El vicealcalde y concejal de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento del gobierno fascista del Ayuntamiento de Llanes, Juan Carlos Armas (PP) (la mentira andante), ha reconocido la existencia de un importante retraso en la tramitación y concesión de determinadas licencias urbanísticas en el concejo, una situación sobre la que recientemente ha llamado la atención el Defensor del Pueblo. Armas admite abiertamente la magnitud de la demora, aunque sostiene que para comprender el problema es necesario tener en cuenta una acumulación de circunstancias que se arrastra desde hace años (llevan más de 11 años gobernando) y que ha terminado provocando un volumen considerable de expedientes pendientes. El responsable municipal asegura, al mismo tiempo, que el Ayuntamiento ha adoptado medidas para reforzar el departamento y que el incremento de personal y el ritmo de trabajo alcanzado durante los últimos meses ya están permitiendo reducir progresivamente los tiempos de espera. En este sentido, Armas no evita ofrecer cifras sobre la situación actual y reconoce que en estos momentos se están resolviendo expedientes de licencias correspondientes a marzo y abril de 2025, lo que supone aproximadamente un año y medio de retraso para esta clase de procedimientos. "Estamos dando licencias de marzo y abril de 2025. O sea, con un retraso de año y medio", explica el concejal. Pese a esta demora, Armas sostiene que la evolución de los últimos meses permite contemplar una reducción progresiva del atasco y confía en que antes de finalizar 2026 el retraso pueda situarse aproximadamente en un año. "Con el ritmo que estamos llevando, pensamos que en diciembre estaremos sobre el año", afirma.
Para el responsable de Urbanismo y Patrimonio, la situación actual no puede analizarse únicamente atendiendo al número de expedientes pendientes, sino que debe ponerse en relación con las especiales circunstancias urbanísticas que Llanes ha soportado durante años. Armas señala como uno de los principales factores la ausencia de un Plan General de Ordenación Urbana (tras más de once años no han conseguido aprobar el mismo) plenamente operativo en un municipio sometido, además, a una presión urbanística que califica de "brutal". Durante años, numerosas licencias tuvieron que tramitarse al amparo de la normativa autonómica, una circunstancia que obligaba a remitir una parte importante de los expedientes a Oviedo para su correspondiente revisión y que introducía nuevos pasos administrativos en procedimientos que ya eran complejos. "Eso ha ido acumulando un retraso grande", reconoce Armas, que considera este funcionamiento histórico una de las claves para entender el volumen de trabajo que actualmente debe absorber el departamento municipal. A estas dificultades se añadía una plantilla reducida para hacer frente a la actividad urbanística existente en el concejo. Según recuerda el vicealcalde, cuando el actual equipo llegó al gobierno municipal en el año 2015, el Ayuntamiento contaba únicamente con dos arquitectos, una dotación que, a su juicio, resultaba insuficiente para responder al elevado número y complejidad de los expedientes.
Foto: Juan Carlos Armas (PP) y Enrique Riestra (VxLl), dos fascistas que han hecho del urbanismo llanisco un cortijo para sus intereses y no para resolver los problemas de los llaniscos
El cambio de estrategia comenzó a tomar forma en mayo de 2023 (después de llevar ocho años gobernando), cuando Armas impulsó un proyecto destinado a reforzar considerablemente los medios humanos del departamento de Urbanismo. La propuesta contemplaba la incorporación de tres arquitectos, una auxiliar y una jurista, y terminó materializándose a comienzos de 2024. Sin embargo, la contratación de nuevos profesionales no significó la desaparición inmediata de los problemas, ya que el Ayuntamiento se encontró con otra dificultad: conseguir que los técnicos permanecieran en sus puestos. Armas explica que existe una elevada competencia entre administraciones para contratar arquitectos y otros profesionales especializados, lo que provoca una importante movilidad laboral. "La gente se presenta a las oposiciones, va sacando plazas y se va marchando", resume. Como ejemplo especialmente significativo, recuerda que dos arquitectas que trabajaban para el Ayuntamiento de Llanes consiguieron el mismo día sendas plazas en Cangas del Narcea, circunstancia que volvió a dejar vacantes precisamente cuando se intentaba consolidar el refuerzo del servicio. El concejal describe esta competencia por los profesionales con una expresión muy gráfica: "Hay una guerra entre los ayuntamientos", afirma, aludiendo a la dificultad de captar y conservar técnicos cualificados. Según su explicación, Llanes incorpora y forma a profesionales que posteriormente pueden conseguir puestos en otros consistorios, obligando al Ayuntamiento a iniciar nuevamente los correspondientes procesos para cubrir las plazas.
Como de costumbre el pérfido y mentiroso Armas olvida lo que dicen las Administraciones que llevan el tema de empleo. El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA) señala actualmente que ha pasado de unos 200 colegiados en sus orígenes a «casi un millar» de arquitectos colegiados. El último número exacto que he localizado publicado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España es de 975 arquitectos colegiados en Asturias a 31 de diciembre de 2022.
Sobre cuántos arquitectos están buscando empleo actualmente en Asturias, no he encontrado publicado un dato del año 2026 que permita darte una cifra exacta y comparable exclusivamente de arquitectos.
Sí existe un dato oficial del SEPE que sirve como referencia: para la agrupación formativa de Arquitectura había en Asturias 57 titulados parados a 31 de diciembre de 2024. Hay que tener cuidado con esta cifra: el SEPE está clasificando personas por titulación, por lo que no equivale necesariamente al número de arquitectos colegiados que buscan trabajo ni al número de personas inscritas específicamente para trabajar como arquitectos.
Además, el SEPE informa de que, para España en su conjunto, a 31 de diciembre de 2025 había 2.339 demandantes de empleo con la titulación «Arquitectura (arquitecto)», de los cuales 1.236 figuraban como parados. Ese dato sí es reciente, pero es a nivel nacional. Por lo tanto, lo que dice Armas de que no hay arquitectos se cae por su propio peso.
La situación según Armas, habría conseguido estabilizarse durante los últimos seis o siete meses, periodo en el que el departamento ha podido trabajar con mayor continuidad. En la actualidad, según detalla Armas, Urbanismo dispone de tres arquitectos municipales y tres arquitectos interinos, una estructura que permite mantener un ritmo de trabajo muy superior y abordar de manera sostenida tanto los nuevos expedientes como la bolsa acumulada de procedimientos pendientes. El vicealcalde considera que esta estabilidad es precisamente uno de los motivos que explican que los tiempos comiencen a reducirse, aunque advierte de que la movilidad de los profesionales continúa siendo una amenaza para el funcionamiento del servicio. A ello se ha añadido recientemente la marcha de una jurista, cuya sustitución espera resolver con rapidez para evitar que esa vacante pueda convertirse en un nuevo obstáculo. La intención municipal, según las explicaciones del concejal, es conservar el máximo número posible de profesionales trabajando simultáneamente y mantener durante los próximos meses el ritmo que está permitiendo recortar la demora.
