El alcalde ultra de Llanes, Enrique Riestra, nos manifiesta a los llaniscos en una entrevista que hoy se publica en el diario “amigo” a sus felonías un breve resumen de cual ha sido su gestión durante estos algo más de once años que lleva cobrando de la política sin tenr oficio ni beneficio en la vida civil. El balance de su gestión al frente del Ayuntamiento en el que destaca especialmente la situación económica municipal, la inversión en infraestructuras, la atención prestada a la zona rural y los proyectos previstos para los próximos años. En sus declaraciones, recogidas en esta entrevista, el regidor presenta el saneamiento de las cuentas municipales como uno de los principales logros de su etapa de gobierno.
Riestra asegura que el Ayuntamiento ha conseguido eliminar una deuda cercana a los ocho millones de euros. También atribuye a su gestión haber evitado que los vecinos de Llanes tuvieran que afrontar una indemnización de veinte millones de euros reclamada por los propietarios de un hotel construido durante un anterior gobierno socialista mediante una licencia que fue declarada ilegal.
Foto: el alcalde ultra del municipio de Llanes, Enrique Riestra Rozas
Según el alcalde ultra, la mejora de la situación financiera ha permitido incrementar considerablemente la capacidad inversora del Ayuntamiento. Esa disponibilidad económica, sostiene, se ha traducido en actuaciones relacionadas con instalaciones deportivas, equipamientos culturales, servicios sociales y centros educativos.
Dentro de este balance triunfalista que nos vende a los llaniscos (que le conocen) y asturianos (que no le conocen), Riestra concede una importancia especial al tratamiento de la zona rural. A su juicio, la creación y el trabajo desarrollado desde la Concejalía de Pueblos han marcado un antes y un después en la atención prestada a las localidades del concejo. El alcalde presenta esta política como uno de los elementos diferenciadores de su gestión y como una respuesta a las necesidades de los vecinos que residen fuera de los principales núcleos urbanos.
Entre los proyectos considerados prioritarios para los próximos años, Riestra menciona la rehabilitación del Cinemar, cuyas obras se encuentran en ejecución. También destaca la futura rehabilitación del Casino de Llanes, una actuación que, según explica, será sacada próximamente a licitación.
El alcalde incluye igualmente entre las iniciativas municipales el tercer Plan de Desbroces y el Plan de Bacheos. A estos programas se sumarán otros dos planes que se encuentran en tramitación: uno destinado al mantenimiento de parques y zonas ajardinadas y otro dirigido a la conservación y mejora de los centros educativos del municipio.
Otro de los proyectos relevantes es la denominada macrotraída de agua de Posada y pueblos anexos. Riestra señala que el tramo correspondiente a Posada se encuentra próximo a su finalización, aunque reconoce que la actuación deberá continuar en el futuro mediante la sustitución de los restantes tramos de la conducción (11 años para hacer un tramo de los poco más de 17 km que tiene dicha conducción. El tramo que el gobierno municipal fascista de VecinosxLlanes y PP saco a licitación es el comprendido entre Santo Toribio y Posada y tiene una longitud total de 2.017 metros, es decir, 2,017 kilómetros). La renovación completa de esta infraestructura se plantea, por tanto, como un proyecto que tendrá que desarrollarse progresivamente durante los próximos años (si se tardó casi 12 años en realizar los 2 km y hacemos una progresión geométrica de dicho tiempo para el resto de tramos que faltan, serán necesarios, siguiendo exactamente el mismo ritmo:
Respecto al turismo, uno de los principales motores económicos del concejo, el alcalde ultra considera que el reto fundamental consiste en compatibilizar su crecimiento con la conservación del paisaje, la identidad de los pueblos y el entorno natural. Riestra sostiene que la esencia de Llanes constituye precisamente uno de sus mayores atractivos turísticos y que, por ese motivo, su protección debe ocupar un lugar central en las políticas municipales (los llaniscos que vayan a vivir a otros municipios y vengan a Llanes de visita, ya que la vivienda por esa conservación del paisaje es algo prohibido para su desarrollo personal).
