El pleno celebrado hoy en el Ayuntamiento de Llanes para aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025 ha vuelto a poner sobre la mesa dos formas muy diferentes de interpretar la situación económica municipal. Por un lado, el equipo de gobierno formado por el partido fascista, VecinosxLlanes y su coaligado de la derecha extrema, Partido Popular, ha defendido su gestión recurriendo nuevamente al saneamiento de las cuentas, al dinero existente en tesorería y a unas cifras de inversión que el alcalde fascista, Enrique Riestra, llegó a calificar como “nunca antes vistas”. Por otro, la oposición socialista ha centrado el debate en algo mucho más concreto: cuánto dinero se presupuestó realmente para invertir durante 2025 y cuánto terminó ejecutándose. Y es precisamente cuando se abandona el terreno de los anuncios políticos y se entra en los datos de la liquidación presupuestaria es cuando ese relato triunfalista comienza a presentar bastantes más grietas.
La cifra fundamental para comprender lo ocurrido durante 2025 es suficientemente contundente por sí misma. De aproximadamente 14 millones de euros destinados a inversiones, solamente se ejecutaron 3,69 millones, lo que supone un grado de ejecución del 26,36%. Dicho de una manera mucho más sencilla: prácticamente tres de cada cuatro euros previstos para inversiones no llegaron a ejecutarse durante el ejercicio. Más de diez millones de euros quedaron pendientes. Y este dato resulta especialmente relevante porque no estamos hablando de una previsión realizada por la oposición, sino del resultado que ofrece la propia ejecución presupuestaria una vez finalizado el año. Las obligaciones reconocidas del Ayuntamiento alcanzaron aproximadamente los 24,6 millones de euros frente a un presupuesto definitivo cercano a los 37,3 millones, dejando la ejecución global alrededor del 66 %, pero con un comportamiento especialmente pobre precisamente en el apartado que más directamente debería traducirse en actuaciones visibles para los vecinos: la inversión.
Aquí aparece una de las principales medias verdades utilizadas por el gobierno municipal: confundir disponer de dinero con gestionar eficazmente ese dinero. Nadie puede discutir que es positivo que un Ayuntamiento tenga liquidez, pueda afrontar sus pagos y mantenga una situación financiera solvente. El problema aparece cuando esa disponibilidad económica se utiliza como argumento político para presumir de gestión mientras una parte considerable de las inversiones aprobadas queda año tras año pendiente de ejecución. Un Ayuntamiento no recauda impuestos y administra recursos públicos con la finalidad principal de acumular millones de euros en sus cuentas bancarias. Esos recursos existen para prestar servicios, mantener infraestructuras, solucionar problemas y ejecutar las actuaciones que el propio gobierno incorpora a sus presupuestos. Por eso, tener dinero disponible es positivo; tenerlo y no ser capaz de transformar buena parte de él en las inversiones previamente comprometidas es una cuestión completamente diferente.
Conviene recordar, además, cómo se presentó el presupuesto de 2025 cuando fue aprobado. El propio gobierno municipal fascista lo describió como un presupuesto especialmente ambicioso, con una previsión inicial situada alrededor de los 22,3 millones de euros y con la posibilidad de alcanzar aproximadamente los 32,2 millones después de incorporar remanentes destinados a proyectos como el Cinemar, la macrotraída, las actuaciones del programa DUS o el Plan de Sostenibilidad Turística. Es decir, durante la presentación presupuestaria se utilizaron todas esas cantidades para transmitir la imagen de una extraordinaria capacidad inversora. Sin embargo, una vez terminado el ejercicio, la fotografía es muy distinta. Y aquí conviene establecer una diferencia elemental que con demasiada frecuencia desaparece de los discursos políticos: presupuestar no es ejecutar, anunciar no es ejecutar, licitar tampoco es ejecutar y adjudicar una obra no significa que esa inversión ya esté realizada.
Esta distinción resulta particularmente importante después de escuchar hoy al fascista Enrique Riestra defender que durante los primeros nueve meses de 2026 se han ejecutado más de tres millones de euros en inversiones y que, además, existen otros seis millones correspondientes a obras ya adjudicadas que se ejecutarán próximamente. Incluso aceptando esas cifras exactamente como las expone el alcalde facha, hay un problema evidente: el pleno de hoy estaba aprobando la Cuenta General de 2025, no la de 2026. Las inversiones realizadas durante este año podrán servir para valorar la gestión presupuestaria de 2026 cuando llegue el momento de liquidar ese ejercicio, pero no pueden utilizarse para modificar retrospectivamente lo que ocurrió en 2025. Si en 2025 solamente se ejecutó el 26,36% de las inversiones previstas, anunciar en septiembre de 2026 contratos adjudicados o actuaciones futuras no convierte automáticamente aquellas inversiones no ejecutadas en inversiones realizadas dentro del ejercicio que ahora se somete a examen.
