Estos días podemos leer en la prensa una serie de noticias que dibuja una radiografía clara y preocupante del mercado de la vivienda en España, atravesado por dos dinámicas que conviven en tensión: por un lado, el retroceso de los pisos turísticos tras el endurecimiento normativo; por otro, la creciente concentración de viviendas en manos de multi propietarios, especialmente en grandes áreas urbanas como Madrid.
En primer lugar, los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman un fuerte descenso del parque de viviendas turísticas. En noviembre de 2025 se contabilizaban 329.764 pisos turísticos en España, un 12,4% menos que un año antes, lo que supone la desaparición de casi 47.000 viviendas y más de 270.000 plazas en solo doce meses. Se trata de la mayor caída interanual desde que el INE comenzó a elaborar esta estadística en 2020. El peso de estas viviendas sobre el total del parque residencial ha bajado al 1,24%, el nivel más bajo desde principios de 2023.
El Gobierno atribuye esta reducción al endurecimiento regulatorio impulsado desde el Ministerio de Vivienda, especialmente a dos medidas clave: la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, en vigor desde abril de 2025, que permite a las comunidades de vecinos vetar los alquileres turísticos con una mayoría cualificada; y la implantación del Registro Único de Arrendamientos de corta estancia, obligatorio desde julio de 2025, que ha dejado fuera del mercado miles de anuncios por incumplir los requisitos legales. Aunque los datos del INE no proceden directamente de este registro, noviembre de 2025 es el primer mes que refleja plenamente su impacto.
Foto: concejales de la orda fascista de VecinosxLlanes en el Ayuntamiento de Llanes
El recorte ha sido especialmente intenso en territorios con alta presión turística. La Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares encabezan las caídas en términos absolutos, mientras que Murcia destaca como la región con mayor descenso porcentual. También Asturias registra una bajada relevante, con 6.043 viviendas turísticas, un 21% menos, en línea con la tendencia nacional. Aun así, Andalucía y Canarias concentran cerca de la mitad de todos los pisos turísticos del país, lo que muestra que el fenómeno sigue muy arraigado en determinadas zonas https://bit.ly/4aqzjxC , https://bit.ly/4a6PzoI
Sin embargo, estas noticias conviven con otra realidad menos optimista: la concentración de la vivienda en manos de grandes y medianos propietarios continúa creciendo, sobre todo en la Comunidad de Madrid gobernada por la derecha extrema del PP. En 2026 se ha superado la cifra de 75.000 titulares con al menos tres viviendas, más de 10.000 con diez o más, y centenares que poseen hasta 50 inmuebles. Aunque el número de propietarios con más de 50 viviendas ha descendido ligeramente, el conjunto de titulares con tres o más inmuebles ha aumentado en más de 2.700 personas respecto a 2024, lo que confirma que el fenómeno no se frena, sino que se expande.
Expertos y colectivos sociales coinciden en que este proceso contribuye directamente al encarecimiento del alquiler y a la inseguridad residencial. Desde el Sindicato de Inquilinas se subraya que no solo los grandes fondos influyen en el mercado, sino también miles de inversores medianos que gestionan la vivienda como un activo financiero. En paralelo, algunos propietarios defienden que optan por alquileres temporales o turísticos por miedo a la inseguridad jurídica, mientras que otros aseguran priorizar contratos estables aunque sean menos rentables.
El contraste territorial es evidente: mientras más de la mitad de la población vasca vive en zonas con alquileres limitados por ley, la Comunidad de Madrid rechaza aplicar topes, pese a ser uno de los lugares con mayor presión inmobiliaria y concentración de vivienda. A ello se suma el debate abierto por las nuevas medidas del escudo social, que prevén eximir a pequeños propietarios de las limitaciones a los desahucios, dejando fuera a quienes tienen tres o más viviendas, un grupo que en Madrid supera ampliamente las 120.000 personas https://bit.ly/4kpwQbg
En conjunto, las noticias muestran que la reducción de los pisos turísticos no está siendo suficiente, por sí sola, para aliviar la crisis de acceso a la vivienda. Aunque la regulación empieza a contener una parte del problema, el crecimiento sostenido de la concentración inmobiliaria y la lógica de la vivienda como inversión siguen alimentando un mercado cada vez más inaccesible para jóvenes y familias, cronificando una crisis que, por ahora, no encuentra una solución estructural.
