EL LOBO COMO EXCUSA: PP Y VECINOSXLLANES CONTRA LA LEY EUROPEA

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por no haber cumplido con una de las obligaciones básicas derivadas de la Directiva Hábitats: la remisión, dentro del plazo legal, del informe sexenal 2019-2024 sobre el estado de conservación de las especies y hábitats protegidos. El documento debía haberse enviado antes del 31 de julio de 2025, pero no fue remitido, lo que ha motivado el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas. Bruselas concede ahora dos meses para justificar la demora y corregir las deficiencias detectadas, advirtiendo de que, en caso contrario, el expediente podría escalar a un dictamen motivado y, finalmente, a una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con posibles sanciones económicas https://bit.ly/4c1frDF

La Comisión recuerda que este informe no es un trámite administrativo menor, sino el instrumento clave que permite evaluar de forma homogénea la evolución de la biodiversidad europea, detectar retrocesos y definir las políticas de conservación. La ausencia de datos actualizados entorpece el seguimiento, impide comparar situaciones entre Estados miembros y debilita la planificación estratégica comunitaria, especialmente en lo relativo a la red Natura 2000.

 

El retraso tiene una relevancia política y ambiental particular en el caso del lobo, una de las especies más controvertidas incluidas en el informe. De la evaluación final depende el marco de gestión permitido: una valoración desfavorable reforzaría las limitaciones a su control, mientras que una evaluación favorable abriría la puerta a su caza, una opción defendida por varias comunidades autónomas. Precisamente, siete comunidades —País Vasco, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León—, todas con presencia de lobo y en su mayoría gobernadas por el PP (algunas con apoyo de Vox), se reunieron en Santander para exigir al Gobierno central el envío inmediato del informe. En su comunicado sostienen que el control del lobo es “imprescindible” para reducir los daños a la ganadería y aseguran contar con el respaldo de otras autonomías.
https://bit.ly/3NQdHDk

Frente a esta presión política, Asturias, gobernada por el PSOE y una de las comunidades con mayor población de lobo, se desmarcó del encuentro, calificándolo de electoralista. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha defendido públicamente que el informe no se ha remitido aún por razones de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica. Según el Ministerio, el documento “en su estado actual no ofrece todavía una base científica solvente” y se ve afectado por cambios normativos recientes, como la Ley de prevención del desperdicio alimentario, aprobada con enmiendas del PP que reducen de facto la protección del lobo y obligan a validar los informes en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Desde Transición Ecológica se subraya, además, que estas modificaciones legales están siendo examinadas por el Tribunal Constitucional, tras el recurso que presentó el Defensor del Pueblo, lo que justificaría —según el Gobierno— no enviar a Bruselas un informe que podría quedar alterado por un pronunciamiento judicial posterior. El Ministerio recuerda también que España solicitó en agosto una ampliación del plazo, que fue aceptada por la Comisión, y que Bruselas había mostrado flexibilidad ante los retrasos derivados del nuevo sistema de reporte de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Sin embargo, la Comisión Europea ha considerado que estas explicaciones no eximen del incumplimiento, y ha activado el mecanismo de control previsto en los Tratados. El expediente contra España se enmarca en una estrategia más amplia para garantizar la aplicación homogénea del Derecho ambiental europeo, especialmente cuando existen indicios de que algunos Estados o regiones están adoptando decisiones de gestión —como la caza de especies protegidas— sin una base científica validada a escala comunitaria.

El conflicto se ha intensificado con la decisión de 13 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de reclamar la convocatoria inmediata de una Conferencia Sectorial monográfica sobre el lobo, así como la transferencia de fondos estatales previstos para su conservación. Algunas de ellas han anunciado incluso su intención de personarse en procedimientos judiciales contra el Ministerio y de remitir denuncias formales a la Comisión Europea por un presunto incumplimiento del Derecho comunitario por parte del propio Estado, pese a que todavía no se ha resuelto por parte del Tribunal Constitucional dicho recurso del Defensor del Pueblo https://bit.ly/4qauEpy

En conjunto, las informaciones recogidas muestran un escenario de incumplimiento objetivo de los plazos fijados por la normativa europea, una creciente instrumentalización política del lobo y una tensión institucional entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y Bruselas. Más allá del debate territorial o sectorial, el núcleo del problema es claro: la falta de remisión del informe sexenal impide a la Unión Europea disponer de una evaluación fiable y actualizada del estado de la biodiversidad en España, vulnerando una obligación legal que constituye la base misma de la política ambiental comunitaria.

