El Pleno del Ayuntamiento de Gijón celebrado este miércoles dejó cerrado, al menos por la vía política municipal, uno de los principales frentes abiertos en torno a la gestión de Divertia por el gobierno de la derecha extrema de, Foro, PP y tránsfuga. Foro, PP y el concejal tránsfuga Oliver Suárez rechazaron tanto la creación de una comisión de investigación como solicitar a la Sindicatura de Cuentas de Asturias una fiscalización de la contratación realizada por la empresa municipal desde 2023, dos iniciativas planteadas conjuntamente por IU y Podemos y respaldadas por PSOE y Vox. De esta manera, no prosperó la propuesta para que el órgano público de control externo examinase los contratos de los últimos años y determinase si las irregularidades detectadas en determinadas contrataciones se reprodujeron en otros expedientes.
Foto: el portacoz Jésus Martínez Salvador y la desmemoriada Carmen Moriyón en el pleno de Divertia.
El debate llega después de una crisis que tuvo consecuencias directas en la dirección de Divertia. El pasado 23 de julio, la alcaldesa, Carmen Moriyón, retiró a Oliver Suárez la presidencia de la empresa municipal después de conocerse que había firmado contratos vinculados al ciclo «Los conciertos del Parque» sin disponer de la delegación necesaria del consejo de administración. Posteriormente también fue cesado el gerente, Fernando Losada. La documentación recopilada por las tres informaciones periodísticas sitúa precisamente esos contratos, relacionados entre otros con los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo, en el origen de la controversia.
La posición del gobierno municipal fue defendida en el Pleno principalmente por el portacoz de Foro, concejal de Festejos y actual presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador, quien rechazó que lo sucedido pueda interpretarse como un problema generalizado en la empresa. Según su explicación, no existe un «descontrol generalizado» que justifique una fiscalización externa de toda la contratación, sino un problema circunscrito esencialmente a dos contratos en los que Oliver Suárez actuó sin contar con la delegación expresa del consejo de administración. Martínez Salvador calificó lo ocurrido como un error de carácter competencial que fue detectado y sobre el que el Ayuntamiento ya actuó.
El argumento central utilizado por el gobierno para rechazar la petición de IU y Podemos fue que la Sindicatura de Cuentas ya dispone de la relación de contratos de Divertia y tiene capacidad para decidir por sí misma qué debe fiscalizar, cuándo y con qué alcance. Martínez Salvador sostuvo que el órgano fiscalizador «no necesita que el Pleno le diga qué fiscalizar, cuándo hacerlo y en qué alcance» y aseguró, al mismo tiempo, que existe una «disposición absoluta» del gobierno municipal para colaborar con la Sindicatura si esta decide intervenir (lo vimos ayer claramente con su voto en contra para que dicho Tribunal de Cuentas interviniese).
El portavoz de Foro fue todavía más contundente durante su comparecencia plenaria al acusar a la oposición de «intentar sobredimensionar» lo sucedido y de «hacer ver lo que no ocurrió». Frente a la tesis de que pueda existir un patrón de funcionamiento irregular en Divertia, Martínez Salvador defendió que se pretende «disfrazar de caso lo que es un error asumido por sus responsables y en vías de subsanación». También recalcó un dato que el gobierno considera fundamental: no se ha pagado ningún euro correspondiente a los conciertos cuya contratación está bajo discusión mientras no se aclare completamente su tramitación.
El ejecutivo local argumentó además que fueron los propios controles municipales los que permitieron detectar las anomalías y que, una vez conocido el informe solicitado a la Secretaría General, se actuó con rapidez mediante los ceses y el encargo de una auditoría externa (que actuara por orden del gobierno municipal como mejor le convenga ya que van a ser ellos mismos los que pagaran sus servicios). Esta auditoría encargada por el gobierno municipal es distinta de la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas solicitada por IU y Podemos y rechazada por el Pleno. Para el gobierno, las medidas ya adoptadas hacen innecesario que el Pleno impulse una nueva revisión externa en los términos reclamados por la oposición.
La oposición, sin embargo, planteó una interpretación diferente. IU defendió precisamente que la revisión no debía quedar en manos de una empresa contratada por el mismo gobierno municipal, sino de un órgano público independiente como la Sindicatura de Cuentas. Su portavoz, Javier Suárez Llana, sostuvo que las irregularidades conocidas obligan a aclarar qué ocurrió, durante cuánto tiempo, por qué fallaron los controles internos y si pueden existir responsabilidades adicionales. IU y Podemos, además, han llevado el asunto a la Fiscalía ante las sospechas planteadas sobre la tramitación de hasta catorce contratos.
