La gestión de los residuos en Asturias ha situado al Gobierno del Principado y a Cogersa en el centro de una creciente presión política e institucional. El pleno extraordinario celebrado el 8 de julio en la Junta General, impulsado por PP y Foro, abordó la pérdida de fondos europeos, el retraso del nuevo plan autonómico de residuos, la falta de un destino para el combustible sólido recuperado —CSR— y la situación de la planta de tratamiento de la fracción resto de Cogersa, conocida como la “plantona”. Dos días después, la Comisión Europea elevó la presión sobre España por el incumplimiento de los objetivos obligatorios de reciclaje, una situación que afecta especialmente a Asturias, situada entre las comunidades con peores resultados sobre reciclaje.
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo (el catador de vino), que también preside Cogersa, evitó su reprobación gracias a los votos de PSOE, IU y la diputada Covadonga Tomé. Esa misma mayoría rechazó la propuesta de PP y Foro para iniciar los estudios destinados a construir una planta de valorización energética. El presidente del Principado, Adrián Barbón, había sido llamado a comparecer, pero no intervino en el pleno, una ausencia criticada por los grupos de la derecha. La información completa sobre el debate puede consultarse en esta primera crónica parlamentaria.
Calvo defendió que “el sistema funciona” (desconozco si dicho consejero venía de una cata de vino cuando hizo dicha afirmación), aunque reconoció el retraso en la elaboración del Plan Integrado de Residuos para una Economía Circular de Asturias, el Pireca, que debe sustituir al anterior plan ya caducado. Según explicó, el Gobierno está elaborando la versión inicial y el estudio ambiental estratégico, con la previsión de tenerlos preparados en septiembre y abrir posteriormente el documento a información pública. El consejero afirmó que el plan debería aprobarse durante esta legislatura, “a caballo entre diciembre y enero”, mediante el acuerdo y el consenso.
Para Calvo, la prioridad debe ser “la mejora de la recogida separada”. También sostuvo que la planta de tratamiento de Cogersa permitirá recuperar unas 125.000 toneladas anuales de la basura depositada en el contenedor de la fracción resto y reducir el vertido cerca de un 64%. “A partir de 2027, cuando la planta esté a pleno rendimiento, el vertedero dejará de ser el elemento central del sistema”, aseguró. Sobre la falta de un destino para el CSR que producirá la instalación, indicó que esa cuestión deberá resolverse dentro del nuevo plan de residuos y rechazó que la incineración deba convertirse en el punto de partida del debate.
El consejero atribuyó el pleno al “oportunismo” de los partidos de la derecha y admitió que “la principal responsabilidad que tiene el Gobierno en esta cuestión es la planificación, y vamos con retraso, pero es un retraso explicable”. También aseguró que en los últimos meses se había realizado una “revisión integral” de las medidas previstas en el borrador del Pireca. Al cerrar su intervención, planteó que la discusión de fondo era si el sistema debía continuar siendo público o pasar a manos privadas, defendiendo que no hubiera “intereses privados por delante del interés general”.
El movimiento político más relevante del pleno procedió, sin embargo, de Izquierda Unida, socio del PSOE en el Gobierno autonómico. Su portavoz, Delia Campomanes, reclamó directamente un cambio en la dirección gestora de Cogersa y el relevo de su gerente, Paz Orviz. “Le exigimos un cambio en la orientación de Cogersa y en su dirección gestora», afirmó, antes de pedir «una nueva etapa de ruptura conceptual” vinculada a la defensa del modelo público y del liderazgo ambiental. Según Campomanes, “la actual línea gestora de Cogersa ya no da más de sí y responde a una etapa superada”.
La portavoz de IU amplió sus críticas al conjunto de la política ambiental del Ejecutivo. “Nos preocupa nuestra falta de identificación con la orientación general de la política ambiental de Asturias”, declaró. Campomanes habló de “claudicación” y de una “clara sensación de fracaso” en materias como la protección del territorio, la evaluación de proyectos, la política minera, la calidad del aire, el control de las actividades industriales y la aplicación de la legislación ambiental. “Nuestra sensación es que Asturias no solo no ha avanzado durante los últimos años en protección ambiental, sino que ha retrocedido”, manifestó.