El expediente abierto por la Comisión Europea contra España por el retraso en la remisión del informe sexenal sobre el estado de conservación de especies y hábitats no puede analizarse como un problema técnico aislado ni como una simple disfunción administrativa. En comunidades como Asturias, y de forma especialmente visible en el ámbito local de Llanes, este incumplimiento se inserta en una estrategia política deliberada impulsada por el Partido Popular y por formaciones afines como VecinosxLlanes, que han actuado como vectores de presión contra la aplicación efectiva de la legislación comunitaria en materia ambiental.

En Asturias, el debate sobre el lobo ha sido utilizado de manera sistemática como instrumento de confrontación política, desdibujando el marco legal europeo que obliga a basar cualquier decisión de gestión en evaluaciones científicas rigurosas y validadas por Bruselas. Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que el informe sexenal no puede remitirse sin garantías técnicas y jurídicas suficientes, dirigentes del PP asturiano han exigido su envío inmediato con un objetivo claro: forzar una evaluación favorable que permita justificar el control cinegético de la especie, aun cuando los propios datos oficiales no avalan su viabilidad a largo plazo.

En este contexto se sitúan figuras como el sicario, Álvaro Queipo, que desde la dirección autonómica del PP ha convertido la crítica al Gobierno central en un eje de discurso permanente, obviando que el incumplimiento señalado por Bruselas deriva, en gran medida, de la inseguridad jurídica creada por las propias enmiendas impulsadas por su partido, introducidas de forma controvertida en la Ley de desperdicio alimentario. Estas modificaciones, hoy bajo examen del Tribunal Constitucional, han alterado las reglas del juego y han contribuido directamente al bloqueo del informe que ahora reclama Europa.

A escala local, el Ayuntamiento de Llanes representa una réplica municipal de esta misma lógica de confrontación. El gobierno encabezado por el fascista, Enrique Riestra Rozas, con el respaldo político del PP, ha mantenido un discurso de exigencia permanente hacia otras administraciones mientras incumple de forma reiterada sus propias obligaciones legales, tanto en materia urbanística como ambiental. La apelación constante a agravios externos contrasta con la ausencia de planificación local y con la falta de iniciativas coherentes alineadas con los objetivos de conservación europeos.

La presencia en este entramado de responsables políticos como el vividor político, Juan Valladares o Luis Venta Cueli, refuerza una estrategia común: trasladar la presión política hacia Bruselas y hacia el Gobierno central mientras se legitiman, desde el territorio, prácticas que chocan frontalmente con la Directiva Hábitats. La insistencia en priorizar intereses sectoriales inmediatos, sin atender al marco jurídico europeo, no solo debilita la posición de España ante la Comisión, sino que erosiona la credibilidad institucional de las administraciones implicadas.

Llanes, en particular, ilustra cómo esta forma de actuar tiene consecuencias tangibles. La falta de adaptación de la política municipal a los estándares europeos de protección ambiental no es ajena a los problemas estructurales del concejo: ausencia de planificación territorial, conflictos recurrentes con la normativa de espacios protegidos y una gestión que reacciona a golpe de titular en lugar de anticiparse mediante instrumentos legales sólidos. En lugar de integrar la conservación como eje de desarrollo sostenible, el gobierno local la presenta como una imposición externa, alimentando un relato de confrontación que termina reforzando el incumplimiento.

Así, el expediente europeo no es un episodio aislado ni un problema exclusivo del Ministerio. Es el reflejo de una cadena de responsabilidades compartidas, en la que el PP y VecinosxLlanes han actuado como arietes políticos contra la aplicación efectiva del Derecho comunitario, promoviendo un clima de presión que dificulta el cumplimiento riguroso de las obligaciones ambientales de España. Bruselas no sanciona discursos ni declaraciones; sanciona hechos, y los hechos evidencian que la instrumentalización política de la biodiversidad ha acabado traduciéndose en un incumplimiento formal de la normativa europea.