Las cifras publicadas por del INE para la comunidad asturiana son las siguientes:
1. Los datos del INE para Asturias: el marco general
Según la estadística experimental del INE, en noviembre de 2025 Asturias contaba con 6.043 viviendas turísticas, lo que supone:
- Un descenso del 21% respecto a mayo de 2025,
- y uno de los recortes más intensos de toda España, solo por detrás de comunidades como Murcia.
Esta caída sitúa a Asturias en mínimos desde 2023, y confirma que la nueva regulación estatal (registro obligatorio, retirada de anuncios ilegales y mayor control) ha tenido un impacto muy significativo en una comunidad donde el crecimiento del alquiler turístico había sido rápido desde la pandemia.
Ahora bien, este dato agregado esconde realidades muy distintas según el municipio.
2. Gijón: ajuste claro, pero con fuerte presión residencial
El INE no publica cifras oficiales desagregadas por municipio, pero cruzando la información disponible y la evolución histórica, hay varios elementos bastante claros en el caso de Gijón:
- Gijón ha sido el principal foco urbano del alquiler turístico en Asturias, especialmente en barrios como Cimavilla, Centro, La Arena o El Llano.
- La presión turística en la ciudad no era tan extrema como en destinos puramente vacacionales, pero sí suficiente como para retirar vivienda del alquiler residencial, sobre todo para jóvenes y estudiantes.
Foto: concejales de la derecha extrema de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Gijón
Con la entrada en vigor del Registro Único de Arrendamientos y el mayor control municipal, Gijón ha experimentado:
- Una retirada notable de anuncios turísticos irregulares,
- un retorno parcial de viviendas al alquiler tradicional,
- y un freno al crecimiento del parque turístico que se venía produciendo desde el año 2020.
Sin embargo, el impacto sobre los precios ha sido limitado. ¿Por qué?
- Porque Gijón combina presión turística con concentración de vivienda en manos de multi propietarios.
- Muchas de las viviendas que salen del uso turístico no vuelven al mercado de alquiler estable, sino que pasan a alquiler temporal, de temporada o directamente quedan vacías como activo patrimonial.
Resultado:
📉 baja el número de
pisos turísticos,
📈 pero
la tensión en el acceso a la vivienda se mantiene.
3. Llanes: el corazón del problema turístico asturiano en manos de la ultraderecha
El caso de Llanes es distinto y más extremo. Aunque el INE tampoco publica cifras municipales, Llanes es uno de los concejos con mayor densidad de pisos turísticos por habitante de toda Asturias, y ahí la incidencia del recorte ha sido especialmente visible:
- Gran parte de la economía local gira en torno al turismo.
- El alquiler turístico ha desplazado históricamente a la población residente, especialmente a jóvenes y trabajadores del propio sector servicios.
- En muchos pueblos del concejo, la vivienda habitual ha pasado a ser minoritaria frente a la vivienda turística o vacacional.
Con la nueva regulación:
- Muchos propietarios no han podido o no han querido adaptarse al registro obligatorio.
- Se han retirado anuncios, pero no se ha producido un retorno significativo al alquiler residencial, porque:
- la demanda local es débil,
- los salarios no permiten competir con la rentabilidad turística,
- y la vivienda sigue viéndose como inversión estacional.
En Llanes, por tanto, el descenso del 21% autonómico no se traduce en una mejora real del acceso a la vivienda, sino más bien en:
- viviendas cerradas fuera de temporada,
- o reconvertidas en segundas residencias.