Suárez Llana dirigió una de sus críticas más contundentes al propio sistema elegido por el ejecutivo para revisar lo ocurrido. Según expuso en el Pleno, la auditoría anunciada por el Ayuntamiento «no fue idea» del gobierno, sino una recomendación de la Secretaría General, y cuestionó que esa revisión «la haga una empresa contratada por el mismo gobierno que debía controlar lo que pasaba en Divertia y no lo hizo». La posición de IU es, por tanto, que la intervención de la Sindicatura permitiría disponer de un examen institucional independiente del conjunto de la contratación.
Desde Podemos, Olaya Suárez afirmó que existen seis contratos en los que se habrían reconocido irregularidades y que el número podría ascender hasta catorce, y vinculó el caso con un desfase cercano al millón de euros en las cuentas de Divertia. La edil reclamó directamente explicaciones a la alcaldesa y preguntó cómo podía darse por concluido el asunto con los ceses si los hechos habían tenido suficiente gravedad como para provocar la salida tanto del presidente como del gerente de la sociedad municipal.
Entre las cuestiones planteadas durante el debate figuró el incremento del coste previsto para los dos conciertos controvertidos, que, según la información publicada, habría pasado de unos 300.000 euros inicialmente anunciados a 910.000 euros y, incluyendo los cachés de los artistas, hasta aproximadamente 1,1 millones.
Vox coincidió en esta ocasión con los grupos de izquierda en reclamar una fiscalización. Su portavoz, Sara Álvarez Rouco (la sobrina del cardenal), calificó lo sucedido como un hecho «grave» y una «transgresión de los protocolos establecidos», y criticó que Oliver Suárez hubiese asumido competencias que no le correspondían (el resabie de una frustrada política que vio como el concejal compañero suyo de la ultraderecha de Vox se volvió un mercenario tránsfuga, para vivir a cuerpo de rey de la política cobrando lo que no gana en la vida civil.
El resultado final del Pleno dejó así dos posiciones claramente enfrentadas sobre cómo debe esclarecerse lo ocurrido en Divertia. El gobierno municipal, apoyado en la votación por Foro, PP y Oliver Suárez, sostiene que se detectó una irregularidad concreta, se adoptaron medidas, se produjeron ceses, se encargó una auditoría externa y la Sindicatura conserva plena capacidad para intervenir por iniciativa propia. PSOE, IU, Podemos y Vox consideraron insuficiente esa respuesta y votaron a favor de que la contratación fuese sometida a una fiscalización de la Sindicatura; IU y Podemos reclamaban además una comisión específica de investigación.
Lo que decidió finalmente el Pleno fue no pedir a la Sindicatura de Cuentas que fiscalizase la contratación de Divertia desde 2023 y no constituir una comisión de investigación. El caso, sin embargo, continúa abierto por otras vías: existe una auditoría externa encargada por el Ayuntamiento y el asunto ha sido trasladado a la Fiscalía por IU y Podemos. La discusión política que dejó el Pleno no fue, por tanto, únicamente sobre la existencia de irregularidades —que provocaron ya cambios en la dirección de Divertia—, sino sobre quién debe revisar lo sucedido, hasta dónde debe extenderse esa revisión y qué grado de control externo debe aplicarse a la gestión de la empresa municipal https://tinyurl.com/ya2kfpry , https://tinyurl.com/2rcz2ew7
La decisión adoptada en el Pleno sobre Divertia permite recuperar de la hemeroteca los compromisos que Foro y Partido Popular defendieron durante la campaña de las elecciones municipales de 2023 en materia de transparencia, control ciudadano y gestión de los recursos públicos. No es necesario hacer interpretaciones sobre aquellas promesas: las declaraciones realizadas entonces por sus propios dirigentes permiten conocer cuál era el modelo de transparencia que ambas formaciones aseguraban querer aplicar al Ayuntamiento de Gijón.
Uno de los pronunciamientos más explícitos se produjo apenas unas semanas antes de las elecciones. El 2 de mayo de 2023, Foro Gijón presentó públicamente un denominado «Plan Transparencia», concebido, según explicó el partido, para permitir a los ciudadanos realizar un seguimiento detallado de los proyectos municipales y, especialmente, de aquellos relacionados con fondos europeos. La formación de Carmen Moriyón anunció la creación de una página web específica destinada al control administrativo de esos proyectos.
La propia Carmen Moriyón dejó entonces una declaración particularmente clara sobre cómo entendía la obligación de transparencia de un gobierno municipal: «Los gijoneses tienen derecho a conocer en tiempo real todos los movimientos del Ayuntamiento». La entonces candidata de Foro añadía que el Ayuntamiento tenía el deber de hacerlo posible y utilizaba los problemas surgidos durante el mandato anterior con los fondos europeos como argumento para defender un mayor control de la actividad municipal.