Armas insiste especialmente en otra cuestión que considera fundamental para interpretar correctamente el problema: el retraso de aproximadamente año y medio no afecta por igual a todos los trámites urbanísticos. Existen procedimientos que se encuentran prácticamente al día y otros en los que los tiempos de espera son considerablemente inferiores. Según explica el responsable municipal, las licencias de obra menor, las declaraciones responsables y las licencias de primera ocupación se resuelven de forma inmediata o, como máximo, aproximadamente en un mes. Las segregaciones de terrenos, por su parte, presentan actualmente una demora de alrededor de seis o siete meses. Además, el Ayuntamiento ha establecido una serie de prioridades para aquellos expedientes que considera especialmente relevantes desde el punto de vista social y residencial. Entre ellos figuran la primera vivienda, la vivienda colectiva y los informes relacionados con actuaciones destinadas a eliminar barreras arquitectónicas, que, según las explicaciones ofrecidas por Armas, están registrando esperas inferiores a seis meses. El concejal pretende así diferenciar la situación de cada procedimiento y evitar que la referencia al año y medio de demora se interprete como el plazo general para cualquier gestión que se realice ante el departamento de Urbanismo.
Una de las principales expectativas del Ayuntamiento para conseguir normalizar definitivamente el funcionamiento del departamento está depositada en la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes, actualmente en manos del Gobierno del Principado de Asturias. Armas considera que disponer finalmente de este instrumento urbanístico permitirá simplificar procedimientos, proporcionar mayor seguridad y reducir algunas de las dificultades administrativas que durante años han contribuido a incrementar los tiempos de tramitación. El responsable municipal confía en que la combinación entre el nuevo planeamiento, el refuerzo de la plantilla y el ritmo de resolución alcanzado permita llegar a las elecciones municipales de 2027 con una situación muy diferente a la actual. "Creo que para las elecciones podríamos hablar de mucho menos de un año de retraso", augura el concejal, que establece así un horizonte concreto para comprobar la evolución del atasco administrativo.
Frente a las críticas derivadas de la situación denunciada por el Defensor del Pueblo, Juan Carlos Armas sostiene que el Ayuntamiento ha llevado el refuerzo del servicio hasta el límite que actualmente permite la estructura municipal. "Hemos contratado al máximo de personal que podemos poner. La secretaria y la vicesecretaria no nos dejarían contratar más personas", afirma. De esta manera, el vicealcalde y responsable de Urbanismo y Patrimonio reconoce expresamente que existe un atasco importante y que determinados expedientes continúan soportando una demora considerable, pero atribuye esta situación a la combinación de varios factores acumulados durante años: la ausencia de un Plan General, la elevada presión urbanística de Llanes, la complejidad de los procedimientos, una plantilla históricamente limitada y las dificultades para contratar y retener profesionales especializados (todos tienen la culpa menos el gobierno fascista en el que participa). Su planteamiento es que el refuerzo realizado durante los últimos años empieza ahora a traducirse en resultados y que la estabilidad alcanzada por la plantilla permitirá seguir reduciendo la bolsa de expedientes pendientes.
La situación descrita por Armas dibuja, por tanto, un departamento que todavía debe hacer frente a una carga importante de trabajo acumulado, pero en el que, según las explicaciones del concejal, los tiempos de espera comienzan a reducirse y determinados procedimientos ya se están resolviendo en periodos considerablemente más cortos. El objetivo inmediato que plantea el responsable municipal pasa por rebajar aproximadamente a un año la demora de las licencias más atrasadas antes de que termine 2026 y continuar reduciendo ese plazo durante 2027, mientras el Ayuntamiento espera la aprobación definitiva del Plan General (redactado para beneficio de unos pocos de la mayoría de la población llanisca que necesita vivienda protegida).
El documento sometido a información pública del PGOU del gobierno municipal fascista en el año 2025 manejaba 16.223 viviendas existentes y una capacidad residencial teórica para 5.862 nuevas viviendas. De esas nuevas viviendas, 2.173 correspondían a suelos urbanos (1.606 en suelo urbano consolidado y 567 en no consolidado), 354 a suelos urbanizables y 3.335 a núcleos rurales. Para vivienda protegida, ese documento contabilizaba 246 viviendas: 55 en suelo urbano no consolidado y 191 en suelos urbanizables https://tinyurl.com/bddkms5s
Sin embargo, existe una versión posterior, vinculada a la aprobación provisional del Pleno de 4 de diciembre de 2025, en la que las cifras cambiaron. La documentación y las explicaciones públicas de ese expediente sitúan la capacidad en 5.774 nuevas viviendas, partiendo igualmente de 16.223 viviendas existentes, lo que arrojaría una capacidad residencial teórica total de 21.997 viviendas. El desglose publicado es 1.503 nuevas viviendas en suelo urbano consolidado, 570 en urbano no consolidado, 354 en urbanizable y 3.300 en núcleos rurales. Para vivienda protegida aparece la cifra de 274 VPO: 223 en Llanes, 46 en Posada y 5 en Nueva https://tinyurl.com/m88mvu5e
Armas defiende que los medios humanos disponibles se encuentran actualmente trabajando a pleno rendimiento y considera que mantener la estabilidad de la plantilla será decisivo para consolidar esta evolución. La información y las declaraciones pueden consultarse también en la publicación de referencia.
Las explicaciones ofrecidas por el vicealcalde y concejal de Urbanismo y Patrimonio de Llanes, Juan Carlos Armas (PP), para justificar el enorme retraso que acumula actualmente la concesión de determinadas licencias merecen ser contrastadas con la hemeroteca y, sobre todo, con los documentos oficiales. Armas reconoce que el Ayuntamiento está resolviendo ahora licencias correspondientes a marzo y abril de 2025, es decir, con aproximadamente año y medio de retraso, pero atribuye buena parte del problema a la ausencia de Plan General, a la elevada presión urbanística del concejo y a las dificultades para disponer de arquitectos suficientes. El problema de esa explicación no es que esos factores carezcan de relevancia, sino que el atasco de Urbanismo no apareció ayer ni puede presentarse como una circunstancia sobrevenida para un gobierno municipal fascista formado por VecinosxLlanes y PP que dirige el Ayuntamiento desde el año 2015. La documentación del propio Defensor del Pueblo permite remontar el problema muchos años atrás y comprobar que las advertencias institucionales sobre el funcionamiento del departamento se produjeron cuando la actual coalición llevaba apenas dos años gobernando.
El dato más contundente aparece en el Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo, presentado ante las Cortes Generales. La institución explica que en el año 2017 abrió de oficio una actuación ante el Ayuntamiento de Llanes debido al "grave retraso" existente en la resolución de las licencias urbanísticas. Algunas solicitudes acumulaban entonces hasta quince meses de demora. Pero el informe va bastante más lejos que señalar simplemente una falta coyuntural de arquitectos. El Defensor explica que el Ayuntamiento le remitió dos informes elaborados por una técnica de Administración General del Servicio de Urbanismo que ofrecían un panorama que la propia institución calificó de "desalentador", hasta el punto de estar afectando a la salud de los trabajadores. Como consecuencia de aquello, el Defensor pidió al Ayuntamiento que adoptase urgentemente medidas para corregir "la disfuncionalidad, el descontrol y la descoordinación existente en ese departamento". Puede consultarse directamente en el Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo.
