La actualidad política y municipal en Gijón viene marcada por dos relatos muy distintos que ayer se publicaban en los medios de comunicación. Por un lado, la vicealcaldesa y portavoz del PP en el Ayuntamiento, la insolvente Ángela Pumariega, ha acusado al Gobierno del Principado de Asturias de intentar “generar la enésima polémica artificial” con su intención declarada de eliminar el monumento franquista “Héroes del Simancas”, situado en la fachada del Colegio de la Inmaculada. Según recoge la información publicada https://bit.ly/4az41om Pumariega considera que esta iniciativa busca desviar la atención de lo que califica como falta de compromiso del Ejecutivo autonómico con Gijón, citando cuestiones como el vial de Jove, el plan de vías, los problemas de acceso a la vivienda o los retrasos en la reforma del Hospital de Cabueñes.
El monumento, instalado durante la etapa franquista, está protegido por el Catálogo Urbanístico Municipal, lo que, según el gobierno local, impediría su derribo. La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, dirigida por Ovidio Zapico (IU), ha manifestado su intención de eliminarlo, lo que ha abierto un nuevo frente institucional. Desde el PP se sostiene que la escultura posee valor patrimonial y que ya fue intervenida para adaptarse a la normativa vigente, defendiendo que no debe ser objeto de confrontación ideológica.
Foto: Ángela Pumariega y Carmen Moriyón... Tres años tirados a la basura con su gobierno de incompetentes relatores de propaganda
En paralelo a esta controversia espuria e inútil, el gobierno municipal de la derecha extrema del Ayuntamiento de Gijón ha difundido un vídeo con el sello franquista del NODO bajo el lema, “Estos son hechos; esto es un Gijón que se transforma”, en el que pone en valor proyectos urbanos y actuaciones en marcha en la ciudad https://bit.ly/46R0SiB La pieza audiovisual muestra imágenes de lugares emblemáticos como la playa de San Lorenzo, el paseo de Naval Azul, la finca de La Isla —que el gobierno municipal prevé integrar en el Jardín Botánico— y los terrenos de La Pecuaria, actualmente en proceso de urbanización para la ampliación del Parque Científico Tecnológico.
El vídeo también destaca infraestructuras y equipamientos como la estatua de Quini junto a El Molinón, autobuses de Emtusa, la nueva Jefatura de la Policía Local, las instalaciones de Indra en El Tallerón o el futuro centro de arte en Tabacalera. A través de una locución en off y un discurso centrado en términos como “liderar”, “crecer”, “innovación”, “Historia”, “creatividad”, “seguridad” o “cultura”, el gobierno municipal franquista busca proyectar una imagen de dinamismo y transformación urbana como en los mejores tiempos que tuvo el régimen franquista en blanco y negro.
Así, mientras el debate político se centra en la controversia sobre el monumento y en la confrontación entre administraciones, el gobierno local de Moriyón reivindica una agenda de proyectos y actuaciones que, a su juicio, evidencian una ciudad en proceso de cambio y desarrollo.
El debate político en Gijón en torno al monumento “Héroes del Simancas” ha derivado rápidamente hacia un cruce de acusaciones más amplio sobre la gestión de las principales infraestructuras y servicios de la ciudad. La vicealcaldesa Ángela Pumariega ha sostenido públicamente que el Gobierno del Principado intenta “generar una polémica artificial” para tapar su falta de compromiso con Gijón, señalando como ejemplos el vial de Jove, el plan de vías, el acceso a la vivienda o la reforma del Hospital de Cabueñes https://bit.ly/4az41om Sin embargo, el análisis de estos asuntos muestra un reparto competencial y político mucho más complejo del que sugiere un relato exclusivamente autonómico al que menciona la citada concejala del PP.
En el caso del vial de Jove, se trata de una infraestructura dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al formar parte de la red estatal vinculada al acceso al puerto de El Musel. El proyecto del Ministerio contempla un trazado con soterramiento parcial, respaldado por estudios técnicos y de impacto ambiental, mientras que desde el Ayuntamiento se han defendido alternativas distintas, incluida la exigencia de un soterramiento total. Representantes municipales se reunieron en Madrid dos veces con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, pero sin que se produjera una modificación sustancial del planteamiento ministerial que defendía la construcción de dicha infraestructura en superficie avalada por sus estudios. La discrepancia técnica se produjo por parte de los representantes políticos asturianos del gobierno de Moriyón y de Barbón, que acudieron a ambas citas sin argumentos documentados sobre estudios propios, se fueron con las manos en los bolsillos esperando el aguinaldo. Pero también hubo discrepancia política, la cual generó movilizaciones vecinales fundamentadas en años de engaños y desidia política de todos los partidos que gobernaron en este país, tanto del PSOE como del PP, estas manifestaciones fueron encabezadas por los “ninis” que hoy están al frente del gobierno municipal, así como un prolongado bloqueo institucional de diferentes administraciones. Del “catador” de vinos que hoy es consejero dentro del gobierno de Barbón con dicha infraestructura, nada se supo con respecto a la supuesta infraestructura que iba construir por el valle de Carreño.
