El Partido Popular ha intensificado en Asturias su ofensiva política contra el Gobierno de Adrián Barbón en dos frentes distintos, pero unidos por un mismo eje: la exigencia de responsabilidades por la gestión pública y la reclamación de decisiones concretas ante problemas que, según los populares, llevan demasiado tiempo acumulándose sin una respuesta eficaz.
El primer frente se sitúa en torno a Nieves Roqueñí, actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón y anterior consejera de Industria del Principado. El PP reclamó este jueves su dimisión a raíz de las conclusiones del dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente minero de Cerredo. Dicho dictamen, aprobado con el voto en contra del PSOE, señala a siete responsables políticos y plantea el cese de los dos que todavía ocupan altos cargos: la propia Roqueñí y el presidente de Hunosa, Enrique Fernández.
Foto: Adrián Pumares y Álvaro Queipo, dos trileros de la política asturiana que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio
El portavoz del PP en la comisión de investigación de la Junta General del Principado, Rafael Alonso, afirmó que, dado que el presidente regional, Adrián Barbón, no ha adoptado ninguna medida, debe ser Roqueñí quien asuma la responsabilidad y presente su dimisión. Según Alonso, el dictamen recoge que, aunque la administración minera no causó directamente el accidente, sí existieron fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria que desembocaron en un fallo sistémico general. En ese marco, el PP atribuye responsabilidad política a las personas incluidas en el dictamen, entre ellas Roqueñí, a quien reprocha no haber corregido una situación que calificó de caos y descoordinación.
Alonso recordó además la frase de Barbón de “caiga quien caiga” y sostuvo que, a la vista de la falta de ceses, esa afirmación “le va a perseguir durante mucho tiempo”. El diputado popular enumeró varios hechos ocurridos durante la etapa de Roqueñí como consejera de Industria que, a su juicio, evidencian dejación en la gestión de la explotación minera del suroccidente. Entre ellos citó la autorización de la transmisión de derechos mineros de Convayl a Blue Solving en noviembre de 2023, la no tramitación del contrato de prestación de servicios mineros entre ambas empresas comunicado a la administración al mes siguiente, la autorización en 2024 de la retirada de chatarras y restos carbonosos en la explotación y la modificación a la baja de una sanción impuesta a Convayl por actuaciones que el PP considera equiparables a las que después realizó Blue Solving en el momento del accidente de 2024.
El PP también señaló que en junio de 2024 se autorizó a Blue Solving la extracción de hasta 60.000 toneladas de carbón en dos años mediante un proyecto de investigación complementario. Según Alonso, la empresa debía presentar antes de diciembre de 2024 una fianza que no presentó, sin que la administración adoptase medidas. También reprochó que no se pidiera el informe del Instituto para la Transición Justa exigido para aprobar aquel proyecto y que desde noviembre de 2023 hasta el accidente de marzo de 2025 solo se realizara una inspección a Blue Solving.
La petición de dimisión de Roqueñí fue formulada en una comparecencia conjunta en la sede del PP de Gijón, junto al presidente local del partido, Andrés Ruiz, y la vicealcaldesa, Ángela Pumariega. En esa comparecencia, el dictamen sobre Cerredo no fue el único reproche dirigido contra la presidenta de la Autoridad Portuaria. Los populares también aludieron a la falta de seguro en una planta de Cogersa incendiada cuando Roqueñí era consejera, al conflicto con el Ayuntamiento de Gijón por la entrega de la franja costera de Naval Gijón y a la ausencia de una reclamación firme al Gobierno central y al regional para impulsar un acceso soterrado a El Musel, en referencia al descartado vial de Jove.
Andrés Ruiz afirmó que el nombramiento de Roqueñí respondió a una lógica de colonización política y de colocación institucional en el Puerto de Gijón. Según el presidente del PP gijonés, durante los últimos meses Roqueñí habría desarrollado una labor de ataque a la ciudad y de dejadez respecto a las infraestructuras necesarias para que El Musel recupere su peso y para que los vecinos de Gijón dejen de soportar el paso diario de más de mil camiones por la avenida del Príncipe de Asturias.
Ruiz también cuestionó el plan inversor de 86 millones de euros hasta 2030 anunciado por la Autoridad Portuaria de Gijón. Lo calificó de “números hinchados” al considerar que se basa en una previsión de crecimiento de la facturación del Puerto del 40%, pasando de 35 millones de euros a 49 millones en un año, en un contexto en el que, según recordó, los tráficos portuarios han registrado un acusado descenso en lo que va de ejercicio.