En última instancia, lo que está en juego no es solo la gestión de una especie concreta, sino la capacidad del Estado y de sus administraciones territoriales para respetar un marco legal común que protege el patrimonio natural europeo. Cuando la política local y autonómica se utiliza para erosionar ese marco, el resultado es previsible: cartas de emplazamiento, expedientes de infracción y una creciente desconfianza de las instituciones comunitarias hacia quienes, desde el territorio, deberían ser garantes —y no saboteadores— del cumplimiento de la ley como ocurre con el PP o VecinosxLlanes.

El procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea no se apoya en interpretaciones políticas ni en discrepancias de criterio, sino en incumplimientos objetivos del Derecho de la Unión, concretamente de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats). Esta norma establece, en su artículo 17, la obligación inequívoca de los Estados miembros de remitir cada seis años un informe que evalúe el estado de conservación de los tipos de hábitats y de las especies de interés comunitario, siguiendo un formato común y dentro de los plazos fijados por la Comisión.

 

España no ha cumplido esta obligación dentro del plazo legal, que vencía el 31 de julio de 2025, incurriendo así en una infracción formal del Derecho comunitario, con independencia de las justificaciones políticas o técnicas que posteriormente se aleguen. Tal y como ha reiterado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia constante, las dificultades internas, los conflictos competenciales o los debates políticos no eximen a un Estado miembro de cumplir sus obligaciones europeas (sentencias TJUE, entre otras, asuntos C-33/90 y C-374/11).

La apertura del expediente mediante carta de emplazamiento, conforme al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), marca el inicio de un procedimiento reglado que no evalúa intenciones, sino hechos. Si la respuesta del Estado no resulta satisfactoria, la Comisión puede emitir un dictamen motivado y, en última instancia, interponer recurso ante el Tribunal de Justicia, con la posibilidad de imponer sanciones económicas coercitivas, tal como prevé el artículo 260 TFUE.

En este marco jurídico, resulta especialmente grave que responsables políticos autonómicos y locales —particularmente del PP y de VecinosxLlanes— hayan actuado como elementos de presión activa para forzar decisiones de gestión contrarias al espíritu y la letra de la Directiva Hábitats, promoviendo el control cinegético del lobo sin una evaluación científica validada a escala comunitaria. Esta presión política no solo ha contaminado el debate técnico, sino que ha contribuido de forma directa a generar la inseguridad jurídica que hoy se utiliza como excusa para justificar el retraso del informe. Piden a los agricultores de Llanes, Asturias y España que maten el lobo, pero ellos como cobardes se parapetan tras la barrera por el miedo a ser encausados por los tribunales de justicia.

Debe recordarse que el artículo 6 de la Directiva Hábitats obliga a los Estados miembros a evitar el deterioro de los hábitats y las perturbaciones significativas de las especies en los espacios incluidos en la red Natura 2000. La adopción de decisiones de gestión —como la eliminación de ejemplares— sin una evaluación rigurosa y previa constituye una vulneración potencial de esta obligación, especialmente cuando dichas decisiones se adoptan por razones políticas o económicas inmediatas.

Asimismo, la jurisprudencia europea ha sido clara al señalar que la falta de datos científicos completos no habilita la adopción de medidas menos protectoras, sino exactamente lo contrario: exige aplicar el principio de precaución, uno de los pilares del Derecho ambiental europeo, recogido en el artículo 191 TFUE. Forzar el envío precipitado de un informe incompleto o condicionado políticamente como pretende el PP, no solo no corrige el incumplimiento sino que podría agravarlo.

                  Candidatura del partido ultra, VecinosxLlanes

En el ámbito local, esta deriva se reproduce en concejos como Llanes, donde el gobierno municipal ha ignorado de forma reiterada la obligación de alinear su acción administrativa con los objetivos de conservación europeos, pese a gestionar territorio afectado por figuras de protección ambiental. La utilización del conflicto con Bruselas como arma política, en lugar de como llamada a la responsabilidad institucional, revela una concepción del poder incompatible con el principio de lealtad institucional, consagrado en el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea, que obliga a todas las autoridades públicas —estatales, autonómicas y locales— a facilitar el cumplimiento de las obligaciones de la Unión, menos para el PP y VecinosxLLanes.

