FORO ASTURIAS, PP Y VECINOSxLLANES: GRANDES PROYECTOS, MUCHAS PROMESAS Y POCAS LLAVES

La vivienda y el urbanismo han dejado de ser una discusión reservada a arquitectos, promotores y técnicos municipales para convertirse en uno de los grandes conflictos políticos y sociales de nuestro tiempo. Las cuatro noticias de estos últimos días dibujan, vistas en conjunto, una misma realidad: mientras acceder a una vivienda resulta cada vez más difícil para una parte importante de la población, el suelo, su recalificación y las grandes operaciones urbanísticas continúan ocupando un lugar central en las estrategias de las administraciones y de los partidos. En Asturias, Gijón y Colunga ofrecen dos manifestaciones diferentes de esa tensión, con Foro Asturias gobernando ambos municipios y con el PP desempeñando un papel de “mulillero” en el debate político sobre vivienda.

El punto de partida está en algo mucho más cotidiano que cualquier modificación de un plan urbanístico: poder pagar una casa. En Gijón, el alquiler medio analizado durante agosto alcanzó los 813 euros mensuales, unos 300 euros más que en 2017. Casi la mitad de las viviendas ofertadas alcanzaban o superaban los 900 euros y, dentro del alquiler de larga duración, solo el 4 % de la oferta se encontraba por debajo de los 700 euros. Además, el 55,8 % de las 507 ofertas analizadas correspondían ya a alquileres de temporada, reduciendo todavía más las posibilidades de quienes buscan establecer su residencia habitual en la ciudad.
No estamos, por tanto, ante una discusión urbanística abstracta. Cuando el suelo se convierte en un bien escaso y la vivienda se aleja de los salarios, cada decisión sobre qué se construye, dónde se construye y para quién se construye adquiere una dimensión social. El propio análisis recogido sobre Gijón apunta a la falta de suelo finalista como uno de los elementos del problema y plantea revisar determinadas calificaciones del PGO para hacer viables nuevos proyectos, junto con medidas estatales y autonómicas relacionadas con el alquiler y la vivienda protegida.

El problema, además, desborda ampliamente Asturias. La intervención de la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, en el Forbes Economic Summit del 23 de septiembre —acto que consta en la agenda oficial del Banco de España— sitúa la cuestión en una escala nacional. Según la información recogida en las noticias aportadas, el déficit residencial podría superar el millón de viviendas entre 2026 y 2028 si continúan las tendencias actuales, mientras los precios reales de la vivienda han crecido desde 1980 muy por encima de la renta disponible de las familias. La escasez de vivienda y la pérdida de accesibilidad son, por tanto, el telón de fondo sobre el que deberían juzgarse las políticas urbanísticas.

Y ahí aparece uno de los grandes contrasentidos del urbanismo que vive Gijón. El gobierno de Carmen Moriyón presenta La Pecuaria y la Universidad Europea, Naval Azul, Tabacalera o el Plan Llave como ejemplos de una ciudad dinámica y de una administración capaz de desbloquear proyectos, bajo una filosofía que la propia alcaldesa ha resumido como «invertir y no esperar». Sin embargo, cuando esa misma vara de medir se traslada a una de las necesidades más urgentes de los gijoneses —el acceso a una vivienda asequible—, los tiempos son muy distintos. El Plan Llave presentado por el Ayuntamiento de Gijón en noviembre de 2024 prometía construir al menos 500 viviendas públicas durante este mandato, comenzando con 120 pisos en 2025. En septiembre de 2026, el gobierno municipal todavía se encuentra anunciando y licitando fases del programa: la segunda contempla 180 viviendas públicas de alquiler asequible en Nuevo Gijón.

La contradicción política está precisamente en los ritmos y en las prioridades. Transcurridos más de tres años desde el comienzo del mandato, las viviendas anunciadas por el Plan Llave todavía no se han traducido en esas llaves prometidas en manos de los gijoneses que necesitan una vivienda pública, mientras el urbanismo de iniciativa privada avanza por otros caminos. El propio Ayuntamiento explica que el Plan Llave nació para facilitar vivienda a jóvenes y familias a precios asumibles, pero su calendario inicial situaba ya las primeras 120 viviendas en 2025 y el objetivo municipal era alcanzar al menos medio millar durante el mandato.