En este contexto, concede una especial relevancia al futuro Plan General de Ordenación (PGOU). Según sus declaraciones, su aprobación se encuentra cada vez más próxima y permitirá reforzar la protección de la costa y preservar la identidad de los pueblos frente a posibles procesos de especulación inmobiliaria.
El alcalde admite, no obstante, que encontrar un equilibrio entre el desarrollo turístico y la conservación del territorio no siempre resulta sencillo. Entre los asuntos que el gobierno ultra pretende regular menciona las viviendas de uso turístico y el turismo de autocaravanas. El objetivo declarado es ordenar ambas actividades para reducir sus efectos sobre el entorno y favorecer una convivencia más equilibrada entre los residentes y quienes visitan el municipio (primero lleno Llanes de viviendas turísticas con las que cobrar la tasa que el gobierno municipal recauda, ahora que Llanes tiene un grave problema nos vuelve a vender que hay que regularlo).
Al describir el Llanes que imagina al finalizar su mandato, Riestra plantea un concejo que pueda ser heredado por las próximas generaciones sin perder sus elementos esenciales. Su aspiración es que los hijos y nietos de los actuales vecinos puedan seguir reconociéndose en sus pueblos, tradiciones, paisajes y formas de vida (le falto decir que sigan pagándole el sueldo hasta que se jubile sin pegar un palo al agua, ya que lo que cobra ningún alcalde llanisco lo cobró en el ejercicio de sus funciones).
El alcalde ultra defiende, en definitiva, un modelo económico monocultivo donde él turismo pueda continuar creciendo, pero siempre bajo la premisa de conservar el entorno natural y mantener la identidad propia del concejo (los llaniscos trabajarán de verano y de invierno irán a “pacer” a las verdes praderas de Llanes al estar muerto en actividad económica. Para el alcalde ultra, el futuro de Llanes debe construirse combinando inversión, desarrollo económico, protección paisajística y respeto por las tradiciones que históricamente han definido al municipio.
Este es el cuento de “caperucita roja” que hoy nos ha contado a los llaniscos y asturianos, que por otro lado repite como un mantra de su gestión. Pero hay otro Llanes que ha pasado por alto para los llaniscos y asturianos, es el que a continuación voy a relatar hoy aquí, para que no se olvide y se ignore con esta propaganda tóxica que nos canta la ultraderecha de VecinosxLlanes y PP.
Las declaraciones del alcalde fascista de Llanes, Enrique Riestra, ofrecen una visión positiva de la gestión desarrollada por el gobierno municipal ultra de, VecinosxLlanes y Partido Popular. Sin embargo, al contrastar ese relato con la evolución de algunos de los principales proyectos y problemas del concejo, aparecen carencias relacionadas con la planificación, la ejecución de las inversiones, la transparencia, la vivienda, la regulación turística, el urbanismo y los servicios básicos https://tinyurl.com/tds8sebf
Análisis sobre la gestión municipal del gobierno ultra del municipio de Llanes
Una de las actuaciones más representativas que nos vende el gobierno municipal es la compra y rehabilitación del Cinemar. El Ayuntamiento adquirió el inmueble en febrero de 2022 por 897.000 euros y posteriormente impulsó unas obras de rehabilitación cuyo coste inicial publicado ascendía a aproximadamente 4,2 millones de euros, aunque para financiar el proyecto se reservó una partida de 4,6 millones dentro del crédito municipal aprobado en 2024. A esa cantidad hay que sumar el sobrecoste de algo más del 19 % reconocido durante la ejecución: tomando como referencia los 4,2 millones iniciales, el incremento supone al menos otros 798.000 euros, por lo que el coste de la rehabilitación supera ya los 4,99 millones de euros. Además, el Ayuntamiento ha aprobado otros 430.000 euros, de los cuales 400.000 se destinan a maquinaria y equipamiento del edificio y 30.000 a reforzar la financiación de ese equipamiento. En consecuencia, sumando compra, rehabilitación ampliada y equipamiento, el compromiso económico conocido supera ya los 6,32 millones de euros, sin incluir todavía los futuros gastos de personal, mantenimiento, programación y funcionamiento. Pese a esta dimensión económica, el alcalde presenta el edificio como una infraestructura cultural demandada por los vecinos, pero no consta la celebración previa de una consulta ciudadana, un concejo abierto, una votación popular o un proceso participativo específico en el que se debatieran la compra, el coste total, los futuros usos y las alternativas disponibles.