El PP de Gijón también se refirió al desvío hacia Aboño de los camiones de mercancías peligrosas. A juicio de Ruiz, esa medida no supondrá una reducción significativa respecto al millar de camiones diarios que atraviesan La Calzada y, además, supone utilizar Carreño como “puerta de atrás” de la ciudad de Gijón. Frente a ello, los populares reclamaron la construcción de un acceso soterrado a El Musel, el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña en la GJ-10, la humanización de la avenida del Príncipe de Asturias y el apaciguamiento de la zona de El Empalme. Ángela Pumariega, por su parte, acusó a Roqueñí de haber ejercido como “cabeza de la oposición municipal” frente al gobierno local y frente a la ciudad de Gijón https://tinyurl.com/2csx6pc3
El segundo frente abierto por el PP se sitúa en la gestión de residuos en Asturias. Partido Popular y Foro han decidido forzar un Pleno extraordinario en la Junta General para debatir la situación del modelo asturiano de residuos y plantear la necesidad de construir una planta incineradora o de valorización energética que permita generar energía a partir de la quema de las 150.000 toneladas de Combustible Sólido Recuperado (CSR) que se prevé que genere la planta de tratamiento de la fracción resto, conocida como la Plantona.
El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, defendió junto al secretario general de Foro, Adrián Pumares, la necesidad de una planta de valorización de residuos en Asturias. Según Queipo, esta instalación es la única forma de cerrar el ciclo de residuos y la única solución viable para el bolsillo de los asturianos. El dirigente popular sostuvo que los ciudadanos no son responsables de la falta de gestión del Gobierno regional ni del coste derivado de una política que, en su opinión, carece de una decisión concreta.
Queipo afirmó que Asturias está enterrando basura y que esa práctica va en sentido contrario a las recomendaciones de la Unión Europea, generando un coste añadido para los asturianos. En la misma línea, Adrián Pumares advirtió de que el vertedero ya está colmatado y no puede asumir más residuos. También señaló que se está enviando basura a otras comunidades autónomas, pese a que, según dijo, el Gobierno regional lo niega.
Foro defendió que la planta propuesta debería ejecutarse con todas las garantías ambientales y con la máxima participación de la ciudadanía y de los agentes implicados. Pumares recordó, en este punto, que los intentos anteriores del Gobierno socialista de impulsar una instalación de este tipo fueron anulados por los tribunales, en alusión a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre la autorización administrativa para que la planta de Hunosa quemase biomasa y residuos sólidos.
El Pleno extraordinario, previsto previsiblemente para el 8 de julio, incluirá las comparecencias del presidente del Principado, Adrián Barbón, y del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo (el catador de vinos), responsable de la gestión de Cogersa. Además, Calvo deberá afrontar una reprobación. Para Queipo, el consejero no puede actuar como un observador pasivo, ya que es quien debe tener clara la planificación y la estrategia de Asturias en materia de residuos. Según el PP, Calvo debería explicar qué va a ocurrir con los residuos que ya no pueden reciclarse.
El presidente popular apeló también al resto de grupos parlamentarios para que abandonen posiciones marcadas por el día a día y hagan una reflexión de fondo sobre qué debe hacerse con aquello que no se puede reciclar. Planteó si Asturias debe seguir enterrando basura, con el coste que ello supone para los ciudadanos, o si debe intentar convertir esos residuos en un elemento de aprovechamiento energético y, por tanto, en una posible fuente de ingresos para el Principado.
Pumares, por su parte, aseguró que PP y Foro llevan meses reclamando al Gobierno de Barbón que explique qué tiene previsto hacer con la basura y acusó al Ejecutivo de responder únicamente con evasivas. Según el dirigente de Foro, el Gobierno regional ha tenido tiempo suficiente para presentar una propuesta, discutirla con los grupos, debatirla y ponerla en marcha. Al no haberlo hecho, afirmó, serán PP y Foro quienes lleven la iniciativa al Parlamento asturiano.
Ambas noticias reflejan una misma línea de presión política del PP, acompañado en el caso de los residuos por Foro, sobre el Gobierno de Adrián Barbón. En el caso de Cerredo y la Autoridad Portuaria de Gijón, la exigencia se centra en la depuración de responsabilidades políticas y en la dimisión o cese de Nieves Roqueñí. En el caso de Cogersa y la gestión de residuos, la presión se dirige hacia la necesidad de definir un modelo que evite seguir enterrando basura y que dé salida al Combustible Sólido Recuperado que generará la Plantona.