El contraste se vuelve especialmente llamativo cuando se mira hacia La Providencia y El Infanzón. Allí se tramita un gran desarrollo residencial privado que, según la información publicada por El Comercio, contempla 440 chalés a ambos lados de la carretera de La Providencia, movilizaría alrededor de 200 millones de euros y está respaldado por 196 propietarios particulares que aspiran a que el planeamiento quede aprobado antes de finalizar el mandato. No se trata, por tanto, de vivienda protegida destinada prioritariamente a quienes encuentran mayores dificultades para acceder a una casa, sino de un gran desarrollo de vivienda unifamiliar privada en una de las zonas residenciales del este gijonés.

Además, la documentación urbanística municipal confirma que diferentes ámbitos de La Providencia están clasificados como actuaciones de iniciativa privada. En Providencia 03, por ejemplo, el Plan Especial fue aprobado definitivamente en febrero de 2024, el proyecto de compensación en octubre de 2024, el proyecto de urbanización en junio de 2025 y todavía se produjo una operación jurídica complementaria en febrero de 2026. Otros ámbitos, como Providencia 04, cuentan igualmente con un Plan Especial de iniciativa privada aprobado definitivamente en septiembre de 2025.

Es aquí donde el discurso de «invertir y no esperar» se encuentra con su propia contradicción. Una ciudad en la que el alquiler medio analizado alcanzó los 813 euros, donde prácticamente la mitad de las ofertas superaban los 900 y donde solamente una pequeña parte del alquiler estable se encontraba por debajo de los 700 euros, necesita preguntarse qué clase de crecimiento urbano está priorizando. Porque no produce el mismo efecto social agilizar suelo para vivienda protegida y alquiler asequible que desarrollar centenares de viviendas unifamiliares privadas en el este de la ciudad.

Y el contraste resulta todavía mayor porque existen alternativas sobre la mesa. El Gobierno del Principado propuso en junio al Ayuntamiento desarrollar suelo residencial en Laviada, El Natahoyo y Santa Bárbara para impulsar 1.218 viviendas, de las cuales 566 serían viviendas públicas destinadas al alquiler y más de un millar contarían con algún tipo de protección. Es decir, la discusión no puede reducirse a la afirmación de que «no hay suelo»: también consiste en decidir qué suelo se desarrolla primero, qué modelo residencial se impulsa y a qué población se pretende dar respuesta.

Ahí reside el auténtico contrasentido gijonés. Por un lado, una ciudad con una crisis creciente de acceso a la vivienda y centenares de viviendas públicas anunciadas que todavía están recorriendo el camino administrativo hasta convertirse en hogares; por otro, grandes desarrollos privados de vivienda unifamiliar que avanzan en el planeamiento de las zonas residenciales más privilegiadas del concejo. No significa que construir vivienda privada sea ilegítimo ni que todo desarrollo de La Providencia deba paralizarse. La pregunta política es otra: ¿por qué la capacidad de desbloquear, modificar, tramitar y acelerar el urbanismo parece producir resultados mucho más visibles cuando entra en juego la iniciativa privada que cuando quien espera una llave es un gijonés que necesita vivienda asequible?

Ese es el debate que debería acompañar cada anuncio del Plan Llave. El éxito de una política municipal de vivienda no debería medirse por el número de viviendas anunciadas, parcelas presentadas o proyectos prometidos, sino por las puertas que finalmente pueden abrir las familias que hoy no pueden pagar los precios del mercado. Mientras esas llaves no lleguen y, simultáneamente, el mapa urbanístico continúe abriendo espacio a grandes promociones privadas como las 440 viviendas unifamiliares previstas en el entorno de La Providencia y El Infanzón, la contradicción permanecerá en el centro del modelo urbano de Gijón: una ciudad que necesita vivienda asequible con urgencia, pero cuyo urbanismo privado parece capaz de avanzar a una velocidad que la vivienda pública todavía no ha conseguido igualar.

Pero el urbanismo adquiere una dimensión mucho más polémica cuando llegamos a Colunga y al proyecto de 24 chalés junto a la playa de La Isla. Allí, el Ayuntamiento gobernado por Foro Asturias promovió junto con la propiedad una modificación urbanística que pretendía ampliar el ámbito de actuación de 9.850 a 20.398,88 metros cuadrados. La CUOTA concluyó que esa ampliación no se ajustaba a la ordenación territorial vigente porque incorporaba terrenos con especial protección por sus valores costeros, afectados por instrumentos como el POLA y el PESC.
El episodio resulta especialmente significativo porque la controversia no se limita a una diferencia de criterio político. El informe de la CUOTA detectó también deficiencias en la información pública del procedimiento municipal: según el documento recogido en la información periodística, durante distintas fases de exposición no se habría puesto a disposición de la ciudadanía la totalidad de la modificación urbanística. Frente a la posición del organismo autonómico, la propiedad cuestiona la imparcialidad de la tramitación y sostiene que anteriores informes sectoriales habían sido favorables, por lo que existe también una controversia administrativa que no debe ocultarse.

