La entrevista publicada el 4 de octubre de 2026 presenta al fascista, Enrique Riestra, como el alcalde que más tiempo ha permanecido al frente del Ayuntamiento de Llanes durante la actual etapa democrática, superando ya los 4.100 días en el cargo. Más de once años de gobierno constituyen un período suficientemente amplio como para que cualquier balance político pueda contrastarse no solamente con las palabras de quien gobierna, sino también con presupuestos, liquidaciones, acuerdos plenarios, expedientes urbanísticos, sentencias, adjudicaciones y fechas. La entrevista original puede consultarse en https://tinyurl.com/3asmu9sj. Precisamente por la duración de su mandato resulta especialmente pertinente analizar algunas de sus afirmaciones, porque once años permiten distinguir entre los problemas efectivamente heredados de anteriores gobiernos y aquellos otros que, por decisiones adoptadas, retrasos acumulados o resultados obtenidos desde 2015, forman ya parte inequívoca del balance político del propio Enrique Riestra y de los distintos gobiernos municipales que ha presidido.
Riestra comienza su balance afirmando sentirse especialmente orgulloso del «cambio radical de administración» y utiliza como primera prueba el crecimiento del presupuesto municipal: de unos 16,8 millones de euros en 2015 a aproximadamente 23 millones en 2026. Las cifras nominales se corresponden sustancialmente con los presupuestos de ambos ejercicios, pero el simple crecimiento del presupuesto no demuestra por sí mismo una mejora equivalente de la gestión municipal. Entre ambas fechas han transcurrido once años, con el correspondiente aumento de precios y costes, modificaciones salariales, crecimiento de transferencias entre administraciones, subvenciones y financiación vinculada a diferentes programas. A ello debe añadirse un dato especialmente relevante que el alcalde no menciona cuando utiliza el tamaño del presupuesto como demostración de una buena gestión: Llanes se encuentra entre los municipios asturianos con mayor recaudación por impuestos locales por habitante. El informe La competitividad fiscal en el Principado de Asturias. Una propuesta de mejora, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y presentado en colaboración con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) —**informe completo disponible aquí: https://fade.es/wp-content/uploads/2025/11/La-competitividad-fiscal-en-el-Principado-de-Asturias.pdf**— sitúa a Llanes en 2024 en 724 euros de recaudación por habitante a través de impuestos locales, la segunda cifra más elevada entre los municipios asturianos (78) analizados, solamente por detrás de Carreño, con 805 euros. La diferencia resulta particularmente significativa si se compara con los 439 euros por habitante de media del conjunto de Asturias y los 474 euros de la media española. Es decir, Llanes recauda por habitante aproximadamente un 65 % más que la media asturiana y un 53 % más que la media nacional en los impuestos locales contemplados por el estudio. Este dato introduce un elemento fundamental en el análisis de esos 23 millones de presupuesto: una administración que dispone de mayores recursos debe ser evaluada también en función de la carga tributaria que soportan sus ciudadanos y, sobre todo, de la cantidad y calidad de los servicios públicos que reciben a cambio. No basta, por tanto, con presentar el incremento del presupuesto como un éxito aislado; resulta necesario preguntarse qué retorno obtiene el contribuyente llanisco de ese esfuerzo fiscal, especialmente cuando existen servicios municipales susceptibles de mejora como sucede en Llanes. El dato verdaderamente relevante para valorar la gestión no consiste únicamente en saber cuánto dinero entra en las arcas municipales o cuánto figura inicialmente en un presupuesto, sino cuánto se ejecuta, qué inversiones llegan realmente a materializarse, cuáles quedan pendientes, cuánto cuestan finalmente las obras y qué calidad tienen los servicios que recibe el ciudadano que contribuye a financiarlos. Un presupuesto de 23 millones puede constituir una importante capacidad económica, pero su crecimiento adquiere una lectura muy diferente cuando se conoce que Llanes recauda 724 euros por habitante en impuestos locales frente a los 439 euros de la media asturiana: disponer de más recursos no es por sí solo un indicador de mejor gestión; lo determinante es cómo se administran y qué obtiene la sociedad llanisca a cambio.