El PP sitúa así al Gobierno asturiano ante dos debates de alto impacto: la responsabilidad política por los fallos señalados en la gestión minera previa al accidente de Cerredo y la falta de una decisión definitiva sobre el futuro de los residuos en Asturias. En ambos casos, los populares denuncian inacción, falta de planificación y ausencia de medidas concretas. Y en ambos casos reclaman que Barbón y sus consejeros pasen de las declaraciones a las decisiones, ya sea cesando a quienes siguen ocupando altos cargos tras ser señalados en un dictamen parlamentario, o presentando una solución clara para un modelo de residuos que PP y Foro consideran agotado https://tinyurl.com/3vrhzj82
Foto: Alejandro Calvo y Paz Orviz, dos pesos muertos de la política asturiana
El 18 de junio escribí un post en el blog titulado, “Cogersa, la crónica de un desastre anunciado”, en el cual planteaba que la crisis de Cogersa no es un hecho aislado, sino el resultado de una acumulación de errores de gestión, falta de planificación, contradicciones políticas y ausencia de liderazgo dentro del Gobierno asturiano https://tinyurl.com/4fc6svfp
El texto parte de las informaciones publicadas los días 16 y 18 de junio sobre la gestión de residuos en Asturias, centradas en dos problemas principales: el destino del Combustible Sólido Recuperado producido por Cogersa y el futuro del vertedero central de Serín. La comparecencia de la gerente de Cogersa, Paz Orviz, en la Junta General sirve como eje del análisis, porque en ella se confirmaron datos que dejaron en evidencia la falta de coordinación entre la dirección técnica del consorcio y el discurso político del Gobierno regional.
Uno de los puntos centrales del post es la confirmación de que Cogersa envió 778 toneladas de CSR a la cementera de Aboño y unas 5.600 toneladas a La Robla, en León, ambas instalaciones vinculadas a Cementos Tudela Veguín. Esta revelación se considera especialmente grave porque el Gobierno asturiano había negado semanas antes que el envío de residuos a La Robla estuviera sobre la mesa. El post interpreta esa contradicción como una muestra clara de descoordinación institucional y de pérdida de credibilidad del Ejecutivo de Barbón.
También se resume la situación de la Plantona, instalación clave para el tratamiento de la fracción resto, que sufrió un incendio en abril del año 2024. En el texto se destaca destaca que la planta permanecía retrasada, que su puesta en marcha se anunciaba para las semanas siguientes y que, aun funcionando, no resolvería por completo el problema del vertedero, cuya vida útil continúa siendo limitada. A esto se añade otro dato grave: la instalación incendiada no contaba con una póliza específica de daños porque todavía no había sido recepcionada oficialmente.
En el post se subraya además la pérdida de aproximadamente 14,7 millones de euros de fondos europeos, que debían servir para modernizar las instalaciones y mejorar la gestión de residuos por negligencia en la tramitación para optar a dichas fondos europeos. Paz Orviz reconoció que Cogersa había sido demasiado optimista en la planificación de esos proyectos, pero la magnitud de la pérdida convierte el asunto en algo mucho más serio que un simple error de previsión.
Otro eje importante es la falta de una solución definitiva para el CSR. En el texto se explica que la valorización energética —la quema controlada de residuos no reciclables ya tratados— puede reducir el vertido y aprovechar energía, pero también tiene inconvenientes: emisiones, riesgo de dependencia del residuo como combustible, posible freno al reciclaje, necesidad de controles estrictos y rechazo social. Por eso el post no la presenta como solución principal, sino como último recurso para la fracción que no pueda reciclarse, después de prevenir, reutilizar, reciclar y compostar todo lo posible.
El análisis político es duro con el consejero Alejandro Calvo, al que señale como responsable político de una gestión sin rumbo claro, lo vimos también de forma nítida con la gestión que hizo del vial de Jove de la mano de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. La comparecencia de Paz Orviz en la Junta General dejó la imagen de un consejero incapaz de mantener una línea coherente con la gerencia del organismo que dirige. La contradicción entre lo que decía el Gobierno y lo que reconoció la gerente es interpretable como un problema de liderazgo, no solo de comunicación.
En el post también se formula una crítica contundente a la gerente de Cogersa, Paz Orviz, aunque se subraya que buena parte de la oposición prefirió concentrar sus ataques en Alejandro Calvo y en el Gobierno autonómico, dejando en un segundo plano la responsabilidad directa de la dirección del consorcio. Esa actitud resulta especialmente llamativa porque Orviz, con su comparecencia, terminó “bailándole el agua” a la oposición al Gobierno de Barbón, facilitando munición política contra el Ejecutivo regional. Sin embargo, el post advierte de la contradicción que supone que algunos partidos, habitualmente tan exigentes a la hora de reclamar responsabilidades por errores de gestión, presentasen en este caso a la gerente casi como una víctima de las circunstancias, pese a que Cogersa arrastraba problemas graves bajo su mandato.
Foto: Nieves Roqueñi, la incompetencia premiada dentro de la política asturiana
Respecto a Izquierda Unida, en el post sostengo que su rechazo frontal a la valorización energética (quema de residuos) es ideológicamente coherente, pero insuficiente si no responde a la pregunta clave: qué hacer con los residuos que no se reciclan en una comunidad que todavía está lejos de los objetivos europeos de recuperación de materiales. El texto plantea que Asturias está atrapada entre dos problemas: baja capacidad de reciclaje y fuerte oposición política y social a la quema de residuos.