Es en este contexto donde aparece la palabra «pelotazo». No es una conclusión jurídica que pueda darse por acreditada, sino la calificación utilizada por la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, que denunció el proyecto como un «pelotazo urbanístico» y advirtió de que su aprobación podría crear un precedente para otras zonas del litoral asturiano. Al mismo tiempo, el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, de Foro Asturias, defendió que el proyecto cumplía «escrupulosamente la ley», mientras vecinos organizados en la plataforma Salvemos La Isla se movilizaron contra la actuación y recaudaron fondos para financiar asesoramiento jurídico y técnico. Es precisamente este choque entre Ayuntamiento, promotores, organismos de control y ciudadanía el que convierte el urbanismo en algo mucho más profundo que una cuestión técnica.

Gijón y Colunga permiten así formular una pregunta incómoda: ¿para qué y para quién se está planificando el territorio? Cuando el alquiler medio gijonés supera los 800 euros y encontrar vivienda estable por debajo de 700 se convierte en una excepción, la prioridad pública debería poder medirse por su capacidad para aumentar vivienda accesible, ordenar racionalmente el territorio y proteger los intereses generales. Al mismo tiempo, cualquier actuación municipal debe someterse a las normas urbanísticas, ambientales y de participación pública correspondientes, con independencia de quién gobierne.

La cuarta noticia añade otra pieza al puzle. Según la información aportada, la dirección nacional del PP está preocupada no solamente por la crisis de vivienda, sino también por el «relato» político que se está construyendo alrededor de ella. En una reunión de Juan Bravo y Paloma Martín con representantes del sector inmobiliario, fuentes presentes señalaron que una de las inquietudes expresadas era que la izquierda estuviese consiguiendo «ganar el relato» de la vivienda. El PP, por su parte, plantea elevar la construcción hasta las 250.000 viviendas anuales, movilizar suelo, agilizar licencias, reforzar la seguridad jurídica e introducir incentivos fiscales.
Por eso sería simplificador afirmar que el PP carece de propuestas sobre vivienda; sí las tiene. La cuestión política que plantea la información publicada es otra: hasta qué punto, en medio de una crisis que afecta directamente al bolsillo y a las posibilidades vitales de miles de personas, la preocupación por la percepción electoral y por quién domina el relato termina compitiendo con la discusión sobre las soluciones concretas. Esa tensión resulta todavía más visible cuando se contrapone con datos como los de Gijón o con la estimación nacional de necesidades residenciales.

Las cuatro noticias terminan encadenándose. Primero está el problema real: vivienda cara y oferta insuficiente. Después aparece el suelo como respuesta y, con él, el urbanismo como instrumento de enorme valor económico. A continuación surge la pregunta sobre qué suelo se transforma, con qué límites y en beneficio de qué modelo de ciudad. Y finalmente aparece la batalla política por convertir todas esas decisiones en un relato electoral.

Ese es quizá el verdadero debate que hoy sacude a municipios como Gijón y Colunga. Para sus críticos, PP y Foro Asturias corren el riesgo de tratar el urbanismo como un terreno político propio, un «cortijo» en el sentido figurado de la expresión, donde las grandes actuaciones y su rentabilidad política adquieren demasiado protagonismo. En Colunga, esa crítica ha alcanzado su máxima expresión con las acusaciones de «pelotazo urbanístico» formuladas por organizaciones ecologistas contra el proyecto de La Isla; en Gijón, el gobierno de Foro contrapone a esas críticas una política de inversiones, transformación urbana y nuevas viviendas asequibles (que no ha entregado a los gijoneses en más de tres años de legislatura). Los hechos disponibles permiten constatar ambas posiciones, pero no convertir las acusaciones políticas en hechos probados.

La cuestión de fondo permanece: el urbanismo no debería reducirse ni a construir más ni a ganar el relato. Es decidir qué municipio se quiere dentro de veinte o treinta años, quién podrá vivir en él y qué parte del territorio se está dispuesto a transformar para conseguirlo. Cuando la vivienda se convierte en el principal problema para tantas familias, las decisiones sobre suelo dejan de ser expedientes administrativos para convertirse en decisiones sobre el modelo de sociedad. Y por eso Gijón y Colunga, aunque a escalas muy diferentes, muestran hoy la misma tensión: entre vivienda y negocio, entre crecimiento y protección del territorio, entre interés general e intereses particulares y, finalmente, entre resolver un problema o conseguir que el electorado crea que se está resolviendo.

