Hoy se celebró pleno ordinario en el Ayuntamiento de Llanes y los llaniscos pudieron ver, una vez más, las cuadernas de este barco político a la deriva que hoy gobierna el concejo. Un gobierno formado por el partido ultra de, VecinosxLlanes y la derecha extrema del Partido Popular, que vuelven a demostrar que su forma de gestionar se sostiene más sobre la imposición, la propaganda y la falta de transparencia que sobre la planificación seria.
De todos los puntos tratados en el pleno, voy a detenerme en dos que considero fundamentales para que los vecinos comprendan qué está ocurriendo realmente en Llanes. El primero es el punto 4, relativo a una modificación de crédito de 430.000 euros, de los cuales 400.000 euros se destinan a maquinaria y equipamiento del Cinemar y otros 30.000 euros a garantizar una mayor liquidez para dicho equipamiento, según las indicaciones de Intervención. Durante el debate se escucharon afirmaciones que, como ciudadano de Llanes, ya no sorprenden por venir de quien vienen, pero que sí retratan con claridad quién está hoy al frente del Ayuntamiento. El alcalde, Enrique Riestra, pronunció una frase especialmente reveladora: “El Cinemar es una obra muy demandada por los vecinos”.
Esa afirmación merece una reflexión seria. Porque una cosa es que el Cinemar sea un edificio con valor sentimental para muchos llaniscos, y otra muy distinta es presentar su compra, rehabilitación y creciente coste económico como si hubiera nacido de una demanda vecinal clara, expresa y contrastada. Hasta donde conocen los ciudadanos, no hubo una consulta pública previa, no hubo un proceso participativo real y no se explicó a los vecinos, antes de tomar la decisión, el alcance económico completo de una operación que ha terminado comprometiendo millones de euros de dinero público.
Relato documentado sobre la compra del Cinemar por el Ayuntamiento de Llanes
La compra del Cinemar por el Ayuntamiento de Llanes no apareció de golpe en febrero de 2022. El primer paso público localizado se sitúa en marzo de 2020, cuando el equipo de gobierno incluyó en el presupuesto municipal la previsión de acudir a una operación de préstamo para adquirir el edificio del antiguo cine por unos 900.000 euros. Según publicó Cope Ribadesella, la memoria presupuestaria justificaba la operación en la voluntad de recuperar “un espacio mítico y emblemático” para que Llanes contara con un lugar destinado a actividades culturales y económicas. Aquella previsión contemplaba un préstamo a diez años, con dos años de carencia https://tinyurl.com/5n8sthf6
Un año después, en mayo de 2021, el asunto volvió al presupuesto municipal. Cope Ribadesella informó entonces de que el Ayuntamiento “recuperaba” la compra del Cinemar dentro del llamado presupuesto-covid. La información señalaba que la operación prevista en el año 2020 no había llegado a tramitarse y que, en esa nueva fase, el gobierno municipal planteaba utilizar el remanente de tesorería. Es decir, la compra avanzó por vía presupuestaria y plenaria, no mediante una consulta ciudadana específica conocida públicamente https://tinyurl.com/yc6dvcm8
La adquisición se anunció finalmente el 16 de febrero de 2022. El Ayuntamiento compró el antiguo Cinemar por 897.000 euros. Así lo publicaron varios medios, entre ellos Cope Ribadesella, Onda Cero, RTPA y El Fielato. El relato oficial presentado por el alcalde ultra, Enrique Riestra, fue que Llanes recuperaba un edificio emblemático para convertirlo en un espacio cultural, turístico y polivalente, capaz de acoger cine, teatro, congresos, eventos y actividades durante todo el año https://tinyurl.com/m448yz9n
Sobre cómo fue la negociación, lo publicado permite afirmar una cosa concreta: el propio alcalde dijo que “no fue fácil”, porque la propiedad estaba dividida entre cinco partes y hubo que ponerlas de acuerdo. Esa es la explicación pública conocida sobre la negociación. También se informó de que la compra se financiaría mediante préstamo bancario (diez años) con dos años de carencia y pagos anuales aproximados de 95.000 euros. Lo que no aparece en las informaciones consultadas es una exposición pública previa de las condiciones internas de la negociación, de las alternativas estudiadas o de un proceso abierto en el que los vecinos pudieran pronunciarse antes de cerrar la operación https://tinyurl.com/m448yz9n
Por tanto, dicho de forma clara: sí hubo información pública del resultado de la compra, porque se comunicó el precio, el destino previsto del edificio y la fórmula de financiación. Pero no consta en lo publicado que hubiera una consulta ciudadana previa convocada por el alcalde, ni un concejo público, ni una votación vecinal, ni un proceso participativo específico antes de tomar la decisión. La decisión fue personal del gobierno ultra la cual se canalizó por los presupuestos, el pleno y la negociación con los propietarios.
