Ayer podíamos leer en la prensa autonómica que catorce años después de los hechos, los tribunales han reconocido que un aspirante a auxiliar de Policía Local debió ser elegido para el puesto por el Ayuntamiento de Llanes en 2012, durante el último gobierno socialista de Dolores Álvarez Campillo. Según recoge la información publicada por La Nueva España, el afectado ya ha sido indemnizado por el Consistorio y una compañía de seguros con 4.515,67 euros, más los intereses legales correspondientes.
El caso tiene su origen en junio de 2012, cuando el Ayuntamiento de Llanes nombró a dos auxiliares de Policía Local sin respetar el orden de la bolsa de empleo vigente. El demandante ocupaba el número uno de esa bolsa y, según recoge la sentencia, fue “deliberadamente excluido”. Los puestos fueron ocupados por quienes entonces eran el presidente y el secretario de las Juventudes Socialistas de Llanes.
El alcalde de Llanes, el ultraderechista Enrique Riestra afirmó que el afectado y otro aspirante fueron vetados por los responsables socialistas de aquel momento para “enchufar a dos colegas” como policías locales. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo estima íntegramente el recurso presentado por el perjudicado y declara nula la resolución municipal del 16 de noviembre de 2023, por la que el Ayuntamiento había rechazado su reclamación patrimonial.
La resolución se apoya en un precedente anterior, ya que el tribunal había estimado una pretensión idéntica formulada por otro aspirante que ocupaba el número dos en la misma bolsa de empleo y que también fue apartado del proceso. En conjunto, el Ayuntamiento de Llanes (los vecinos del municipio) han tenido que afrontar el pago de 10.000 euros, más las costas, por las dos ilegalidades derivadas de aquellos nombramientos.
El tribunal subraya que el daño indemnizable procede de una actuación administrativa que en vía penal fue calificada como “delictiva”. Los nombramientos de los dos dirigentes de las Juventudes Socialistas fueron considerados radicalmente nulos, y la jurisdicción penal condenó al concejal responsable por prevaricación administrativa a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Uno de los principales argumentos de defensa del Ayuntamiento y de la aseguradora fue la prescripción de la reclamación. Sostenían que el plazo de un año para reclamar debía contarse desde el 29 de junio de 2012, fecha en la que se omitió el llamamiento al aspirante. Sin embargo, el juzgado rechazó esta tesis y consideró que el plazo no empieza a computar hasta que el perjudicado tiene conocimiento efectivo de que el daño sufrido era antijurídico. Esa certeza llegó con las sentencias penales firmes, por lo que la reclamación presentada el 7 de junio de 2023 fue considerada válida.
En cuanto al fondo del asunto, la sentencia aprecia la existencia de todos los requisitos de la responsabilidad patrimonial de la Administración. El tribunal considera acreditado un “daño antijurídico”, consistente en la pérdida de las retribuciones que el aspirante habría percibido si hubiera sido llamado conforme al orden correcto de la bolsa. Ese perjuicio fue considerado evaluable económicamente, individualizado y directamente causado por el funcionamiento anormal del servicio público.
La indemnización se calculó tomando como referencia las nóminas de los auxiliares que fueron indebidamente nombrados entre el 2 de julio y el 10 de septiembre de 2012. La sentencia concluye que existe una relación de causalidad “directa e inmediata” entre la actuación irregular del Ayuntamiento y el perjuicio sufrido por el aspirante que tenía derecho preferente al llamamiento.
Lo ocurrido en Llanes en 2012 es grave, muy grave. Que catorce años después los tribunales reconozcan que un aspirante a auxiliar de Policía Local fue deliberadamente apartado de una bolsa de empleo para colocar a quienes entonces ocupaban cargos en las Juventudes Socialistas no puede despacharse como un simple error administrativo. Según lo recogido en la sentencia y en la información publicada, aquello fue una actuación ilegal, con consecuencias económicas para el Ayuntamiento y, por tanto, para los vecinos de Llanes.
Conviene decirlo con claridad: cuando se utiliza una institución pública para favorecer a los propios, se está traicionando la confianza de los ciudadanos. Y cuando esa actuación acaba costando dinero público, quienes pagan no son los responsables políticos de entonces, sino los llaniscos. Pagan los vecinos por decisiones tomadas desde el abuso, desde la arbitrariedad y desde una forma de entender la administración como si fuera una finca particular.