La carencia no reside necesariamente en la recuperación de un edificio con valor cultural y sentimental, sino en la forma de adoptar una decisión de semejante dimensión económica. Informar de una compra después de haberla realizado no equivale a permitir que la ciudadanía participe antes de comprometer los recursos públicos. Una inversión de estas características debería haber estado acompañada de un estudio público de necesidades, una comparación con otros proyectos municipales y una previsión completa de los gastos de adquisición, obra, equipamiento, mantenimiento, personal y programación.
La preparación técnica de la rehabilitación también provocó críticas. Profesionales de la arquitectura cuestionaron las condiciones de la licitación para redactar el proyecto y dirigir las obras. Consideraban que los requisitos establecidos podían limitar la concurrencia, que la oferta económica tenía demasiado peso y que, debido a la singularidad del edificio, habría resultado más adecuado convocar un concurso de ideas o méritos que valorase especialmente la experiencia en rehabilitación de teatros, cines y espacios culturales. La evolución presupuestaria del Cinemar refuerza las dudas sobre la planificación inicial. En julio de 2024, el Ayuntamiento aprobó solicitar un crédito de 5,72 millones de euros, de los cuales aproximadamente 4,6 millones estaban relacionados con el Cinemar y 1,1 millones con la traída de agua de Posada. La oposición cuestionó que se recurriera al endeudamiento cuando existía un remanente municipal elevado y cuando el nivel de ejecución de las inversiones presupuestadas había sido reducido.
Las obras comenzaron en mayo de 2025 con un presupuesto anunciado cercano a los 4,2 millones de euros y un plazo inicial de quince meses. Durante la ejecución aparecieron circunstancias no previstas, como la presencia de amianto, que obligaron a modificar el proyecto. A ello se sumaron incrementos económicos y ampliaciones del plazo de ejecución. Posteriormente, el Ayuntamiento anunció una nueva partida de 400.000 euros para el equipamiento audiovisual del edificio. La aparición sucesiva de créditos, modificaciones, equipamientos adicionales y ampliaciones temporales muestra que el coste completo y el calendario definitivo no estaban totalmente determinados cuando se puso en marcha la actuación. Un equipamiento con capacidad para varios centenares de personas necesita además una planificación complementaria sobre accesos, aparcamientos, movilidad, seguridad, personal, programación cultural y mantenimiento. El gobierno municipal ha explicado las posibilidades futuras del edificio, pero no ha presentado con el mismo nivel de detalle un modelo completo de gestión y explotación que permita conocer cuánto costará anualmente mantenerlo abierto y qué estructura municipal será necesaria.
La dimensión económica del Cinemar resulta aún más llamativa cuando se compara con la lentitud de las infraestructuras esenciales. La conducción general de la macrotraída desde Meré tiene aproximadamente 17 kilómetros, pero el tramo licitado entre Santo Toribio y Posada alcanza solamente 2.017 metros, de los cuales 275 metros ya habían sido renovados previamente mediante una actuación de emergencia. El tramo representa apenas el 11,9 % de la longitud total de la conducción, mientras que quedarían fuera de esa actuación unos 14,98 kilómetros, equivalentes al 88,1 % del recorrido. El contraste es evidente: millones movilizados con rapidez para un equipamiento cultural y una infraestructura básica de abastecimiento que sigue avanzando por fragmentos. (Longitud de la macrotraída y licitación del tramo Santo Toribio-Posada).