FORO Gijón presenta su Plan Transparencia — 2 de mayo de 2023
Moriyón vinculó además expresamente transparencia y eficiencia en la gestión pública. Foro sostenía que la Ordenanza de Transparencia municipal no se estaba cumpliendo adecuadamente y que aquella situación exigía una solución. La candidata resumió su planteamiento afirmando que «la eficiencia en la gestión también se demuestra abriendo la administración al control ciudadano». Es una formulación especialmente significativa porque no se limitaba a prometer información pública, sino que relacionaba una buena gestión municipal con la posibilidad de que los ciudadanos pudieran controlar la actuación de la Administración.
Aquella posición no apareció de forma aislada durante la campaña. Pocos días antes, el 25 de abril de 2023, el actual portavoz del gobierno municipal y presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador, había cuestionado públicamente la gestión de una empresa municipal y reclamado información sobre sus cuentas (quien lo ha visto y quien lo ve a este sátrapa de la política municipal). Foro denunció entonces que el anterior gobierno socialista estaba ocultando una reclamación económica relacionada con la Empresa Municipal de Aguas. Martínez Salvador sostuvo que se estaba escondiendo información relevante que podía condicionar al siguiente gobierno municipal (el con el asunto de Divertia está abriendo las ventanas para dar luz a los gijoneses… Vivir para ver)
Su argumento volvió a situar el derecho de los ciudadanos a conocer la situación de las empresas públicas en el centro del discurso político de Foro: «Los gijoneses merecen ser conocedores de la situación económica en la que quedan las empresas públicas y el Ayuntamiento tras la gestión del gobierno socialista», afirmaba la formación. Foro consideraba entonces que una reclamación económica contra una empresa municipal debía ponerse en conocimiento público y criticaba que hubiesen transcurrido meses sin que el gobierno informase de ella.
Las referencias a la forma de gestionar tampoco quedaron restringidas a la transparencia. Al comenzar oficialmente la campaña electoral, el 11 de mayo, Carmen Moriyón presentó su candidatura como un equipo dispuesto a servir a los gijoneses «desde la profesionalidad y el consenso». Jesús Martínez Salvador, número dos de aquella candidatura y hoy portavoz municipal y presidente de Divertia, participó también en aquel acto de inicio de campaña.
Inicio de la campaña electoral de Carmen Moriyón y Foro Gijón — 11 de mayo de 2023
Los documentos internos de Foro anteriores a las elecciones permiten comprobar igualmente qué principios decía querer trasladar al programa con el que pretendía recuperar el Ayuntamiento. En la propuesta de Jesús Martínez Salvador para la presidencia local de Foro se establecía que las líneas políticas para el siguiente mandato debían estar basadas, entre otros principios, en «la responsabilidad en la gestión» y «el equilibrio fiscal», manteniendo unos servicios públicos de calidad. El documento señalaba expresamente que esos principios debían formar parte de la elaboración del programa electoral con el que Foro concurriría a las municipales de mayo de 2023.
Documento de Jesús Martínez Salvador previo al programa electoral de Foro Gijón de 2023
El Partido Popular de Gijón, que posteriormente terminaría formando gobierno con Foro, también introdujo durante aquella precampaña compromisos expresos relacionados con la transparencia del gasto público. El 22 de marzo de 2023, la candidata popular a la Alcaldía, Ángela Pumariega, presentó sus propuestas para la zona rural y anunció un incremento de los recursos municipales destinados a ella. Pero junto al compromiso presupuestario añadió otro relativo específicamente al control del dinero.
Pumariega afirmó: «Nos comprometemos a una transparencia total en el control de gastos, para que los vecinos puedan saber en qué se gasta cada euro» (como hizo ayer en el pleno votando contra la intervención del Tribunal de Cuentas). La declaración se produjo durante la presentación de un Plan Integral de Desarrollo de la Zona Rural y quedó publicada en los propios canales oficiales del PP de Gijón. Por tanto, no se trata de una interpretación posterior ni de una valoración de otro partido, sino de un compromiso público formulado por quien encabezaba la candidatura popular a la Alcaldía que ayer se paso por el forro a la hora de que los gijoneses pudiesen saber los chanchullos del concejal tránsfuga al frente de Divertia.
Tras las elecciones, Foro y PP firmaron el 13 de junio de 2023 el acuerdo para constituir el nuevo gobierno municipal de Gijón, encabezado por Carmen Moriyón. Al presentar públicamente aquel pacto, Jesús Martínez Salvador aseguró que el nuevo ejecutivo permitiría a la ciudad recuperar un gobierno que «genere soluciones y no problemas», mientras que el PP calificó el acuerdo como beneficioso para los gijoneses.