La conclusión del post que escribí es que Asturias lleva demasiado tiempo gestionando los residuos con improvisación, retrasos y decisiones aplazadas. Se acumulan problemas: incendio de una instalación estratégica, fondos europeos perdidos, falta de seguro específico, ausencia de salida estable para el CSR, vertedero cada vez más cerca de su límite y una evidente falta de coordinación entre Cogersa y el Gobierno del Principado.
En definitiva, en el post sostengo que Cogersa atraviesa una crisis de gestión y liderazgo. No solo hay un problema técnico con la basura, el CSR o el vertedero; hay, sobre todo, un problema político: nadie parece asumir plenamente la responsabilidad ni explicar con claridad qué modelo de residuos debe adoptar Asturias para los próximos años.
El resumen claro es este: el PP no gestiona la basura con un modelo único en todas las comunidades donde gobierna. En unas mantiene o defiende la valorización energética/incineración como pieza central para reducir vertedero; en otras apuesta por modernizar plantas, recogida separada, ecoparques y biorresiduos; y en varias está abriendo la puerta a usar los rechazos no reciclables como combustible derivado de residuos o como material para valorización energética.
El marco común viene marcado por la Ley estatal de residuos, que fija una jerarquía: primero prevenir, después reutilizar, reciclar, valorizar —incluida la valorización energética— y, en último lugar, eliminar en vertedero (la opción asturiana del gobierno de Barbón). También atribuye a las comunidades autónomas la aprobación de planes autonómicos de gestión de residuos, mientras que las entidades locales mantienen un papel decisivo en la recogida y tratamiento de los residuos domésticos https://tinyurl.com/4eabt9kh
En Galicia, donde el PP gobierna desde hace años, el modelo está muy definido alrededor de Sogama, una empresa pública autonómica. El Complejo Medioambiental de Cerceda centraliza el tratamiento de los residuos urbanos de los ayuntamientos adheridos y combina clasificación, reciclaje y recuperación energética de la parte no reciclable. Según Sogama, el complejo trata residuos de 304 ayuntamientos, procesa bolsa amarilla y bolsa negra, y tiene capacidad para 1.000.000 de toneladas anuales. Es, por tanto, un modelo en el que la valorización energética no es un debate pendiente, sino una infraestructura estructural del sistema gallego.
En Madrid, la gestión tiene una particularidad: la Comunidad fija estrategia y marco, pero el gran ejemplo práctico está en el Ayuntamiento de Madrid, también gobernado por el PP. El Parque Tecnológico de Valdemingómez mantiene la planta de Las Lomas, que dispone de una planta de valorización energética con 29 MW de potencia instalada y capacidad para incinerar unas 900 toneladas diarias de residuos procedentes del propio centro, de otras plantas de clasificación y de residuos asimilables a urbanos. El modelo madrileño combina clasificación, recuperación de materiales, tratamiento de orgánica y valorización energética de rechazos, con el objetivo declarado de reducir el vertido.
En Cantabria, gobernada por el PP, el sistema se articula alrededor del Complejo Medioambiental de Meruelo, gestionado por MARE. Allí llega la fracción resto de los residuos domésticos de toda la región. El complejo cuenta con pretratamiento, reciclaje, valorización energética y vertedero de residuos no peligrosos. La planta de valorización energética funciona desde el año 2006 y aprovecha como combustible los rechazos que quedan tras separar materia orgánica y materiales reciclables, evitando que esa parte vaya directamente a vertedero. Aun así, el vertedero sigue existiendo para el rechazo final.
En Baleares, el caso más claro está en Mallorca, con la incineradora de Son Reus y el sistema gestionado por TIRME. La propia web de TIRME presenta su modelo como un sistema de valorización material, valorización energética, estaciones de transferencia y eliminación. Además, el Govern balear publica información específica sobre la incineradora de Son Reus y sus datos de emisiones, lo que confirma que la valorización energética forma parte del modelo de tratamiento de residuos en la isla.
En Comunidad Valenciana, el PP ha girado hacia una posición favorable a la valorización energética. La Conselleria de Medio Ambiente planteó la construcción de tres plantas incineradoras, una por provincia, con el objetivo de reducir el volumen de residuos enviados a vertedero y cumplir el límite europeo del 10% de vertido en 2035. La propuesta se vincula a la revisión del Plan Integral de Residuos y contempla ubicar las plantas junto a polígonos industriales para aprovechar la energía generada. No es todavía un modelo plenamente construido, pero sí una línea política clara hacia la incineración de rechazos.