Hay una manera sencilla de medir una política municipal de vivienda: contar llaves. No ruedas de prensa, parcelas anunciadas, modificaciones urbanísticas, reuniones o proyectos que algún día podrían convertirse en edificios. Llaves de viviendas terminadas y puestas a disposición de quienes no pueden acceder al mercado libre.

Ese criterio resulta incómodo cuando se aplica a algunos gobiernos municipales asturianos en los que participan Foro Asturias, PP o VecinosxLlanes. Sus situaciones no son idénticas, pero comparten una pregunta esencial: después de años gobernando y conociendo perfectamente el problema de la vivienda, ¿qué resultados materiales pueden presentar ante sus vecinos?

La cuestión es especialmente importante porque vivienda y urbanismo son ya dos caras del mismo conflicto. Mientras acceder a una casa resulta cada vez más difícil, el suelo, su transformación y las grandes operaciones urbanísticas continúan ocupando un lugar central en las políticas municipales. Por eso ya no basta con preguntar cuánto se construirá: hay que preguntar qué se construye, dónde, para quién y con qué prioridad.

En Llanes, VecinosxLlanes y PP alcanzaron un acuerdo de gobierno municipal tras las elecciones de 2023. Desde entonces comparten responsabilidades y, por tanto, también deben compartir el balance de su gestión.

No pueden alegar desconocimiento del problema. La propia VecinosxLlanes señalaba que de cada 25 viviendas existentes en el concejo solamente 11 estaban habitadas durante todo el año y hablaba de 274 futuras viviendas protegidas contempladas por el planeamiento. El diagnóstico estaba hecho antes incluso de comenzar este mandato.

Por eso, después de más de tres años, la política ya no debería medirse por el diagnóstico, sino por el resultado. Disponer de suelo no es construir una vivienda. Aprobar un planeamiento tampoco. Anunciar una promoción no entrega una casa. Y construir, por sí solo, tampoco equivale a que una familia haya recibido sus llaves.

El Ayuntamiento dispone además de un servicio de viviendas sociales destinado precisamente a personas que no pueden acceder al mercado ordinario. Sin embargo, no he encontrado documentada una nueva promoción municipal iniciada después de las elecciones de 2023, terminada y entregada por el gobierno fascista de VecinosxLlanes-PP a septiembre de 2026. Eso no significa que no exista parque público ni que no se hayan realizado actuaciones sobre viviendas existentes; significa algo mucho más concreto: gestionar lo que ya existe no equivale a aumentar de manera sustancial el parque público disponible.

Y ahí comienza a agotarse la política de la promesa permanente. Durante los primeros meses de mandato puede hablarse de expedientes heredados, trámites pendientes o proyectos que necesitan tiempo. Después de tres años, la pregunta inevitable deja de ser «¿qué vais a hacer?» y pasa a ser «¿qué habéis hecho?».

En vivienda esa pregunta tiene una formulación todavía más sencilla: enseñen las llaves.

No las infografías, los convenios futuros, las parcelas, los anuncios ni las viviendas que podrían construirse cuando termine una tramitación. Las llaves. Porque un joven no puede emanciparse dentro de un futuro plan urbanístico y una familia no puede vivir en una rueda de prensa.

La misma vara de medir puede aplicarse a Gijón, donde el gobierno encabezado por Foro Asturias presentó el Plan Llave con el objetivo de alcanzar al menos 500 viviendas públicas durante el mandato. Sin embargo, en septiembre de 2026 continúa anunciando y licitando fases del programa… Sin entregar una sola vivienda.

El contraste resulta particularmente significativo porque el urbanismo privado parece avanzar a otra velocidad. En La Providencia y El Infanzón se plantea un desarrollo de 440 viviendas unifamiliares privadas, mientras distintos ámbitos han ido superando instrumentos de planeamiento, compensación y urbanización.

La pregunta política es inevitable: ¿por qué determinadas administraciones parecen encontrar mayor capacidad para desbloquear el urbanismo privado que para convertir la vivienda pública prometida en hogares efectivamente disponibles?

No se trata de afirmar que construir vivienda privada sea ilegítimo. Se trata de establecer prioridades. Cuando una ciudad tiene problemas graves de acceso a la vivienda, no produce el mismo resultado social facilitar centenares de viviendas asequibles que desarrollar centenares de viviendas unifamiliares privadas.