4. Comparación Gijón–Llanes: dos problemas distintos bajo el mismo dato
|
Aspecto |
Gijón |
Llanes |
|
Tipo de presión |
Urbana y residencial |
Turística y estacional |
|
Efecto del recorte |
Retirada de anuncios ilegales |
Salida parcial del mercado |
|
Retorno al alquiler estable |
Limitado |
Muy escaso |
|
Impacto en precios |
Bajo |
Prácticamente nulo |
|
Problema estructural |
Multipropiedad |
Turistificación |
5. Conclusión: Asturias reduce pisos turísticos, pero no resuelve el problema
El dato del INE (–21%) es contundente y sitúa a Asturias como una de las comunidades donde más ha retrocedido el alquiler turístico. Sin embargo:
- En Gijón, el problema no es solo el turismo, sino la lógica de la vivienda como activo financiero.
- En Llanes, el turismo sigue marcando el modelo territorial, aunque haya menos anuncios legales.
En ambos casos, la reducción de pisos turísticos no está siendo suficiente para mejorar el acceso a la vivienda, porque no se acompaña de:
- movilización de vivienda vacía,
- límites a la concentración de propiedad,
- ni políticas específicas desde el gobierno municipal para el alquiler residencial estable.
En resumen:
Los números bajan, pero el problema permanece y Asturias confirma que regular el turismo es necesario, pero claramente insuficiente si no se aborda el modelo inmobiliario en su conjunto.
La evolución reciente de la vivienda y del modelo urbano en Gijón y Llanes no puede entenderse al margen de las decisiones políticas adoptadas por sus respectivos gobiernos municipales, integrados por partidos de la derecha extrema (Foro Asturias y PP) y la ultraderecha, (VecinosxLlanes). Lejos de actuar como diques de contención frente a los efectos más agresivos del mercado inmobiliario, estas administraciones han contribuido, por acción u omisión, a normalizar un modelo que subordina el derecho a la vivienda y la vida cotidiana de la población residente a intereses económicos privados.
En ambos municipios se observa un patrón común: la ausencia de políticas públicas activas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda habitual, especialmente para jóvenes, trabajadores y familias con rentas medias y bajas. La reducción del número de viviendas turísticas registrada por el INE en Asturias —un 21% menos en noviembre de 2025— no es fruto de una estrategia municipal planificada, sino del endurecimiento normativo estatal. Los ayuntamientos mencionados no han liderado este proceso, ni han articulado mecanismos eficaces para reconvertir esas viviendas al alquiler residencial estable. El resultado es un parque inmobiliario que, aunque parcialmente despojado del uso turístico, no se reincorpora a la función social de la vivienda.
En Gijón, ciudad con una fuerte presión residencial, el gobierno municipal de Moriyón ha evitado intervenir de forma decidida en el mercado del alquiler. La negativa a aplicar zonas tensionadas, a impulsar límites efectivos a los precios o a movilizar vivienda vacía ha consolidado un escenario donde la reducción de pisos turísticos no se traduce en alivio alguno para la población. La vivienda continúa tratándose como un activo financiero, mientras los residentes se enfrentan a precios elevados, contratos inestables y una creciente precarización habitacional. Esta pasividad institucional no es neutral: favorece objetivamente a los grandes y medianos propietarios, y desplaza el coste del modelo sobre quienes viven de su trabajo.
Foto: concejales del PP en el Ayuntamiento de Llanes con el sicario presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo
En Llanes, el deterioro adopta una forma aún más profunda, estructural y dramática. Gobernado por fuerzas ultra conservadoras locales con un discurso excluyente y sectario, el municipio ha avanzado hacia un modelo donde la población residente es tratada como un elemento secundario frente a la lógica turística y especulativa. El resultado es un concejo donde la vivienda habitual se reduce, los jóvenes se ven obligados a marcharse y el territorio se vacía fuera de temporada. La falta de medidas para proteger el alquiler permanente, junto con la tolerancia hacia la conversión masiva de vivienda en alojamiento turístico o segunda residencia, ha generado un proceso de expulsión silenciosa, pero constante de los llaniscos.