Precisamente en la ejecución presupuestaria aparece uno de los puntos que requieren mayor precisión frente al relato ofrecido en la entrevista. Riestra sostiene que «nunca en la historia de Llanes se ejecutó tanto con presupuesto municipal como ahora» y llega a afirmar que probablemente en un año su gobierno ejecuta más obras que durante cualquier legislatura socialista. Sin embargo, la liquidación municipal de 2025 publicada por el propio Ayuntamiento acredita 3.692.740 euros en inversiones reales ejecutadas. Frente a esa cantidad, la oposición ha señalado que los créditos definitivos destinados a inversiones rondaban los 14 millones de euros, situando el grado de ejecución aproximadamente en el 26%. Aquí resulta imprescindible diferenciar entre presupuesto disponible, gasto autorizado, obra adjudicada, gasto comprometido, certificación emitida y obligación reconocida. El gobierno municipal tiene razón cuando señala que una obra plurianual puede estar contratada y encontrarse en ejecución sin que todo su importe figure todavía como obligación reconocida en un determinado ejercicio. Pero eso no convierte automáticamente en inversión ejecutada durante ese año aquello que todavía permanece pendiente de ejecución o pago. Una cosa es disponer de crédito para hacer una obra, otra adjudicarla y otra distinta haberla ejecutado efectivamente. Por ello, responder a las críticas sobre el porcentaje de ejecución afirmando simplemente que la oposición «no sabe de números» no resuelve la cuestión fundamental: cuánto de lo presupuestado terminó realmente transformándose en inversión ejecutada durante el ejercicio.
Algo semejante ocurre cuando el alcalde utiliza la evolución de la renta por habitante como demostración del éxito de su gestión. Riestra afirma que Llanes ha pasado del puesto 21 al puesto 10 entre los concejos asturianos según SADEI. En este punto conviene empezar reconociendo aquello que los datos efectivamente acreditan. La publicación oficial de SADEI, La renta de los municipios asturianos 2022 —que puede consultarse directamente en la página oficial de SADEI— sitúa la renta disponible ajustada neta por habitante de Llanes en 21.728 euros en 2022, frente a los 21.912 euros de media de Asturias. Es decir, Llanes se encontraba solamente 184 euros por habitante, un 0,8 %, por debajo de la media regional, y ocupaba efectivamente la décima posición entre los 78 concejos asturianos en ese indicador, por detrás de Oviedo (23.345 euros), Noreña (22.538), Castrillón (22.208), Gijón (22.203), Carreño (21.780), Navia (21.751), Llanera (21.750), Avilés (21.741) y Siero (21.736). Por tanto, la posición número 10 que cita Riestra encuentra respaldo en la estadística de SADEI y no existe motivo para discutirla. Lo que sí debe analizarse es qué significa exactamente ese dato y, sobre todo, si permite atribuir ese resultado a la gestión del Ayuntamiento.
La propia evolución recogida por SADEI permite entender mejor lo sucedido. Entre 2020 y 2022 la renta disponible ajustada neta por habitante aumentó en Llanes un 16,4 %, un crecimiento superior al promedio asturiano. Pero el propio análisis de SADEI señala expresamente que otros municipios turísticos del Oriente experimentaron incrementos incluso superiores, como Ribadesella, con un 18 %, y Cangas de Onís, con un 17,1 %. SADEI identifica precisamente a estos municipios como concejos con «actividad turística relevante» y señala que durante 2020-2022 se produjo además un proceso general de acercamiento de los niveles de renta entre los municipios asturianos. Por consiguiente, el crecimiento de Llanes no fue un fenómeno aislado ni exclusivo del concejo, sino que formó parte de una evolución que también se produjo, e incluso con mayor intensidad, en otros municipios turísticos del Oriente asturiano. El análisis oficial de SADEI puede consultarse aquí.