Acuerdo de gobierno entre Foro Asturias y Partido Popular en Gijón — 13 de junio de 2023
La hemeroteca permite, por tanto, establecer documentalmente cuáles fueron algunos de los compromisos públicos que precedieron a la formación del actual gobierno municipal. Foro defendía que los gijoneses tenían derecho a conocer los movimientos del Ayuntamiento «en tiempo real», sostenía que la eficiencia de la gestión se demostraba «abriendo la administración al control ciudadano» y reclamaba que los vecinos conocieran la situación económica de las empresas municipales. El PP, por su parte, prometía una «transparencia total en el control de gastos» para que los ciudadanos pudieran saber «en qué se gasta cada euro».
Esas declaraciones forman
parte del contexto político previo al mandato iniciado en 2023. Su contraste
con el debate celebrado ahora sobre Divertia puede realizarse a partir de dos
hechos documentados, sin necesidad de atribuir motivaciones a sus protagonistas:
en 2023 Foro defendía expresamente abrir la Administración al control
ciudadano y el PP prometía transparencia total sobre el gasto; en el Pleno de
septiembre de 2026, Foro y PP votaron contra la propuesta de IU y Podemos de
solicitar a la Sindicatura de Cuentas de Asturias una fiscalización de la
contratación de Divertia desde 2023 y contra la constitución de una comisión de
investigación. La posición expresada ahora por el gobierno municipal es que
esa fiscalización no resulta necesaria en los términos planteados por la
oposición, que la Sindicatura tiene autonomía para decidir qué fiscaliza y que
el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha una auditoría externa.
Quedan así recogidas, a ambos lados del mandato, las declaraciones públicas. En
mayo de 2023, Carmen Moriyón afirmaba que «los gijoneses tienen derecho a
conocer en tiempo real todos los movimientos del Ayuntamiento» y que la
eficiencia se demuestra abriendo la Administración «al control ciudadano».
Ángela Pumariega prometía «transparencia total en el control de gastos». Tres
años después, ante las irregularidades detectadas en Divertia, Foro y PP han
considerado innecesario que el Pleno solicite una fiscalización de la
Sindicatura de Cuentas y han votado contra esa iniciativa y contra la creación
de una comisión de investigación. Son las posiciones expresadas en cada
momento; la valoración sobre la coherencia entre unas y otras corresponde al
lector.
Por otro lado hay un antecedente que adquiere especial relevancia al analizar la negativa de Foro y PP a que el Pleno solicitase una fiscalización externa de la contratación de Divertia. Carmen Moriyón ya ha sido declarada responsable contable directa por el Tribunal de Cuentas por el empleo irregular de fondos procedentes del Ayuntamiento de Gijón. Y no ocurrió hace décadas ni pertenece a una etapa política remota: una de las resoluciones se produjo en junio de 2024, durante su actual mandato como alcaldesa.
La precisión jurídica es importante. No estamos ante una condena penal por apropiación indebida o malversación. Estamos ante resoluciones de la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas que declararon la existencia de un «alcance» en fondos públicos municipales y atribuyeron a Moriyón responsabilidad contable directa, obligándola al correspondiente reintegro.
El primer antecedente se encuentra en la Sentencia 5/2023, de 7 de junio, del Tribunal de Cuentas. El procedimiento examinó tres facturas de asesoramiento jurídico por un importe total de 15.246 euros que habían sido abonadas por el grupo municipal de Foro Asturias utilizando la dotación que recibía del Ayuntamiento de Gijón.
Sentencia 5/2023 del Tribunal de Cuentas
Después de analizar separadamente aquellas facturas, el Tribunal concluyó que una de ellas, por importe de 1.210 euros, correspondía a una cuestión perteneciente al ámbito estrictamente privado de Carmen Moriyón. Se trataba de gastos de asesoramiento y representación relacionados con una reclamación de cantidad planteada por un antiguo socio profesional.
La resolución es particularmente clara sobre quién debía asumir ese desembolso: Moriyón «debió asumir por su cuenta» ese gasto, según recoge literalmente la sentencia.
El fallo declaró la existencia de un alcance en los fondos públicos del Ayuntamiento de Gijón por importe de 1.210 euros, declaró a Carmen Moriyón responsable contable directa por esa cantidad y la condenó a reintegrarla, además de los correspondientes intereses. No es una interpretación de la oposición ni una acusación periodística: es el contenido del fallo del Tribunal de Cuentas. (Sentencia 5/2023)
Pero el episodio de 2023 no fue el último. Un año después llegó una segunda resolución del Tribunal de Cuentas, esta vez por una cantidad considerablemente superior: 31.314,29 euros.