IU rechazó, no obstante, la reprobación de Calvo por considerarla “desproporcionada” y volvió a cerrar la puerta a la construcción de una incineradora. Campomanes propuso utilizar parte de los aproximadamente 170 millones de euros de remanente de Cogersa para impulsar las políticas de prevención, reutilización y reciclaje. “No negamos que se deba dar una solución a la fracción resto que no se puede reutilizar; lo que negamos es que hoy podamos determinar su volumen y tratamiento”, explicó. Puede consultarse el desarrollo de estas intervenciones y del enfrentamiento político en esta segunda información sobre el pleno.
Desde la derecha extrema del Partido Popular, su presidente en Asturias, Álvaro Queipo, pidió al Gobierno que “deje de aplazar decisiones y estudie una planta de valorización energética para dar una solución definitiva al CSR”. Queipo afirmó que Asturias no puede seguir convirtiendo “un problema estructural en una sucesión de parches” y sostuvo que había llegado el momento de adoptar decisiones “con rigor y responsabilidad”. Aclaró que su partido no plantea una incineradora antigua, sino una instalación moderna, sometida a la normativa europea de emisiones y a controles permanentes.
Queipo insistió en que la valorización energética (quema de residuos) no debe sustituir al reciclaje, sino completarlo. “La prioridad siempre debe ser prevenir, reutilizar y reciclar. Pero cuando un residuo ya no tiene una salida material viable, enterrarlo en un vertedero no puede ser la única respuesta”, declaró. También criticó la ausencia de Barbón, señalando que era “la quinta vez que se niega” a comparecer y calificando de lamentable que se gobierne “de espaldas al Parlamento”.
El diputado popular Manuel Cifuentes acusó al Ejecutivo de llegar siempre tarde, ir “por detrás de los problemas” y no asumir responsabilidades. “Ustedes decidieron no decidir por cobardía”, afirmó. Luis Venta (el amigo de los anónimos), también del PP, acusó a Calvo de “practicar todo lo que le impone Barbón”.
Foro el partido hermano de la derecha extrema del PP a nivel autonómico, que había promovido el pleno junto al PP, responsabilizó directamente al presidente del Principado de la situación. Adrián Pumares calificó a Barbón como “el principal responsable de este carajal” y afirmó que la política de residuos era “la confirmación de un fracaso político”. “Gobernar es tomar decisiones”, señaló. Pumares preguntó además qué mecanismos utilizará el Gobierno asturiano para impedir que el CSR pueda terminar siendo trasladado y tratado en instalaciones como la de La Robla, en León, sin obtener una respuesta concreta del consejero.
Pumares lamentó que el debate se desarrollara dentro de una “dinámica de bloques” y pidió una discusión técnica que permitiera acuerdos transversales. Como referencia, recordó que en Dinamarca sectores ecologistas habían respaldado una instalación de valorización energética situada junto al palacio real y con capacidad para tratar unas 400.000 toneladas.
La ultraderecha socia del PP en numerosos gobiernos autonómicos, Vox, defendió abiertamente la incineración como salida para el CSR. Javier Jové acusó al Gobierno de estar “abducido por la extrema izquierda” e ironizó sobre las expectativas económicas inicialmente atribuidas al combustible recuperado: “Nos dijeron que íbamos a sacar petróleo de la basura, que iba a ser un negocio y que nos iban a pagar por quedarnos con nuestros residuos”. Gonzalo Centeno recordó que los primeros planes de Cogersa ya contemplaban una incineradora y acusó al PSOE de haber asumido las posiciones de sus socios de izquierda. También criticó que Cogersa cobre a los ayuntamientos una tarifa calculada bajo la previsión de que la planta de tratamiento funcionaría durante todo el año.
La diputada tránsfuga, Covadonga Tomé rechazó tanto la reprobación del consejero como la construcción de una incineradora. Defendió la economía circular y la incorporación de sensores avanzados, algoritmos, inteligencia artificial y robotización para mejorar la clasificación de los residuos. “La incineración es una falsa solución», sostuvo. También afirmó que «la propuesta de quemar el CSR nos parece inasumible e igual de peligrosa que quemar la basura por separado”.