Ese antecedente cambia sustancialmente la perspectiva desde la que deben analizarse las explicaciones actuales ofrecidas por el mentiroso concejal Armas. En el año 2017 ya existían expedientes con quince meses de retraso y una institución independiente reclamaba medidas inmediatas para solucionar problemas graves de organización y coordinación. En el año 2026, nueve años después, vuelven a aparecer retrasos de aproximadamente año y medio e incluso expedientes cercanos a los dos años. No estamos, por tanto, ante la primera advertencia institucional que recibe el Ayuntamiento gobernado por el fascista partido VecinosxLlanes y PP. El propio Ayuntamiento reconocía públicamente ya en 2018 que las bajas laborales y la escasez de personal estaban ocasionando retrasos de meses en numerosos expedientes, como puede comprobarse en esta información publicada por el propio Ayuntamiento de Llanes.
La comparación con lo sucedido en 2026 resulta especialmente significativa. El Defensor del Pueblo volvió a intervenir después de que un ciudadano que había solicitado una licencia el 28 de mayo de 2024 continuara cerca de dos años después sin obtener resolución. Según la información que el propio Ayuntamiento remitió a la institución, Urbanismo estaba todavía ocupándose de los primeros informes correspondientes a solicitudes presentadas en diciembre de 2023, además de mantener otros expedientes anteriores pendientes de diferentes trámites. El Defensor calificó la demora cercana a dos años como "a todas luces excesiva". La prensa regional y local recogió esta nueva intervención y el PSOE municipal reclamó medidas para reducir los tiempos de tramitación. Puede consultarse el resumen de la resolución y de la reacción política en esta información sobre los retrasos de Urbanismo.
Hay, además, otro antecedente reciente que afecta al funcionamiento administrativo del Ayuntamiento y que conviene incorporar con precisión. En marzo de 2025, el Defensor del Pueblo formuló al Ayuntamiento de Llanes un recordatorio de deber legal de auxilio preferente y urgente porque había tenido que enviar tres requerimientos durante 2024 para conseguir la información correspondiente a una queja iniciada en octubre de 2023. La documentación no llegó hasta diciembre de 2024, más de un año después de haber sido solicitada, y la institución señaló además que la información finalmente remitida era incompleta. Aunque aquel expediente no constituye por sí mismo una evaluación general de Urbanismo, sí documenta otro problema de respuesta administrativa del Ayuntamiento ante el Defensor. La resolución puede comprobarse directamente en la web oficial del Defensor del Pueblo.
El Covarón: cuando el problema no fue tardar en conceder una licencia, sino haberla concedido sin la autorización previa necesaria
La hemeroteca proporciona un episodio todavía más serio para evaluar la gestión urbanística desarrollada durante estos años: la licencia para construir una vivienda junto a una boca de entrada de la cueva de El Covarón, en Parres, un espacio sometido a protección patrimonial. Aquí no estamos únicamente ante una denuncia política. Existe un dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias que permite establecer con precisión qué ocurrió jurídicamente. La Concejalía Delegada de Urbanismo otorgó el 31 de agosto de 2018 una licencia para construir una vivienda en una parcela situada en una boca de entrada de la cueva. Posteriormente se constató que la licencia había sido concedida sin que previamente existiese la autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural.
El Consejo Consultivo fue inequívoco sobre la importancia jurídica de esa omisión. En su Dictamen 207/2020, de 10 de septiembre, explicó que la autorización patrimonial previa en el entorno protegido de un Bien de Interés Cultural no constituía un simple trámite complementario, sino un requisito previo indispensable para poder otorgar la licencia. Como esa autorización no existía cuando Urbanismo concedió el permiso, el Consejo Consultivo concluyó que el acto administrativo era contrario al ordenamiento jurídico y dictaminó que procedía revisarlo de oficio y declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución municipal de 31 de agosto de 2018. El contenido del dictamen puede consultarse en esta reproducción del Dictamen 207/2020 del Consejo Consultivo de Asturias.
Este episodio es importante porque introduce un elemento diferente al utilizado ahora para justificar el atasco. El problema de El Covarón no fue que el Ayuntamiento tardase demasiado en conceder una licencia; fue que la licencia fue concedida sin disponer previamente de una autorización que jurídicamente era imprescindible. Podemos Llanes exigió entonces responsabilidades políticas y llegó a pedir la dimisión de la responsable municipal de Urbanismo, atribuyendo a la gestión municipal daños al patrimonio y consecuencias económicas para el Ayuntamiento. Esas afirmaciones deben entenderse como acusaciones de una formación política, no como hechos judicialmente establecidos en todos sus extremos. Lo que sí está documentalmente establecido es la conclusión del Consejo Consultivo sobre la licencia: faltaba la autorización patrimonial previa y procedía declarar su nulidad de pleno derecho. La posición de Podemos y los antecedentes del caso pueden consultarse en su comunicado sobre El Covarón.
El Plan General: otro problema que tampoco nació ayer
La segunda gran explicación utilizada por Armas es la inexistencia de un Plan General de Ordenación. Es cierto que esta ausencia complica extraordinariamente la gestión urbanística de Llanes. El PGOU anterior fue anulado por sentencia del Tribunal Supremo de 4 de enero de 2011, antes de que VecinosxLlanes y PP alcanzaran el gobierno municipal. Por tanto, sería históricamente incorrecto responsabilizar al actual gobierno de aquella anulación. Lo que sí corresponde examinar es qué ha ocurrido desde 2015, porque después de más de once años bajo gobiernos encabezados por VecinosxLlanes, con participación del PP, Llanes continúa en septiembre de 2026 sin un nuevo Plan General definitivamente aprobado.
La trayectoria del nuevo planeamiento tampoco ha sido lineal. En 2019 se produjo una aprobación inicial del Plan General. Sin embargo, el 15 de marzo de 2021, el propio Pleno municipal decidió desistir de aquella aprobación inicial y también de la tramitación del estudio ambiental estratégico asociado. El acuerdo contó con los votos favorables de VecinosxLlanes, PP, Foro e IU. No se trata de una interpretación periodística: el acuerdo está publicado oficialmente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 28 de abril de 2021.
Existe además una descripción particularmente reveladora procedente de la documentación judicial posterior. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de noviembre de 2025, al reproducir los antecedentes administrativos y el informe de la CUOTA de septiembre de 2021, señala que durante los diez años posteriores a la anulación del antiguo PGOU el Ayuntamiento había iniciado la tramitación del Plan General y retrotraído el documento al inicio del trámite en dos ocasiones por distintas cuestiones, permaneciendo el municipio sin planeamiento definitivamente aprobado. La misma documentación describe los "problemas evidentes" derivados de acudir a las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de Asturias para suplir esa ausencia y destaca la grave inseguridad jurídica generada por la falta de una planimetría que ordenase el territorio. Puede consultarse el contenido de la Sentencia 1082/2025 del TSJ de Asturias.