Ahora bien, que nadie pretenda utilizar esta sentencia como cortina de humo para tapar el presente. Lo sucedido hace catorce años no borra ni justifica los más de once años de gobierno municipal fascista que Llanes lleva padeciendo desde el año 2015 bajo el gobierno de coalición de, VecinosxLlanes y el PP. El pasado socialista no puede servir de coartada permanente para ocultar la realidad actual del concejo. Una ilegalidad cometida entonces no convierte en buena la gestión de quienes gobiernan ahora. Una sentencia contra actuaciones del pasado no limpia la incapacidad, la propaganda, el abandono y la deriva política que los llaniscos sufren en el presente.
Resulta llamativo escuchar ahora al alcalde ultra, Enrique Riestra, rasgarse las vestiduras por tener que pagar las consecuencias económicas de unos hechos cometidos durante el último gobierno socialista de Dolores Álvarez Campillo. Tienen razón en denunciar que aquello fue una vergüenza. Pero se equivocan si creen que esa vergüenza les absuelve de la suya. Llanes no puede vivir atrapado entre quienes utilizaron el Ayuntamiento para beneficiar a los suyos y quienes hoy utilizan cada sentencia antigua como arma política para tapar su propia falta de gestión.
Foto: Enrique Riestra Rozas, un vividor de la política sin parangón
También hay una cuestión que no puede pasar desapercibida. Cuando los responsables de aquellos hechos actuaron, no lo hicieron como ciudadanos particulares sin poder ni medios. Actuaron desde una posición institucional, al amparo de unas siglas y dentro de una estructura política concreta. Por eso se echa en falta una disculpa pública clara, una condena expresa y una reprobación contundente por parte de quienes hoy están al frente del PSOE en Llanes contra aquella forma de actuar y de representar a dicha opción política.
Quienes hoy ocupan esa responsabilidad nada tienen que ocultar respecto a aquellos comportamientos reprobables, precisamente porque no fueron sus protagonistas. Pero su silencio debilita su posición ante los ciudadanos a los que dicen representar. La política no es como el fútbol, donde a veces se confunde la lealtad con el fanatismo de los hooligans. En política, callar ante una injusticia cometida desde las propias siglas no es prudencia: es una forma de complicidad moral. No basta con callar, mirar hacia otro lado o dejar que el tiempo lo tape todo. Cuando se perjudica a trabajadores o ciudadanos vulnerando sus derechos y causando un daño económico al Ayuntamiento, el silencio también retrata.
Y ese silencio vuelve a repetirse. Cuando el abuso viene de determinados espacios políticos, se corre un tupido velo. Se habla poco, se condena menos y se espera a que el asunto desaparezca del debate público. Pero Llanes no puede normalizar que las ilegalidades se juzguen según el color político de quien las comete. Si está mal, está mal siempre. Si se perjudicó a dos aspirantes que tenían derecho a ser llamados, hay que decirlo sin medias tintas. Si se usó el Ayuntamiento para favorecer a dirigentes juveniles del PSOE, hay que condenarlo con la misma dureza con la que se condenaría cualquier otro atropello.
La sentencia deja una lección incómoda: las instituciones no son propiedad de ningún partido. Ni del PSOE cuando gobernaba, ni de VecinosxLlanes y PP ahora con sus tropelías como describiré a continuación. El Ayuntamiento de Llanes pertenece a los vecinos, y cada vez que alguien lo utiliza para colocar, castigar, favorecer, silenciar o manipular, está atacando directamente la dignidad democrática del municipio.
Por eso este caso debe servir para dos cosas. Primero, para exigir responsabilidades políticas y morales a quienes permitieron o ampararon aquella actuación ilegal. Y segundo, para impedir que el actual gobierno municipal use este episodio como excusa para esconder su propia responsabilidad en el deterioro de Llanes. Porque una cosa es denunciar una injusticia cometida en 2012 y otra muy distinta pretender que esa injusticia sirva para tapar todo lo que viene ocurriendo desde el año 2015.
Llanes merece algo más que un intercambio permanente de culpas entre quienes gobernaron mal ayer y quienes gobiernan mal hoy. Merece limpieza institucional, respeto a la legalidad, gestión seria y una defensa real de los intereses de los vecinos. Lo demás es propaganda. Y Llanes ya ha pagado demasiadas veces las facturas de la propaganda, del enchufismo, del silencio cómplice y de la política entendida como botín.