El PSOE cerró filas con el catador de vino, Alejandro Calvo. El diputado René Suárez defendió que cualquier excedente de CSR debe gestionarse desde el sector público y acusó a PP y Foro de utilizar el pleno como parte de “una estrategia de desgaste político del Gobierno”, en lugar de aportar soluciones efectivas. El diputado por el oriente, también respaldó la actuación del consejero.
A este despropósito de política medioambiental que sufrimos los asturianos por parte del gobierno de Barbón, se suma ahora la presión de la Unión Europea. La Comisión Europea abrió en julio del año 2024 un procedimiento de infracción contra España por incumplir varios objetivos de reciclaje y, tras considerar insuficientes las explicaciones remitidas por el Ministerio para la Transición Ecológica, ha decidido enviar un dictamen motivado. Este documento concede a España dos meses para presentar nuevas medidas. Si la situación no se corrige, la Comisión puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, si el incumplimiento persiste, solicitar posteriormente sanciones económicas.
El procedimiento afecta a doce países que no alcanzaron el objetivo jurídicamente vinculante de preparar para la reutilización y reciclar al menos el 50% de los residuos municipales en 2020. Según los datos recogidos por el Ministerio, Asturias solo alcanzó aquel año un 22%, el peor resultado autonómico junto al de Galicia. En 2023, ambas comunidades habían avanzado hasta el 24%, pero continuaban en las últimas posiciones, frente a una media nacional del 43%. Si nos fijamos en el Ayuntamiento de Llanes en particular la última tasa de reciclaje según Cogersa fue del 10,52%... Para ponerse a mear y no echar gota https://tinyurl.com/37newh77
Los objetivos europeos aumentaron al 55% en el año 2025. Asturias también debía limitar el vertido a un máximo del 40% de los residuos municipales, pero continuaba enviando al vertedero más del 75%. Para el año 2035, la Unión Europea exige alcanzar un 65% de preparación para la reutilización y reciclaje y reducir el vertido por debajo del 10%.
La puesta en funcionamiento de la planta de Cogersa permitirá tratar la basura que actualmente llega directamente al vertedero, recuperar materiales aprovechables y fabricar aproximadamente 150.000 toneladas anuales de CSR. La instalación servirá para cumplir, aunque con retraso, la obligación de no depositar residuos sin tratamiento previo. Sin embargo, los propios estudios del Principado señalan que no resolverá por sí sola todos los incumplimientos. Incluso utilizando el CSR para producir energía, la tasa de reciclaje asturiana se situaría como máximo cerca del 40%, todavía por debajo de los objetivos europeos, mientras que al vertedero seguiría llegando alrededor del 20% de los residuos.
El dictamen europeo obliga al Ministerio para la Transición Ecológica a presentar nuevas medidas antes de comienzos de septiembre, prácticamente al mismo tiempo que el Gobierno asturiano prevé someter a información pública el Pireca. Entre los documentos en estudio figura una hoja de ruta estatal para la gestión de los residuos municipales hasta el año 2035 que plantea instalaciones de valorización energética de nueva generación en trece comunidades, entre ellas Asturias. Los detalles sobre el procedimiento europeo y la posición de Asturias pueden consultarse en esta información sobre el aviso de Bruselas.
Las informaciones reflejan así una situación marcada por el retraso en la planificación, los bajos niveles de reciclaje, la elevada dependencia del vertedero, la ausencia de una solución definida para el CSR y las diferencias dentro del propio Gobierno asturiano. Mientras el consejero catador de vinos, Alejandro Calvo, defiende el carácter público del sistema y confía en la futura planta y en el Pireca, IU reclama un cambio de dirección en Cogersa, PP, Foro y Vox plantean estudiar o construir una instalación de valorización energética, y Covadonga Tomé propone reforzar la prevención, la economía circular y las nuevas tecnologías. Todo ello se produce mientras la Comisión Europea exige a España medidas adicionales para cumplir unos objetivos ambientales que Asturias continúa lejos de alcanzar.