La vivienda representa otra de las grandes fracturas del concejo. Cuando se elaboró el diagnóstico municipal asociado a la regulación turística, Llanes superaba las 1.200 viviendas de uso turístico, equivalentes aproximadamente al 7,5 % del parque residencial, mientras que en los portales consultados para aquel estudio solo aparecían 13 viviendas disponibles para alquiler estable. El crecimiento no fue repentino: se registraron 434 nuevas autorizaciones en 2017, 782 en 2018 y, posteriormente, cifras anuales de 613, 540, 698, 886 y 710. Pese a esta evolución, la moratoria municipal no llegó hasta octubre de 2024, cuando varios núcleos ya superaban el umbral de saturación del 5 % establecido por el propio Ayuntamiento. El gobierno no causó por sí solo todo el fenómeno —la inscripción depende también del Principado—, pero tardó años en utilizar sus competencias urbanísticas para ordenar los usos y proteger la residencia habitual. (Plan Especial de Uso Turístico y datos sobre vivienda turística).
La respuesta, además de tardía, llegó acompañada de errores administrativos. La CUOTA obligó a repetir la aprobación inicial del Plan Especial de Uso Turístico porque el Ayuntamiento lo había tramitado como instrumento de desarrollo cuando debía seguir el procedimiento correspondiente a un instrumento de no desarrollo. Esto obligó a ampliar la exposición pública de uno a dos meses y convirtió el informe autonómico en vinculante. No significa que el contenido material del plan quedara invalidado, pero sí que una herramienta presentada como urgente para afrontar la presión turística fue encauzada inicialmente por una vía incorrecta, retrasando nuevamente su aplicación. (Información sobre la corrección exigida por la CUOTA).
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) constituye la mayor prueba de esa incapacidad para cerrar los grandes asuntos municipales. Después de once años de gobierno ultra de Enrique Riestra, Llanes sigue sin disponer de un planeamiento general definitivamente aprobado, el único municipio de Asturias de los 78 existentes que carece de planeamiento. El expediente ya tuvo que retrotraerse después de que la CUOTA advirtiera en 2020 que el Plan General y el Catálogo Urbanístico debían tramitarse conjuntamente. En 2026 continuaban las discrepancias sobre la documentación necesaria para la declaración ambiental estratégica. Mientras tanto, el concejo permanece condicionado por normas provisionales, inseguridad administrativa y una ordenación incapaz de responder con estabilidad a la vivienda, las infraestructuras, la actividad económica y la protección territorial. (Acta del pleno de abril de 2025).
Las propias métricas del futuro planeamiento cuestionan que vaya a resolver por sí solo la crisis residencial. El documento parte de 16.223 viviendas existentes y admite una capacidad máxima teórica de 21.997, es decir, unas 5.774 viviendas adicionales. De ellas, aproximadamente 3.300 podrían localizarse en suelo no urbanizable de núcleo rural. Sin embargo, la previsión de vivienda protegida se limita a 274 unidades: 223 en Llanes, 46 en Posada y 5 en Nueva. Esas 274 viviendas representan apenas el 4,7 % de la capacidad residencial adicional prevista. En otras palabras, más del 95 % del crecimiento potencial no aparece reservado como vivienda protegida, por lo que aumentar la edificabilidad no garantiza vivienda asequible ni residencia habitual para los llaniscos. (Datos residenciales del PGOU y distribución de la vivienda protegida).
La debilidad de la política municipal de vivienda resulta más difícil de justificar cuando el propio Ayuntamiento reconoció en enero de 2025 que disponía de 25.000 metros cuadrados de suelo municipal dentro de la Reserva Regional de Suelo situada entre Llanes y Poo. Ese terreno necesita planeamiento, financiación y colaboración autonómica, pero su existencia desmiente cualquier presentación simplista de un Ayuntamiento completamente desprovisto de instrumentos. El problema no es solo disponer de suelo, sino convertirlo en promociones concretas con número de viviendas, presupuesto, calendario y fecha de entrega. (Suelo municipal ofrecido para vivienda protegida).