En Extremadura, gobernada por el PP desde el año 2023, el Plan Integrado de Residuos 2023-2030 mantiene una estrategia basada en recogida separada de la fracción orgánica, puntos limpios, modernización de ecoparques y aprovechamiento de rechazos. El PIREX contempla iniciar la fabricación de combustible derivado de residuos a partir de los rechazos que ahora acaban en vertedero, y destinar a valorización energética residuos que hoy se depositan. Es decir, Extremadura no se presenta como un modelo centrado exclusivamente en incinerar, pero sí incorpora la valorización energética como salida para aquello que no se recicla.
En Aragón, el Gobierno del PP aprobó el Plan de Gestión de Residuos de Aragón, Prevención y Economía Circular 2025-2030. Su objetivo principal es que el 60% de los residuos municipales se destinen a reutilización y reciclaje en 2030, reducir el vertido a menos del 20% y garantizar tratamiento adecuado para el 100% de los biorresiduos recogidos separadamente. El modelo aragonés se formula más en clave de economía circular, recogida separada, reciclaje, valorización material y reducción progresiva de vertedero que como una apuesta pública directa por una gran incineradora autonómica.
En Andalucía, el PP gobierna sobre un modelo que el Plan Integral de Residuos de Andalucía 2030 define con objetivos de reciclaje, reducción de vertido y mejora de infraestructuras. El plan fija como meta alcanzar en 2035 una tasa del 65% de preparación para reutilización y reciclado de residuos municipales, reducir el depósito en vertedero al 10% y potenciar la valorización de flujos como biorresiduos y residuos de construcción y demolición. En el caso andaluz, la línea oficial no se presenta como un sistema centrado en una incineradora autonómica, sino en recogida selectiva, biorresiduos, reutilización, reciclaje y reducción de vertedero.
En Murcia, el PP trabaja con el Plan Recircula 2024-2035, cuyo primer texto se presentó como una estrategia de prevención, gestión de residuos y economía circular. La primera fase se centra en el ámbito municipal, con mejora de plantas de gestión, recogida selectiva, reciclaje, adaptación de procesos de tratamiento e inversiones en I+D+i. En Murcia, por tanto, el discurso oficial se orienta a modernizar el sistema y reforzar la gestión municipal, más que a presentar la incineración como solución principal inmediata.
En La Rioja, el Gobierno del PP ha presentado el Plan de Acción de Economía Circular 2025-2027, con 34 medidas e inversiones superiores a 20 millones de euros. Entre las actuaciones destaca la adecuación del Ecoparque de La Rioja con una nueva planta de clasificación de envases, tratamiento de biorresiduos y voluminosos, además de una plataforma digital para centralizar la información de gestión y control de residuos municipales y comerciales. El modelo riojano se centra en ecoparque, clasificación, biorresiduos, voluminosos, digitalización y economía circular, sin que la incineración aparezca como eje principal del sistema.
En Castilla y León, el PP mantiene una planificación vinculada al Plan Integral de Residuos y a la Estrategia de Economía Circular 2021-2030. La Junta inició en 2026 la revisión del PIRCyL, y las informaciones disponibles señalan que esa actualización refuerza la prevención, la reducción de residuos y también la valorización energética para aquellos residuos que no puedan reciclarse materialmente. Además, se han conocido proyectos y debates territoriales sobre plantas de valorización energética, especialmente para residuos no reciclables, lo que sitúa a Castilla y León en una posición de transición entre la modernización de centros de tratamiento y la posible incorporación de incineración o valorización energética de rechazos.
La conclusión es que el PP, en las comunidades donde gobierna, no actúa siempre igual. En Galicia, Cantabria, Mallorca y Madrid existen sistemas donde la valorización energética (quema de residuos) ya forma parte del tratamiento ordinario de la basura. En Comunidad Valenciana se plantea construir nuevas incineradoras. En Extremadura se abre la vía del combustible derivado de residuos y la valorización energética de rechazos. En Aragón, Andalucía, Murcia y La Rioja, el discurso oficial se apoya más en economía circular, reciclaje, biorresiduos, modernización de plantas y reducción del vertedero.
Por tanto, si se compara con Asturias, la posición del PP y Foro a favor de una planta de valorización energética no es una anomalía dentro del mapa autonómico del PP. Encaja con una línea que el partido ya acepta o aplica en varias comunidades, aunque con intensidades distintas. Lo que cambia de una región a otra no es tanto el principio general —reducir vertedero y dar salida al rechazo no reciclable— como el grado de apuesta por la incineración: en unas comunidades ya es una infraestructura consolidada, en otras es una propuesta en estudio o planificación, y en otras queda subordinada a reciclaje, biorresiduos y modernización de plantas.