La situación llegó al punto de que el Consejo de Gobierno del Principado intervino fijando plazos para que Llanes avanzase en su planeamiento. En enero de 2022 concedió al Ayuntamiento un plazo que vencía el 30 de septiembre de 2022 para la aprobación inicial del Plan General y advirtió de las consecuencias del incumplimiento. Posteriormente, la CUOTA determinó un plazo de quince meses vinculado a la tramitación ambiental. Lo decisivo aparece en el acuerdo autonómico de 1 de marzo de 2024: el propio Consejo de Gobierno dejó oficialmente consignado que, "superado el plazo", del expediente se desprendía que el Ayuntamiento "no ha dado cumplimiento a los hitos establecidos", aunque también recogía la alegación municipal de que el procedimiento estaba avanzado y que buena parte de los informes sectoriales eran favorables. El documento completo está publicado en el BOPA de 8 de marzo de 2024.
Ese documento oficial introduce además un matiz que debe mantenerse para no manipular los hechos: no dice que toda la documentación municipal estuviese mal. Señala que los informes sectoriales autonómicos y estatales habían sido evacuados favorablemente salvo el correspondiente a la Dirección General de Patrimonio Cultural en relación con el Estudio Ambiental Estratégico, y recoge que el Ayuntamiento aportó documentación modificada para atender lo señalado por ese informe. Lo que sí certifica el Consejo de Gobierno es que los hitos temporales establecidos anteriormente no se habían cumplido.
2026: Ayuntamiento y Principado vuelven a discrepar sobre quién está retrasando el Plan
La controversia volvió a repetirse este mismo año. En abril de 2026, el Ayuntamiento aseguró que había remitido el 11 de diciembre de 2025 toda la documentación necesaria al Servicio de Evaluaciones Ambientales y acusó al Principado de haber superado el plazo para formular la Declaración Ambiental Estratégica. Armas sostuvo que esta situación estaba provocando una "paralización indebida" del Plan. Esa es la versión oficial del gobierno municipal y puede consultarse íntegramente en la web del Ayuntamiento de Llanes.
Pero esa interpretación fue discutida públicamente. El PSOE de Llanes sostuvo entonces, atribuyendo esa información al Principado, que no existía un bloqueo autonómico y que había problemas en la tramitación realizada por el Ayuntamiento. Su portavoz, afirmó que se trataba de una tramitación incorrectamente realizada y responsabilizó al gobierno municipal de los retrasos. Esta es una acusación política, no una conclusión independiente que deba darse automáticamente por probada, pero resulta relevante porque muestra que existe una controversia expresa sobre la responsabilidad de la demora. Puede consultarse en esta información de COPE Ribadesella sobre la controversia del PGO.
La falta de personal: una explicación que plantea una pregunta inevitable
También merece atención el argumento actual de la escasez de arquitectos. Armas explica que cuando llegaron al gobierno en 2015 existían únicamente dos arquitectos municipales, que posteriormente se produjeron numerosas salidas de trabajadores y que no fue hasta mayo de 2023, ocho años después del cambio de gobierno, cuando impulsó el proyecto para incorporar tres arquitectos, una auxiliar y una jurista. Actualmente asegura disponer de tres arquitectos municipales y tres interinos. Son datos ofrecidos por el propio concejal y deben considerarse como tales. Lo que permiten plantear documentalmente los antecedentes es otra cuestión: si el Defensor del Pueblo ya advirtió en 2017 de retrasos de hasta quince meses relacionados con problemas de personal y exigió medidas concretas y efectivas, ¿por qué ocho años después del comienzo del mandato se seguía presentando como un cambio de estrategia el refuerzo diseñado en 2023?
No hace falta especular sobre las intenciones de nadie para formular esa pregunta. La cronología basta: año 2015, llegada del nuevo gobierno; año 2017, actuación de oficio del Defensor ante el grave retraso; año 2018, publicación de un informe que habla de disfuncionalidad, descontrol y descoordinación y reclama soluciones inmediatas; año 2023, nuevo proyecto municipal de refuerzo; año 2026, nuevas licencias con alrededor de año y medio de retraso y una nueva intervención del Defensor del Pueblo. Es una secuencia documental que permite evaluar la continuidad del problema sin necesidad de recurrir a descalificaciones personales.
Once años después, el argumento de la herencia tiene límites
La ausencia de planeamiento que encontró el gobierno fascista de VecinosxLlanes y PP no fue creada por ellos: el PGOU había sido anulado judicialmente en 2011. Tampoco puede atribuirse al Ayuntamiento cualquier demora producida por un informe sectorial autonómico ni cada baja o marcha de un trabajador. Eso debe quedar claro. Pero exactamente por la misma razón, tampoco resulta suficiente explicar en el año 2026 el funcionamiento de Urbanismo únicamente mediante circunstancias externas. Después de once años de gobierno existe ya un historial propio que puede ser examinado: retrasos denunciados institucionalmente desde 2017, advertencias del Defensor del Pueblo sobre el funcionamiento interno del servicio, una licencia urbanística de 2018 que el Consejo Consultivo determinó que debía declararse nula por haberse concedido sin la imprescindible autorización patrimonial previa, desistimiento municipal en 2021 de la aprobación inicial del Plan de 2019, incumplimiento de hitos temporales recogido expresamente por el Consejo de Gobierno asturiano en 2024 y un nuevo atasco de licencias constatado en 2026.
Y existe una contradicción temporal difícil de soslayar en el relato actual. El mentiroso Armas presenta la falta de Plan General como una de las causas del atasco de Urbanismo, pero el gobierno del que forma parte ha dispuesto de más de una década para culminar ese planeamiento y todavía no existe aprobación definitiva. Más aún: durante ese periodo hubo una aprobación inicial en 2019 de la que el propio Ayuntamiento desistió formalmente en 2021, y posteriormente el Principado tuvo que seguir estableciendo plazos y adoptar normas provisionales para afrontar la situación urbanística del concejo. Por tanto, la ausencia del Plan constituye objetivamente una dificultad para gestionar las licencias, pero la prolongación durante once años de esa ausencia forma también parte del balance administrativo del propio gobierno municipal desde 2015, aunque su origen sea anterior.
La conclusión que permite la documentación no necesita exageraciones: el atasco actual no es un fenómeno nuevo ni desconocido para quienes gobiernan Llanes. En 2017 el Defensor del Pueblo ya encontraba retrasos de hasta quince meses y reclamaba una respuesta inmediata frente a problemas de descontrol, descoordinación y disfuncionalidad. En 2018 el Ayuntamiento reconocía públicamente retrasos de meses por falta de personal. En ese mismo año Urbanismo concedió la licencia de El Covarón que posteriormente el Consejo Consultivo consideró nula de pleno derecho por faltar una autorización patrimonial previa imprescindible. En 2021 el Ayuntamiento desistió de la tramitación del Plan iniciada en 2019. En 2024 el Consejo de Gobierno dejó escrito que no se habían cumplido los hitos establecidos para avanzar en el nuevo planeamiento. Y en 2026 el Defensor vuelve a encontrarse con expedientes que se aproximan a los dos años de tramitación. Estos son hechos documentados, no una reconstrucción basada únicamente en las acusaciones de la oposición.