Las playas llaniscas muestran otra distancia entre la promoción institucional y los servicios reales. En 2026, únicamente Toró y Palombina disponían de la Bandera Q de Calidad Turística. El reconocimiento de dos arenales tiene valor, pero no permite extender esa evaluación al conjunto del litoral. Además, en agosto de 2025 las playas de Poo y El Sablón tuvieron que cerrarse al baño por presencia de Escherichia coli, y Poo ya había sufrido otro episodio de contaminación durante el mismo verano. Estos hechos no permiten responsabilizar exclusivamente al Ayuntamiento, porque el saneamiento implica también al Principado y a otras administraciones, pero sí evidencian que la protección costera necesita algo más que fotografías, premios promocionales y campañas turísticas: exige colectores, bombeos, control de vertidos y capacidad suficiente durante los meses de mayor presión. (Banderas Q de Toró y Palombina y cierre de Poo y El Sablón).
Los servicios educativos también reflejan problemas acumulados. En junio de 2026, el Ayuntamiento sacó a licitación la conservación y las pequeñas reparaciones de los centros escolares por 80.000 euros anuales más IVA, con un año de duración y posibilidad de prórroga. La externalización puede agilizar las reparaciones, pero la propia justificación municipal —la sobrecarga de la brigada y las carencias acumuladas en edificios antiguos— demuestra que la capacidad ordinaria del Ayuntamiento no estaba dimensionada para atender adecuadamente sus propias instalaciones. Después de once años, contratar un servicio extraordinario para realizar el mantenimiento básico de los colegios no puede venderse únicamente como una mejora: también representa el reconocimiento de un déficit previo de organización, plantilla y conservación. (Licitación del mantenimiento escolar).
La improvisación alcanzó uno de sus ejemplos más claros con el espacio de conciliación de El Rinconín. El Ayuntamiento inauguró el centro el 9 de enero de 2024, con capacidad anunciada para 15 bebés, y al día siguiente el Principado solicitó su cierre cautelar al considerar que carecía de autorización como escuela infantil o guardería. El servicio tuvo que suspenderse prácticamente dentro de sus primeras veinticuatro horas. Aunque Ayuntamiento y Principado mantuvieron versiones diferentes sobre la naturaleza jurídica del proyecto, el resultado es indiscutible: un servicio destinado a familias y menores abrió sin que todas las condiciones administrativas estuvieran previamente resueltas. (Apertura del espacio y solicitud autonómica de cierre cautelar).
La gestión de las autocaravanas vuelve a mostrar un gobierno más eficaz para restringir que para ofrecer alternativas. La regulación municipal concentra la pernocta pública en el área de La Talá, limitada a 86 plazas y con una estancia máxima de 48 horas, mientras el estacionamiento diurno en la villa queda reducido a dos espacios y a una determinada franja horaria. El Ayuntamiento tiene competencia para ordenar el tráfico y evitar la acampada irregular, pero un concejo turístico, extenso y con numerosos núcleos costeros necesita una red proporcionada de áreas, puntos de vaciado, servicios y aparcamientos distribuidos territorialmente. Concentrar toda la oferta pública de pernocta en 86 plazas evidencia el desequilibrio entre la capacidad sancionadora y la planificación de alternativas. (Ordenación municipal de autocaravanas).
El gobierno municipal reivindica haber alcanzado la deuda cero y recuperado capacidad inversora. Ese saneamiento, de ser valorado aisladamente, constituye un resultado favorable. Pero una administración no se mide únicamente por cuánto dinero conserva o por la deuda que amortiza, sino por su capacidad para ejecutar inversiones útiles, mantener los servicios, prevenir los problemas y fijar prioridades. Precisamente porque el Ayuntamiento sostiene que dispone de solvencia y recursos, resultan más difíciles de explicar la lentitud de la macrotraída, la ausencia del Plan General, la escasez de vivienda protegida, los problemas de saneamiento, el mantenimiento escolar acumulado y los errores administrativos repetidos.