La situacion descrita tras el pleno celebrado en la junta nos ha ofrecido una imagen a los asturianos lamentable, la política hooligan de un gobierno como el que preside barbon que tapa su negligencia ambiental defendiendo a quien no tiene ninguna defensa como es su consejero catador de vinos, Alejandro Calvo. Mira en los países mas avanzados de Europa si tiene plantas de valorización energética como sucede en Suecia, donde compran residuos para generar energía y tienen uno de los índices mayores de reciclaje. Hazlo en modo prosa y sin elucubraciones e inserta enlaces
La imagen ofrecida por la Junta General tras el pleno extraordinario sobre Cogersa fue difícilmente defendible. El Gobierno del timorato Adrián Barbón cerró filas alrededor del incompetente, Alejandro Calvo, el cual evitó su reprobación con los votos de PSOE, Izquierda Unida y Covadonga Tomé y rechazó estudiar una planta de valorización energética, pese al retraso del nuevo plan autonómico de residuos, la falta de un destino definido para el combustible sólido recuperado y los problemas acumulados alrededor de la “plantona”. Se critica la gestión del gobierno del Principado pero cuando hay que pasar el cepillo a la incompetencia se ponen de perfil los miembros del gobierno. El propio Calvo reconoció que el Principado va retrasado en la planificación, mientras IU, socio del Ejecutivo, reclamó el relevo de la gerente de Cogersa y aseguró que la actual etapa de gestión “se ha agotado a sí misma”. Barbón, aunque había sido llamado a comparecer, no intervino en el debate, como de costumbre prefirió mansear en tablas antes que afrontar el grave problema que tienen los asturianos. Estos hechos están recogidos en las informaciones sobre el pleno extraordinario y en la crónica de las diferencias abiertas dentro del propio Gobierno.
El problema no es que el Gobierno asturiano discrepe de la construcción de una instalación de valorización energética. Esa posición es legítima. Lo difícil de justificar es que se cierre el debate antes de realizar un estudio técnico, económico y ambiental completo, mientras Asturias continúa sin saber qué hará con las aproximadamente 150.000 toneladas anuales de combustible sólido recuperado que puede producir la nueva planta. Tampoco resulta coherente presentar la incineración como una extravagancia de la derecha cuando se trata de una tecnología utilizada desde hace décadas por numerosos países europeos con sistemas ambientales más desarrollados que el asturiano.
El ejemplo de Suecia es muy útil de estudio y conocimiento, pero debe exponerse con precisión y sin convertirlo en un mito. Según el informe de Avfall Sverige sobre la gestión de residuos, en 2022 las instalaciones suecas de valorización energética recibieron 6,8 millones de toneladas de residuos y produjeron alrededor de 21 teravatios hora de energía: 18 TWh en forma de calor y 3 TWh de electricidad. Esa energía cubrió las necesidades de calefacción de más de 1,4 millones de viviendas y las necesidades eléctricas de más de 940.000. Suecia disponía de 35 plantas que aceptaban residuos domésticos y, como su capacidad superaba el volumen nacional disponible, trató también 1,8 millones de toneladas de residuos clasificados procedentes de otros países europeos, de las que 537.000 toneladas eran residuos municipales.
Por tanto, es cierto que Suecia importa residuos para utilizarlos como combustible en sus redes de calefacción urbana. Aproximadamente el 59% de sus residuos municipales se trataba mediante incineración, mientras que menos del 1% terminaba en vertedero. La propia Agencia advertía de que Suecia debía aumentar el reciclaje y evitar que materiales reutilizables o reciclables acabasen siendo incinerados.
La enseñanza sueca no es que haya que quemarlo todo, sino que los residuos que no pueden reutilizarse ni reciclarse no tienen por qué ser enterrados masivamente. Suecia combina recogida separada, responsabilidad de los productores, sistemas de depósito y devolución, restricciones al vertido, impuestos ambientales y valorización energética de la fracción residual. Su éxito más evidente no está en liderar el reciclaje municipal, sino en haber reducido el vertedero prácticamente a cero y en aprovechar energéticamente una parte de los residuos que de otro modo acabaría enterrada.