Por eso, el debate sobre las explicaciones del mentiroso concejal Juan Carlos Armas puede plantearse de una manera mucho más exigente que la simple discusión partidista. La pregunta relevante no es solamente por qué Urbanismo tiene hoy año y medio de retraso, ¿sino qué medidas estructurales se adoptaron después de que el mismo problema fuese advertido oficialmente en 2017?, ¿por qué no fueron suficientes para evitar que reapareciera?, ¿por qué el refuerzo que Armas presenta como decisivo no comenzó a diseñarse hasta 2023?, y ¿por qué, once años después del cambio de gobierno, Llanes continúa sin un Plan General definitivamente aprobado?. Las dificultades externas existen y deben reconocerse; lo que la hemeroteca impide sostener es que el Ayuntamiento se enfrente ahora a un problema inesperado. La Administración municipal conocía desde hace muchos años la gravedad de las deficiencias de Urbanismo porque una institución del Estado se lo había advertido expresamente y le había reclamado medidas concretas y efectivas.
Urbanismo en Llanes bajo la lupa: licencias anuladas, expedientes judicializados y problemas de tramitación desde el año 2015
La situación que atraviesa actualmente el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Llanes no puede analizarse únicamente a partir del atasco de licencias reconocido por el propio concejal de Urbanismo y Patrimonio, Juan Carlos Armas (PP). Más allá de los retrasos ya denunciados por el Defensor del Pueblo, de los problemas acumulados durante la tramitación del Plan General o del conocido expediente de El Covarón, la documentación judicial permite localizar otros procedimientos desarrollados durante el periodo de gobierno iniciado en 2015 que terminaron ante los tribunales y en los que determinadas actuaciones municipales fueron anuladas o cuestionadas jurídicamente.
Se trata de antecedentes especialmente relevantes porque no estamos hablando únicamente de acusaciones realizadas por los partidos de la oposición. Existen sentencias que permiten conocer qué decidió el Ayuntamiento, cuándo lo hizo, qué procedimiento siguió y qué determinaron posteriormente los tribunales. Analizados conjuntamente, estos expedientes amplían el debate sobre el funcionamiento de Urbanismo: el problema no puede reducirse exclusivamente a cuánto tarda el Ayuntamiento en conceder una licencia, sino que también debe examinarse cómo se tramitan los expedientes, qué administración tiene competencia para resolverlos, cómo se inicia la disciplina urbanística y por qué determinadas decisiones municipales han terminado siendo anuladas judicialmente.
2018: una resolución municipal declarada nula porque la competencia correspondía a la CUOTA
Uno de los antecedentes más claros se encuentra en una resolución dictada por el Ayuntamiento de Llanes el 30 de enero de 2018. El procedimiento afectaba a una actuación situada en suelo no urbanizable de especial protección y acabó ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo.
El Juzgado determinó que la resolución municipal debía ser declarada nula de pleno derecho, al considerar que el Ayuntamiento había resuelto una cuestión para la que carecía de competencia. El Consistorio recurrió posteriormente aquella sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pero tampoco consiguió que prosperase su posición.
La Sentencia 77/2019, de 31 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, confirmó la resolución del Juzgado y estableció que la competencia para otorgar la autorización previa correspondía a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA).
El razonamiento tiene especial importancia porque afecta precisamente a una de las cuestiones que aparecen recurrentemente en el debate urbanístico de Llanes: la intervención del Principado en determinados expedientes. El tribunal explicó que, tratándose de esta clase de suelo, la autorización autonómica constituye un procedimiento previo e independiente de la licencia municipal.
Por tanto, en este expediente no estamos ante una mera discusión política acerca de si el Ayuntamiento gestionó mejor o peor una licencia. Una resolución adoptada por el Ayuntamiento en enero de 2018 fue declarada nula porque había resuelto una cuestión cuya autorización correspondía a otra Administración.
El Ayuntamiento decidió recurrir aquella sentencia, pero el TSJ de Asturias desestimó la apelación, confirmó la nulidad y condenó además al Consistorio al pago de las costas de la segunda instancia, con un límite de 1.000 euros.
La resolución puede consultarse íntegramente en la Sentencia 77/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Este antecedente introduce una cuestión difícil de ignorar cuando actualmente se presenta la intervención de Oviedo como una de las razones que ralentizan los expedientes. Durante el periodo de gobierno iniciado en 2015 hubo al menos un procedimiento en el que el problema fue justamente el contrario: el Ayuntamiento resolvió una cuestión que debía contar con la intervención previa de la CUOTA y los tribunales terminaron declarando nula aquella actuación municipal.
Las Gaviotas: una solicitud de licencia de 2018 que terminó en los tribunales frente a una desestimación presunta
Otro procedimiento significativo comenzó el 27 de febrero de 2018, cuando una empresa promotora presentó ante el Ayuntamiento de Llanes una solicitud de licencia urbanística relacionada con la construcción de viviendas y garajes en la avenida de Las Gaviotas.
El expediente terminó llegando a los tribunales frente a la desestimación presunta de la solicitud. Es importante precisar el significado de este concepto: no supone que existiese necesariamente una resolución municipal expresa denegando la licencia, sino que el ordenamiento permitía al interesado recurrir ante la falta de una resolución administrativa en los términos legalmente previstos.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo estimó parcialmente el recurso presentado por la empresa y anuló la desestimación presunta por no ser conforme a Derecho. Además, determinó que el informe técnico urbanístico debía considerarse favorable y que el Ayuntamiento tenía que continuar la tramitación del expediente hasta su finalización, incluida la remisión del proyecto a Patrimonio Cultural para obtener la correspondiente autorización previa.
El asunto terminó posteriormente ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y puede reconstruirse a través de su Sentencia 114/2021, de 17 de febrero.
Puede consultarse la resolución en la Sentencia 114/2021 del TSJ de Asturias sobre el expediente de Las Gaviotas.
Conviene no exagerar lo que determinó el tribunal: la sentencia no significa que un juez concediese directamente la licencia urbanística a la promotora. Lo que se anuló fue la desestimación presunta y se ordenó continuar correctamente la tramitación del procedimiento y recabar la intervención correspondiente de Patrimonio.
Pero esa precisión no elimina la importancia del caso. Una solicitud presentada ante Urbanismo en febrero de 2018 acabó judicializada frente a la ausencia de una resolución administrativa y fue necesario un pronunciamiento judicial para que continuase su tramitación. Cuando se analiza un departamento que actualmente vuelve a reconocer retrasos superiores a un año, este tipo de antecedentes adquiere especial relevancia.
Villanueva de Pría: conceder la primera ocupación no equivalía a iniciar correctamente el expediente de disciplina
Un tercer procedimiento permite observar otra vertiente del funcionamiento de del departamento de Urbanismo en el Ayuntamiento de Llanes: la disciplina urbanística y la restauración de la legalidad.
El 24 de julio de 2020, el Ayuntamiento de Llanes concedió una licencia de primera ocupación para una vivienda unifamiliar en Villanueva de Pría. Sin embargo, en el expediente existía un informe técnico que advertía de que un muro debía eliminarse y reconstruirse respetando los retranqueos exigidos por la normativa.