La discusión sobre el supuesto superávit de 1,5 millones de euros merece igualmente una explicación mucho más completa de la que habitualmente se ofrece. Según las cifras utilizadas durante el pleno por el portavoz socialista, las obligaciones reconocidas ascendieron aproximadamente a 24,645 millones de euros, mientras los derechos reconocidos netos quedaron ligeramente por encima de los 24 millones. La diferencia simple entre ambas cantidades arrojaría un resultado negativo cercano a los 638.500 euros. Ahora bien, sería incorrecto concluir únicamente a partir de esa resta que necesariamente es falso el superávit anunciado por el alcalde, porque técnicamente el resultado presupuestario de una administración incorpora posteriormente determinados ajustes relacionados, entre otras cuestiones, con desviaciones de financiación o gastos financiados mediante remanentes de tesorería. Precisamente por eso, lo que debería hacer el gobierno municipal fascista es explicar de forma clara y comprensible qué ajustes permiten pasar de esa diferencia inicial negativa al resultado positivo de aproximadamente 1,5 millones del que presume políticamente.
La cuestión fundamental, por tanto, no consiste en afirmar alegremente que ese superávit no existe, sino en preguntarse qué representa exactamente y, sobre todo, qué demuestra acerca de la gestión municipal. Porque un Ayuntamiento puede presentar simultáneamente un resultado presupuestario ajustado positivo, disponer de millones de euros en tesorería y haber ejecutado solamente una cuarta parte de sus inversiones previstas. Esas circunstancias no son incompatibles. De hecho, precisamente por eso resulta engañoso utilizar una única magnitud contable favorable para transmitir la impresión de que toda la gestión económica ha sido extraordinaria. El dinero que permanece sin gastar puede contribuir a mejorar determinados indicadores financieros, pero ese dinero no arregla caminos, no renueva redes de abastecimiento, no rehabilita edificios, no construye equipamientos y no presta por sí mismo ningún servicio a los ciudadanos.
Algo parecido sucede con los 9,779 millones de euros que, según los datos expuestos durante el pleno, permanecían depositados en entidades bancarias.
El alcalde fascista tiene razón cuando afirma que disponer de fondos en tesorería no es algo negativo. Naturalmente que no lo es. Lo que resulta cuestionable es presentar esa acumulación de recursos como prueba suficiente de una magnífica gestión sin relacionarla con el grado de cumplimiento de aquello que el propio Ayuntamiento había prometido ejecutar y que recoge la Ley de Bases de Regimen Local en su artículo 25. Si existen millones de euros disponibles mientras simultáneamente quedan más de diez millones de inversiones presupuestadas sin ejecutar, la pregunta razonable no es por qué existe dinero en el banco, sino por qué una administración que aparentemente dispone de recursos económicos suficientes no consigue transformar una parte mucho mayor de esos recursos en las actuaciones que previamente había presupuestado.
Por eso resulta necesario separar dos conceptos que el discurso político mezcla interesadamente: solvencia y capacidad de ejecución. Un gobierno municipal puede ser solvente y al mismo tiempo tener dificultades para ejecutar sus inversiones. Puede disponer de tesorería y presentar retrasos administrativos. Puede tener recursos suficientes y no conseguir sacar adelante proyectos dentro del ejercicio presupuestario correspondiente. Reconocer esa realidad no significa negar la buena situación financiera de las arcas municipales; significa simplemente evaluar la gestión con todos los datos y no únicamente con aquellos que permiten construir un titular favorable. La verdadera excelencia sería combinar unas cuentas saneadas con un elevado cumplimiento de las inversiones previstas. Presumir únicamente de la primera mientras la segunda se queda en un 26,36 % ofrece una fotografía deliberadamente incompleta.
LA DEUDA DE 2015: UNA CIFRA REAL CONVERTIDA EN COMODÍN POLÍTICO
El fascista Riestra volvió también a utilizar durante el pleno uno de los argumentos que lleva repitiendo prácticamente desde su llegada a la Alcaldía hace más de 11 años: que cuando accedió al gobierno municipal en 2015 se encontró aproximadamente 7,5 millones de euros de deuda, acompañados de una amortización anual cercana a los 900.000 euros. En este punto conviene ser rigurosos porque la cifra de la deuda no es inventada. Un informe de la Tesorería municipal situaba la deuda a 30 de junio de 2015 en 7.397.058,93 euros, una cantidad que incluso fue difundida posteriormente por el propio Ayuntamiento. Por tanto, negar que aquella deuda existía sería tan incorrecto como negar ahora los datos de ejecución presupuestaria de 2025.