Hay además otra cuestión fundamental: no existe una única estadística denominada simplemente “renta de los llaniscos”. Dependiendo de lo que se quiera medir, las cifras cambian considerablemente. SADEI utiliza la denominada renta disponible ajustada neta por habitante, que incorpora no solamente los ingresos monetarios de los hogares, sino también determinadas transferencias sociales en especie. En el caso concreto de Llanes, SADEI calcula para 2022 una renta disponible neta total de los hogares de 249,87 millones de euros y añade 45,64 millones de transferencias sociales en especie, alcanzando así una renta disponible ajustada neta de 295,51 millones, que dividida entre la población utilizada por SADEI da los mencionados 21.728 euros por habitante. Por eso esa cifra no debe interpretarse como que cada llanisco ingrese personalmente 21.728 euros al año: es un indicador macroeconómico territorial de renta de los hogares por habitante, no el sueldo ni los ingresos efectivos de cada vecino. Los datos específicos de Llanes pueden comprobarse en la ficha oficial de SADEI del concejo.
Si acudimos a una segunda fuente oficial completamente independiente, la Agencia Tributaria, la fotografía resulta completamente diferente y especialmente interesante para contextualizar la afirmación del alcalde. Hacienda estudia las declaraciones de IRPF y calcula la renta de quienes presentan declaración, por lo que no mide exactamente lo mismo que SADEI y sus cifras no deben mezclarse como si fueran equivalentes. Según la Estadística de los declarantes del IRPF por municipios de la Agencia Tributaria, Llanes registró en el año 2023 6.916 declaraciones y 7.565 titulares, con una renta bruta media de 26.197 euros y una renta disponible media de 21.629 euros por declaración. Y aquí aparece un dato que resulta imprescindible para poner en contexto el «puesto 10» utilizado por Riestra: en esta estadística tributaria Llanes ocupaba en 2023 el puesto 36 de Asturias por renta bruta media, no el décimo como afirma “Pinocho” Riestra.
Los datos más recientes de Hacienda disponibles en 2026 permiten actualizar todavía más esa fotografía. En el ejercicio 2024, la Agencia Tributaria registra en Llanes 7.162 declaraciones y 7.763 titulares, con una renta bruta media de 28.171 euros y una renta disponible media de 23.160 euros. La renta declarada aumentó, por tanto, respecto a los 26.197 euros brutos y 21.629 disponibles de 2023. Sin embargo, pese a ese crecimiento, Llanes aparece en la estadística más reciente de Hacienda en la posición número 30 entre los municipios asturianos de más de 1.000 habitantes por renta bruta media, y en el puesto 1.104 de España. El lector puede comprobar directamente estas cifras en la estadística oficial de la Agencia Tributaria correspondiente a Llanes en 2024. Por tanto, decir simplemente que Llanes es el décimo municipio asturiano “en renta” proporciona una imagen incompleta: es décimo en el indicador concreto de renta disponible ajustada neta por habitante elaborado por SADEI para 2022, mientras que la estadística fiscal más reciente de Hacienda lo sitúa en el puesto 30 de Asturias por renta bruta media declarada en IRPF. Ambas cifras son oficiales; sencillamente miden realidades diferentes y el que mejor lo sabe y lo sufre es el ciudadano llanisco que vive en el municipio.
La comparación histórica de Hacienda ofrece otra perspectiva igualmente útil. En el año 2022, Llanes registraba una renta bruta media de 24.701 euros y una renta disponible media de 20.482 euros, situándose en el puesto 40 de Asturias por renta bruta media. Ribadesella, por ejemplo, aparecía inmediatamente por delante, en el puesto 39, con 24.883 euros de renta bruta media. Los datos oficiales de aquel ejercicio pueden consultarse en la clasificación municipal de la Agencia Tributaria. Desde esa perspectiva sí se observa una mejora posterior: Llanes pasa del puesto 40 en 2022 al 36 en 2023 y al 30 en 2024, mientras la renta bruta media declarada aumenta de 24.701 a 26.197 y posteriormente a 28.171 euros. Es una evolución positiva objetivamente constatable. Pero una mejora de la renta de los contribuyentes durante un mandato municipal no demuestra por sí misma que esa mejora haya sido causada por el gobierno local.