La resolución municipal trasladó la cuestión al Servicio de Disciplina Urbanística "a los efectos oportunos". El problema apareció posteriormente cuando se discutió judicialmente si ese traslado podía considerarse realmente el comienzo formal del procedimiento destinado a restaurar la legalidad urbanística.
El asunto terminó ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que en su Sentencia 520/2023 determinó que aquella resolución municipal de julio de 2020 no podía considerarse el inicio formal de un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.
La diferencia puede parecer excesivamente técnica, pero resulta fundamental en Derecho administrativo. Enviar un expediente al departamento de Disciplina no es jurídicamente lo mismo que dictar el acto formal que inicia un procedimiento de restauración de la legalidad, con todas las garantías, plazos y consecuencias que ese procedimiento comporta.
Puede consultarse el contenido de la Sentencia 520/2023 del TSJ de Asturias sobre el expediente de Villanueva de Pría.
Este caso permite ampliar el análisis más allá del número de arquitectos disponibles o de la cantidad de expedientes pendientes. El funcionamiento correcto de Urbanismo no depende exclusivamente de resolver más rápido. También exige que cada procedimiento administrativo se inicie, tramite y resuelva utilizando el cauce jurídico correspondiente.
Una orden de ejecución de Urbanismo de 2020 terminó anulada por un juzgado
Existe otro procedimiento correspondiente al mismo año. El 5 de octubre de 2020, la Concejalía Delegada de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Llanes dictó una orden de ejecución que afectaba a varias comunidades de propietarios.
Los afectados presentaron un recurso de reposición, que posteriormente fue desestimado mediante decreto de Alcaldía de 3 de diciembre de 2020. El conflicto terminó entonces ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo.
La sentencia judicial fue contraria al Ayuntamiento: el Juzgado anuló el decreto municipal y dejó sin efecto la resolución de la Concejalía de Urbanismo por no ser conforme a Derecho.
El Ayuntamiento volvió a recurrir, llevando el procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El asunto aparece recogido en la Sentencia 575/2022, de 29 de junio, que permite reconstruir la sucesión de decisiones administrativas y judiciales.
Puede consultarse la Sentencia 575/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
De nuevo, estamos ante un expediente iniciado plenamente durante el periodo de gobierno posterior a 2015: una resolución dictada directamente por la Concejalía de Urbanismo y Patrimonio en octubre de 2020 terminó siendo anulada judicialmente y el Ayuntamiento tuvo que acudir posteriormente al TSJ para defender su actuación.
Solicitudes de 2018, informes en 2020 y un expediente de protección de la legalidad
Otro procedimiento judicial permite observar la complejidad que alcanzaron algunos expedientes tramitados durante esos mismos años.
La documentación judicial recoge que el 16 de enero de 2020 un arquitecto municipal examinó tres edificaciones y concluyó que únicamente una de ellas disponía de licencia municipal, aunque incluso en ese caso las obras realizadas excedían de las autorizadas. Respecto de las otras construcciones, el informe consideraba que determinadas actuaciones no podían legalizarse por resultar incompatibles con las condiciones establecidas por la CUOTA y Patrimonio Cultural.
Posteriormente, el 9 de junio de 2020, el concejal de Urbanismo acordó incoar un expediente de protección de la legalidad urbanística.
Pero la cronología del procedimiento resulta especialmente interesante: las solicitudes de licencia se remontaban a febrero de 2018, mientras que determinadas autorizaciones de uso de la CUOTA llegaron en abril de 2019 y algunos informes de Cultura fueron emitidos en julio de 2020.
La propiedad sostuvo ante los tribunales que habían transcurrido ampliamente los plazos administrativos y defendió que no podía iniciarse un procedimiento de restauración sin haberse resuelto expresamente antes las solicitudes de licencia pendientes. Debe dejarse claro que estos últimos argumentos corresponden a la parte recurrente y no pueden presentarse como hechos acreditados simplemente porque aparezcan reproducidos en una sentencia.
Lo que sí permite documentar el expediente es una tramitación prolongada: solicitudes formuladas en 2018, informes municipales emitidos en 2020 y apertura de un expediente de protección de la legalidad urbanística en junio de ese mismo año.
El procedimiento puede consultarse en la Sentencia 161/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo.
2025: diez años después, Urbanismo establece "por primera vez" criterios unificados para tramitar las licencias
A todos estos procedimientos se añade un documento mucho más reciente que resulta especialmente interesante para analizar la organización interna del departamento.
El 5 de noviembre de 2025, Juan Carlos Armas, como concejal delegado de Urbanismo y Patrimonio, aprobó una Instrucción sobre la tramitación de expedientes de licencias urbanísticas, posteriormente publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
La exposición de motivos explica que la correcta gestión de las licencias y de sus modificaciones requiere disponer de criterios claros, homogéneos y ajustados a la legalidad vigente, destinados a garantizar la eficacia y coherencia de la actuación administrativa.
Puede consultarse directamente la Instrucción publicada en el BOPA de 19 de noviembre de 2025.
Pero resulta todavía más reveladora la explicación que ofreció el propio Ayuntamiento al presentar públicamente la medida. Según la información municipal, la instrucción establecía "por primera vez unos criterios unificados y precisos para la tramitación de los expedientes de licencias urbanísticas", y se justificaba porque la experiencia acumulada había puesto de manifiesto una diversidad de situaciones que generaban inseguridad sobre el procedimiento que debía seguirse.
La explicación puede consultarse en la información publicada por el propio Ayuntamiento de Llanes sobre los nuevos criterios para las licencias urbanísticas.
El significado de este documento debe interpretarse con rigor. No demuestra que antes de noviembre de 2025 las licencias se tramitasen sin normas o sin criterios jurídicos, porque evidentemente existían legislación urbanística, procedimientos administrativos e informes técnicos y jurídicos. Pero sí permite afirmar algo mucho más preciso utilizando las propias palabras del Ayuntamiento: más de diez años después de la llegada al gobierno del partido fascista, VecinosxLlanes y PP, Urbanismo consideró necesario establecer "por primera vez" mediante una instrucción unos criterios internos "unificados y precisos" para tramitar los expedientes de licencias.
Y este hecho adquiere especial significado cuando se contempla junto a los procedimientos judiciales anteriores. Durante esos años encontramos una resolución municipal de 2018 declarada nula por una cuestión competencial; una solicitud de licencia de febrero de 2018 que terminó ante los tribunales frente a una desestimación presunta; una actuación de 2020 en Villanueva de Pría en la que el TSJ tuvo que determinar que la remisión del asunto a Disciplina no equivalía a incoar formalmente un procedimiento de restauración de la legalidad; y una orden de ejecución dictada por Urbanismo en octubre de 2020 que terminó anulada por un juzgado.
No sólo cuánto se tarda, sino cómo se tramita
Todos estos antecedentes pertenecen al periodo iniciado en 2015 y permiten ampliar sustancialmente el análisis del funcionamiento de Urbanismo sin recurrir a expedientes procedentes de gobiernos municipales anteriores.
Tampoco resulta necesario convertir cada sentencia desfavorable en una acusación general contra todo el departamento. Pero cuando se estudia la gestión pública durante más de una década, sí resulta legítimo observar la reiteración, naturaleza y consecuencias de los problemas documentados.
