Hoy podemos leer en la prensa que la derecha extrema de Foro y PP en el gobierno municipal del Ayuntamiento de Gijón, llevarán la próxima semana al Pleno una iniciativa en la que buscan el rechazo de la Corporación municipal a la posibilidad de que los barrios de Cimadevilla y La Arena sean incluidos bajo esa figura legal de zona tensionada en la vivienda, “sin que medie un acuerdo previo” entre ambas administraciones sobre las acciones a desarrollar para lograr una contención de los precios. Será la tercera iniciativa que debata el Pleno sobre esta cuestión en lo que va de mandato. En noviembre de 2023 se aprobó con la abstención del gobierno municipal una proposición de Podemos instando al Principado a iniciar los trámites para esta declaración, proceso actualmente ya en marcha. Y el mes pasado el voto en contra de Foro y PP impidió aprobar otra, registrada de manera conjunta por IU y Podemos, en la que se planteaba declarar zona tensionada todo el casco urbano de Gijón.
La iniciativa presentada por Foro y PP–que con el apoyo del concejal tránsfuga de la ultraderecha, Oliver Suárez, cuentan con una mayoría suficiente para su aprobación– centra su argumentación en el rechazo a poner un tope al incremento de los alquileres, como ha planteado el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, amparándose en las herramientas que contempla la actual Ley de Vivienda. En su exposición de motivos recuerdan que el índice de precios de referencia que contempla la normativa estatal “ha dado lugar a seis recursos de inconstitucionalidad ya admitidos a trámite”, que están pendiente de resolución por el alto tribunal. Y añaden que el Consejo General del Poder Judicial también emitió un dictamen muy crítico con cuestiones como “la incisiva vigilancia de la Administración en el uso de la vivienda por parte de los propietarios”.
Carmen Moriyón, Enrique Riestra y Álvaro Queipo, tres políticos pusilánimes con el problema de la vivienda
Señalan además cómo “el sector inmobiliario ha mostrado también su rechazo” tanto a la mencionada ley como al índice de referencia propuesto para controlar la evolución de los precios, “al considerar que contribuyen aún más a la falta de oferta de viviendas en arrendamiento”. Y critican también que la Ley de Vivienda “se elaboró contrariando la doctrina económica más elemental y ninguneando a los principales agentes del sector, como colegios profesionales, institutos de estudios, propietarios, inquilinos o promotores inmobiliarios”. Advierten en este sentido de que “topar los precios de los alquileres e intervenir el mercado no son soluciones eficaces para bajar los precios. Lo que necesita el sector es combatir el desfase crónico que existe entre oferta y demanda, para lo que hay que activar acciones que incrementen el parque de viviendas, como aumentar la disponibilidad de suelo”.
En defensa de su postura desde el gobierno de la derecha extrema de Gijón, incluyen varios ejemplos donde «fijar precios máximos ha fracasado» como fórmula para la contención de los alquileres. El primero de ellos es Cataluña, “donde los precios se intervinieron por una normativa autonómica que el Tribunal Constitucional anuló parcialmente en 2022” y que mientras estuvo en vigor “supuso una subida del 12,7% de los pisos más baratos, debido a la contracción de la oferta”, a lo que se sumó que “muchos propietarios, por la inseguridad jurídica, retiraron sus viviendas del mercado de alquiler y las pusieron a la venta o al alquiler turístico. En Berlín “la experiencia también salió mal, con un precio oficial y otro de mercado, y el desbarajuste dio lugar a contratos alegales y a una reducción de la oferta de pisos del 60%”. En San Francisco “la intervención de los precios en 2019 redujo el número de pisos en alquiler un 15%”. Y en Escocia “hubo un aumento generalizado de los precios antes de la entrada en vigor de la norma que topaba los alquileres” y se paralizaron inversiones en vivienda por 3.761 millones de euros» https://tinyurl.com/5n8s3mad
Lo primero que llama la atención del gobierno municipal de la derecha extrema de Gijón, es que en un ámbito donde no tienen competencias para la declaración de zonas tensionadas en el mercado de la vivienda. Hay que recordarles para su floja memora lo que dice la Ley 12/2023, de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, en su preámbulo recoge que conforme al artículo 148.3 de la Constitución Española (CE), todas las Comunidades Autónomas tienen asumida en sus Estatutos de Autonomía, sin excepción, la competencia plena en materia de vivienda. Por lo tanto, es el gobierno del Principado y no los ayuntamientos, el que tiene la competencia para decidir que hacer sin ningún tipo de acuerdo para corregir la distopía en que se ha convertido hoy el mercado de la vivienda en nuestro país y en muchos municipios de Asturias. En Asturias en este momento se han identificado los municipios que tienen las primeras 16 zonas tensionadas que están en trámite de declaración, están en los municipios de: Gijón, Llanes, Cabrales, Gozón, Avilés, Langreo. El llevar a Pleno para su debate una propuesta que está fuera de su competencia como sucede en el Ayuntamiento de Gijón, es una “performance” típica de la derecha desnortada de Foro y PP, que con su puesta en escena no quieren más que escenificar su impotencia ante lo que recoge la ley y no puede cambiar .