Cuando el alcalde ultra habla del grave quebranto económico que sufren los llaniscos con el pago económico de sus impuestos de las tropelías cometidas por algunos miembros que representaron al PSOE, se olvida de lo siguiente que nos afecta por su desgobierno fascista de algo más de once años:
- En materia de litigios y costes judiciales el agujero para los llaniscos es sideral, contenciosos, reclamaciones y facturas pendientes que acaba soportando el bolsillo de los llaniscos. Según la intervención plenaria de Miguel Polín que se cita del pleno extraordinario del 30 de agosto de 2022, entre 2017 y 2022 el gobierno municipal de VecinosxLlanes y PP habría destinado 969.000 euros a litigios y contenciosos, con cifras concretas de 273.000 euros en 2020 y 246.000 euros en 2021. A falta de adjuntar aquí el acta o la grabación exacta de esa sesión, ese dato debe presentarse como procedente de dicha intervención plenaria. Lo que sí aparece recogido en actas municipales posteriores es que en 2024 se habló de 758.000 euros presupuestados para gastos judiciales, y en 2025 constan referencias a una dotación de “900 y pico mil euros” vinculada a contenciosos administrativos, además de una reserva de 200.000 euros para posibles reclamaciones u otras facturas pendientes https://bit.ly/3RtPZOR Si se suman los 969.000 euros señalados para el periodo 2017-2022, los 758.000 euros mencionados para 2024 y los 200.000 euros reservados en 2025 para posibles reclamaciones, el resultado asciende a 1.927.000 euros que fueron tirados a la basura por una gobernanza manifiestamente mejorable.
- En el caso del municipio de Llanes, la elevada presión fiscal que soportan los llaniscos debe analizarse junto a la calidad real de los servicios públicos que recibe la ciudadanía. Según los datos aportados por FADE y el IEE, el concejo recauda 724 euros por habitante en los principales impuestos municipales, una cifra muy superior a los 474 euros de media de los municipios españoles. Por tanto, Llanes no responde a un modelo de baja carga fiscal, sino al de un ayuntamiento con una elevada capacidad recaudatoria que debería traducirse en mejores servicios públicos, una gestión más eficaz y una respuesta más seria a las necesidades básicas del municipio...Cuestión que brilla por su ausencia.
Foto: presión fiscal de los Ayuntamientos de Asturias. Fuente FADE y IEE
- Tras once años de gobierno municipal ultra de VecinosxLlanes y PP, siguen existiendo carencias importantes. La falta de vivienda accesible continúa siendo el principal problema del concejo, especialmente para jóvenes, familias trabajadoras y personas que quieren desarrollar su vida en Llanes durante todo el año. Esta necesidad difícilmente quedará resuelta con el actual PGOU en trámite de aprobación por el gobierno de ultraderecha de VecinosxLlanes y PP, ya que el documento contempla aproximadamente 6.570 viviendas en total, de las cuales solo 274 serían viviendas de protección oficial, apenas un 4,17% del conjunto: 223 en Llanes, 46 en Posada y 5 en Nueva. Esta proporción resulta claramente insuficiente para responder a la demanda existente y agrava un problema ya condicionado por el peso del turismo y la presión sobre el mercado inmobiliario https://tinyurl.com/3vfjkr7h
- Otro grave problema con este gobierno ultra es él demográfico. Llanes no puede presumir únicamente de turismo, reconocimiento exterior o capacidad inversora si al mismo tiempo pierde población. Las series oficiales del padrón municipal del INE permiten seguir la evolución anual de la población por municipios, incluido Llanes https://bit.ly/4u6orxJ Según datos recopilados de la serie INE, Llanes tenía 13.694 habitantes en 2015 y figura con 13.486 en 2025; es decir, en la década larga de este gobierno el concejo no ha crecido, sino que ha perdido vecinos https://bit.ly/4d1ArdI Esa cifra desmonta una parte del relato triunfalista: un municipio puede recibir visitantes, abrir hoteles y aumentar plazas turísticas, pero si vivir todo el año se vuelve difícil, el modelo no está garantizando futuro para los llaniscos.