La transparencia, por tanto, fue netamente parcial. Fue transparente en el anuncio final: precio, finalidad y financiación fueron comunicados. Pero no puede decirse, con lo publicado en los medios, que las negociaciones fueran transparentes para los llaniscos en el sentido de haber conocido previamente los detalles, los informes de necesidad, las alternativas o los términos de la negociación antes de que la compra estuviera cerrada. Esa diferencia es importante: una cosa es informar después de comprar y otra distinta es abrir antes un debate público sobre una inversión relevante.
Después de la compra, el proyecto siguió acumulando debate. En agosto del año 2022, Cope Ribadesella publicó que técnicos de arquitectura cuestionaban el proceso abierto para contratar la asistencia técnica de la rehabilitación y estudiaban impugnar la convocatoria, al considerar que los pliegos dejaban fuera a buena parte de los estudios de arquitectura y que hubiera sido preferible un concurso de ideas o de méritos https://tinyurl.com/bdfxd8e4
En el año 2023, el PSOE de Llanes pidió que el Ayuntamiento hiciera público el proyecto de rehabilitación del Cinemar y denunció “reiteradas faltas de transparencia”. También reclamó que se explicaran los usos previstos y que se realizara un estudio de necesidades antes de licitar la obra. Esa crítica no cuestionaba tanto la idea de recuperar el edificio, sino la forma en que se estaba gestionando el proceso posterior a la compra https://tinyurl.com/2xh67ek5
La inversión fue creciendo con el paso del tiempo. En julio del año 2024, el gobierno municipal ultra aprobó pedir un crédito de 5,72 millones de euros, de los cuales 4,6 millones se destinaban a la rehabilitación del Cinemar y 1,1 millones a la traída de agua de Posada. El gobierno de VecinosxLlanes y PP defendió que el expediente cumplía los parámetros legales, mientras el PSOE planteó utilizar el remanente de tesorería en lugar de endeudarse https://tinyurl.com/y3e5yjpw
Las obras de rehabilitación comenzaron en mayo de 2025. Según publicó El 21 Asturias, el coste de la rehabilitación ascendía a 4,2 millones de euros, con un plazo de quince meses y entrega prevista para los primeros días de octubre de 2026. El proyecto fue encargado al arquitecto José Luis Batalla y la obra a la UTE Cinemar Llanes https://tinyurl.com/yc2r8srk En el año 2026, el debate continuó por los retrasos y el modelo de gestión. Riestra afirmó que las obras no estaban paralizadas, que habían surgido problemas por la aparición de amianto y que la gestión futura sería municipal, no externa. También dijo que el Cinemar sería un centro público para uso y disfrute de llaniscos y visitantes https://tinyurl.com/2xtn9npj
La oposición socialista, por su parte, denunció en junio de 2026 retrasos “clamorosos”, falta de planificación y falta de información clara sobre los usos concretos del edificio y su puesta en servicio. Reclamó un calendario detallado y realista para saber cuándo estará terminado y en qué condiciones funcionará https://tinyurl.com/4f5uv6fp
En resumen, el Cinemar fue comprado por el gobierno municipal ultra como una apuesta cultural y turística, con un precio conocido de 897.000 euros y con una finalidad públicamente explicada. La operación fue presentada como la recuperación de un edificio sentimentalmente importante para Llanes. Pero, según lo publicado en los medios consultados, no consta una consulta previa a los vecinos ni una negociación abierta y transparente antes de la compra. Lo que hubo fue una decisión política tramitada por vías institucionales, anunciada públicamente una vez cerrada y seguida después por un proceso de rehabilitación que ha generado críticas por plazos, planificación, transparencia y coste final.