Respecto al plan de vías, el proyecto para la integración ferroviaria de Gijón acumula más de dos décadas de retrasos y revisiones. El desarrollo depende de un convenio entre el Ministerio, el Principado y el Ayuntamiento a través de la sociedad Gijón al Norte. Las discrepancias sobre financiación, ubicación de la estación intermodal y aprovechamientos urbanísticos han ralentizado el avance. La falta de acuerdo definitivo entre las administraciones implicadas explica en gran medida el estancamiento actual, sin que pueda atribuirse en exclusiva a una sola de ellas.
En materia de vivienda, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 25.2.a que corresponde a los municipios la competencia en “planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística” así como la “promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera” https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392 Esto implica que el Ayuntamiento tiene capacidad directa en el desarrollo de suelo, planeamiento y promoción de vivienda protegida, aunque la política de vivienda también involucra competencias autonómicas en materia de ayudas y regulación. En Gijón, el debate se ha centrado en la viabilidad económica de la vivienda protegida y en la actualización del módulo de precios, cuestión defendida por el sector promotor para garantizar la rentabilidad de nuevas promociones. La discusión refleja la tensión entre iniciativa pública y privada en la producción de vivienda asequible.
En cuanto al Hospital de Cabueñes, la ampliación y reforma del complejo hospitalario —dependiente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)— sufrió la rescisión del contrato inicial y la necesidad de una nueva licitación, lo que retrasó la ejecución de una obra considerada estratégica para la mayor ciudad asturiana. El proyecto revisado incrementó su presupuesto respecto al planteamiento inicial debido a la actualización de costes y modificaciones técnicas. Paralelamente, el Ayuntamiento suscribió en su día una operación urbanística vinculada a terrenos en el entorno hospitalario con la Fundación Quirón, operación que generó controversia política por su encaje jurídico y su impacto patrimonial. La posibilidad de una expropiación alternativa fue objeto de debate, aunque no prosperó como solución adoptada por el gobierno de Moriyón y Pumariega.
En conjunto, los cuatro asuntos citados —vial de Jove, plan de vías, vivienda y Hospital de Cabueñes— comparten un elemento común: son proyectos de elevada complejidad administrativa y financiera, en los que confluyen competencias estatales, autonómicas y municipales. La narrativa política tiende a simplificar la responsabilidad, pero los datos muestran que el avance o bloqueo de estas actuaciones depende de la coordinación efectiva entre niveles de gobierno, de la disponibilidad presupuestaria y de la capacidad de alcanzar acuerdos técnicos y urbanísticos sólidos… Cuestión que los gobiernos de la derecha extrema no parecen tener como nos llevan acreditando durante los casi tres años que llevan gobernando el Ayuntamiento de Gijón.
En relación con las instalaciones de Indra en El Tallerón, conviene separar la narrativa institucional del gobierno de Moriyón en el video del NODO de los hechos administrativos. La implantación de esta compañía tecnológica en Gijón no responde a una iniciativa directa del Ayuntamiento ni a un plan municipal de captación industrial específico, sino a la ejecución de contratos adjudicados por la Administración General del Estado en el ámbito de defensa y tecnología.
Indra es una empresa participada por el Estado a través de la SEPI y uno de los principales adjudicatarios de contratos vinculados a programas estratégicos como el FCAS (Future Combat Air System) o desarrollos tecnológicos asociados al Ministerio de Defensa. La adjudicación de estos contratos se realiza mediante procedimientos estatales de contratación pública, publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el BOE, y no depende de acuerdos municipales. Es en ese marco contractual donde la compañía define la localización de determinados centros de trabajo, en función de criterios técnicos, disponibilidad de suelo industrial adecuado y proximidad a infraestructuras logísticas.
El enclave de El Tallerón, dentro del tejido industrial gijonés y próximo al puerto de El Musel, ofrece suelo disponible y características técnicas adecuadas para actividad tecnológica e industrial avanzada. Sin embargo, la decisión de implantación corresponde a la estrategia corporativa de Indra en ejecución de contratos estatales previamente adjudicados, no a un concurso, incentivo o programa de captación promovido específicamente por el gobierno municipal de Gijón.