- La cruda realidad antes descrita contrasta con el coste de la estructura política municipal del actual gobierno ultra de VecinosxLlanes y PP. Según la información publicada en prensa en 2023, el equipo de gobierno suponía un coste anual de 293.902 euros, al que se añadía un asesor con un coste de 47.824 euros anuales, elevando el conjunto a más de 341.000 euros al año https://bit.ly/4dzeO4V Con estos niveles de retribución, y en un municipio que soporta una presión fiscal elevada, resulta razonable exigir resultados claros en vivienda, servicios sociales, educación infantil, infraestructuras y promoción económica. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. Llanes paga mucho, pero no recibe una gestión a la altura de lo que sus vecinos aportan. Además, el actual alcalde de Llanes, el ultra Enrique Riestra, ocupa una posición singular dentro de esa estructura municipal: es el cargo liberado con la retribución más elevada de todos los alcaldes que ha tenido Llanes en su historia. Sobran las palabras ante quienes presumen sin pudor de vivir de la política pese a no tener oficio ni beneficio en la vida civil. Los hechos, por sí solos, son suficientemente elocuentes.
Foto: retribuciones del gobierno municipal de Llanes. ¡Viva el vino!
Con las fuentes localizadas, las otras carencias que se pueden documentar en Llanes son estas:
1.
Saneamiento y depuración.
El problema del saneamiento no es una queja abstracta. Hay antecedentes de
vertidos de aguas residuales y fecales en la playa de Poo, denunciados por la
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, que vinculaba esos episodios al
desbordamiento de la estación de bombeo próxima a la playa y reclamaba mejorar
el sistema de saneamiento para evitar que las arquetas del colector acabasen
desaguando en la playa cuando entraba en carga https://tinyurl.com/43hyvn2k Además, la propia ficha sanitaria de la playa
de Poo recoge como posibles efectos de fallos de saneamiento los vertidos
fecales, malos olores, aumento de bacterias entéricas y pérdida de calidad
sanitaria del agua. La reciente obra de la nueva EDAR de Ardisana también
evidencia que había infraestructuras obsoletas: el Principado señala que
sustituirá un sistema antiguo que carecía de tratamiento específico para las
aguas pluviales de redes unitarias https://tinyurl.com/hctkub7n
2.
Abastecimiento y suministro de agua.
Llanes también arrastra problemas documentados en el suministro. El propio
Ayuntamiento informó de cortes en Posada por una avería en la macrotraída, con
necesidad de cargar el depósito mediante camiones cisterna y con condiciones
variables de suministro según la presión y la demanda https://tinyurl.com/3vb9wfhc La
renovación de la macrotraída entre Santo Toribio y Posada, licitada por más de
900.000 euros, se justificó porque las antiguas conducciones de fibrocemento
sufrían fallos recurrentes en las juntas, pérdidas de agua y amenaza de falta
de suministro en caso de avería grave. También constan episodios de agua no
apta para el consumo en Nueva, Ovio y Picones por turbidez, lo que obligó a
declarar el agua no potable y a plantear soluciones correctoras.
3.
Mantenimiento de colegios.
Las carencias en centros educativos tampoco son una invención. En el colegio
público Peña Tú se documentaron filtraciones, humedades y problemas de
cubierta, hasta el punto de que el Ayuntamiento reconocía que reparar tres
puntos de filtración podía no ser una solución definitiva y que podía tratarse
de un problema estructural de mayor alcance https://tinyurl.com/m8n2en96 En otra comunicación municipal se habló
incluso del derrumbe parcial de parte de la techumbre afectada por una gotera,
y se recogía que técnicos habían aconsejado renovar la cubierta en su
totalidad.
4.
Escuelas de 0 a 3 años.
La situación de las escuelas municipales de 0 a 3 años es especialmente
significativa. La Consejería de Educación del Principado explicó en marzo de
2026 que las escuelas municipales de Llanes quedaban fuera de la siguiente fase
de integración en la red autonómica porque el Ayuntamiento no tenía garantizada
la continuidad del servicio de comedor. Según Educación, esa falta de
garantía podía dejar sin comedor a casi 90 niños durante siete meses, desde el
inicio del curso hasta casi marzo de 2027. La misma información señala que
todos los concejos habían ido resolviendo ese requisito salvo Llanes, y que el
contrato del comedor rondaba los 128.000 euros anuales, lo que exigía una
tramitación abierta de entre ocho y doce meses.
5.
Presión turística y tasa turística.