Y aquí aparece una cuestión especialmente relevante frente a las explicaciones ofrecidas actualmente por el sátrapa Juan Carlos Armas. El debate sobre Urbanismo no puede limitarse al número de arquitectos existentes en la plantilla. Los expedientes judiciales descritos muestran problemas de naturaleza diferente: competencias ejercidas incorrectamente, ausencia de resolución expresa que desemboca en los tribunales, procedimientos de disciplina que deben ajustarse estrictamente a las formalidades legales y resoluciones municipales posteriormente anuladas judicialmente.
La cronología resulta suficientemente expresiva. En enero de 2018, el Ayuntamiento adoptó una resolución posteriormente declarada nula porque la autorización correspondía a la CUOTA. En febrero de 2018, entró una solicitud de licencia en Las Gaviotas que terminó judicializada frente a una desestimación presunta. En 2020, una licencia de primera ocupación en Villanueva de Pría desembocó en una controversia sobre la correcta iniciación del procedimiento de restauración de la legalidad. También en 2020, una orden de ejecución de la Concejalía de Urbanismo acabó anulada por un Juzgado. Y en noviembre de 2025, después de más de diez años de gobierno, el propio Ayuntamiento anunció que establecía "por primera vez" criterios unificados y precisos para tramitar los expedientes de licencias urbanísticas.
Esta documentación introduce, por tanto, una dimensión adicional en el debate actual sobre el atasco de Urbanismo. No se trata solamente de preguntar cuánto tarda el Ayuntamiento en resolver una licencia. También corresponde preguntar cómo se han organizado y tramitado los procedimientos durante estos años, cuántas decisiones municipales han terminado anuladas, cuánto tiempo han necesitado algunos ciudadanos y empresas para obtener una respuesta administrativa y qué medidas se adoptaron para evitar que los mismos problemas procesales volviesen a producirse.
Después de más de una década de gobierno, la explicación del funcionamiento de Urbanismo difícilmente puede agotarse en la presión urbanística del municipio, la intervención del Principado o la dificultad para contratar arquitectos. Las sentencias aportan otra parte de la historia: durante este mismo periodo hubo decisiones adoptadas por el departamento que fueron anuladas judicialmente y expedientes cuya tramitación terminó trasladándose de las oficinas municipales a los juzgados.
Y precisamente por eso resulta especialmente significativa la decisión adoptada en noviembre de 2025 de establecer "por primera vez" criterios unificados y precisos para la tramitación de las licencias. Si el objetivo ahora es recuperar la normalidad del departamento, reducir el atasco y proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos, el análisis no debería limitarse a las explicaciones sobre los problemas actuales. También debe examinarse qué ocurrió durante los años anteriores, por qué se produjeron estas resoluciones anuladas y procedimientos judicializados y qué cambios concretos se han introducido para impedir que vuelvan a repetirse.
Porque una política urbanística eficaz no consiste únicamente en conceder licencias más deprisa. Consiste también en tramitarlas correctamente, resolverlas dentro de plazo, respetar las competencias de cada Administración y aplicar con rigor los procedimientos destinados a proteger la legalidad urbanística. Y es precisamente sobre esos parámetros objetivos —plazos, legalidad, organización administrativa y resultados— sobre los que puede evaluarse la gestión de Urbanismo desarrollada en Llanes desde la llegada del partido fascista VecinosxLlanes y su cómplice del PP en el año 2015.
Epílogo: once años después, Llanes tiene derecho a exigir resultados
Después de recorrer expedientes, advertencias institucionales, resoluciones judiciales, retrasos administrativos y problemas de organización acumulados durante los años de gobierno municipal iniciado en 2015, el debate ya no debería reducirse a determinar si el mentiroso Juan Carlos Armas encuentra una explicación más o menos convincente para justificar el atasco de Urbanismo. La cuestión verdaderamente importante es qué resultados puede exigir Llanes a quienes llevan más de una década administrando el municipio. Gobernar significa enfrentarse a problemas heredados, naturalmente, pero también significa resolverlos. Después de once años, la herencia recibida deja de ser una explicación suficiente cuando algunos de los problemas que se prometía solucionar continúan formando parte de la realidad cotidiana de vecinos, profesionales y empresas. La ausencia durante años de un planeamiento general definitivamente aprobado, las dificultades de personal, la intervención de otras administraciones o la elevada actividad urbanística del concejo pueden explicar una parte de la situación, pero ninguna de esas circunstancias elimina la responsabilidad política de quienes han tenido durante todo este tiempo la capacidad de organizar el Ayuntamiento, establecer prioridades, reforzar departamentos, modificar procedimientos y adoptar decisiones.
Y esa responsabilidad adquiere todavía mayor relevancia cuando se introduce en el análisis el coste que soportan los contribuyentes para mantener la estructura política municipal. Las retribuciones públicas no constituyen por sí mismas un reproche: gobernar un Ayuntamiento exige dedicación y responsabilidad y resulta razonable que quienes asumen esas funciones sean remunerados. Pero precisamente porque son los ciudadanos quienes pagan esos salarios, también son los ciudadanos quienes tienen derecho a exigir que exista una relación razonable entre responsabilidad, remuneración y resultados. En el caso de Juan Carlos Armas, el Ayuntamiento publica actualmente una retribución anual bruta de 49.700 euros, distribuida en catorce pagas. Esa cantidad no demuestra por sí sola absolutamente nada sobre la calidad de su gestión, pero sí permite formular una pregunta perfectamente legítima: ¿qué resultados concretos obtiene Llanes de quien ocupa una de las áreas municipales más importantes y percibe una remuneración pública de ese nivel que no gana en la vida civil? La respuesta no debería buscarse en descalificaciones personales, sino en indicadores mucho más difíciles de discutir: cuánto tarda una licencia, cuántos expedientes permanecen pendientes, cuántas resoluciones han terminado anuladas, qué problemas organizativos se han corregido, cuánto se ha reducido realmente el atasco y qué seguridad jurídica ofrece actualmente el Ayuntamiento a quien necesita relacionarse con Urbanismo.
Por eso resulta especialmente significativo que el propio Armas reconozca aproximadamente año y medio de retraso en determinadas licencias, después de que las dificultades del departamento hayan sido conocidas durante años. No puede responsabilizarse personalmente al concejal de cada informe técnico, de cada actuación de un funcionario ni de cada decisión adoptada por otras administraciones, pero tampoco puede vaciarse de contenido la responsabilidad política hasta convertir al responsable de un área en un simple narrador de los problemas que ocurren dentro de ella. Un concejal delegado no está únicamente para explicar por qué las cosas no funcionan; está precisamente para dirigir políticamente el área y conseguir que funcionen. Cuando acepta esa responsabilidad y percibe una retribución pública por ejercerla, debe asumir también el escrutinio correspondiente sobre los resultados obtenidos. La presión urbanística, la CUOTA, Patrimonio, el Principado, la falta de técnicos o la movilidad de los arquitectos pueden formar parte de la explicación, pero después de más de una década gobernando resulta legítimo preguntar qué decisiones propias se adoptaron, cuándo se adoptaron y por qué algunas soluciones estructurales tardaron tantos años en llegar.