El procedimiento examinaba nuevamente el destino dado a fondos públicos entregados por el Ayuntamiento al grupo municipal de Foro. La propia Fiscalía del Tribunal de Cuentas presentó demanda contra Carmen Moriyón dentro del procedimiento de reintegro por alcance A-127/2023. Entre las partidas analizadas aparecían dietas, gastos efectuados mediante una tarjeta Visa vinculada a la cuenta del grupo municipal y otros desembolsos cuya vinculación con las actividades propias del grupo estaba en discusión.
Demanda de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas contra Carmen Moriyón
La documentación de la Fiscalía resulta especialmente relevante porque permite conocer qué se estaba discutiendo sin recurrir a calificativos políticos. Respecto a determinados pagos realizados mediante la tarjeta Visa asociada a la cuenta del grupo municipal, el Ministerio Fiscal sostuvo que existían 8.463,54 euros en gastos «carentes de justificación», al no haber quedado acreditada su relación con la actividad del grupo municipal.
El procedimiento concluyó en junio de 2024 con una nueva resolución desfavorable a Moriyón. El Tribunal de Cuentas la declaró responsable contable directa de un alcance de 31.314,29 euros en los fondos del Ayuntamiento de Gijón y estableció la obligación de reintegrar esa cantidad, además de los correspondientes intereses legales. La información publicada entonces señaló asimismo que Moriyón se había allanado a las demandas. (miGijón, 18 de junio de 2024)
Entre las cantidades examinadas figuraban 13.472,85 euros en dietas abonadas a Carmen Moriyón, además de dietas correspondientes a un cargo de confianza, gastos relacionados con una procuradora y diferentes operaciones efectuadas mediante una tarjeta de crédito a nombre de Moriyón. De los 30.697 euros cargados mediante esa tarjeta, el Tribunal consideró justificados 22.525 euros, según la información publicada sobre el fallo. (miGijón)
La reacción de Foro también quedó registrada. Jesús Martínez Salvador, hoy presidente de Divertia y portavoz del gobierno municipal, calificó entonces lo sucedido como un «error contable» (lo mismo que ahora con Divertia según vimos ayer en el pleno municipal) y sostuvo que «nadie se ha enriquecido». Su explicación fue que determinados gastos estaban justificados, pero deberían haber sido abonados por el partido Foro Asturias y no por el grupo municipal, que se financiaba con fondos procedentes del Ayuntamiento. (Europa Press, 18 de junio de 2024) De aquellos lodos nadie dimitió en Foro y el PP con buen sicario de su hermano político de la derecha extrema, tampoco pidió dichas dimisiones.
Ese antecedente cobra ahora relevancia política por una coincidencia objetiva que resulta difícil ignorar. El mismo órgano estatal que declaró a Carmen Moriyón responsable contable directa por el uso de fondos procedentes del Ayuntamiento es el órgano cuya intervención en el asunto Divertia Foro y PP no han querido solicitar desde el Pleno. Son procedimientos y hechos diferentes y no cabe presentar uno como explicación causal del otro, pero la sucesión de acontecimientos forma parte de la hemeroteca.
Existe además una diferencia que conviene precisar. En el debate de Divertia se planteó solicitar una fiscalización a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, órgano autonómico de control externo, mientras que las resoluciones contra Moriyón fueron dictadas por el Tribunal de Cuentas, órgano estatal con funciones jurisdiccionales en materia de responsabilidad contable. No son, por tanto, exactamente la misma institución ni ejercen idénticas funciones.
Hecha esa precisión, el paralelismo político está en el terreno del control externo sobre la utilización del dinero público. En junio de 2024, el Tribunal de Cuentas declaró responsable contable directa a la alcaldesa de Gijón por 31.314,29 euros relacionados con fondos municipales. En septiembre de 2026, ante las irregularidades detectadas en la contratación de otra entidad financiada con dinero público, Foro y PP han votado contra que el propio Pleno solicite una fiscalización de la contratación de Divertia desde 2023 por parte de la Sindicatura de Cuentas y contra la constitución de una comisión de investigación.
El gobierno sostiene que esa fiscalización no es necesaria porque la Sindicatura dispone de la información contractual y puede decidir autónomamente qué examina, mientras que ya existe una auditoría externa encargada por el Ayuntamiento. Esa fue la explicación ofrecida por Martínez Salvador: la Sindicatura «no necesita que el Pleno le diga qué fiscalizar, cuándo hacerlo y en qué alcance», acompañada de una proclamada «disposición absoluta» del gobierno a colaborar si el órgano fiscalizador decide actuar.
