes ha respondido con dureza, acusando al alcalde de instalarse en el populismo, el victimismo y la generación de polémicas artificiales para desviar la atención de lo que consideran una gestión fallida. Los socialistas ponen el foco en datos que califican de “demoledores”, como una ejecución presupuestaria en inversiones que apenas supera el 20% en 2025, la ausencia total de una política de vivienda pública tras más de una década de gobierno, el colapso del área de Urbanismo con licencias bloqueadas durante años y el deterioro del patrimonio municipal, ejemplificado en la situación del Casino de Llanes, declarado Bien de Interés Cultural. Según el PSOE, el verdadero problema del concejo no es el trato de otras administraciones ni episodios simbólicos recientes, sino la incapacidad del equipo de gobierno para transformar los recursos disponibles en soluciones reales para la ciudadanía https://bit.ly/3MkecFb
Foto: "Pinocho" Riestra, el fascista que hoy asola desde la alcaldía el municipio de Llanes
En conjunto, ambas informaciones reflejan un choque político de fondo sobre cómo afrontar el principal problema social del concejo —el acceso a la vivienda— evidencian una creciente tensión entre el discurso de cautela institucional del gobierno socialista.
Lo primero que quiero manifestar es que el municipio de Llanes lleva desde el año 2007 sin PGOU que fue anulado por el Tribunal Supremo desde abril de dicho año gobernando el PSOE en el Ayuntamiento de Llanes. En él año 2015 llego al gobierno municipal el fascismo de VecinosxLlanes y PP que llevan algo más de diez años y han sido incapaces de aprobar el mismo pese a llevar gastados en dicho tema algo más de 300.000 € https://bit.ly/4tkVRIQ Desde entonces el concejo ha carecido de un plan general plenamente vigente durante aproximadamente 18–19 años. Aunque en abril del año 2025 el Ayuntamiento aprobó un nuevo PGOU a nivel municipal y está en proceso de tramitación para su aprobación definitiva por la Comisión de Urbanismo del Principado, oficialmente Llanes llevaba sin un PGOU vigente desde 2007 hasta ese momento.
En segundo lugar hay que recordar el rechazo a la declaración de zonas tensionadas del mercado del alquiler promovida por el Gobierno del Principado ha sido expresado de forma coincidente por el equipo de gobierno municipal de Llanes, integrado por VecinosxLlanes y el Partido Popular. En el caso del PP, esta postura fue manifestada de manera explícita por su presidente, el sicario Álvaro Queipo Somoano, en una reunión con cargos públicos del partido —concejales y diputados autonómicos— celebrada en Ribadesella, en una cumbre interna de coordinación política https://bit.ly/3ZkpIDF
Según recogió el medio local COPE Ribadesella, en ese encuentro el Partido Popular trasladó su oposición a la figura de las zonas tensionadas, alineándose con una visión crítica sobre esta herramienta de intervención del mercado del alquiler impulsada desde el Gobierno del Principado de Asturias. La posición defendida incide en que este tipo de medidas no resuelven los problemas estructurales de acceso a la vivienda y pueden generar efectos negativos sobre la oferta.
Las medidas que propone el Partido Popular (PP) para abordar la crisis de la vivienda y cómo se reflejan estas en un caso concreto como es el municipio de Gijón, donde gobierna en coalición con Foro Asturias. El PP ha planteado a nivel nacional y autonómico una respuesta al problema de la vivienda centrada en impulsar el mercado, incentivar la construcción y reducir la intervención directa en precios o controles de alquiler. En discursos y declaraciones de su liderazgo, el PP propone movilizar suelo público para facilitar la construcción de nuevas viviendas, ampliar la disponibilidad de vivienda asequible a través de colaboración público-privada, ofrecer bonificaciones fiscales como reducciones en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para vivienda habitual o alquiler dirigida a jóvenes, y agilizar trámites administrativos como la concesión de licencias de edificación para acelerar promociones de obra nueva. Estas medidas se enmarcan en una visión que busca favorecer la iniciativa privada, reducir barreras y atraer inversión para ampliar la oferta de vivienda sin recurrir a regulaciones de precios estrictas o controles sobre los alquileres.
En Gijón, donde el PP forma gobierno municipal con Foro, esta visión se ha traducido en una actitud reticente hacia medidas como la declaración de zonas tensionadas, que implican regulaciones específicas sobre el mercado del alquiler y mecanismos de control de precios. El pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobó rechazar la declaración de zonas tensionadas en barrios como La Arena y Cimadevilla sin un acuerdo previo con la Consejería de Vivienda, votación que contó con los votos de Foro, PP y otros grupos afines, precisamente en defensa de una mayor claridad y consenso antes de aplicar intervenciones directas sobre el mercado.