La presión fiscal municipal es otro dato incómodo para valorar la gestión de Llanes. El informe “La competitividad fiscal en el Principado de Asturias”, elaborado por FADE y el Instituto de Estudios Económicos, advierte de que la elevada carga tributaria puede perjudicar la inversión, el crecimiento y la competitividad. El estudio puede consultarse aquí y su versión completa en este enlace. En el año 2024, Llanes recaudó 724 euros por habitante en impuestos locales, frente a los 474 euros de media nacional y los 439 euros de media asturiana. Esto supone 250 euros más por vecino que la media española y 285 euros más que la asturiana. En términos porcentuales, Llanes recauda un 53 % más que España y cerca de un 65 % más que Asturias. El informe le asigna un índice de 153, tomando España como 100. Los datos pueden consultarse aquí. La cuestión no es solo cuánto recauda el Ayuntamiento, sino qué servicios reciben los vecinos a cambio. Con una presión fiscal tan elevada, Llanes debería ofrecer mejores resultados en vivienda, saneamiento, abastecimiento, colegios, mantenimiento, planeamiento y atención a los pueblos. Cuando esa mejora no se percibe, el problema pasa a ser de eficiencia, prioridades y rendición de cuentas.
Llanes combina una elevada presión fiscal con un gasto judicial difícil de justificar. Según la intervención plenaria de Miguel Polín citada en el pleno extraordinario del 30 de agosto de 2022, entre 2017 y 2022 el gobierno municipal habría destinado 969.000 euros a litigios y contenciosos, con 273.000 euros en 2020 y 246.000 euros en 2021. A ello se suman los 758.000 euros presupuestados en 2024 para gastos judiciales y una reserva de 200.000 euros en 2025 para posibles reclamaciones y facturas pendientes. Solo con esas cantidades, el coste alcanza 1.927.000 euros, sin incluir la referencia posterior a una dotación de “900 y pico mil euros” vinculada a contenciosos administrativos. La documentación citada puede consultarse aquí. Este gasto resulta todavía más grave cuando Llanes recauda 724 euros por habitante en impuestos municipales, frente a los 474 euros de media nacional. Son 250 euros más por vecino, un 53 % por encima de la media española. Con semejante capacidad recaudatoria, los llaniscos deberían recibir mejores servicios, más eficacia y una gestión más rigurosa. Sin embargo, una parte considerable del esfuerzo fiscal termina absorbida por pleitos, reclamaciones y errores de una gobernanza manifiestamente mejorable.
La conclusión de estas métricas no es que durante algo más de once años no se haya realizado ninguna actuación. Es mucho más grave: Llanes ha tenido tiempo, estabilidad política, capacidad recaudatoria y recursos económicos suficientes, pero el gobierno de VecinosxLlanes y PP continúa actuando tarde, corrigiendo mal y administrando los problemas cuando ya se han convertido en crisis. Después de más de una década, ya no sirve responsabilizar permanentemente a gobiernos anteriores, al Principado o a la complejidad administrativa. Once años son tiempo suficiente para asumir como propios tanto los aciertos como los fracasos.
La vivienda turística se intenta regular después de superar las 1.200 unidades y alcanzar aproximadamente el 7,5 % del parque residencial, mientras apenas aparecían 13 viviendas disponibles para alquiler estable en los portales analizados. El Plan Especial tuvo que repetir parte de su tramitación por haber sido encauzado incorrectamente. El futuro planeamiento permite unas 5.774 viviendas adicionales, pero solo contempla 274 protegidas, apenas el 4,7 %, mientras el Ayuntamiento reconoce disponer de 25.000 metros cuadrados de suelo municipal sin haberlos convertido todavía en una promoción concreta, con financiación, calendario y fecha de entrega.
El Cinemar concentra ya un compromiso económico superior a los 6,32 millones de euros entre compra, rehabilitación, ampliación de obra y equipamiento, sin contar todavía personal, mantenimiento y programación. Mientras tanto, la macrotraída de agua sigue avanzando por tramos: la actuación entre Santo Toribio y Posada alcanza 2,017 kilómetros de una conducción de aproximadamente 17 kilómetros, apenas el 11,9 % del total. La diferencia retrata con claridad las prioridades: rapidez para movilizar millones en un proyecto emblemático y lentitud desesperante para completar una infraestructura básica de abastecimiento.