Por lo tanto, queda acreditado que no consta que los vecinos de Llanes manifestaran, mediante consulta pública, proceso participativo o demanda vecinal formal, una necesidad expresa sobre dicho equipamiento. Lo que sí consta es que la compra del Cinemar respondió a una decisión política adoptada por el gobierno municipal ultra de VecinosxLlanes y el Partido Popular, que entendió, bajo su propio criterio, que era una operación conveniente para el concejo utilizando dinero público de todos los llaniscos. Todo lo contrario que el siguiente ejemplo que a continuación expondré.
El ejemplo más claro que he encontrado es Ivars d’Urgell, en Lleida. El Ayuntamiento planteó la compra de los edificios históricos de Cal Sant, Cal Viladot y una zona de huerto. Antes de cerrar la adquisición, promovió un proceso participativo para que los vecinos decidieran sobre la compra. Votaron 345 personas, el 58,6% lo hizo a favor, hubo 134 votos en contra, 5 en blanco y 4 nulos. La propia información municipal señalaba que no se alcanzó por poco el porcentaje exigido para que el resultado fuera directamente vinculante, pero el gobierno local decidió seguir adelante con la adquisición por la claridad del resultado. La operación se tramitó por 665.000 euros https://tinyurl.com/2b3ueuf8
Hoy, en el pleno, los llaniscos también nos hemos enterado de dos cuestiones relevantes sobre el Cinemar que afectan directamente al bolsillo de todos. La primera es que este equipamiento acumula ya un sobrecoste de algo más del 19%. La segunda, que el plazo de finalización se amplía siete meses más. Una casualidad política que sitúa su posible inauguración cerca de las próximas elecciones municipales, justo a tiempo para que el alcalde Enrique Riestra pueda sacar pecho con dinero público de todos los llaniscos, en una obra que nació más como decisión personal de gobierno ultra que como una demanda acreditada de los vecinos. El Cinemar corre el riesgo de convertirse así en su particular pirámide de capricho, pagada por todos los llaniscos. Otra cuestión importante tras lo que acabo de relatar, es que fue aprobada dicha moción de forma unanime por los presentes con los votos del PSOE.
Para terminar este punto, tampoco puedo dejar que la oposición se vaya de rositas, y en concreto su portavoz, Óscar Torre, cuando afirmó en el pleno que el PSOE estaba a favor de la compra del Cinemar y que se abstuvo porque era la época del Covid-19. Cuando escuché ese argumento, se me cayó el alma a los pies. Llanes lleva años arrastrando carencias graves en saneamiento, suministro de agua, dependencia, mantenimiento de colegios, escuelas de 0 a 3 años y otros servicios básicos que están amparados como competencias propias en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) en su artículo 25. En ese contexto, justificar que también estaban de acuerdo con destinar una millonada de euros al Cinemar resulta difícil de entender para cualquier vecino que conozca la realidad del concejo. Es para echarse a llorar con una oposición que, después de doce años, sigue sin ejercer con claridad el papel que le corresponde… Hay fascismo para rato con estos personajes de la oposición.
El siguiente punto que quiero tratar es el punto 5 del pleno, relativo al Plan Especial de Uso Turístico. En este asunto, el gobierno municipal de Llanes volvió al punto de partida. El pleno se vio obligado a aprobar inicialmente por segunda vez el PEUT después de que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias corrigiera el documento anterior por dos cuestiones de carácter formal https://tinyurl.com/uwuxynaj Este hecho no es menor, porque evidencia que un plan presentado por el gobierno local como una herramienta fundamental para ordenar el uso turístico en el concejo ha tenido que rehacer parte de su tramitación por no ajustarse correctamente al procedimiento exigido.