Lo mucho más discutible es la frase añadida hoy por el alcalde asegurando que “ni yo, ni ningún llanisco sabríamos decir de qué era” aquella deuda. Las obligaciones financieras de un Ayuntamiento no aparecen misteriosamente sin documentación. Los préstamos municipales están vinculados a expedientes, presupuestos, operaciones financieras y registros contables que permiten conocer su origen, finalidad y evolución. De hecho, resulta contradictorio afirmar que nadie podía saber de qué procedía aquella deuda mientras simultáneamente el propio gobierno municipal ha utilizado durante años informes de Tesorería para cuantificarla hasta el último céntimo y el Partido Popular relaciona ahora parte de aquella situación financiera con actuaciones concretas, como el proyecto del Auditorio del Sablón. O no se sabía de dónde procedía la deuda o sí se conocían las actuaciones relacionadas con ella; mantener simultáneamente ambas afirmaciones resulta difícil de sostener.
Pero existe una cuestión todavía más importante. El facha Riestra llegó a la Alcaldía de Llanes en junio de 2015 y estamos en septiembre de 2026. Han transcurrido más de once años desde aquel cambio de gobierno. La Cuenta General aprobada hoy corresponde a 2025, después de una década completa de gobiernos encabezados por el propio Riestra. Resulta razonable explicar cuál era la situación económica encontrada al inicio de un mandato y también comparar diferentes modelos de gestión, pero después de once años gobernando empieza a resultar difícil utilizar permanentemente lo sucedido antes de 2015 como respuesta cuando se cuestionan los resultados actuales. La ejecución presupuestaria de 2025 no pertenece al PSOE, ni al gobierno existente hace quince años, ni al proyecto del Auditorio del Sablón. Pertenece al gobierno que elaboró, gestionó y liquidó el presupuesto de 2025… El “momio” fascista que hoy gobierna el Ayuntamiento de Llanes.
CUANDO LA DEUDA ERA MALA Y CUANDO LA DEUDA PASÓ A SER NECESARIA
También resulta llamativa la evolución del discurso municipal alrededor del endeudamiento. Durante años, VecinosxLlanes utilizó la reducción de deuda como una de las principales demostraciones de su buena gestión económica y contrapuso continuamente aquella política con la situación heredada en 2015. Incluso se llegó a destacar públicamente que determinadas inversiones podían realizarse sin necesidad de acudir a créditos bancarios. Sin embargo, cuando las necesidades de inversión cambiaron, el Ayuntamiento decidió volver a recurrir al endeudamiento y en 2024 se aprobó una operación de crédito de 5,72 millones de euros destinada a financiar inversiones relacionadas principalmente con el Cinemar y la macrotraída.
No existe necesariamente ninguna contradicción económica en esa decisión. Endeudarse para financiar una infraestructura útil y sostenible puede ser perfectamente razonable, especialmente cuando la situación financiera permite asumir las correspondientes obligaciones. La contradicción es política y aparece cuando la deuda se presenta como prueba de mala gestión si pertenece al gobierno anterior, pero como una herramienta perfectamente legítima cuando la contrata el gobierno actual. El criterio debería ser exactamente el mismo en ambos casos. Una deuda pública no es buena o mala dependiendo de las siglas del alcalde que firma la operación; debe analizarse atendiendo a cuánto dinero se pidió, qué finalidad tenía, qué condiciones financieras se pactaron, qué capacidad de devolución existía y qué bienes, servicios o infraestructuras se obtuvieron a cambio.
Y precisamente ese es el argumento que ahora utiliza el facha Riestra cuando afirma que los llaniscos podrán saber exactamente a qué corresponde cada euro de la deuda actual. Perfecto. Ese debe ser el criterio. Pero entonces debe aplicarse también retrospectivamente y sin simplificaciones interesadas. Si hoy se considera razonable endeudarse para comprar el Cinemar, ejecutar la macrotraída o financiar determinadas actuaciones municipales, no puede sostenerse simultáneamente que la mera existencia de deuda en 2015 constituía por sí misma la demostración definitiva de una mala gestión. Lo importante no es solamente que exista deuda, sino conocer para qué se utilizó y qué consecuencias produjo.
LA MACROTRAÍDA Y LA RESPONSABILIDAD DEL PRINCIPADO
El portavoz del Partido Popular, Juan Carlos Armas (la mentira andante), volvió a introducir durante el debate la responsabilidad del Principado de Asturias en la renovación de la macrotraída, reprochando al Gobierno autonómico no haber acometido los 17 kilómetros comprometidos y defendiendo que esta falta de actuación obliga al Ayuntamiento de Llanes a asumir directamente inversiones y financiación para resolver el problema. Es perfectamente legítimo reclamar al Principado que cumpla todos los compromisos que haya adquirido respecto a esta infraestructura y exigirle que ejecute las actuaciones que sean de su competencia, pero Armas omite una parte fundamental del debate: el abastecimiento de agua potable es también una competencia propia del municipio establecida expresamente por la legislación básica de régimen local. En concreto, el artículo 25.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone que el municipio ejercerá como competencia propia, en los términos establecidos por la legislación estatal y autonómica, el “abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales”. Y la propia ley va todavía más lejos: su artículo 26.1.a establece el abastecimiento domiciliario de agua potable como uno de los servicios que todos los municipios deben prestar obligatoriamente, con independencia de su población. La norma puede consultarse directamente en el texto consolidado de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local publicado por el BOE.