En ambos casos, el denominador común es una concepción ideológica de la política municipal que renuncia a intervenir para corregir desigualdades y asume como inevitable la mercantilización de la vivienda. Bajo estos gobiernos, el ciudadano deja de ser el centro de la acción pública y pasa a convertirse en un daño colateral asumido, un mal menor frente a la rentabilidad económica y la atracción de capital. No se trata de errores puntuales, sino de una orientación política coherente con postulados autoritarios y ultraliberales, donde los derechos sociales se subordinan al orden del mercado… Es fascismo de garrafón.
Así, el deterioro que sufren Gijón y Llanes no es accidental. Es el resultado directo de políticas municipales que priorizan intereses privados, rechazan la regulación y desatienden la función social de la vivienda. La consecuencia es un territorio menos habitable, más desigual y crecientemente hostil para quienes pretenden vivir, trabajar y desarrollar su proyecto vital en él. En este contexto, la crisis de la vivienda no solo se mantiene: se cronifica y se profundiza, con el aval explícito o implícito de gobiernos que han decidido no situar a sus ciudadanos en el centro de sus políticas.
La situación política e institucional que vive Llanes refleja un deterioro profundo de la relación entre gobierno municipal, oposición y ciudadanía, perceptible en varios planos que afectan directamente a la calidad democrática del concejo. Mientras el acceso a la vivienda se deteriora y el municipio pierde población residente, los llaniscos sostienen con sus impuestos una estructura política sobredimensionada, en la que varios concejales perciben retribuciones que superan ampliamente los ingresos que obtienen —o han obtenido— en sus trayectorias profesionales fuera de la política, buenos ejemplos son el alcalde fascista, Enrique Riestra, el concejal de Urbanismo (PP) Juan Carlos Armas, la concejal de servicios sociales, Priscila Alonso o él impresentable Juan Valladares, concejal de Economía y Agroganadería. Este hecho, constatable en los acuerdos plenarios de dedicaciones y sueldos, genera una brecha evidente entre representantes y representados, especialmente en un concejo con salarios medios modestos y una economía muy dependiente de la estacionalidad turística.
Este desequilibrio no se limita al plano económico. A él se suma una opacidad persistente en la gestión municipal, marcada por la falta de publicación sistemática de documentos, expedientes y resoluciones que afectan al interés general. Contratos, licencias, decisiones urbanísticas o expedientes administrativos relevantes no se ponen a disposición de la ciudadanía con la transparencia exigible, pese a que los concejales —incluidos los de la oposición— tienen derecho legal a acceder a esa información y a difundirla para garantizar el control democrático.
Sin embargo, frente a este escenario, la oposición socialista ha permanecido mayoritariamente ausente de iniciativas políticas contundentes que expongan con claridad estas prácticas y permitan a la ciudadanía conocer el alcance real de la gestión municipal. No se ha producido una estrategia sostenida de fiscalización pública, ni una labor constante de denuncia política que saque a la luz los expedientes ocultos o las decisiones controvertidas. Esta inacción contribuye a normalizar el funcionamiento opaco del gobierno, debilitando el papel de la oposición como contrapeso institucional.
El resultado es un vacío de rendición de cuentas. Por un lado, un gobierno municipal fascista que concentra poder, administra recursos públicos con escaso control visible y mantiene ocultos documentos que deberían ser accesibles. Por otro, una oposición que no ejerce plenamente su función de vigilancia y defensa del interés general. En medio, una ciudadanía que paga salarios políticos elevados y sigue esperando explicaciones, acceso a la información y una gestión que priorice sus necesidades reales.
Esta situación no responde a episodios aislados, sino a una dinámica sostenida de deterioro democrático, donde el derecho a la información se diluye, la transparencia se convierte en excepción y la política municipal se desconecta de la vida cotidiana de los llaniscos. Mientras no se publiquen los expedientes, no se expliquen las decisiones y no se asuma una fiscalización efectiva, la percepción de saqueo institucional y de abandono ciudadano seguirá creciendo, alimentando la desconfianza y el desgaste social en el concejo.
Ya lo dijo Bob Woodward: “La
democracia muere en la oscuridad.”
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