La CUOTA no cuestiona el contenido de fondo del plan, pero sí el procedimiento seguido por el gobierno municipal ultra de VecinosxLlanes y PP. El organismo autonómico considera que el PEUT debe tramitarse como un instrumento de “no desarrollo” y no como un instrumento “de desarrollo”, tal y como se había planteado inicialmente. Esa diferencia obliga a ampliar el periodo de exposición pública de un mes a dos meses y convierte el informe de la CUOTA en vinculante, por lo que el gobierno municipal deberá acatar sus indicaciones antes de poder aprobar definitivamente la norma.
Ante esta situación, el equipo de gobierno ha decidido no recurrir la decisión de la CUOTA y volver a aprobar inicialmente el documento, incorporando ya las correcciones exigidas. El siguiente paso será abrir un nuevo periodo de información pública de dos meses. Una vez finalizado ese trámite, el plan deberá recibir el informe favorable de la CUOTA para poder quedar aprobado de forma definitiva.
Como viene siendo costumbre en el pleno celebrado hoy dos de sus principales responsables de este desaguisado, el alcalde ultra, Enrique Riestra y su concejal de Urbanismo, Juan Carlos Armas (la mentira andante), defendieron que el documento inicial había sido validado por los servicios técnicos y jurídicos municipales y atribuyeron lo ocurrido a una discrepancia de interpretación técnica. Armas recordó además que el PSOE llevó dos veces el PEUT a los tribunales y perdió, como si esa cuestión fuera suficiente argumento para justificar la negligencia de este gobierno ultra.
Plan Especial de Uso Turístico de Llanes. / LNE
El plan nace en un contexto marcado por la fuerte presión turística sobre el mercado residencial de Llanes. Según los datos manejados para su elaboración, el concejo cuenta con más de 1.200 pisos turísticos entre viviendas vacacionales y alojamientos de uso turístico, lo que representa el 7,5% del total municipal. Frente a esa cifra, cuando se realizó el estudio solo había 13 viviendas disponibles para alquiler de larga duración. Esta situación ha contribuido al encarecimiento de la vivienda, por encima de la media asturiana, y a un modelo estacional que deja pueblos vacíos en invierno y saturados durante los meses de verano.
El PEUT plantea limitar los pisos turísticos a un máximo de cinco por cada cien viviendas en cada núcleo de población. Para ello, divide los pueblos y barrios en tres categorías. Los núcleos saturados, que ya superan ese porcentaje, no podrán recibir nuevas licencias. Los núcleos de contención, situados entre el 2% y el 5%, podrán autorizar algunas aperturas con restricciones. Y los núcleos en equilibrio, por debajo del 2%, podrán permitir nuevas viviendas turísticas.
El documento incorpora además prohibiciones específicas. No se podrán abrir viviendas turísticas en las plantas bajas del centro histórico de Llanes, con el objetivo de proteger el comercio de proximidad, ni tampoco en fincas singulares, como casas de indianos o inmuebles con jardines históricos, por su valor patrimonial y por no encajar con un modelo de turismo masivo.
El plan también prevé incentivos para que los propietarios destinen viviendas turísticas al alquiler residencial o a la compraventa para uso habitual. En las zonas saturadas, cuando un piso turístico cambie de propietario, la licencia no se renovará. Además, el PEUT deberá revisarse cada cuatro años para actualizar los datos y adaptar los límites a la evolución demográfica y turística del concejo.
En el punto 5, el concejal encargado de defender los argumentos del gobierno municipal fue el concejal marrullero del PP, Juan Carlos Armas, que, como de costumbre, pasó de puntillas sobre el verdadero problema de las viviendas de uso turístico. Su intervención evitó entrar en la raíz de una situación que hoy condiciona gravemente el acceso a la vivienda en Llanes: un mercado residencial cada vez más estrecho, con escasa vivienda disponible para compra o alquiler habitual y sin una respuesta pública suficiente para quienes necesitan vivir en el concejo.