La misma exigencia debe extenderse al conjunto del gobierno municipal. Vecinos por Llanes y PP gobiernan desde 2015 y, por tanto, el balance de Urbanismo durante este periodo pertenece ya a su propia gestión, independientemente de que en 2015 recibieran problemas importantes de anteriores corporaciones. El tiempo político importa. No es lo mismo encontrarse un problema durante el primer año de mandato que continuar explicándolo una década después. Cuanto más tiempo permanece un gobierno al frente de una institución, mayor es la parte de la realidad administrativa que responde a sus propias decisiones, prioridades, aciertos y errores. Por eso el debate sobre Urbanismo debería abandonar definitivamente la cómoda confrontación entre "lo heredado" y "lo provocado por otros" y concentrarse en algo mucho más concreto: qué se encontró en 2015, qué se hizo desde entonces, cuánto costó hacerlo y cuál es el resultado existente en 2026. Esa comparación permitiría a cualquier llanisco formarse su propia opinión sin necesidad de aceptar la versión del gobierno, de la oposición ni de este artículo.
También existe una responsabilidad política que trasciende las paredes del Ayuntamiento. El Partido Popular forma parte del gobierno municipal y Juan Carlos Armas pertenece a esa formación, por lo que resulta legítimo reclamar explicaciones también a su dirección autonómica. Álvaro Queipo, como presidente del PP de Asturias, puede defender la actuación de sus representantes en Llanes, cuestionarla o exigir cambios; lo que corresponde a los ciudadanos es preguntarle qué valoración hace de los resultados. ¿Considera razonable la situación existente en Urbanismo? ¿Considera suficientes las medidas adoptadas durante estos años? ¿Qué valoración hace de los retrasos reconocidos y de las resoluciones judiciales analizadas a lo largo de este post? Cuando un partido comparte responsabilidades de gobierno durante más de una década, su dirección política tampoco debería quedar completamente al margen del balance de lo realizado por sus representantes. La coherencia exige reclamar a los propios cargos públicos el mismo nivel de eficacia, transparencia y responsabilidad que se exige a los adversarios cuando gobiernan otras administraciones.
Pero sería incompleto terminar este análisis cargando toda la exigencia exclusivamente sobre el gobierno. La oposición municipal también tiene responsabilidades, aunque sean distintas. Su obligación no consiste en gestionar Urbanismo, porque no gobierna, pero sí en fiscalizar con firmeza a quien lo hace y ofrecer una alternativa reconocible. Llanes necesita una oposición que no se limite a reaccionar ante cada nueva polémica, sino que investigue expedientes, utilice los instrumentos de control municipal, obligue al gobierno a proporcionar información, formule propuestas concretas y explique qué haría de manera diferente si tuviese que asumir mañana la responsabilidad de gobernar. Después de tantos años de problemas, no basta con afirmar que las cosas se están haciendo mal: quien aspire a convertirse en alternativa debería explicar cuántos técnicos necesita Urbanismo, qué organización propone, qué plazos considera razonables, cómo evitaría nuevos errores procedimentales, qué mecanismos de transparencia implantaría y cómo permitiría a los ciudadanos comprobar periódicamente el cumplimiento de esos objetivos. Una oposición eficaz no se mide únicamente por la dureza de sus declaraciones, sino también por su capacidad para fiscalizar, proponer y demostrar que existe otro proyecto preparado para gobernar.
Eso es precisamente lo que Llanes necesita por encima de cualquier sigla: solvencia. Solvencia para administrar uno de los concejos territorialmente más complejos de Asturias; para proteger un patrimonio natural, paisajístico y cultural extraordinario; para proporcionar vivienda y oportunidades a quienes quieren seguir viviendo aquí; para ofrecer seguridad jurídica a quien pretende construir, rehabilitar una vivienda o desarrollar una actividad económica; y para conseguir que relacionarse con el Ayuntamiento deje de convertirse en una carrera de obstáculos. Llanes necesita responsables públicos capaces de asumir los problemas en lugar de utilizarlos indefinidamente como explicación, y necesita una oposición capaz de demostrar que dispone de un proyecto mejor. Ni gobernar consiste en encontrar permanentemente culpables fuera del Ayuntamiento ni hacer oposición consiste simplemente en esperar a que el gobierno se desgaste.
Al final, la cuestión de los salarios públicos resume bastante bien la exigencia que debería presidir este debate. Cobrar 49.700 euros brutos anuales no convierte a Juan Carlos Armas en mejor ni peor gestor. Lo que permite exigirle es que responda por su gestión con datos y resultados. Exactamente lo mismo debería aplicarse al alcalde fascista, Enrique Riestra y al resto de responsables políticos remunerados. El dinero público no compra infalibilidad, pero sí justifica exigir dedicación, planificación, transparencia, capacidad de reacción y rendición de cuentas. Cuando los resultados son buenos, corresponde reconocerlos; cuando son deficientes, corresponde explicarlos y corregirlos. Y cuando los mismos problemas se prolongan durante años, corresponde preguntarse no solamente quién los provocó originalmente, sino quién tuvo tiempo y capacidad para solucionarlos y qué hizo con esa oportunidad.
Llanes no necesita acostumbrarse a que un retraso de un año, año y medio o dos años sea presentado como una circunstancia inevitable. No debería ser normal esperar indefinidamente para obtener una respuesta de la Administración, ni debería convertirse en normalidad que los problemas urbanísticos se expliquen durante años mediante una sucesión interminable de circunstancias externas. Los vecinos pagan impuestos, financian las retribuciones de sus representantes y sostienen con su dinero toda la estructura administrativa precisamente para disponer de servicios públicos que funcionen. Esa es la medida que realmente importa. No las siglas, no las excusas, no las descalificaciones y tampoco las promesas de que dentro de unos meses todo irá mejor: los resultados.
Después de once años existe documentación suficiente para que cada llanisco pueda sacar sus propias conclusiones. Están los expedientes, las fechas, las advertencias institucionales, las sentencias, los retrasos reconocidos, las decisiones adoptadas y también las explicaciones ofrecidas por quienes gobiernan. Que nadie tenga que creer a ciegas al gobierno ni a quienes lo critican. Que se abran los documentos, se comparen las fechas, se examinen los resultados y se pregunte cuánto tiempo necesita razonablemente un gobierno para resolver aquello que lleva años diciendo que está solucionando.
Porque, al final, esa es la pregunta que queda después de retirar todo el ruido político: ¿funciona hoy el Ayuntamiento de Llanes, y especialmente su Urbanismo, como razonablemente debería funcionar después de más de una década bajo el mismo gobierno? La respuesta no corresponde imponerla desde estas líneas. Corresponde a cada vecino formarla a partir de los hechos.
Llanes merece una Administración a la altura de Llanes. Y quienes cobran, gobiernan, fiscalizan o aspiran a gobernar tienen la obligación de demostrar con hechos que están a la altura de esa responsabilidad.
Ya lo dijo Lord Acton: «El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.»
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