Pero frente a esa explicación queda una secuencia documental difícilmente discutible. La alcaldesa que gobierna Gijón fue declarada responsable contable directa por el Tribunal de Cuentas en dos procedimientos relacionados con fondos municipales; en 2024 tuvo que afrontar un reintegro de 31.314,29 euros más intereses; y ahora el grupo político que dirige, junto al PP y Oliver Suárez, ha rechazado que el Pleno impulse una fiscalización pública externa sobre la contratación de Divertia.
No demuestra por sí mismo por qué Foro y PP votaron de esa manera, y atribuir el voto al precedente de Moriyón sería una elucubración sin pruebas. Pero el antecedente existe, está documentado y afecta directamente a la relación entre la actual alcaldesa y los mecanismos institucionales de control del dinero público. Por eso, puesto junto a las promesas de 2023 de abrir el Ayuntamiento al «control ciudadano» y garantizar transparencia en el gasto, constituye un elemento relevante para entender el contexto político en el que se produce ahora el debate de Divertia.
Dicho sin añadir intenciones que los documentos no permiten demostrar: cuando Foro y PP tuvieron delante la posibilidad de votar para que un órgano público de control externo examinase la contratación de Divertia, votaron en contra. Y cuando el Tribunal de Cuentas examinó anteriormente el destino de determinados fondos municipales bajo responsabilidad de Carmen Moriyón, el resultado fueron dos declaraciones de responsabilidad contable directa, una de ellas por 31.314,29 euros. Cada lector podrá extraer de esos hechos la valoración política que considere oportuna. Otra cosa también para decir en este post, es que ningún partido de la oposición le recordó a Moriyón lo que hoy escribo en este post… ¿Memoria frágil? o existe alguna cuestión que se nos escapa.
Hay una escena del Pleno que merece un análisis separado porque trasciende incluso el caso concreto de Divertia. Oliver Suárez participó con su voto en la decisión sobre si debía abrirse una comisión de investigación y solicitarse una fiscalización externa de una gestión de la que él mismo había sido protagonista como presidente de Divertia. Y votó en contra.
El dato no admite demasiadas discusiones. Suárez perdió la presidencia de Divertia el pasado 23 de julio después de conocerse que había firmado contratos relacionados con el ciclo «Los conciertos del Parque» sin disponer de la delegación expresa del consejo de administración necesaria para hacerlo. Precisamente esclarecer esa contratación, determinar su extensión y conocer si existían más expedientes afectados era uno de los objetivos de las iniciativas que llegaron al Pleno.
Y cuando llegó el momento de votar si la Sindicatura de Cuentas de Asturias debía fiscalizar la contratación de Divertia desde 2023 y si el Ayuntamiento debía constituir una comisión de investigación, Oliver Suárez pudo votar sobre la conveniencia de investigar políticamente una gestión en la que él mismo había intervenido. Su voto fue negativo, exactamente igual que los de Foro y PP. PSOE, IU, Podemos y Vox votaron a favor. La información publicada por La Voz de Asturias confirma igualmente tanto el sentido de la votación como que la revocación de Suárez se produjo por haber firmado contratos para los que carecía de competencia.
La Voz de Asturias: el Pleno rechaza la fiscalización y la comisión de investigación de Divertia
Aquí conviene separar cuidadosamente legalidad, responsabilidad política y ética pública. No he encontrado en la documentación examinada una resolución de la Secretaría municipal, un informe jurídico o una decisión judicial que establezca que Oliver Suárez estuviese legalmente obligado a abstenerse específicamente en esas dos votaciones. Por tanto, no sería riguroso afirmar que su participación fue ilegal.
El problema político y ético es diferente y mucho más difícil de despachar con esa constatación. Nuestro ordenamiento jurídico conoce perfectamente el principio según el cual quien tiene un conflicto de interés no debe participar en determinadas decisiones públicas. La Ley 40/2015 establece causas de abstención para autoridades y empleados públicos y dispone también, al regular los órganos colegiados, que sus miembros no podrán ejercer sus funciones cuando concurra un conflicto de interés. La aplicación concreta de esas normas a un concejal en una votación plenaria requiere atender al régimen jurídico local y a las circunstancias precisas del asunto; por ello, no puede darse por demostrada aquí una obligación jurídica de abstención. Pero el principio general que inspira esas normas resulta inequívoco: la imparcialidad no solamente importa en el resultado de una decisión pública, sino también en quién participa en ella.
Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público — BOE
Desde la filosofía política y la ética institucional aparece un principio todavía más elemental: nadie debería convertirse en árbitro de la conveniencia de investigar sus propios actos. Es una idea emparentada con la antiquísima máxima jurídica nemo iudex in causa sua: nadie debe ser juez de su propia causa. Suárez no estaba ejerciendo como juez ni el Pleno estaba celebrando un proceso judicial, por supuesto. Pero la máxima resulta útil como principio ético para explicar el problema: cuando una institución tiene que decidir si examina la actuación de una persona, permitir que esa misma persona contribuya decisivamente a impedir el examen deteriora la apariencia de imparcialidad que debería acompañar al poder público.