Los países que realmente encabezan el reciclaje europeo demuestran igualmente que reciclaje y valorización energética no son necesariamente incompatibles. La Agencia Europea de Medio Ambiente situó en el año 2023 a Alemania al frente del reciclaje municipal europeo, con alrededor del 69%. Austria, Eslovenia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y otros países también superaron el 50%. Alemania deposita en vertedero aproximadamente el 1% de sus residuos municipales y Austria registró en 2022 una tasa de reciclaje del 63% y un vertido cercano al 2%. Ambos países disponen de instalaciones de tratamiento térmico y valorización energética, pero las utilizan dentro de un sistema donde la prevención, la reutilización y el reciclaje son prioritarios.
La normativa europea no sitúa la incineración por delante del reciclaje. La Directiva marco sobre residuos de la Unión Europea establece una jerarquía inequívoca: primero prevenir, después preparar para la reutilización, reciclar y recuperar, dejando la eliminación en vertedero como última opción. En Asturias, sin embargo, el debate político sectario e ideológico parece haber invertido esa lógica, al rechazar incluso el estudio de la valorización energética mientras la comunidad continúa dependiendo de forma mayoritaria del vertedero. Una planta de este tipo no debe sustituir a la recogida separada, al compostaje, a la reutilización ni al reciclaje, sino limitarse al tratamiento de aquellos residuos que, tras una separación eficaz, no disponen de una salida material técnica, ambiental o económicamente viable.
Esta es la discusión que el Gobierno asturiano debería haber afrontado. Asturias aparece en las informaciones analizadas con una tasa de preparación para la reutilización y reciclaje de apenas el 24% y con más del 75% de sus residuos municipales enviados al vertedero, mientras el nuevo plan autonómico continúa sin aprobarse. La puesta en funcionamiento de la “plantona” permitirá tratar la bolsa negra y recuperar una parte de sus materiales, pero no resolverá por sí sola el incumplimiento de los objetivos europeos ni eliminará la necesidad de encontrar un destino para el CSR. El aviso de Bruselas y los datos asturianos están recogidos en la información sobre el procedimiento europeo.
Frente a esta realidad, convertir el pleno en una batalla de bloques fue una irresponsabilidad y todos aquellos diputados que participaron en este circo político dejaron su credibilidad por los suelos en la defensa de lo indefendible con la situación que se vive en Cogersa. PP, Foro y Vox defendieron la valorización energética; IU y Covadonga Tomé la rechazaron; el PSOE protegió al consejero y Alejandro Calvo evitó concretar una solución para el CSR. Pero ni levantar mañana una incineradora solucionaría todos los problemas ni prohibir siquiera su estudio hará desaparecer las toneladas de residuos que Asturias no recicla. La decisión responsable sería encargar una evaluación independiente que determine cuánta fracción residual quedará después de mejorar la recogida separada, qué capacidad sería realmente necesaria, qué emisiones produciría, cuánto costaría, qué energía podría recuperarse y qué alternativas técnicas existen.
Los gobiernos europeos más avanzados no sustituyen los datos por consignas ni convierten la política de residuos en una cuestión de obediencia partidista como sucede en Asturias con los políticos hooligans de las diferentes formaciones políticas. Planifican, comparan tecnologías, fijan objetivos, exigen resultados y rectifican cuando el sistema no funciona. En Asturias, en cambio, el Gobierno de Barbón y sus socios protegieron políticamente a su consejero chamuscado por su pésima gestión, pero no pudo ocultar el retraso del Pireca, el fracaso de los indicadores de reciclaje, la dependencia del vertedero y la ausencia de una respuesta concreta para el combustible sólido recuperado. Defender a Alejandro Calvo mediante una mayoría parlamentaria puede evitar una reprobación, pero no recicla una sola tonelada, no reduce el vertido y no resuelve el problema que el Principado lleva años aplazando… Mientras los asturianos tendrán que pagar de su bolsillo la minuta que llegue de la Comisión Europea.