Y esto permite formular una crítica más seria que cualquier insulto contra PP, Foro Asturias o VecinosxLlanes: juzgarlos por aquello que hacen cuando disponen del poder para hacerlo.

¿Cuántas nuevas viviendas públicas terminaron? ¿Cuántas entregaron? ¿Cuántos jóvenes pudieron quedarse gracias a ellas? ¿Cuántas familias encontraron un alquiler asequible? ¿Cuántas de las viviendas anunciadas al principio del mandato pueden visitarse hoy?

Esas preguntas son más contundentes que cualquier descalificación porque obligan a abandonar la propaganda y entrar en el terreno de los resultados.

Los cargos municipales ejercen responsabilidades públicas y, cuando corresponde, perciben retribuciones escandalosas como sucede allí donde gobierna la derecha extrma de Foro y PP o de la ultraderecha de VecinosxLlanes, precisamente para administrar recursos y convertir decisiones políticas en resultados. Cobrar legalmente un sueldo público no garantiza que todos los objetivos puedan cumplirse, pero sí legitima que los ciudadanos comparen el tiempo, los recursos y el poder disponibles con los resultados finalmente obtenidos.

Ahí es donde puede hablarse políticamente de ineficacia: cuando existe un problema conocido, pasan los años, se suceden los anuncios y la distancia entre lo prometido y lo materializado continúa siendo enorme.

Y existe además una regla democrática elemental: cuando dos partidos gobiernan juntos, los éxitos son compartidos, pero los fracasos también. En Llanes, PP no es un espectador del gobierno de VecinosxLlanes, sino integrante del ejecutivo municipal desde 2023. En Gijón, Foro Asturias tampoco puede presentarse como observador de una política urbanística que dirige desde la Alcaldía.

Al final, la política municipal posee una característica que acaba desnudando cualquier propaganda: sus resultados pueden tocarse. Una carretera existe o no existe. Una escuela está abierta o cerrada. Una vivienda pública está construida o continúa siendo una parcela. Una familia recibe una llave o continúa esperando.

Ese debería ser el examen al terminar el mandato:

No cuántas veces dijeron vivienda, sino cuántas viviendas hicieron. No cuánto suelo anunciaron, sino cuántos hogares levantaron. No cuántos planes presentaron, sino cuántas familias recibieron una solución.

Después de cuatro años de mandato, presupuesto, estructura administrativa y capacidad política, un gobierno ya no debería pedir que se le juzgue por sus intenciones, sino aceptar que se le juzgue por sus resultados.

Porque gobernar significa convertir el poder recibido en mejoras comprobables para los ciudadanos. Y en una Asturias donde acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales, el éxito de una política de vivienda no estará en el próximo titular ni en la próxima promesa. Estará en la llave que un vecino pueda meter, por fin, en la cerradura de su casa.

Epílogo: los faraones del urbanismo inútil

Hay gobiernos municipales que parecen querer dejar su huella en el territorio antes que solucionar los problemas de quienes lo habitan. Grandes planes, recalificaciones, promociones, titulares y proyectos, mientras la vivienda asequible continúa esperando. En los casos analizados, el contraste es difícil de ignorar: en Gijón siguen pendientes las llaves prometidas mientras avanzan grandes desarrollos privados; en Llanes, después de años de gobierno de VecinosxLlanes y PP, la pregunta sigue siendo cuánta nueva vivienda pública se ha convertido realmente en hogares.

Son los faraones del urbanismo inútil: administraciones capaces de levantar pirámides de expedientes, anuncios y promesas, pero mucho menos eficaces cuando llega el momento de colocar una llave en la mano de quien necesita una vivienda.

Porque una ciudad no se gobierna para contemplarla desde el despacho ni para dejar monumentos políticos sobre el plano. Se gobierna para que la gente pueda vivir en ella. Y cuando después de años en el poder abundan los proyectos pero escasean los resultados, la pregunta ya no es qué prometieron construir, sino qué han construido para mejorar realmente la vida de sus vecinos.

Al final, el urbanismo deja una prueba que ningún relato puede esconder: el plano admite promesas; una cerradura, no. O hay una llave para abrirla, o sigue sin haberla.

Ya lo dijo Thomas Sowell: «La primera lección de la economía es la escasez: nunca hay suficiente de nada para satisfacer plenamente a todos los que lo desean. La primera lección de la política es ignorar la primera lección de la economía.»