Existe todavía una tercera referencia oficial que ayuda a comprender qué significan estas cantidades. El Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula en su Atlas de Distribución de Renta de los Hogares que la renta neta media por persona en el conjunto de España alcanzó los 15.036 euros en 2023, mientras que la renta neta media por hogar fue de 38.326 euros. El propio INE advierte expresamente de que su concepto de renta responde a una metodología específica y no equivale necesariamente a otros conceptos de renta utilizados en Contabilidad Nacional. Los resultados y la metodología pueden consultarse en el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE. Esta advertencia metodológica es importante porque comparar sin más los 21.728 euros de SADEI con los 28.171 euros de Hacienda o con la renta neta por persona del INE sería incorrecto: cada organismo está midiendo conceptos diferentes y poblaciones estadísticas diferentes.
Por tanto, los datos permiten formular una conclusión bastante más precisa que la ofrecida en la entrevista. Riestra tiene razón en un dato concreto: según SADEI, Llanes ocupaba en 2022 el puesto número 10 de Asturias en renta disponible ajustada neta por habitante, con 21.728 euros, prácticamente en la media asturiana de 21.912 euros. También es cierto que la renta ha evolucionado favorablemente y que los datos tributarios posteriores muestran crecimiento: según Hacienda, la renta bruta media de los declarantes de Llanes pasó de 24.701 euros en 2022 a 28.171 euros en 2024, un incremento nominal de aproximadamente el 14 % en dos años. Pero los mismos datos oficiales obligan a introducir dos matices esenciales: Hacienda sitúa a Llanes en 2024 en el puesto 30 de Asturias por renta bruta media, no en el décimo, y SADEI muestra que durante el fuerte crecimiento de 2020-2022 otros concejos turísticos del Oriente, como Ribadesella y Cangas de Onís, experimentaron aumentos porcentuales todavía superiores al de Llanes.
Por eso, lo que los datos acreditan es que la renta de Llanes ha crecido y que su posición ha mejorado en determinados indicadores; lo que esas estadísticas no acreditan es que esa mejora sea consecuencia directa de la gestión del Ayuntamiento de Enrique Riestra. Para establecer esa causalidad sería necesario aislar el efecto de las políticas municipales frente a factores como la evolución general de salarios y pensiones, la inflación, el empleo, la actividad turística, las rentas inmobiliarias, las prestaciones sociales y la evolución económica del conjunto de Asturias y de España. La propia comparación con otros municipios turísticos del Oriente demuestra que el crecimiento de la renta durante estos años no constituye un fenómeno exclusivamente llanisco. Utilizar, por tanto, el puesto 10 de SADEI como un dato favorable es correcto; presentarlo como demostración de que la gestión municipal ha producido ese resultado va más allá de lo que las estadísticas oficiales permiten afirmar.
Uno de los puntos donde más claramente debe confrontarse el discurso del alcalde con la cronología documental es el Plan General de Ordenación Urbana de Llanes. Preguntado por qué después de once años de mandato Llanes continúa sin disponer de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) definitivamente aprobado, Riestra responde que los plazos urbanísticos son largos en todos los concejos y sitúa como «principal ingrediente» del problema los intereses urbanísticos relacionados con anteriores gobiernos socialistas. Es indiscutible que el urbanismo de Llanes arrastra conflictos anteriores a 2015 y que el Plan General de 2002 terminó anulado judicialmente. También es un hecho que el anterior gobierno socialista había aprobado inicialmente un nuevo PGOU el 24 de febrero de 2015. Pero existe otro hecho posterior igualmente indiscutible: tras el cambio de gobierno municipal, en septiembre de 2015 la nueva mayoría encabezada por Riestra decidió dejar sin efecto aquel planeamiento y comenzar otra tramitación. Fue una decisión política adoptada por quienes acababan de llegar al gobierno municipal y, independientemente de las razones que entonces se esgrimieran para justificarla, tuvo consecuencias directas sobre los plazos posteriores.