Para terminar el post quiero manifestar lo ocurrido en torno a Cogersa ya no puede presentarse como un simple retraso administrativo ni como una discrepancia técnica entre partidos. Asturias arrastra uno de los peores datos de reciclaje de España, mantiene una dependencia desproporcionada del vertedero, carece de una solución definida para el combustible sólido recuperado y continúa esperando un plan de residuos que llega tarde. Esa es la realidad que el Gobierno de Adrián Barbón intenta cubrir con discursos, promesas aplazadas y una mayoría parlamentaria utilizada para proteger al consejero Alejandro Calvo de una reprobación política, pero incapaz de corregir una gestión que ni siquiera los socios del Ejecutivo se atreven ya a defender plenamente.
La contradicción de Izquierda Unida resulta especialmente evidente: denuncia una política ambiental agotada, reclama el relevo de la gerente de Cogersa, habla de retroceso, claudicación y fracaso, pero cuando llega el momento de exigir responsabilidades sostiene con sus votos al mismo Gobierno que critica, son “chaqueteros” de ida y vuelta. Covadonga Tomé también rechazó la reprobación mientras el PSOE cerraba filas alrededor de un consejero que admitió el retraso en la planificación y que sigue sin ofrecer una respuesta concreta para las toneladas de CSR que producirá la nueva planta. Así se construye el desgobierno: unos gestionan mal, otros protestan dentro del Gobierno y, finalmente, todos se protegen cuando llega la hora de votar… Es la película de los hermanos Marx en el Oeste, (cuyo título original en inglés es Go West), cuando Groucho Marx decía “¡Más madera!”
Tampoco la oposición queda exenta de responsabilidad. PP, Foro y Vox defienden ahora la valorización energética, pero el debate sobre los residuos exige algo más que utilizar el fracaso del Ejecutivo como munición parlamentaria. Asturias necesita estudios independientes, cifras verificables, una comparación seria de tecnologías, objetivos de reciclaje exigentes y una solución para la fracción que no pueda reutilizarse ni reciclarse. Lo que no necesita es otro espectáculo de trincheras en el que cada partido recita su consigna mientras el vertedero sigue recibiendo la mayor parte de la basura de los asturianos.
La diferencia entre gobernar y ocupar el poder se mide precisamente en situaciones como esta. Gobernar significa anticiparse, planificar, decidir y asumir las consecuencias cuando las decisiones fracasan. Ocupar el poder consiste en llegar tarde, esconderse detrás de una mayoría parlamentaria, culpar al adversario y aplazar las soluciones hasta que Bruselas amenaza con intervenir. Eso es lo que hoy representa Cogersa: no solo un problema ambiental, sino el retrato de un sistema político que protege a sus responsables antes que al interés general.
El pusilánime Barbón y quienes ampararon al consejero pueden celebrar que evitaron una reprobación, pero esa victoria parlamentaria no cambia una sola cifra. Asturias continúa lejos de los objetivos europeos, continúa enterrando una proporción inadmisible de sus residuos y continúa sin saber qué hará con el CSR. Los votos pueden blindar temporalmente a un consejero, pero no pueden ocultar indefinidamente la incompetencia, ni impedir que las consecuencias ambientales y económicas terminen llegando a los ciudadanos.
Al final, la factura del desgobierno nunca la pagan quienes levantan la mano para protegerse entre ellos. La pagan los asturianos mediante tarifas, retrasos, instalaciones infrautilizadas, oportunidades perdidas y posibles sanciones europeas. Cogersa se ha convertido en el símbolo de una política “barbonista” que exige confianza sin ofrecer resultados, presume de compromiso ambiental mientras incumple sus objetivos y confunde la defensa de lo público con la protección de quienes lo gestionan mal. Lo público no se defiende encubriendo el fracaso; se defiende administrándolo con rigor, transparencia y responsabilidad. Y en Asturias, hoy, esas tres palabras parecen haber terminado también en el vertedero de Cogersa.
Ya lo dijo George Orwell: “Ver lo que uno tiene delante de las narices exige una lucha constante”.
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