Este contexto refleja una postura general del PP contraria a intervenir directamente en el mercado de alquiler mediante herramientas como topes de precios o zonas reguladas, sosteniendo que tales intervenciones pueden desincentivar la oferta y afectar negativamente a la inversión en vivienda. A cambio, el PP apuesta por medidas que, según sus dirigentes, favorezcan la construcción y permitan que aumente la oferta disponible, con incentivos fiscales y menos cargas administrativas, además de proteger jurídicamente a los propietarios frente a ocupaciones ilegales.
En Gijón también se ha puesto de relieve que esta lógica de mercado y fomento de la construcción no siempre se ha traducido en una promoción pública de vivienda significativa, algo que partidos de la oposición critican señalando que el rechazo a herramientas reguladoras como las zonas tensionadas o la falta de impulso de vivienda pública puede dejar sin respuesta las necesidades reales de acceso a una vivienda asequible.
En conjunto, las medidas defendidas por el PP y su ejecución en gobiernos municipales con Foro como el de Gijón ilustran una propuesta política que prioriza la dinamización del mercado, la colaboración con el sector privado y la reducción de la intervención estatal en los precios del alquiler, frente a propuestas que implican controles directos u otras formas de regulación más estricta.
Esta postura política enlaza con la mantenida en Llanes por el gobierno municipal de Vecinos x Llanes y PP, que ha mostrado públicamente su rechazo o, como mínimo, sus reticencias a la aplicación de las zonas tensionadas en el concejo. Ambas formaciones comparten la idea de que antes de aplicar este instrumento deben priorizarse otras actuaciones, como el desarrollo de planeamiento urbanístico, la promoción de vivienda pública y medidas que incrementen la oferta residencial.
La posición común del PP y de VecinosxLlanes es contraria a la estrategia del Principado en materia de zonas tensionadas, expresada tanto en el ámbito municipal como en foros políticos regionales, y difundida por medios de comunicación locales sin que consten matices favorables a la aplicación inmediata de dicha figura.
Ciñéndonos solo a los datos objetivos y evitando interpretaciones, el planeamiento general de Llanes al que haces referencia define capacidad residencial, no un programa cerrado de vivienda pública.
El documento del PGOU establece una capacidad máxima teórica de 5.774 viviendas, desglosadas en:
- 3.347 en núcleos rurales,
- 1.503 en suelo urbano consolidado,
- 570 en suelo urbano no consolidado,
- 354 en suelo urbanizable.
Ese dato describe dónde y cuántas viviendas podrían llegar a construirse, pero no identifica cuántas serán públicas, porque el PGOU no construye viviendas ni las califica individualmente como públicas o privadas.
Desde el punto de vista técnico-jurídico, lo único que puede afirmarse con certeza es lo siguiente:
- El PGOU no fija un número concreto
de viviendas públicas.
En la documentación conocida no aparece una cifra cerrada de viviendas públicas a ejecutar, ni un calendario, ni promociones concretas. - La vivienda pública depende de las
reservas legales, no del número total
de viviendas.
Como en cualquier planeamiento en Asturias, la vivienda protegida solo puede surgir: - en suelo urbanizable y
- en suelo urbano no consolidado,
mediante las reservas obligatorias de vivienda protegida que marca la legislación autonómica. En suelo urbano consolidado y en núcleos rurales, la vivienda es, por definición, mayoritariamente privada, salvo actuaciones públicas puntuales promovidas directamente por la Administración. - El grueso del crecimiento (más del
58 %) está en núcleos rurales, donde no
existe obligación legal de vivienda protegida.
Esto es un dato clave: 3.347 de las 5.774 viviendas previstas se localizan en núcleos rurales, un ámbito donde el planeamiento no garantiza vivienda pública ni asequible. - Sin convenios, sin proyectos y sin presupuestos, no hay vivienda pública efectiva. Aunque el PGOU pueda cumplir formalmente las reservas legales en determinados sectores, eso no equivale a que esas viviendas públicas se vayan a construir. Para que existan hacen falta:
- desarrollos concretos,
- iniciativa del Principado o del Ayuntamiento,
- financiación,
- y gestión pública directa o
concertada.
Nada de eso queda determinado por el simple dato de las 5.774 viviendas.
Conclusión factual
Con la información disponible, la respuesta a tu pregunta es clara y
verificable:
➡️ El PGOU de Llanes no determina cuántas
de esas 5.774 viviendas serán públicas.
➡️ No existe una
cifra concreta de vivienda pública garantizada en el planeamiento.