La cronología resulta todavía más significativa porque el asunto no terminó en 2015. Bajo el gobierno de Riestra se elaboró otro PGOU y el 17 de mayo de 2019 se produjo una nueva aprobación inicial. Sin embargo, el 15 de marzo de 2021, después de casi seis años de mandato del actual alcalde, el Pleno volvió a acordar, con los votos favorables de VxLL, PP, FAC e IU y los votos contrarios del PSOE, desistir de aquella aprobación inicial y también de la tramitación de su estudio ambiental estratégico. Posteriormente comenzó una nueva fase de planeamiento que desembocó en otra aprobación inicial el 28 de septiembre de 2022 y en la aprobación de un nuevo documento por el Pleno el 28 de abril de 2025, sometido nuevamente a información pública. El propio Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias continúa identificando el Plan General de Llanes como un instrumento en «tramitación», y recoge expresamente las aprobaciones de 2022 y 2025. La situación administrativa puede comprobarse directamente en el Registro de Planeamiento del Principado de Asturias, mientras que el acuerdo de abril de 2025 y la nueva exposición pública constan en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Por tanto, cuando Riestra después de más de once años en la Alcaldía se atribuye principalmente a anteriores gobiernos socialistas la inexistencia de un Plan General definitivamente aprobado, se está omitiendo una parte esencial de la historia reciente: durante el mandato de Riestra se abandonó el planeamiento heredado y posteriormente su propia mayoría volvió a desistir de otro documento que había tramitado y aprobado inicialmente.
Pero el análisis del actual PGOU no debe limitarse a cuánto tiempo lleva tramitándose. También hay que analizar qué modelo urbanístico propone realmente el gobierno municipal fascista encabezado por Riestra y su partido VecinosxLlanes y PP y cuya responsabilidad directa en materia de Urbanismo corresponde en esta legislatura al concejal del Partido Popular, Juan Carlos Armas. No se trata de atribuir intenciones personales ni intereses particulares que no estén documentalmente acreditados, sino de examinar las cifras del propio planeamiento. El BOPA identifica el documento actualmente en tramitación y la documentación completa del PGOU y de su Catálogo Urbanístico está disponible en la página habilitada por el Ayuntamiento de Llanes. Además, la condición de Juan Carlos Armas como concejal delegado de Urbanismo, Planeamiento, Gestión, Ejecución y Disciplina Urbanística, así como de promoción y gestión de vivienda de protección pública, consta expresamente en los propios acuerdos municipales publicados en el BOPA.
Y es precisamente al analizar las cifras donde aparece una de las mayores contradicciones entre el discurso político sobre la vivienda y el modelo residencial que propone el PGOU. Según los datos hechos públicos durante su tramitación, el Plan General contempla capacidad para aproximadamente 5.774 nuevas viviendas en el concejo. La información difundida por RTPA después del Pleno de abril de 2025 señalaba además que alrededor del 60 % del crecimiento residencial previsto se concentra en los núcleos rurales, con más de 3.000 viviendas. La información puede comprobarse en RTPA: «Llanes aprueba su Plan General de Ordenación Urbanística». Según los datos difundidos entonces, el plan contemplaba 5.774 nuevas viviendas, de las cuales aproximadamente 3.347 se localizarían en los núcleos rurales. Es decir, cerca de seis de cada diez nuevas viviendas que permite el planeamiento se concentran fuera de los principales núcleos urbanos.