Las causas principales son claras. La primera, la falta de un PGOU, que después de más de once años el gobierno municipal no ha sido capaz de aprobar. La segunda, la concesión masiva de autorizaciones para viviendas de uso turístico durante años, hasta convertir un fenómeno inicialmente limitado en un problema estructural para muchos pueblos y barrios de Llanes. Ahora el gobierno pretende presentarse como quien viene a corregir el problema, pero lo cierto es que ese mismo gobierno permitió que creciera hasta alcanzar la dimensión actual.
El dato documentado permite situar el crecimiento fuerte desde el año 2017. La base normativa autonómica viene del Decreto 48/2016, publicado en agosto de 2016 y con entrada en vigor el 6 de septiembre de 2016, que reguló en Asturias las viviendas vacacionales y las viviendas de uso turístico. Además, el trámite funciona mediante declaración responsable previa al inicio de actividad, que habilita para obtener la inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas, sin perjuicio de los controles posteriores y de la normativa municipal aplicable https://tinyurl.com/444p8aau
El crecimiento de las viviendas de uso turístico y viviendas vacacionales en Llanes no aparece de un día para otro. Según los datos publicados por Cope Ribadesella a partir de las declaraciones del concejal de Urbanismo, Juan Carlos Armas, el salto se sitúa claramente desde el año 2017 bajo el gobierno de VecinosxLlanes y PP. Hasta entonces se hablaba de unas 50 u 80 licencias al año, pero en 2017 ya se alcanzaron 434; en 2018 fueron 782; y en los años posteriores se registraron cifras de 613, 540 en el año de la pandemia, 698, 886 y 710, sin tener cerrado todavía el ejercicio de 2024 en el momento en que se hicieron públicas esas cifras.
Ese crecimiento fue calificado por el propio gobierno municipal como “alarmante” y sirvió de base para llevar al pleno una moratoria de un año sobre nuevas viviendas de uso turístico. La medida fue anunciada en octubre de 2024 por la coalición de gobierno formada por VecinosxLlanes y el Partido Popular, y se justificó en un estudio encargado a la Universidad de Oviedo sobre la situación de las VUT y las viviendas vacacionales en el concejo.
La
moratoria aprobada en octubre de 2024 afectó inicialmente a los núcleos
considerados tensionados: Llanes, Poo, Barru, Posada, Nueva, Celoriu y
San Roque del Acebal, donde el número de viviendas de uso
turístico superaba el 5% del total. Posteriormente, el Plan
Especial de Usos Turísticos amplió la suspensión de nuevas licencias a todos
los núcleos del concejo, tanto urbanos como rurales, cuando la suma de
viviendas vacacionales y viviendas de uso turístico superara ese límite del 5%.
Por tanto, sin elucubraciones, el dato político es claro: el
gobierno municipal ultra permitió que el fenómeno creciera durante años y solo
actuó con una moratoria cuando el problema ya estaba plenamente instalado en el
concejo. Desde el año 2017 hasta la suspensión aprobada en octubre
del año 2024, Llanes pasó de una actividad turística residencial
manejable a un escenario de saturación en varios núcleos, con consecuencias
directas sobre el mercado de vivienda, el alquiler residencial y la vida
cotidiana de los vecinos.
Dentro del debate del punto 5 se escuchó un argumento que conviene desmontar con datos: atribuir la falta de vivienda en Llanes a la declaración de zonas tensionadas como afirmó en su argumentario el concejal del PP, Juan Carlos Armas. Ese razonamiento no se sostiene si se analiza la secuencia de los hechos.