➡️ La mayor parte del
crecimiento residencial previsto se sitúa en ámbitos donde la vivienda
pública no es obligatoria… Así piensa el gobierno fascista de Vecinos y PP
en el mayor problema que acometen los llaniscos.
Cualquier afirmación más allá de esto —ya sea para defender o para criticar el planeamiento— requeriría documentación adicional específica (memorias de vivienda protegida, convenios urbanísticos o compromisos presupuestarios), que no constan como dato cerrado en el PGOU.
Las declaraciones del alcalde de Llanes, Enrique Riestra, en las que insiste en la prudencia institucional, en la necesidad de informes técnicos del Principado y en evitar un conflicto con la Consejería y con la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, deben analizarse a partir de un hecho incuestionable: la aprobación definitiva del PGOU depende exclusivamente del Principado de Asturias. El Ayuntamiento puede impulsar, tramitar y aprobar provisionalmente el plan, pero carece de capacidad para culminar el procedimiento sin el visto bueno autonómico.
Desde ese punto de vista, las “buenas palabras” hacia la CUOTA tienen un significado institucional claro y comprobable: evitar fricciones políticas en un momento decisivo del procedimiento urbanístico, tras casi dos décadas sin plan general vigente desde su anulación judicial en 2007. Este dato no es interpretativo, sino estructural: sin informe favorable y aprobación definitiva de la CUOTA, el PGOU no existe jurídicamente.
Cuando este comportamiento se contrasta con los datos que muestra el propio PGOU en materia de vivienda, el análisis se vuelve especialmente nítido. El planeamiento fija una capacidad residencial máxima de 5.774 viviendas, pero no establece un programa de vivienda pública, ni concreta número, localización exacta, calendario ni financiación de promociones protegidas. Este es un hecho técnico, no una valoración política.
Además, el propio reparto del crecimiento residencial evidencia que la mayor parte del desarrollo (3.347 viviendas, más del 58 %) se sitúa en núcleos rurales, donde no existe obligación legal de reservar vivienda protegida. El resto del crecimiento se distribuye entre suelo urbano consolidado, urbano no consolidado y urbanizable, pero incluso en estos ámbitos la existencia de vivienda pública depende exclusivamente de que se desarrollen sectores concretos con las reservas legales y de que haya iniciativa pública o convenios, extremos que no quedan definidos en el plan.
Por tanto, cuando el alcalde enfatiza la necesidad de culminar el PGOU como prioridad absoluta y evita el enfrentamiento con el Principado, lo que muestran los datos es que la aprobación del plan, por sí sola, no garantiza un aumento efectivo de vivienda pública ni asequible. El PGOU del municipio de Llanes habilita mercado residencial, pero no compromete políticas públicas de vivienda. Esto no es una interpretación: es la consecuencia directa de cómo está redactado el documento… Fascismo de garrafón de VecinosxLlanes (AVALL) y PP.
En este contexto, las declaraciones conciliadoras hacia la CUOTA pueden leerse, desde un punto de vista estrictamente factual, como una estrategia institucional orientada a asegurar la aprobación del planeamiento, aun cuando dicho planeamiento no fija obligaciones concretas en materia de vivienda pública. El resultado práctico es que el instrumento considerado prioritario por el gobierno municipal resuelve la inseguridad urbanística, pero no responde de forma directa al principal problema social identificado —el acceso a la vivienda—, al menos en términos de promoción pública garantizada.
La conclusión, ceñida
exclusivamente a los datos, es clara:
las manifestaciones de prudencia y cooperación institucional del alcalde no
se traducen, en el contenido del PGOU, en compromisos verificables de vivienda
pública. El plan ordena suelo y permite construir,
pero deja intacta la decisión política posterior sobre si, dónde y cuándo
se promoverá vivienda protegida. Esa decisión no está en el PGOU y, por
tanto, no queda respaldada por las declaraciones institucionales, más
allá del objetivo de lograr su aprobación definitiva para beneficio de unos
pocos.
Quiero manifestar que España, el derecho de acceso a la información pública está reconocido con carácter general en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta norma establece que toda la información elaborada o adquirida por las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones es pública por definición, salvo las excepciones tasadas que la propia ley regula. Los ayuntamientos, como administraciones públicas, están plenamente sometidos a esta obligación.
De forma complementaria, en el ámbito local, la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reconoce expresamente que los vecinos tienen derecho a participar en la gestión municipal y a obtener información sobre la actividad de la corporación. Este derecho no se limita a conocer acuerdos plenarios o resoluciones finales, sino que alcanza a los expedientes administrativos, a los documentos que fundamentan las decisiones y a la información que permite comprender cómo y por qué se gobierna.