Por eso, presentar cualquier inversión municipal relacionada con la garantía del abastecimiento como si se tratase simplemente de una carga ajena que el Ayuntamiento se ve obligado a asumir por culpa del Principado constituye, como mínimo, una explicación incompleta de las responsabilidades existentes. Otra cuestión diferente es que el Gobierno asturiano haya adquirido compromisos concretos para renovar determinados tramos de la macrotraída y que deba exigírsele su cumplimiento; ambas responsabilidades pueden coexistir y una no elimina automáticamente la otra. De hecho, tampoco es cierto transmitir la impresión de que el Principado se haya desentendido completamente de esta infraestructura, pues el Gobierno de Asturias anunció en 2025 la finalización de la renovación del tramo entre Rales y Santo Toribio, con una inversión de 353.832 euros, además de otras actuaciones hidráulicas realizadas en el concejo. Por mucho que Armas recurra una vez más a embarrar el debate mintiendo a los llaniscos al trasladar toda la responsabilidad hacia otra Administración, la legislación es bastante más incómoda para ese relato: el abastecimiento de agua potable constituye una competencia propia municipal y, además, un servicio de prestación obligatoria para todos los ayuntamientos. Reclamar al Principado aquello que le corresponda, sí; utilizarlo como coartada para hacer desaparecer las obligaciones del propio Ayuntamiento de Llanes, no.
Los propios antecedentes públicos demuestran una realidad bastante más matizada. La renovación de esos 17 kilómetros figuraba en la planificación autonómica y el Gobierno asturiano ha realizado actuaciones sobre la macrotraída. En julio de 2025, por ejemplo, el Principado anunció la finalización de la renovación del tramo comprendido entre Rales y Santo Toribio después de una inversión de 353.832 euros, financiada mediante fondos europeos Next Generation, actuación que permitió sustituir cerca de medio kilómetro de antiguas conducciones de fibrocemento. A ello se suman otras inversiones hidráulicas autonómicas realizadas en el concejo, entre ellas actuaciones en colectores y redes vinculadas al saneamiento y abastecimiento.
Por tanto, el reproche político puede formularse, pero debe formularse correctamente. El Principado no ha ejecutado todavía la renovación integral de los 17 kilómetros reclamada por Llanes, pero eso no equivale a decir que no haya realizado actuaciones ni aportado recursos económicos a las infraestructuras hidráulicas del concejo. El problema vuelve a ser el mismo que encontramos durante todo el debate presupuestario: seleccionar únicamente la parte de la realidad que favorece el relato propio y silenciar aquella que obliga a introducir matices. Y las medias verdades, aunque contengan una parte cierta, siguen proporcionando a los ciudadanos una visión incompleta de lo sucedido.
EL AUDITORIO DEL SABLÓN, ONCE AÑOS DESPUÉS
Juan Carlos Armas recuperó igualmente durante el pleno el fallido proyecto del Auditorio de El Sablón, recordando los aproximadamente 2,4 millones de euros gastados en su redacción y utilizándolo para explicar parte de la herencia económica de anteriores gobiernos socialistas. Nadie debería tener inconveniente en analizar aquel proyecto, cuestionar su coste, estudiar las decisiones adoptadas y exigir las correspondientes responsabilidades políticas por cualquier gasto público que se considere injustificado o mal gestionado. La transparencia debe servir para todos los gobiernos y para todas las épocas, no únicamente para las cuentas que resultan políticamente cómodas.
Pero utilizar permanentemente el Auditorio del Sablón para responder a preguntas sobre la gestión actual tiene un límite evidente. El facha Riestra gobierna Llanes desde 2015. Han pasado más de once años. Después de ese tiempo, resulta difícil explicar una ejecución inversora del 26,36% en 2025 recurriendo a un proyecto impulsado muchos años antes. El Auditorio podrá servir para juzgar la gestión de quienes tomaron aquellas decisiones, pero no explica por qué el gobierno actual incorporó aproximadamente 14 millones de euros de inversión a su presupuesto y terminó ejecutando 3,69 millones. Cada gobierno debe responder por aquello que presupuestó, gestionó y ejecutó durante su mandato.
LOS RÉCORDS DE INVERSIÓN DEBEN DEMOSTRARSE, NO PROCLAMARSE
También merece especial atención la afirmación del facha Riestra sobre unas inversiones “nunca antes vistas” y su comparación con los últimos gobiernos socialistas, asegurando que las cantidades actuales multiplican varias veces las inversiones de aquellos ejercicios. Una afirmación de esta naturaleza debería venir acompañada de una serie histórica completa y homogénea que permita realizar una comparación real. No basta con escoger determinados ejercicios, mezclar inversiones ejecutadas con contratos adjudicados o sumar proyectos que todavía se encuentran pendientes de materialización. Si se pretende demostrar que estamos ante el mayor esfuerzo inversor de la historia reciente del Ayuntamiento, deberían publicarse de manera sencilla las inversiones presupuestadas y efectivamente ejecutadas año por año durante un periodo suficientemente amplio.