La misma contradicción aparece en los servicios públicos. Se externaliza por 80.000 euros anuales más IVA el mantenimiento de los centros educativos cuando las carencias ya se habían acumulado y la brigada municipal estaba sobrecargada. Se inaugura un espacio de conciliación para 15 bebés y debe suspenderse prácticamente al día siguiente por no haberse resuelto previamente todas las cuestiones administrativas. Se promociona el litoral mientras Poo y El Sablón tuvieron que cerrar al baño por contaminación fecal. Se restringe la pernocta de autocaravanas y se concentra toda la alternativa pública en únicamente 86 plazas, demostrando una mayor capacidad para prohibir y sancionar que para planificar soluciones.
Todo ello sucede en un municipio que en 2024 recaudó 724 euros por habitante en impuestos locales, frente a los 474 euros de media nacional y los 439 euros de media asturiana. Llanes recauda un 53 % más que la media española y cerca de un 65 % más que la asturiana. Sin embargo, esa extraordinaria capacidad fiscal no se traduce en un nivel equivalente de planificación, mantenimiento, vivienda, saneamiento, abastecimiento o eficacia administrativa.
A esa presión fiscal se añade el coste de los conflictos judiciales. Según las cifras recogidas en intervenciones plenarias y presupuestos municipales, entre litigios, contenciosos y reservas para reclamaciones se alcanzaría al menos 1,927 millones de euros, sin incorporar otras dotaciones mencionadas posteriormente. Son recursos que no terminan en vivienda pública, colegios, caminos, saneamiento o servicios para los pueblos, sino absorbidos por pleitos, reclamaciones y las consecuencias económicas de una gobernanza manifiestamente mejorable.
Este es el verdadero balance de algo más de once años: un PGOU que continúa sin aprobarse definitivamente, una vivienda cada vez menos accesible, una regulación turística tardía, infraestructuras esenciales ejecutadas a paso de tortuga, servicios básicos externalizados después de años de abandono, proyectos millonarios cuyo coste crece durante la ejecución y una presión fiscal muy superior a las medias española y asturiana.
Según los datos de la tabla, el gobierno municipal de Llanes costaba en el año 2023 293.902 euros anuales, a los que se sumaban 47.824 euros del asesor, elevando el gasto político total a 341.726 euros al año, unos 24.409 euros al mes. Una factura considerable para los llaniscos que resulta aún más difícil de justificar cuando la gestión acumula retrasos, errores administrativos, litigios, servicios deficientes y proyectos que se encarecen. Cobrar como un gobierno eficaz mientras se gobierna tarde y mal convierte el coste político en otro símbolo de una administración sobredimensionada y de resultados manifiestamente insuficientes como es este gobierno ultra municipal de Llanes.
No estamos ante un gobierno sin dinero, sin tiempo o sin estabilidad. Estamos ante un gobierno que ha dispuesto de los tres y, pese a ello, ha sido incapaz de convertirlos en una gestión preventiva, rigurosa y eficaz. Llanes no padece falta de propaganda, anuncios ni fotografías oficiales. Padece falta de prioridades, de anticipación, de ejecución y de rendición de cuentas. Después de once años, el problema ya no puede llamarse herencia: se llama gestión. Y cuando un gobierno cobra más impuestos, acumula más recursos y dispone de más tiempo, pero los problemas básicos continúan sin resolverse, el fracaso no está en las circunstancias. Está en quienes gobiernan.
Cuando un gobierno utiliza publicidad institucional o recursos públicos para comprar espacios complacientes, ensalzar supuestos logros y silenciar sus fracasos, deja de informar y empieza a fabricar propaganda. Salvando las evidentes distancias históricas, la lógica recuerda a las técnicas empleadas por Goebbels en la Alemania nazi: repetir insistentemente un relato favorable hasta intentar convertirlo en verdad. Pero en Llanes la propaganda no consigue tapar la realidad: mientras los titulares entran por la puerta, los retrasos, sobrecostes, pleitos y servicios deficientes salen por la ventana.
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