A ello se suma el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que garantiza a los concejales —incluidos los de la oposición— el acceso a toda la documentación necesaria para el ejercicio de su función representativa. Este acceso no es un privilegio personal del cargo electo, sino un instrumento para que la ciudadanía esté informada a través de sus representantes. La jurisprudencia ha reiterado que los concejales no acceden a la documentación en nombre propio, sino como cauce del derecho fundamental de participación política del artículo 23 de la Constitución, que conecta directamente con el derecho de los ciudadanos a un gobierno transparente.
Desde este punto de vista, el problema que hoy sufren los llaniscos no es solo la falta de transparencia del gobierno municipal, sino también la inacción de la oposición en trasladar esa información a la ciudadanía, pese a disponer legalmente de ella. Ninguna norma impide que los grupos municipales publiquen, difundan o expliquen los documentos que reciben, siempre que se respeten los límites legales claros (protección de datos personales, información especialmente sensible o legalmente reservada). Fuera de esos límites, la publicación es lícita y coherente con la finalidad de la transparencia.
En un contexto en el que Internet permite un acceso inmediato, permanente y gratuito a la información pública, la ausencia de publicación sistemática de expedientes, informes, propuestas urbanísticas, estudios económicos o documentación clave no es una carencia técnica, sino una decisión política, tanto del gobierno como de la oposición. La ley no exige únicamente transparencia pasiva —responder cuando alguien pregunta—, sino que impulsa la transparencia activa, es decir, publicar de oficio la información relevante para la vida pública.
Por tanto, desde un análisis estrictamente jurídico, puede afirmarse que:
- Los ciudadanos de Llanes tienen derecho a conocer la documentación que fundamenta las decisiones municipales.
- Los concejales de la oposición tienen derecho a acceder a esa documentación y capacidad legal para difundirla, dentro de los límites legales.
- La falta de publicación sistemática no vulnera solo un ideal democrático, sino que desnaturaliza el espíritu de las leyes de transparencia, que buscan evitar que la información quede confinada en despachos o circule solo entre cargos públicos.
En consecuencia, reclamar que la oposición publique los documentos que recibe no es una exigencia partidista ni retórica, sino una exigencia plenamente amparada por el ordenamiento jurídico, orientada a que los vecinos puedan ejercer un control real sobre las políticas que les afectan. Sin información accesible por los llaniscos, no hay deliberación pública efectiva; y sin deliberación, la democracia local queda reducida a un trámite formal, ajeno a la ciudadanía a la que dice servir.
Para terminar el post quiero manifestar que lo que hoy ocurre en Llanes no admite ya más coartadas ni discursos evasivos. El gobierno municipal de VecinosxLlanes y el Partido Popular ha demostrado, con hechos y con datos, una incapacidad estructural para afrontar el principal problema social del concejo: el acceso a la vivienda. Tras casi dos décadas sin planeamiento vigente y más de diez años de gobierno fascista sin resultados tangibles, el balance es claro: dinero público gastado, decisiones aplazadas y ninguna garantía efectiva de vivienda pública.
La insistencia en la “prudencia”, en la “fase inicial” y en la necesidad de no incomodar a otras administraciones no ha servido para proteger a la ciudadanía, sino para posponer indefinidamente soluciones reales. El PGOU que se presenta como salvación ordena suelo y habilita mercado, pero no compromete políticas públicas, no fija objetivos verificables y no asegura que el crecimiento residencial beneficie a quienes hoy no pueden vivir en su propio concejo. Gobernar no es evitar conflictos; gobernar es asumir responsabilidades y tomar decisiones… El fascismo no lo hace como nos tienen demostrado.
A esta carencia de políticas se suma una opacidad injustificable. En una democracia local madura, la información no se administra como un favor ni se guarda como un botín: se publica. Cuando los expedientes no se hacen accesibles, cuando los documentos clave no se explican y cuando la ciudadanía debe reconstruir su futuro a base de titulares sueltos, lo que falla no es la comunicación, sino el respeto institucional.
Llanes no necesita más excusas, ni más tiempos muertos, ni más planes sin contenido social. Necesita gestión, transparencia y compromiso. Y mientras el gobierno municipal fascista siga confundiendo estabilidad con parálisis y prudencia con inacción, la brecha entre las decisiones del Ayuntamiento y las necesidades reales de los vecinos seguirá ensanchándose, sin que la oposición socialista revele los datos y hechos que reciben de dichos fascistas, por obligación legal y que no publican para conocimiento de los llaniscos. En política local, como en la vida pública, no basta con decir que se gobierna: hay que demostrarlo.
Ya lo dijo John Steinbeck: “El poder no corrompe; el miedo corrompe… Quizá el miedo a perder el poder.”
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