Desde el punto de vista competencial, el Ayuntamiento interviene en aspectos reglados como la concesión de licencias urbanísticas o la tramitación administrativa necesaria para la implantación física de la actividad, competencias que le corresponden conforme a la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local en materia de planeamiento y disciplina urbanística. Pero esa intervención es obligatoria y procedimental, no estratégica ni determinante en la adjudicación del proyecto empresarial.
En consecuencia, la llegada de Indra a El Tallerón debe entenderse como resultado de decisiones empresariales vinculadas a contratos estatales de defensa y tecnología, y no como fruto de una política municipal de atracción industrial diseñada o negociada por el gobierno local. La administración municipal actúa en este caso como autoridad competente en materia urbanística, pero no como agente impulsor del contrato que origina la implantación.
Si se pretende evaluar con rigor la gestión municipal más allá del relato político o de la producción audiovisual institucional, existen indicadores objetivos que permiten medir la eficacia real de un gobierno local. El primero de ellos es el grado de ejecución presupuestaria. En cualquier administración pública, la diferencia entre el crédito aprobado para inversiones y el gasto finalmente ejecutado constituye un termómetro claro de capacidad de gestión. Los datos de liquidación presupuestaria, que son públicos y pueden consultarse en los portales oficiales, muestran en muchos ayuntamientos españoles desviaciones relevantes entre lo presupuestado y lo realmente invertido, especialmente en el capítulo de inversiones reales. Cuando una corporación dispone de presupuestos superiores a los 300 millones de euros anuales y, aun así, mantiene remanentes elevados o deja sin ejecutar partidas estratégicas, el problema ya no es de financiación sino de planificación, priorización y gestión administrativa.
Otro elemento evaluable es la capacidad de captación y ejecución de fondos europeos. Los programas vinculados a los fondos Next Generation EU han supuesto una oportunidad excepcional para transformar infraestructuras, movilidad, digitalización o vivienda. Sin embargo, no basta con obtener financiación; es imprescindible ejecutar los proyectos dentro de los plazos y cumplir hitos técnicos y administrativos. El número de proyectos adjudicados, el porcentaje efectivamente ejecutado y la ausencia de devoluciones o penalizaciones son indicadores que permiten determinar si una ciudad está aprovechando o desaprovechando esa ventana histórica de inversión.
En materia urbanística, la responsabilidad municipal es directa conforme a la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, que atribuye a los ayuntamientos competencias en planeamiento, gestión y disciplina urbanística. Si existen desarrollos pendientes, modificaciones del planeamiento retrasadas o suelo industrial sin activar pese a estar clasificado, la responsabilidad recae esencialmente en la administración local. La vivienda protegida, por ejemplo, no depende únicamente de marcos autonómicos o estatales; la disponibilidad de suelo y la agilidad en su desarrollo son competencias municipales ineludibles.
La comparación con ciudades de tamaño y estructura económica similar también aporta perspectiva. Municipios que compiten en el mismo entorno demográfico y territorial han logrado, en algunos casos, desbloquear proyectos ferroviarios, atraer inversión tecnológica o dinamizar su parque industrial mediante fórmulas de colaboración interadministrativa más eficaces. Cuando la diferencia no está en el marco normativo ni en los recursos disponibles, sino en la capacidad de acuerdo y ejecución, la variable determinante pasa a ser la gestión política.
Por último, los indicadores socioeconómicos ofrecen una fotografía menos discursiva y más tangible del resultado de las políticas públicas. La evolución del empleo industrial, la creación neta de empresas, el precio medio de la vivienda, la tasa de emancipación juvenil o el crecimiento del tejido tecnológico permiten valorar si una ciudad está avanzando en competitividad y cohesión social o si, por el contrario, permanece estancada. Estos datos, disponibles en organismos como el INE o SADEI, son más elocuentes que cualquier declaración partidista.
En definitiva, la gestión municipal no se valida por la intensidad del enfrentamiento político ni por la estética de los mensajes institucionales, sino por resultados medibles y comparables. Cuando los grandes proyectos estratégicos acumulan años de retraso, la ejecución presupuestaria no alcanza niveles óptimos y la coordinación interadministrativa se convierte en un conflicto permanente, la cuestión ya no es ideológica, sino de eficacia. Y en política local, la eficacia no se proclama: se demuestra con cifras, plazos cumplidos y proyectos culminados… Y eso el gobierno de Moriyón y Pumariega no lo puede demostrar por mucho que pataleen en los medios de comunicación.
Ya lo dijo Peter Drucker: “El liderazgo no consiste en hacer discursos, sino en producir resultados.”
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