En el resto de gobiernos autonómicos la gestión de la basura tampoco responde a una única fórmula. La diferencia principal está en que algunas comunidades ya tienen asumida la valorización energética como parte del sistema, otras la mantienen pero con voluntad de reducirla, y otras siguen centrando su modelo en recogida selectiva, compostaje, biometanización, plantas de tratamiento mecánico-biológico y vertedero. El marco común lo marca la Ley estatal de residuos, que ordena las prioridades así: prevención, reutilización, reciclaje, otras formas de valorización —incluida la energética— y, como última opción, eliminación en vertedero.
En Asturias, el Gobierno de Adrián Barbón ha defendido durante los últimos años una vía distinta a la incineradora clásica. El Principado llegó a dar por “superado” el debate sobre la incineración y planteó como preferente la valorización química o material del Combustible Sólido Recuperado que debe generar la nueva planta de tratamiento de la fracción resto de Cogersa. La previsión oficial era que esa planta generase unas 150.000 toneladas anuales de CSR, pero el problema político y técnico está precisamente en qué hacer con ese material cuando la Plantona funcione plenamente.
El modelo asturiano, por tanto, se ha basado en Cogersa, el vertedero de Serín, la recogida selectiva, la nueva planta de tratamiento de fracción resto y la búsqueda de una salida para el CSR. El problema es que, mientras otras comunidades ya tienen una infraestructura clara para el rechazo no reciclable, Asturias ha ido retrasando la decisión final sobre si ese rechazo se valoriza energéticamente, se envía a otras instalaciones, se usa industrialmente o se sigue acumulando el problema sobre el vertedero. La propia actualidad del Principado refleja que el debate sobre el CSR sigue abierto y vinculado a la entrada en funcionamiento efectiva de la Plantona.
Foto: planta icineradora de basura
En País Vasco, gobernado por el PNV con el PSE, el modelo es mucho más claro y consolidado. Euskadi combina economía circular, reciclaje, reducción de vertido y valorización energética. En Bizkaia funciona Zabalgarbi, una planta de valorización energética de residuos no reciclables, y en Gipuzkoa opera el Complejo Medioambiental de Zubieta, que incluye tratamiento mecánico-biológico y planta de valorización energética. Es decir, el País Vasco no se limita a hablar de cerrar el ciclo: tiene infraestructuras concretas para tratar la fracción resto y reducir el envío a vertedero.
El Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 2030 se integra en la Estrategia de Economía Circular vasca y combina prevención, reutilización, reciclaje, valorización y reducción de vertederos. No presenta la incineración como primera opción, pero sí acepta la valorización energética como herramienta para los residuos que ya no pueden reciclarse. Es un modelo pragmático: primero recuperar materiales, pero no dejar sin salida el rechazo final.
En Cataluña, actualmente presidida por el PSC, existe una situación distinta. Cataluña cuenta con una red amplia de plantas de tratamiento y también con incineradoras, pero la política autonómica reciente ha avanzado hacia la reducción progresiva de la incineración. En 2024 se aprobó el Plan de cierre y desmantelamiento de las incineradoras existentes en Cataluña, limitado a las plantas específicas de incineración de residuos municipales no peligrosos.
Al mismo tiempo, Cataluña trabaja en una nueva planificación de infraestructuras, con el PINFRECAT35, que prioriza prevención, reutilización, reciclaje y reducción del vertido por debajo del 10%. Por tanto, Cataluña no niega que la valorización energética exista en su sistema, pero la orientación oficial va hacia disminuir su peso y reforzar plantas de reciclaje, tratamiento de orgánica, reutilización y economía circular.
En Navarra, gobernada por el PSN, el modelo oficial se apoya en el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, que apuesta por alcanzar una recogida selectiva del 65% de los residuos. La línea navarra se centra en prevención, recogida separada, reciclaje, compostaje y gestión pública de nuevas infraestructuras, especialmente para el tratamiento de la materia orgánica.
Navarra tuvo en el pasado un fuerte debate sobre la incineración, pero el plan actualmente vigente no se organiza alrededor de una gran incineradora autonómica. La revisión del plan recoge nuevas plantas de compostaje de gestión pública en distintas zonas y mantiene el objetivo de reducir generación y mejorar la recuperación de materiales. Es un modelo más cercano a la recogida separada y al tratamiento orgánico que a la quema del rechazo.
En Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, el Ejecutivo aprobó el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030. Su enfoque se centra en la prevención, la economía circular, la reutilización, el reciclado, la mejora de los flujos de residuos municipales y no municipales, y la regulación de la eliminación. No aparece como un modelo construido alrededor de una gran planta incineradora, sino alrededor de planificación, tratamiento, puntos limpios, recogidas separadas y reducción del depósito en vertedero.