En consecuencia, el expediente abierto contra España no puede desligarse del comportamiento de aquellos actores políticos que, desde el territorio, han erosionado deliberadamente el marco jurídico europeo, presentándolo como un obstáculo y no como una obligación legal vinculante. El Derecho comunitario no es optativo, ni modulable en función de intereses electorales o coyunturales. Su incumplimiento tiene consecuencias, y el caso del informe sexenal sobre biodiversidad es un ejemplo claro de cómo la instrumentalización política del medio ambiente acaba derivando en responsabilidad jurídica del Estado.

En definitiva, lo que Bruselas cuestiona no es una demora puntual, sino una forma de gobernar incompatible con el Derecho de la Unión, en la que PP y VecinosxLlanes han actuado como arietes políticos contra la aplicación efectiva de la normativa ambiental. Y frente a eso, no valen relatos ni gestos simbólicos: la ley se cumple o se infringe, y hoy España se encuentra formalmente en la segunda situación gracias al PP con la complicidad de VecinosxLlanes en el municipio de Llanes.

Para terminar el post quiero manifestar que el conflicto del lobo ha dejado de ser un debate ambiental para convertirse en un campo de pruebas del respeto —o desprecio— a la legalidad europea. Cuando la gestión de una especie estrictamente protegida se subordina a la confrontación política y al cálculo electoral, el resultado no es solo el deterioro de la biodiversidad, sino la quiebra del principio de legalidad que obliga a todas las administraciones públicas.

En Asturias y, de forma especialmente elocuente, en el ámbito local de Llanes, determinados responsables políticos han optado por presionar para adoptar decisiones de gestión sin el respaldo de una evaluación científica validada, pese a que la Directiva Hábitats y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigen exactamente lo contrario. La insistencia en promover controles cinegéticos mientras se reclama un informe sexenal aún no remitido —y jurídicamente controvertido— revela una estrategia de hechos consumados que coloca al Estado al borde del incumplimiento.

Figuras como el sicario, Álvaro Queipo Somoano, han liderado desde el ámbito autonómico una presión política sostenida para forzar un envío precipitado del informe, obviando que la inseguridad jurídica que hoy se invoca es consecuencia directa de enmiendas impulsadas por su propio partido y actualmente bajo examen constitucional. En el plano local el fascista, Enrique Riestra Rozas ha reproducido esta lógica de confrontación, presentando la normativa europea como un obstáculo y no como una obligación, mientras el municipio gestiona territorio afectado por figuras de protección comunitaria.

A este entramado se suman responsables como Juan Valladares y Luis Venta Cueli, que han avalado públicamente una lectura utilitarista de la protección del lobo, priorizando intereses sectoriales inmediatos frente a los artículos 6 y 17 de la Directiva 92/43/CEE, al principio de precaución del artículo 191 TFUE y al deber de cooperación leal del artículo 4.3 TUE. No se trata de opiniones: se trata de límites jurídicos vinculantes.

La consecuencia es conocida y previsible. Cuando se empuja a agricultores y ganaderos a asumir en la práctica decisiones que pueden contravenir el Derecho de la Unión, mientras quienes impulsan esa presión se parapetan tras el discurso político, el riesgo no es solo ambiental. Es jurídico y institucional. Bruselas no juzga relatos; evalúa cumplimientos. Y cuando estos fallan, llegan las cartas de emplazamiento, los dictámenes motivados y, si persiste la deriva, las sanciones.

El lobo no es el problema. El problema es una forma de hacer política que confronta con la legislación europea en lugar de cumplirla; que exige sin planificar; que presiona sin evaluar; y que convierte la protección del patrimonio natural en moneda de cambio. Frente a ello, la conclusión es simple y exigente: la ley no se negocia. Se cumple. Y quienes la erosionan desde la política, con independencia de su cargo o siglas, deben responder políticamente por las consecuencias de situar a España en el umbral del incumplimiento europeo… Fascismo repugnante que carcome todo lo que toca como una peste.

Ya lo dijo Sócrates: “La justicia consiste en obedecer las leyes.”