Y eso es exactamente lo que convierte la votación en políticamente excepcional: no se estaba decidiendo una cuestión ajena a Oliver Suárez. Se estaba votando si debía profundizarse en el conocimiento de unos hechos que habían provocado su destitución como presidente de Divertia. El gobierno reconoce que Suárez firmó contratos sin la delegación expresa necesaria; discrepa de la oposición sobre la gravedad y extensión del problema y sostiene que se trata fundamentalmente de dos contratos y de un error competencial ya detectado y corregido.
Por eso resulta tan relevante preguntarse no sólo si Suárez podía votar, sino si políticamente debía hacerlo. Son preguntas diferentes. La primera corresponde al Derecho. La segunda pertenece a los estándares de ejemplaridad, prudencia institucional y confianza pública que deberían exigirse a quien ocupa un cargo representativo.
Y todavía existe un elemento añadido que hace este episodio especialmente relevante: Oliver Suárez es concejal no adscrito (tránsfuga) después de abandonar Vox, y España dispone desde hace años de un Pacto Antitransfuguismo precisamente para combatir el uso de concejales que abandonan la formación con la que obtuvieron su acta para alterar las mayorías políticas (a Moriyón eso le producía urticaria y alergia en la anterior legislatura cuando llamaba “corruptos” a dichos conejales tránsfugas en municipios como Llanes, Ribadesella o Cangas de Onís https://tinyurl.com/25vu3bc4 . Esta legislatura esos que llamaba corruptos huelen a colonia Barón Dandy como sucede con el ínclito Oliver Suárez).
El texto oficial es particularmente incómodo en este caso. El acuerdo establece que los partidos firmantes se comprometen a «impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de Gobierno» y a adoptar medidas para desincentivar el transfuguismo.
Texto oficial del Acuerdo sobre el Transfuguismo
Y aquí aparece un dato que no puede pasar inadvertido: tanto el Partido Popular como Foro Asturias figuran entre las formaciones adheridas al Pacto Antitransfuguismo. La relación oficial publicada por el Ministerio de Política Territorial incluye expresamente a ambos partidos entre sus firmantes… Ya lo vimos ayer para que sirve el compromiso de ambos partidos de la derecha extrema, para pasárselo por la entrepierna.
Más aún, cuando en 2020 se reforzó ese pacto, el propio Ministerio explicó su fundamento describiendo el transfuguismo como «una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas». Esa es la formulación institucional que acompañó al acuerdo suscrito por los partidos; no un calificativo añadido ahora a propósito del caso gijonés.
Por eso hay una pregunta objetiva que merece ser planteada ante lo sucedido en Gijón: ¿qué habría ocurrido con la propuesta de fiscalización y con la comisión de investigación sin el voto de Oliver Suárez? Para contestarla definitivamente habría que acudir al acta y al recuento nominal completo de aquella sesión y aplicar las reglas de mayoría correspondientes; no debe afirmarse que su voto fue jurídicamente «decisivo» únicamente a partir de que votara junto a Foro y PP. Lo que sí está documentado es que su voto formó parte de la mayoría que rechazó las dos iniciativas.
Ese detalle es fundamental porque permite formular la crítica sin deformar los hechos. El antiguo presidente de Divertia, cesado después de firmar contratos sin la competencia necesaria, participó en la mayoría política que impidió que prosperase una comisión destinada a investigar la gestión de Divertia y una petición para que la Sindicatura fiscalizase sus contratos desde 2023. Foro y PP votaron en el mismo sentido.
Desde una perspectiva filosófica, el daño institucional que puede producir una situación así no depende siquiera de demostrar que alguien pretendiese ocultar algo. Las democracias construyen mecanismos de incompatibilidad, abstención, transparencia y control precisamente porque la confianza pública no puede depender de que el ciudadano tenga que creer en la imparcialidad de quien tiene un interés directo en aquello que está siendo examinado. Las instituciones deben procurar que esa imparcialidad pueda observarse desde fuera.
Ese principio es especialmente importante cuando se administra dinero público. La Ley 40/2015 sitúa entre los principios de actuación de las Administraciones la objetividad, la transparencia, la buena fe, la responsabilidad por la gestión pública y el control y evaluación de los resultados. No convierte automáticamente la votación de Suárez en ilegal, pero sí proporciona el marco jurídico de valores con el que puede evaluarse críticamente una situación semejante.