Porque precisamente para eso existen las liquidaciones presupuestarias. Son las que permiten distinguir cuánto dinero se anunció al aprobar el presupuesto y cuánto terminó convirtiéndose realmente en obligaciones reconocidas.. Si el gobierno municipal considera que está batiendo récords, no debería existir ningún inconveniente en publicar una tabla histórica completa que permita comprobarlo.
Y mientras esa comparación homogénea no se presente, la Cuenta General de 2025 deja sobre la mesa un dato mucho más concreto y difícil de adornar: aproximadamente 14 millones de euros disponibles para inversiones, 3,69 millones ejecutados, un 26,36% de ejecución y más de diez millones pendientes de ejecutar. Esas son las cifras que deberían ocupar el centro del debate sobre las cuentas correspondientes a ese ejercicio, en lugar de trasladar continuamente la discusión hacia inversiones de 2026, deudas de 2015 o proyectos municipales de hace más de una década con el fin de llenar de barro y fango el debate.
APROBAR LA CUENTA GENERAL NO SIGNIFICA APROBAR LA GESTIÓN
Finalmente, conviene aclarar otra cuestión que puede perderse fácilmente entre titulares políticos. La Cuenta General salió adelante con los nueve votos del partido fascista, VecinosxLlanes y su sicario del Partido Popular, frente a los siete votos contrarios de los concejales socialistas presentes. Pero aprobar una Cuenta General no equivale a certificar que la gestión económica haya sido excelente ni convierte automáticamente todas las decisiones adoptadas durante el ejercicio en acertadas. La Cuenta General constituye fundamentalmente el instrumento mediante el cual se reúnen, presentan y someten a fiscalización las cuentas de la entidad correspondientes al ejercicio económico terminado. Y son precisamente esos documentos los que posteriormente permiten valorar políticamente cómo se administraron los recursos.
Por eso resulta perfectamente compatible reconocer que el Ayuntamiento de Llanes mantiene una situación financiera solvente y, al mismo tiempo, cuestionar seriamente su capacidad para ejecutar las inversiones que incorpora a sus presupuestos. No se trata de negar aquello que funciona, sino de impedir que los datos favorables se utilicen para ocultar aquellos que resultan incómodos. Una buena tesorería no hace desaparecer una baja ejecución inversora. Un resultado presupuestario ajustado positivo no convierte automáticamente en ejecutadas las inversiones pendientes. Y las obras adjudicadas en 2026 no modifican las cifras con las que terminó el ejercicio 2025.
Después de todo lo escuchado hoy, queda por tanto una conclusión bastante sencilla. VecinosxLlanes y Partido Popular pueden hablar de saneamiento financiero, pueden reivindicar el dinero existente en tesorería, pueden recordar la deuda encontrada en 2015, pueden reprochar al Principado la parte todavía pendiente de la macrotraída y pueden anunciar millones de euros en obras que se ejecutarán durante los próximos meses. Algunas de esas afirmaciones contienen datos ciertos y otras necesitan importantes matizaciones. Pero ninguna de ellas modifica la cifra esencial que deja la Cuenta General de 2025: el Ayuntamiento ejecutó solamente el 26,36% de las inversiones previstas para aquel ejercicio.
Ese debería ser el punto central de cualquier análisis serio sobre las cuentas municipales. Después de más de once años del fascista Enrique Riestra al frente del Ayuntamiento de Llanes, ya no resulta suficiente explicar la gestión actual recurriendo constantemente a lo ocurrido antes de 2015. Las cuentas de 2025 son responsabilidad del gobierno de 2025. Y cuando un gobierno dispone de recursos, anuncia presupuestos históricamente ambiciosos y finalmente deja más de diez millones de euros de inversión sin ejecutar, la pregunta que corresponde responder no es cuánto dinero consiguió acumular en el banco, sino por qué no fue capaz de convertir una parte mucho mayor de ese dinero en actuaciones reales para Llanes y sus vecinos.
Porque al final la gestión municipal no debería medirse por la cantidad de millones que aparecen en una rueda de prensa, en una adjudicación o en una previsión presupuestaria. Debe medirse por aquello que efectivamente se ejecuta. Y frente a cualquier relato político, por grandilocuente que sea, las cuentas terminan dejando constancia de lo que realmente ocurrió.