En Llanes, el problema de acceso a la vivienda no nace con la declaración de zonas tensionadas, sino mucho antes. En octubre de 2024, el propio gobierno municipal aprobó una moratoria sobre nuevas viviendas de uso turístico al reconocer el crecimiento «alarmante» de estas durante los siete años anteriores. Según las cifras facilitadas entonces por el concejal de Urbanismo, se había pasado de unas 50 u 80 licencias al año a 434 en 2017, 782 en 2018 y, posteriormente, 613, 540 en el año de la pandemia, 698, 886 y 710. La información puede comprobarse aquí: https://tinyurl.com/jw3rpspt
La declaración de una zona tensionada no crea el problema de la vivienda; lo que hace es reconocer oficialmente que ese problema ya existe. La propia Ley 12/2023 establece que solo puede declararse una zona tensionada cuando existen datos objetivos que acrediten un riesgo de oferta insuficiente de vivienda asequible. Entre esos criterios figuran que el coste de la vivienda supere el 30 % de la renta media de los hogares o que los precios de compra o alquiler hayan crecido muy por encima de la inflación durante los cinco años anteriores. Es decir, la ley exige demostrar primero el problema para poder declarar la zona tensionada. El texto legal puede consultarse aquí: https://tinyurl.com/3wrefbja
En el caso de Llanes, el propio Ayuntamiento y el Principado reconocieron que la proliferación de viviendas de uso turístico era uno de los factores que más estaban tensionando el mercado residencial. Por ese motivo, el Gobierno de Asturias anunció que limitaría las viviendas turísticas en las zonas declaradas tensionadas con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda habitual. La noticia puede consultarse aquí: https://tinyurl.com/y6atahv4
Por tanto, afirmar que la declaración de zonas tensionadas es la responsable de que haya menos vivienda en Llanes supone invertir la relación causa-efecto. La escasez de vivienda fue precisamente la razón por la que se impulsó esa declaración. Antes ya existían la presión del alquiler turístico, la falta de un planeamiento urbanístico actualizado y un mercado residencial cada vez más reducido para quienes querían vivir en el concejo durante todo el año.
Además, este tipo de políticas no son una excepción española. La OCDE recoge que numerosos países europeos regulan el mercado del alquiler mediante diferentes mecanismos. Francia aplica controles en las denominadas «zonas tensionadas»; Alemania utiliza la Mietpreisbremse, que limita el precio inicial del alquiler en áreas con fuerte presión residencial; Países Bajos fija rentas máximas mediante un sistema de puntos para buena parte del parque residencial; e Irlanda aplicó durante años las Rent Pressure Zones, limitando las subidas anuales del alquiler. El informe de la OCDE puede consultarse aquí: https://tinyurl.com/44ed95rm
Eso no significa que estas medidas sean una solución milagrosa. La evidencia comparada muestra que los controles de precios pueden contener las rentas a corto plazo, pero necesitan ir acompañados de más vivienda pública, más oferta residencial y una regulación eficaz del alquiler turístico para evitar efectos no deseados. Un estudio académico sobre Cataluña concluye que la regulación redujo los precios del alquiler, aunque también detectó efectos sobre parte de la oferta. El trabajo puede consultarse aquí: https://tinyurl.com/3dabhv7k
En definitiva, el debate no debería centrarse en culpar a la declaración de zonas tensionadas del problema de la vivienda. Los datos indican que esas declaraciones se aplican precisamente cuando el problema ya existe. En Llanes, la dificultad para acceder a una vivienda habitual venía gestándose desde años antes, impulsada por el crecimiento de las viviendas de uso turístico, la escasez de vivienda protegida y la ausencia de un planeamiento urbanístico capaz de responder a las necesidades reales de los vecinos.
Para tranquilidad de los llaniscos (es broma), el concejal del PP, Juan Carlos Armas, afirmó en el pleno que, cuando se apruebe el PGOU, el Ayuntamiento ya podrá resolver el problema de la vivienda en el municipio. Al escuchar esa afirmación, cuesta no preguntarse desde qué realidad habla quien lleva años formando parte de un gobierno incapaz de aprobar ese planeamiento y de anticiparse a una crisis habitacional que hoy sufren muchos vecinos.
Para su conocimiento, conviene recordar el dato publicado sobre el PGOU de Llanes actualmente en tramitación: frente a una capacidad máxima teórica de 21.997 viviendas y la posibilidad de unas 5.774 nuevas viviendas, solo se contemplan 274 viviendas con algún tipo de protección pública es del 4,74%.