El plan castellanomanchego incorpora 39 actuaciones para mejorar la prevención y la gestión de los distintos flujos de residuos. La prioridad declarada es proteger el medio ambiente, fomentar la economía circular, potenciar la reutilización y el reciclado, y mitigar los efectos del cambio climático. Por tanto, su línea oficial es más administrativa y de red de tratamiento que de apuesta política directa por la valorización energética.
En Canarias, presidida por Coalición Canaria con apoyo del PP, el sistema tiene una dificultad añadida: la insularidad. El Plan Integral de Residuos de Canarias 2021-2027 se concibe como instrumento de planificación, coordinación y racionalización de todos los residuos generados, importados o gestionados en el archipiélago. Su objetivo es prevenir la producción de residuos y resolver los problemas derivados de su gestión, teniendo en cuenta las particularidades de las islas.
Canarias no funciona como una comunidad peninsular con una única gran infraestructura central, sino con una lógica condicionada por cabildos, complejos ambientales insulares, transporte entre islas, vertederos, plantas de clasificación, compostaje y necesidades específicas por territorio. Además, el Plan de Acción de Economía Circular 2024-2026 incluye estudios de viabilidad económica y ambiental sobre valorización energética, así como medidas para materia orgánica, compostaje, quinto contenedor e industria del reciclaje.
La comparación deja una conclusión bastante clara: los gobiernos autonómicos que no son del PP tampoco actúan todos igual. El País Vasco acepta y utiliza la valorización energética como parte estable del sistema. Cataluña tiene incineradoras, pero ha aprobado una estrategia para cerrarlas y reducir su peso. Navarra y Castilla-La Mancha se apoyan más en recogida selectiva, compostaje, reciclaje y economía circular. Canarias combina planificación insular, modernización de infraestructuras y estudios sobre valorización energética. Asturias, por su parte, sigue con el gran problema pendiente del CSR de Cogersa y de la vida útil del vertedero de Serín.
Por tanto, frente al debate asturiano, el mapa autonómico demuestra que la valorización energética no es una rareza ni una propuesta exclusiva del PP. Está integrada en territorios como Euskadi, Madrid, Cantabria, Galicia o Mallorca, mientras que otros gobiernos prefieren reducirla o evitarla. Lo que sí comparten casi todos los modelos serios es una idea básica: el vertedero debe ser la última salida, y la fracción que no se pueda prevenir, reutilizar ni reciclar necesita una solución real, no una demora política permanente.
Lo que deja ver la acción política de la derecha extrema del Partido Popular y de Foro en Asturias es una evidencia cada vez más difícil de ocultar: ambos partidos han convertido la política en un ejercicio permanente de doble rasero. Allí donde gobiernan, callan, justifican o disimulan sus propias carencias. Allí donde están en la oposición, elevan el tono, agitan el conflicto y se presentan como solución a problemas que, cuando tienen responsabilidades directas, tampoco son capaces de resolver.
PP y Foro se comportan como una derecha extrema en las formas y en el fondo político de su actuación. No construyen alternativa; construyen ruido. No aportan soluciones estables; fabrican malestar. No elevan el debate público; lo enturbian. Su política consiste en señalar los errores ajenos con una mano mientras con la otra esconden sus propias miserias de gestión en los gobiernos municipales donde tienen poder.
El ejemplo más claro se ha visto durante algo más de tres años en municipios como Llanes y Gijón. En dos concejos con problemas reales, urgentes y perfectamente identificables, han sido incapaces de dar respuesta a una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos: la vivienda. En plena crisis de acceso a la vivienda, con jóvenes expulsados del mercado, familias ahogadas por los precios y vecinos viendo cómo el derecho a vivir en su propio municipio se convierte en una carrera imposible, no han sido capaces de levantar ni una sola política pública de vivienda con verdadera capacidad transformadora. Mucho discurso, mucha pose institucional, mucha rueda de prensa, pero ni una respuesta de fondo a uno de los problemas que más golpea a los asturianos y al conjunto de los españoles.
Esa es la contradicción que define su actuación. Cuando se sientan en los gobiernos municipales, la política se convierte en excusa, parálisis y propaganda. Cuando pasan a la oposición autonómica, se transforman en fiscales implacables de todo aquello que ellos mismos no demuestran saber resolver donde gobiernan. Lo suyo no es la coherencia; es la conveniencia. No es la defensa del interés general; es la utilización del malestar ciudadano como herramienta de desgaste.
El caso de Cogersa lo muestra con claridad. PP y Foro han decidido convertir la gestión de residuos en un campo de batalla política contra el Gobierno de Barbón. Tienen derecho a hacerlo y tienen motivos para exigir explicaciones, porque la gestión del consejero Alejandro Calvo y de la gerente Paz Orviz ha sido débil, contradictoria y profundamente decepcionante. Pero lo que no pueden hacer es presentarse como adalides de la buena gestión mientras en los municipios donde gobiernan han demostrado una incapacidad manifiesta para afrontar problemas esenciales de la ciudadanía. Exigir responsabilidades es legítimo; hacerlo desde la amnesia sobre la propia gestión es puro cinismo político.