Como ciudadano tengo que decir que me sonroja y me produce urticaria observar cómo la alcaldesa, Carmen Moriyón, se encama con el tránsfuga de la ultraderecha, Oliver Suárez, para aprobar las medidas de su gobierno. En mi memoria están sus declaraciones con respecto a los concejales tránsfugas de Llanes pronunciadas en una visita efectuada a Ribadesella, entonces llamaba a dichos concejales tránsfugas corruptos y decía lo siguiente, “siempre hablamos de la corrupción por cuestiones referidas a dineros, pero hay otro tipo de corrupción como esta, la de quienes deciden seguir ahí con el “momio” para cobrar un sueldo o para ver si me ficha el contrario, que también me viene bien”. Hoy la alcaldesa Moriyón vive encamada con un golfo político apátrida de Vox, que sirve para que su gobierno viva instalado en él “momio” y apruebe lo que los resultados electorales del 28-M no le permite https://tinyurl.com/2f7pmpm3 Moriyón facilita a dicho tránsfuga una retribución de 65.428,08 euros con dedicación completa, lo que le permite tener un sicario fiel a sus tropelías https://tinyurl.com/skvnndyv Esto no es corrupción política en el nuevo lenguaje político de Moriyón, es lo que el escritor Zygmunt Bauman llama, "modernidad liquida", que en el caso del gobierno municipal de Gijón se ha convertido en política líquida (desde el gobierno municipal se adaptan los intereses de una minoría a costa de sacrificar los de una mayoría de ciudadanos que padecen el problema de la vivienda).
El problema de la vivienda tiene también otro sector económico que está sufriendo en propia carne la competencia desleal de la vivienda vacacional por culpa de unos políticos pusilánimes, como son los de Gijón o Llanes con dicho problema. El 7 de enero de este año nos enterábamos por la prensa, que los establecimientos hoteleros han perdido más de 2.000 plazas en los últimos 12 años, mientras que los nuevos modelos ganaron 27.518, un aumento del 1.500%. Así lo confirma el análisis de datos turísticos de Asturias de 2024 realizado por la asociación de hostelería y turismo de Asturias (OTEA). El número de plazas de alojamiento ofrecido por hoteles en Asturias ascendió el año pasado a 28.366. Por su parte, la oferta de plazas de viviendas vacacionales subió a 12.337, y la de Viviendas de Uso Turístico (VUT), a 16.975. Estas dos últimas modalidades tienen regulaciones específicas y algunas diferencias entre ellas en las condiciones exigidas para su funcionamiento, pero básicamente se trata de viviendas de alquiler para turistas. Y la suma de ambas se sitúa en 29.312 plazas, 964 más de las que ofrecen los hoteles. En el periodo comprendido entre 2013 y 2024, el crecimiento del alquiler vacacional de viviendas ha experimentado un crecimiento exponencial, que se sitúa en el 1.500%, con nada menos que 27.518 nuevas plazas https://tinyurl.com/3u8ccbz2
El gobierno municipal de la derecha extrema gijonesa de Moriyón, utiliza argumentos de otros países que se caen por su propio peso ante lo que nos dice el Parlamento Europeo con datos del año 2024. En nuestro país en el periodo comprendido entre los años 2015-2023 subió un 43% cuando el IPC en dicho periodo subió un 19% https://tinyurl.com/yb885j2t
Si al dato anterior sumamos el dato que nos facilita El Boletín Especial de Vivienda Social 2024 donde nos informa que España encara la crisis de acceso a la vivienda en peor posición que muchos de sus países vecinos. El gasto nacional en protección social en vivienda supone menos de una cuarta parte del que realizan en promedio los países de la Unión Europea. Entre 200l7 y 2021, el país destinó apenas 34 euros por habitante a este concepto, una cifra que contrasta con los 160 euros anuales de media en el club comunitario. Irlanda lidera la tabla con un gasto de 334 euros por habitante, seguida de Dinamarca (318), Francia (274) y Finlandia (246). España, en cambio, ocupa un lugar en la parte baja de la clasificación, con una inversión que apenas cubre las necesidades de la población en riesgo de exclusión residencial. Si se analiza el gasto como porcentaje del Producto Interior