La macrotraída: lo que Juan Carlos Armas olvida contar
El portavoz del Partido Popular, Juan Carlos Armas, volvió a introducir durante el debate la responsabilidad del Principado de Asturias en la renovación de la macrotraída, reprochando al Gobierno autonómico no haber acometido los 17 kilómetros comprometidos y presentando las inversiones que ahora afronta el Ayuntamiento como una consecuencia prácticamente inevitable del incumplimiento autonómico. Es perfectamente legítimo reclamar al Principado que cumpla íntegramente aquello a lo que se haya comprometido y exigirle que ejecute con la máxima rapidez las actuaciones que le correspondan. Lo que ya no resulta aceptable es utilizar ese compromiso para construir un relato en el que el Ayuntamiento aparece casi como una víctima ajena al problema del abastecimiento de agua, porque la legislación y la propia trayectoria política de Juan Carlos Armas cuentan una historia bastante diferente.
Para empezar, existe una responsabilidad municipal que Armas conoce perfectamente. El artículo 25.2.c de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye al municipio como competencia propia el abastecimiento de agua potable a domicilio, mientras que el artículo 26.1.a establece el abastecimiento domiciliario de agua potable como servicio obligatorio en todos los municipios, cualquiera que sea su población. Naturalmente, eso no significa que el Principado quede liberado de los compromisos concretos que haya adquirido para financiar o ejecutar la renovación de la macrotraída, pero sí desmonta cualquier intento de presentar el abastecimiento de Llanes como un problema exclusivamente autonómico. El Ayuntamiento tiene responsabilidades legales propias y el Principado puede tener, al mismo tiempo, compromisos de financiación y ejecución. Una cosa no borra la otra.
Pero en el caso de Juan Carlos Armas existe además una circunstancia que hace especialmente llamativo su intento de trasladar ahora el foco hacia Oviedo: él no ha sido durante estos años un simple espectador del problema de la macrotraída. Armas entró en el gobierno municipal en 2015 y asumió responsabilidades precisamente en Obras y Medio Ambiente, figurando entre sus competencias municipales la gestión de los servicios básicos de agua y saneamiento. Por tanto, cuando habla de la situación de la macrotraída no está opinando únicamente como portavoz actual del Partido Popular; está hablando también quien tuvo responsabilidades directas durante años sobre uno de los servicios municipales afectados.
Y aquí aparece una pregunta que Armas debería contestar antes de repartir responsabilidades exclusivamente hacia otras administraciones: ¿qué hizo el Ayuntamiento durante todos aquellos años en los que él tuvo responsabilidades sobre Obras, agua y saneamiento para anticiparse al deterioro de una conducción cuya fragilidad era conocida? En 2023 la oposición socialista llegó a reclamar su cese precisamente después de hacerse públicos informes de Asturagua sobre el estado de la macrotraída y el riesgo que sus deficiencias podían representar para el abastecimiento. Aquella fue una acusación política de la oposición y como tal debe tratarse, pero existe una cuestión objetiva que permanece: Armas llevaba años ocupando responsabilidades municipales directamente relacionadas con ese servicio. Por eso resulta demasiado cómodo descubrir ahora que toda la explicación del problema se encuentra en el Principado.
Hay además un antecedente todavía más revelador. En 2021 fue el propio Ayuntamiento de Llanes, con Juan Carlos Armas como concejal de Obras, quien destinó 110.114,68 euros a renovar aproximadamente 450 metros de la macrotraída entre la minicentral del río Bedón y Rales. El Ayuntamiento sustituyó entonces la antigua conducción de fibrocemento por otra de fundición y modificó parte de su trazado. Es decir, el mismo gobierno municipal que ahora presenta sus inversiones en la macrotraída como consecuencia del incumplimiento de otra Administración ya reconocía con sus propios actos que tenía que intervenir directamente sobre una infraestructura esencial para garantizar el abastecimiento.
Pero probablemente la contradicción más difícil de explicar sea todavía más reciente. El 11 de diciembre de 2024 el propio Ayuntamiento de Llanes anunció oficialmente el comienzo de las obras de renovación del tramo II de la macrotraída entre Puente Nuevo y la arqueta de Santo Toribio, unas obras asumidas por la Consejería de Transición Ecológica del Principado con un presupuesto de 353.832,47 euros. ¿Y quién estuvo presente en aquel acto? El propio Juan Carlos Armas, entonces alcalde en funciones. Resulta cuando menos sorprendente que quien estuvo físicamente presente en el inicio de una actuación autonómica sobre la macrotraída contribuya ahora a un discurso político que puede dejar entre los ciudadanos la impresión de que el Principado simplemente prometió 17 kilómetros, desapareció y obligó al Ayuntamiento a hacerlo todo por su cuenta.
La realidad es bastante menos conveniente para ese relato. El Principado no ha completado los 17 kilómetros comprometidos y debe exigírsele que cumpla; pero también ha invertido dinero y ejecutado actuaciones sobre la macrotraída. Y el Ayuntamiento, por su parte, tiene competencias propias en abastecimiento de agua y lleva años interviniendo directamente sobre la conducción. Por tanto, aquí no existe esa sencilla película de buenos y malos que Armas pretende trasladar al debate municipal. Existen competencias municipales, compromisos autonómicos, inversiones de ambas administraciones y una infraestructura que lleva demasiados años esperando una solución integral.