Llanes reconoce que soporta una presión turística muy elevada sobre
limpieza, seguridad, transporte y residuos, hasta el punto de sumarse en 2026 a
la petición de la FEMP para que los municipios turísticos tengan financiación
propia adaptada a su realidad https://tinyurl.com/3jxn5jth
En el año 2024, el alcalde se mostró favorable a “cualquier impuesto que pueda
repercutir en el municipio” para financiar limpieza y seguridad, pero la
posición práctica sobre la tasa turística sigue apareciendo condicionada a que
el Principado fije un marco y concrete su aplicación https://tinyurl.com/56t22whx Además,
ya en 2023 se había estimado desde Podemos Llanes que una ecotasa turística
podría recaudar más de 800.000 euros anuales para financiar servicios públicos
vinculados al turismo, como limpieza de playas, socorrismo, señalización,
accesos y mantenimiento de recursos turísticos.
A todos estos problemas hay que sumar una realidad documentada que desmonta cualquier discurso triunfalista sobre la gestión municipal en Llanes: carencias en saneamiento, episodios de vertidos, redes de abastecimiento envejecidas, cortes de agua, conducciones deterioradas, colegios con problemas de mantenimiento, escuelas de 0 a 3 años afectadas por una gestión deficiente del servicio de comedor y una presión turística que multiplica las exigencias sobre limpieza, seguridad, residuos y servicios públicos. Llanes no tiene un problema de falta de discurso político; tiene un problema de gestión, planificación e inversión eficaz. Cuando un municipio recauda mucho, soporta una fuerte presión fiscal y además presume de estructura política bien pagada, los vecinos tienen derecho a exigir algo más que propaganda: tienen derecho a servicios públicos dignos, infraestructuras fiables y soluciones reales.
Para terminar el post quiero manifestar que Llanes no puede seguir atrapado en esta política de escaparate, donde unos miran hacia otro lado cuando el pasado les incomoda y otros agitan ese mismo pasado para ocultar el deterioro del presente. Lo sucedido en 2012 exige una condena clara, sin matices y sin refugiarse en el paso del tiempo. El PSOE de Llanes tiene la obligación política y moral de decir alto y claro que aquello fue una forma reprobable de actuar desde una institución pública. No hacerlo no protege a nadie: debilita a quienes hoy dicen representar unas siglas distintas, limpias de aquellos hechos, pero incapaces de marcar distancia con la contundencia que los ciudadanos merecen.
Pero esa falta de coraje del PSOE no puede convertirse en el salvavidas del gobierno de VecinosxLlanes y PP. La ultraderecha local utiliza lo ocurrido hace catorce años como si una sentencia del pasado pudiera tapar once años de presente. Y no puede. No tapa los problemas de vivienda, no tapa los gastos judiciales, no tapa la presión fiscal, no tapa las carencias en saneamiento, no tapa los cortes de agua, no tapa los problemas en colegios, no tapa la incertidumbre en las escuelas de 0 a 3 años ni tapa una gestión municipal sostenida más en la propaganda que en los resultados.
Eso es lo que hoy sufre Llanes: un gobierno que señala hacia atrás para no responder por lo que tiene delante y una oposición socialista que calla cuando debería hablar con firmeza. Unos viven cómodamente de la política desde sus cargos liberados, convertidos en una estructura costosa que los vecinos pagan con sus impuestos. Otros parecen opositar a gobernar, pero sin demostrar los mimbres, las tablas ni la autoridad política necesarias para ofrecer un relevo serio al actual gobierno fascista de VecinosxLlanes y PP.
La dignidad institucional no consiste en ponerse una camiseta y defender a los propios como si la política fuera una grada de fútbol. La política no necesita hooligans; necesita responsabilidad, vergüenza democrática y respeto por los vecinos. Y en Llanes sobra escaparate y falta verdad. Sobra ruido y falta gestión. Sobra ajuste de cuentas y falta proyecto. Ni el silencio del PSOE sobre lo ocurrido bajo sus siglas ni la utilización interesada de ese pasado por parte del gobierno actual solucionan un solo problema real del concejo.
Llanes merece algo más que esta decadencia política. Merece un gobierno que gobierne, una oposición que fiscalice, unas instituciones que respeten a los ciudadanos y una vida pública donde la legalidad, la decencia y la gestión estén por encima de las siglas. Porque mientras unos callan y otros se esconden detrás del pasado, los problemas siguen ahí, los pagan los mismos de siempre y el concejo continúa perdiendo el tiempo que ya no le sobra.
Ya lo dijo Martin Luther King: “El silencio ante la injusticia no es prudencia: es una forma de complicidad.”


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