Bruto, la situación es similar con una tasa de apenas el 0,14% frente al 0,54% de la UE. En el concepto de vivienda social están incluidos los inmuebles de titularidad pública destinados al alquiler, cesión u otras formas de tenencia temporal, siempre bajo condiciones de renta o venta limitadas y orientadas a personas o familias con dificultades para acceder al mercado. Solo el 3,3% de las edificaciones de vivienda habitual en nuestro país están bajo régimen de alquiler asequible, es decir, por debajo del precio de mercado. Se trata de una cifra que crece respecto al anterior boletín (del año 2020) porque esta vez se ha calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida. Pero aun así palidece frente al 29% de Países Bajos, el 24% de Austria o el 20% de Dinamarca. Incluso Francia y Suecia, con el 17% y el 16% respectivamente, están muy por delante de España en términos de vivienda social. El documento precisa que para alcanzar la media europea, que calcula en el 8%, el país necesitaría añadir a su parque social al menos 850.000 casas, una meta que parece lejana con los actuales niveles de inversión… Y con la derecha extrema de PP, Foro, VecinosxLlanes y Vox parece una utopía https://tinyurl.com/yfs4d78e
El último dato que nos ofrece una foto demoledora de lo que está sucediendo en nuestro país son las cifras del parque público de vivienda. España necesita 1,5 millones de viviendas públicas en alquiler social para equipararse con la Unión Europea. El parque público de vivienda en alquiler en nuestro país apenas alcanza el 1% del total, frente al 7% de media de los países del Viejo Continente, según un informe del Banco de España. El Banco de España achaca este déficit a la apuesta durante décadas "por una política de vivienda centrada en la vivienda de protección oficial (VPO) en propiedad y la escasa dotación presupuestaria para el alquiler social, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas", subraya en su último informe 'El mercado del alquiler de vivienda residencial en España: evolución reciente, determinante e indicadores de esfuerzo'. Según los datos recopilados por el mencionado estudio, el número de viviendas protegidas calificadas en los planes estatales y autonómicos entre 1990 y 2014 superó los 1,3 millones, el 6,7% de todas las existentes en España, una cifra similar al déficit actual. Conviene mencionar que estas VPO, en su mayoría, fueron promovidas y financiadas por promotores privados y entidades financieras sobre suelos calificados como protegidos, a pesar de contar con subvenciones y una fiscalidad adaptada (esto es lo que quiere Foro y PP). Frente al páramo español del escaso parque público en alquiler social español, la media europea y de la OCDE se sitúa en el 7% del total de viviendas, aunque algunos países como Francia, Reino Unido o Países Bajos presentan porcentajes mucho más altos, que superan el 15% o, incluso, el 30% https://tinyurl.com/y8ajwams
Lo que parece evidente es que el problema de la vivienda se ha escapado al control del poder político, igual da el partido que gobierne en cualquier administración de nuestro país. La fragmentación de la competencias que existe en materia de vivienda hace que se utilice dicha cuestión sea utilizada para satisfacer intereses particulares de los políticos y los partidos como sucedió con el PP como refleja la prensa https://tinyurl.com/mrxsz82j, https://tinyurl.com/2n995rnh, https://tinyurl.com/yh5epv8m
Para terminar el post, quiero manifestar como ciudadano que espero que el Gobierno del Principado no le tiemble el pulso o se ponga de perfil, ante gobiernos municipales pusilánimes como el de los ayuntamientos de Gijón o Llanes. Que ni han podido resolver el problema de la vivienda, ni quieren que otras administraciones lo resuelvan… En esta cuestión, es necesario utilizar el dicho de “mano de hierro con guante de seda” para arreglar dicho problema.
Ya lo dijo Séneca: “Un hombre inútil es gravoso al estado, en que se pesa el mérito de los miembros por la utilidad que de ellos se saca”.
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