Y existe finalmente una responsabilidad política imposible de trasladar al Principado: Juan Carlos Armas forma parte del gobierno municipal desde 2015 y durante buena parte de ese periodo tuvo precisamente responsabilidades sobre Obras, agua y saneamiento. Después de más de una década en el gobierno resulta difícil presentarse únicamente como el concejal que reclama soluciones a los demás. Quien ha tenido competencias durante tantos años también tiene que explicar qué planificación realizó, qué decisiones tomó, qué actuaciones impulsó y por qué una infraestructura esencial para el abastecimiento llegó a presentar los problemas que posteriormente obligaron a adoptar actuaciones de emergencia y nuevas inversiones.
Reclamar al Principado los kilómetros que todavía tiene pendientes es legítimo y necesario. Utilizar ese incumplimiento como cortina de humo para difuminar más de una década de responsabilidades municipales ya es otra cosa. Porque el abastecimiento de agua potable no apareció ayer entre las obligaciones del Ayuntamiento, ni Juan Carlos Armas acaba de llegar al gobierno municipal. Lleva en él desde 2015 y durante años tuvo precisamente entre sus responsabilidades los servicios de agua y saneamiento. Antes de señalar permanentemente hacia Oviedo, quizá debería empezar por explicar qué se hizo desde la Plaza de Santa Ana durante todo ese tiempo… Aparte de cobrar del erario público una cantidad que ni en su mejores sueños se hubiera imaginado.
La macrotraída: lo que Juan Carlos Armas olvida contar
El portavoz del Partido Popular, Juan Carlos Armas, volvió a introducir durante el debate la responsabilidad del Principado de Asturias en la renovación de la macrotraída, reprochando al Gobierno autonómico no haber acometido los 17 kilómetros comprometidos y presentando las inversiones que ahora afronta el Ayuntamiento como una consecuencia prácticamente inevitable del incumplimiento autonómico. Es perfectamente legítimo reclamar al Principado que cumpla íntegramente aquello a lo que se haya comprometido y exigirle que ejecute con la máxima rapidez las actuaciones que le correspondan. Lo que ya no resulta aceptable es utilizar ese compromiso para construir un relato en el que el Ayuntamiento aparece casi como una víctima ajena al problema del abastecimiento de agua, porque la legislación y la propia trayectoria política de Juan Carlos Armas cuentan una historia bastante diferente.
Para empezar, existe una responsabilidad municipal que Armas conoce perfectamente. El artículo 25.2.c de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye al municipio como competencia propia el abastecimiento de agua potable a domicilio, mientras que el artículo 26.1.a establece el abastecimiento domiciliario de agua potable como servicio obligatorio en todos los municipios, cualquiera que sea su población. Naturalmente, eso no significa que el Principado quede liberado de los compromisos concretos que haya adquirido para financiar o ejecutar la renovación de la macrotraída, pero sí desmonta cualquier intento de presentar el abastecimiento de Llanes como un problema exclusivamente autonómico. El Ayuntamiento tiene responsabilidades legales propias y el Principado puede tener, al mismo tiempo, compromisos de financiación y ejecución. Una cosa no borra la otra.
Pero en el caso de Juan Carlos Armas existe además una circunstancia que hace especialmente llamativo su intento de trasladar ahora el foco hacia Oviedo: él no ha sido durante estos años un simple espectador del problema de la macrotraída. Armas entró en el gobierno municipal en 2015 y asumió responsabilidades precisamente en Obras y Medio Ambiente, figurando entre sus competencias municipales la gestión de los servicios básicos de agua y saneamiento. Por tanto, cuando habla de la situación de la macrotraída no está opinando únicamente como portavoz actual del Partido Popular; está hablando también quien tuvo responsabilidades directas durante años sobre uno de los servicios municipales afectados.
Y aquí aparece una pregunta que Armas debería contestar antes de repartir responsabilidades exclusivamente hacia otras administraciones: ¿qué hizo el Ayuntamiento durante todos aquellos años en los que él tuvo responsabilidades sobre Obras, agua y saneamiento para anticiparse al deterioro de una conducción cuya fragilidad era conocida? En 2023 la oposición socialista llegó a reclamar su cese precisamente después de hacerse públicos informes de Asturagua sobre el estado de la macrotraída y el riesgo que sus deficiencias podían representar para el abastecimiento. Aquella fue una acusación política de la oposición y como tal debe tratarse, pero existe una cuestión objetiva que permanece: Armas llevaba años ocupando responsabilidades municipales directamente relacionadas con ese servicio. Por eso resulta demasiado cómodo descubrir ahora que toda la explicación del problema se encuentra en el Principado.