La ofensiva sobre Cogersa, la exigencia de una planta de valorización energética y la crítica al bloqueo del Gobierno regional pueden tener elementos de fondo que merecen debate. Asturias necesita saber qué va a hacer con los residuos que ya no se pueden reciclar, qué salida tendrá el Combustible Sólido Recuperado, cuánto tiempo puede aguantar el vertedero de Serín y qué modelo de gestión se aplicará en los próximos años. Pero PP y Foro no buscan solo abrir ese debate. Buscan embarrarlo, apropiarse del malestar y convertir un problema real en una palanca de desgaste partidista. Esa es la diferencia entre fiscalizar y enredar.
Lo mismo ocurre con el caso Cerredo, con el vial de Jove y con la situación de Cogersa. El Gobierno de Adrián Barbón tiene una responsabilidad evidente por mantener en puestos de responsabilidad a perfiles que se han convertido en pesos muertos de la política asturiana. Alejandro Calvo aparece como un consejero pusilánime, incapaz de imprimir rumbo y autoridad en materias que dependen de su área. Paz Orviz ha quedado señalada por una gestión de Cogersa marcada por retrasos, contradicciones, fondos europeos perdidos, una instalación incendiada sin una cobertura específica plenamente resuelta y una falta de claridad sobre el futuro del CSR. Nieves Roqueñí, por su parte, acumula reproches políticos por su etapa como consejera de Industria y por su actual papel al frente de la Autoridad Portuaria de Gijón, en un contexto marcado por el dictamen de Cerredo, el conflicto del vial de Jove y las necesidades pendientes de El Musel.
Ahí está la otra cara del problema: un Gobierno regional que actúa con debilidad cuando tiene que tomar decisiones. Barbón no puede seguir refugiándose en declaraciones solemnes mientras mantiene en sus cargos a responsables políticos y de gestión que arrastran un desgaste evidente. La frase de “caiga quien caiga” pierde toda fuerza cuando, después de los dictámenes, las contradicciones y los fracasos de gestión, no cae nadie. La política no se mide solo por lo que se dice en los momentos graves, sino por las decisiones que se adoptan después. Y en Asturias, demasiadas veces, después de los problemas solo llega el silencio, la demora o la conservación del cargo.
Por eso la imagen que queda para los asturianos es profundamente agridulce. Por un lado, una oposición de PP y Foro instalada en el ruido, en la bronca y en el canelo político, capaz de exigir en el Parlamento lo que no demuestra saber resolver en los ayuntamientos donde gobierna. Por otro, un Gobierno regional que responde con lentitud, miedo y falta de autoridad cuando los problemas exigen decisiones firmes. Unos hacen de la política una estrategia de distracción; otros hacen de la prudencia una forma de parálisis.
El resultado es una clase política cada vez más alejada de las necesidades reales de los ciudadanos. Mientras los asturianos sufren problemas de vivienda, infraestructuras, residuos, empleo, servicios públicos y futuro industrial, demasiados dirigentes parecen más pendientes de ganar el relato que de resolver la realidad. PP y Foro cobran por hacer ruido desde la oposición autonómica mientras ocultan sus carencias allí donde gobiernan. El Gobierno de Barbón cobra por gobernar, pero demasiadas veces actúa como si administrar el problema fuera suficiente para no tener que resolverlo.
Asturias no necesita más ruido baldío. No necesita partidos que conviertan cada problema en una trinchera ni gobiernos que respondan a las crisis con pusilanimidad. Necesita responsabilidad, decisiones y coherencia. Necesita una oposición que fiscalice sin esconder sus fracasos y un Gobierno que gobierne sin miedo a cesar a quien ya no aporta soluciones. Porque cuando la política se convierte en una competición entre quienes enturbian y quienes no deciden, quien pierde no es un partido: pierden los asturianos.
Lo de Cogersa, Cerredo y el vial de Jove no son episodios aislados. Son síntomas de una forma de hacer política que se ha instalado en Asturias: la política del ruido por un lado y la política de la debilidad por el otro. PP y Foro utilizan los problemas como munición, pero no como compromiso de gestión. El Gobierno de Barbón los administra con una prudencia que termina pareciéndose demasiado a la inacción. Y entre ambos bloques queda atrapada una ciudadanía que paga las consecuencias de una política que habla mucho, acusa mucho, promete mucho, pero resuelve demasiado poco.
Ya lo dijo Max Weber: "El pecado contra el espiritu de la política empieza cuando se pierde el sentido de la responsabilidad".
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