Principios generales de actuación de las Administraciones Públicas — BOE
Y ahí reside probablemente la contradicción política más difícil de explicar. Si el gobierno sostiene que solamente existió un error competencial limitado, una fiscalización independiente podría confirmarlo. Si existen más irregularidades, permitiría conocerlas. En cualquiera de los dos escenarios, el control externo proporciona información. Lo que se votó fue si el propio Pleno debía promover ese control y una investigación política, y quien había presidido Divertia cuando se produjeron los hechos votó contra ambas cosas.
No hace falta llamar a esto «política del estercolero» para describir la gravedad institucional del episodio. Los hechos permiten una formulación más precisa y difícil de rebatir: una democracia pierde calidad cuando quien debe rendir cuentas participa en la decisión sobre hasta dónde deben llegar los mecanismos destinados a exigírselas.
La cuestión, por tanto, rebasa a Oliver Suárez. Foro y PP conocían quién era el tercer voto de ese bloque, conocían su intervención en los contratos que originaron el caso Divertia y conocían su condición de concejal no adscrito (tránsfuga). Aun así, los tres votaron en el mismo sentido contra las iniciativas. A partir de ahí pueden discutirse las responsabilidades políticas y la coherencia con el Pacto Antitransfuguismo, pero no es necesario inventar ninguna motivación para formular la pregunta democrática esencial: cuando está en juego esclarecer la utilización del dinero público, ¿debe participar en la decisión de investigar quien fue directamente responsable de la gestión sometida a examen?
El Derecho puede determinar cuándo una abstención es obligatoria. La ética pública exige algo más que limitarse a preguntar qué está permitido: obliga también a preguntarse qué comportamiento preserva la imparcialidad, la confianza ciudadana y la dignidad de las instituciones. En el caso Divertia, la imagen que deja el Pleno es la de un antiguo presidente votando contra profundizar en la fiscalización de la etapa que él mismo dirigió, acompañado en ese voto por los dos partidos que sostienen el gobierno municipal. Esa imagen es un hecho; el juicio político que merezca corresponde a los ciudadanos.
Y queda, finalmente, el juicio que no corresponde ni a este texto ni a los partidos, sino exclusivamente a los ciudadanos cuando vuelvan a las urnas en 2027. La fotografía demoscópica más reciente disponible para las elecciones autonómicas asturianas contiene un dato particularmente significativo para Foro. La encuesta de Sigma Dos para El Mundo, publicada el 8 de septiembre de 2026, sitúa a Foro Asturias en apenas el 1,5 % de estimación de voto y sin representación en la Junta General del Principado, cuando en las elecciones de 2023 obtuvo el 3,7 % y un diputado. No es un resultado electoral ni permite asegurar qué ocurrirá dentro de nueve meses: es únicamente una encuesta, realizada sobre 1.129 entrevistas entre el 16 de agosto y el 3 de septiembre, con un margen de error de ±2,9 puntos. Pero constituye una fotografía política que no puede ignorarse.
La misma encuesta ofrece para el PP asturiano un 32,0 % y una horquilla de 16-17 diputados, mientras que Vox aparece con el 17,9 % y 7-9 escaños; el PSOE registra el 32,4 % y 15-17 escaños, IU el 7,6 % y tres diputados, y Podemos el 3,0 % y entre cero y uno. Por tanto, los datos publicados no permiten sostener que el PP esté sufriendo electoralmente un rechazo equivalente al que ese sondeo atribuye a Foro, ni sería riguroso escribirlo.
Lo que sí corresponde dejar documentado antes de cerrar este relato es aquello sobre lo que los gijoneses podrán formar su propio juicio: Foro y PP prometieron transparencia y control del dinero público; el actual gobierno rechazó que el Pleno solicitase a la Sindicatura de Cuentas una fiscalización de la contratación de Divertia desde 2023; también rechazó una comisión de investigación; y Oliver Suárez, apartado de la presidencia de Divertia después de haber firmado contratos sin la delegación necesaria, participó con su voto en la mayoría que rechazó ambas iniciativas.
A las encuestas hay que exigirles prudencia y a las urnas, respeto. Una encuesta es una fotografía provisional; las elecciones serán la decisión de los asturianos y de los gijoneses. Serán ellos quienes determinen en 2027 qué consecuencias políticas merecen la gestión de este mandato, las promesas realizadas en 2023 y episodios como el vivido con Divertia, el problema de la vivienda, el vial de Jove, etc. Lo que corresponde hasta entonces es que dispongan de todos los hechos, todos los documentos y toda la información necesaria para poder decidir con conocimiento de causa y si procede apliquen el poder que les concede la democracia mandando a todos estos vividores de la política a donde tienen que estar… Trabajando en sus empleos de la vida civil si los tienen y sino que vayan a dar de comer a las palomas al parque.
Ya lo dijo Montesquieu: «Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él; va hasta que encuentra límites.»
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