Hay además un antecedente todavía más revelador. En 2021 fue el propio Ayuntamiento de Llanes, con Juan Carlos Armas como concejal de Obras, quien destinó 110.114,68 euros a renovar aproximadamente 450 metros de la macrotraída entre la minicentral del río Bedón y Rales. El Ayuntamiento sustituyó entonces la antigua conducción de fibrocemento por otra de fundición y modificó parte de su trazado. Es decir, el mismo gobierno municipal que ahora presenta sus inversiones en la macrotraída como consecuencia del incumplimiento de otra Administración ya reconocía con sus propios actos que tenía que intervenir directamente sobre una infraestructura esencial para garantizar el abastecimiento.
Pero probablemente la contradicción más difícil de explicar sea todavía más reciente. El 11 de diciembre de 2024 el propio Ayuntamiento de Llanes anunció oficialmente el comienzo de las obras de renovación del tramo II de la macrotraída entre Puente Nuevo y la arqueta de Santo Toribio, unas obras asumidas por la Consejería de Transición Ecológica del Principado con un presupuesto de 353.832,47 euros. ¿Y quién estuvo presente en aquel acto? El propio Juan Carlos Armas, entonces alcalde en funciones. Resulta cuando menos sorprendente que quien estuvo físicamente presente en el inicio de una actuación autonómica sobre la macrotraída contribuya ahora a un discurso político que puede dejar entre los ciudadanos la impresión de que el Principado simplemente prometió 17 kilómetros, desapareció y obligó al Ayuntamiento a hacerlo todo por su cuenta.
La realidad es bastante menos conveniente para ese relato. El Principado no ha completado los 17 kilómetros comprometidos y debe exigírsele que cumpla; pero también ha invertido dinero y ejecutado actuaciones sobre la macrotraída. Y el Ayuntamiento, por su parte, tiene competencias propias en abastecimiento de agua y lleva años interviniendo directamente sobre la conducción. Por tanto, aquí no existe esa sencilla película de buenos y malos que Armas pretende trasladar al debate municipal. Existen competencias municipales, compromisos autonómicos, inversiones de ambas administraciones y una infraestructura que lleva demasiados años esperando una solución integral.
Y existe finalmente una responsabilidad política imposible de trasladar al Principado: Juan Carlos Armas forma parte del gobierno municipal desde 2015 y durante buena parte de ese periodo tuvo precisamente responsabilidades sobre Obras, agua y saneamiento. Después de más de una década en el gobierno resulta difícil presentarse únicamente como el concejal que reclama soluciones a los demás. Quien ha tenido competencias durante tantos años también tiene que explicar qué planificación realizó, qué decisiones tomó, qué actuaciones impulsó y por qué una infraestructura esencial para el abastecimiento llegó a presentar los problemas que posteriormente obligaron a adoptar actuaciones de emergencia y nuevas inversiones.
Reclamar al Principado los kilómetros que todavía tiene pendientes es legítimo y necesario. Utilizar ese incumplimiento como cortina de humo para difuminar más de una década de responsabilidades municipales ya es otra cosa. Porque el abastecimiento de agua potable no apareció ayer entre las obligaciones del Ayuntamiento, ni Juan Carlos Armas acaba de llegar al gobierno municipal. Lleva en él desde 2015 y durante años tuvo precisamente entre sus responsabilidades los servicios de agua y saneamiento. Antes de señalar permanentemente hacia Oviedo, quizá debería empezar por explicar qué se hizo desde la Plaza de Santa Ana durante todo ese tiempo… Aparte de cobrar del erario público una cantidad que ni en su mejores sueños se hubiera imaginado.
EPÍLOGO: LOS NÚMEROS NO ENTIENDEN DE PROPAGANDA
Al final, después de discursos, culpables heredados, promesas pendientes y obras que algún día se ejecutarán, queda algo mucho más difícil de maquillar: los números. Y los de 2025 dicen que el Ayuntamiento de Llanes disponía de recursos, presupuestó millones en inversiones y terminó ejecutando solamente una pequeña parte de ellas. Todo lo demás puede envolverse en propaganda, buscar responsables en Oviedo o retroceder once años para hablar de quienes gobernaban antes, pero ningún relato político convierte en ejecutado lo que quedó sin ejecutar.
VecinosxLlanes y Partido Popular llevan tiempo suficiente desgobernando el municipio de Llanes como para responder por sus propias decisiones sin recurrir permanentemente al pasado o a otras administraciones. Gobernar también significa asumir responsabilidades, especialmente cuando se han tenido durante años las competencias, el presupuesto y los recursos necesarios para hacerlo.
Y quizá esa sea la conclusión más sencilla de toda esta Cuenta General: menos anuncios, menos excusas y menos mirar hacia otro lado; más ejecución, más transparencia y más explicaciones a los llaniscos. Porque podrán discutir las interpretaciones, adornar los titulares y repetir una mentira o una media verdad tantas veces como quieran, pero hay algo que no pueden someter a votación ni cambiar desde el atril de un pleno:
Las cuentas ya están escritas. Y los números, por mucho que algunos se empeñen, no mienten.
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