El desglose de esas viviendas protegidas es el siguiente: 223 VPO en Llanes, 46 en Posada y 5 en Nueva. Ese es el verdadero alcance de la respuesta protegida que ofrece el planeamiento. Por tanto, presentar el PGOU como la gran solución al problema de la vivienda en Llanes resulta, como mínimo, una afirmación profundamente engañosa.
|
Concepto |
Cifra |
|
Viviendas existentes tomadas como base actual |
16.223 |
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Capacidad máxima teórica del PGO |
21.997 viviendas |
|
Nuevas viviendas posibles |
5.774 |
|
De ellas, previstas en núcleos rurales |
3.300 aprox. |
|
Viviendas con protección pública / VPO previstas |
274 |
|
VPO previstas en Llanes |
223 |
|
VPO previstas en Posada |
46 |
|
VPO previstas en Nueva |
5 |
El acta del pleno del 28 de abril de 2025 recoge que el PGO contempla 16.223 viviendas existentes, una capacidad máxima teórica de 21.997 viviendas y, por tanto, unas 5.700 nuevas viviendas, con 3.300 en suelo no urbanizable de núcleo rural.
Para terminar el post quiero manifestar que Llanes no puede seguir comprando la mercancía tóxica que vende este gobierno municipal de la ultraderecha de, VecinosxLlanes y Partido Popular. Porque detrás de cada anuncio, de cada titular grandilocuente y de cada explicación fabricada a medida, lo que aparece es siempre lo mismo: falta de planificación, ausencia de transparencia, decisiones tomadas desde arriba y una preocupante incapacidad para resolver los problemas reales de los vecinos.
El Cinemar se vendió como una obra demandada por los llaniscos, pero no consta una consulta pública previa ni un proceso participativo que acreditara esa supuesta demanda vecinal. El PEUT se presentó como una herramienta para ordenar el uso turístico, pero ha tenido que volver al punto de partida por errores formales en su tramitación. El problema de las viviendas turísticas se intenta ahora corregir, cuando durante años se permitió un crecimiento masivo que ha tensionado el mercado residencial. Y el PGOU se pretende vender como la gran solución a la vivienda, cuando el propio dato publicado muestra que, de miles de viviendas posibles, solo 274 tendrían algún tipo de protección pública.
Ese es el balance real: mucho relato, mucha propaganda y muy poca gestión útil para quienes viven en Llanes todo el año. Mientras los pueblos pierden vivienda habitual, mientras el alquiler se convierte en una carrera imposible, mientras siguen pendientes problemas básicos de saneamiento, agua, mantenimiento, servicios públicos y atención a las necesidades cotidianas, el gobierno municipal insiste en envolver sus decisiones en un discurso triunfalista que no resiste el contraste con los hechos.
Y tampoco puede quedar fuera de este balance una oposición socialista que no sabe ni por dónde le pega el aire. Una oposición que llega tarde, que protesta a medias, que se enreda en contradicciones y que demasiadas veces parece más preocupada por justificar su propia irrelevancia que por fiscalizar con firmeza al gobierno. Llanes necesita una oposición seria, no una comparsa desorientada que unas veces critica y otras termina avalando políticamente decisiones que después dice cuestionar.
Por eso los llaniscos deben mirar de frente lo que está ocurriendo. No basta con indignarse cuando el daño ya está hecho. No basta con aceptar cada explicación oficial como si fuera una verdad revelada. No basta con dejar que quienes han contribuido a crear los problemas se presenten ahora como sus salvadores. Llanes necesita gestión, transparencia, vivienda, servicios públicos y planificación seria. Lo que no necesita es seguir pagando con dinero de todos los caprichos, los errores y la propaganda de un gobierno que ha convertido el Ayuntamiento en una máquina de vender humo político.
La conclusión es sencilla: cuando un gobierno municipal confunde gobernar con imponer, informar con justificar y planificar con improvisar, los ciudadanos tienen la obligación democrática de dejar de comprar su mercancía. Porque esa mercancía, en Llanes, ya ha demostrado ser demasiado cara, demasiado tóxica y demasiado dañina para el futuro del concejo.
Ya lo dijo José Saramago: “Cuando la política deja de servir a la gente, se convierte en el refugio de quienes viven de engañarla.”
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