La comparación con la vivienda protegida resulta todavía más significativa. La propia formación política fascista de Riestra, VecinosxLlanes, publicó al defender su Plan General que el planeamiento contempla 274 viviendas de protección oficial: 223 en Llanes, 46 en Posada y solamente 5 en Nueva, el 4,74% de toda la vivienda que se contempla construir en el municipio. Esos datos no proceden de una estimación de la oposición, sino de una comunicación pública de la propia formación que gobierna el Ayuntamiento, que puede consultarse en VecinosxLlanes: «El Plan de Ordenación Urbana y la vivienda protegida». La comparación matemática entre ambas magnitudes resulta especialmente reveladora: 274 viviendas protegidas frente a una capacidad de aproximadamente 5.774 nuevas viviendas, significa que la vivienda protegida representa alrededor del 4,74 % del nuevo crecimiento residencial contemplado por el planeamiento. Dicho de otra manera: aproximadamente 95 de cada 100 nuevas viviendas potenciales no estarían dentro de esas 274 VPO anunciadas por el propio partido del alcalde.
La distribución territorial de esas 274 viviendas protegidas también permite comprender el modelo: 223 se concentran en Llanes, 46 en Posada y 5 en Nueva. Frente a ello, el grueso del crecimiento residencial general se desplaza hacia los numerosos núcleos rurales del concejo. Esto resulta especialmente importante porque la reserva de vivienda protegida no opera de igual manera sobre todas las categorías de suelo. Por eso, el porcentaje global de VPO respecto de toda la capacidad residencial que abre el PGOU puede resultar muy inferior al porcentaje de reserva exigible en determinados sectores concretos. No sería correcto afirmar que el PGOU incumple por este motivo la legislación urbanística sin una resolución administrativa o judicial que así lo determine; lo que sí puede afirmarse matemáticamente, utilizando las cifras difundidas por el propio gobierno municipal, es que de las aproximadamente 5.774 nuevas viviendas que contempla el planeamiento solamente 274 han sido anunciadas como VPO, alrededor del 4,75 % del total.
Esta proporción adquiere todavía mayor importancia cuando se observa la situación residencial del propio concejo. La misma publicación de VecinosxLlanes que anuncia las 274 VPO reconoce una realidad extraordinariamente significativa: «de cada 25 viviendas del concejo, solo 11 están habitadas todo el año, y las otras 14 o están vacías o son de segunda residencia». Es decir, según los propios datos utilizados por la formación del alcalde, solo un 44 % de las viviendas estaría ocupado durante todo el año, mientras aproximadamente un 56 % estaría vacío o destinado a segunda residencia. La afirmación puede comprobarse en la misma publicación de VecinosxLlanes sobre el PGOU y la vivienda protegida. Esta circunstancia plantea una cuestión objetiva sobre el modelo: si el propio gobierno reconoce que más de la mitad del parque residencial no está ocupado permanentemente y simultáneamente proyecta capacidad para miles de viviendas adicionales, resulta imprescindible analizar qué parte de ese nuevo crecimiento se destina realmente a garantizar vivienda habitual y asequible para la población residente.
La situación resulta todavía más relevante porque Llanes ya presenta una elevada presión de viviendas vacacionales y de uso turístico. El estudio elaborado por la Fundación Universidad de Oviedo, utilizado posteriormente por el propio Ayuntamiento, identificó como zonas con niveles de saturación o tensionamiento por VV/VUT a Llanes, Posada, Poo, San Roque del Acebal, Barro, Celorio y Nueva, además de determinados núcleos rurales. Esta circunstancia figura en el acuerdo municipal publicado oficialmente en el BOPA sobre la suspensión de nuevas declaraciones responsables para viviendas vacacionales y de uso turístico. Por tanto, el debate sobre el PGOU no se produce en un concejo sin problemas de acceso residencial, sino en un municipio donde el propio gobierno municipal ha tenido que adoptar medidas específicas ante la concentración de vivienda turística en numerosos núcleos que ha expulsado a los llaniscos de su concejo.
En este contexto, las cifras del Plan General permiten formular una crítica mucho más precisa que recurrir simplemente a calificativos sobre la política urbanística del gobierno. El PGOU abre capacidad para alrededor de 5.774 nuevas viviendas y el propio partido del alcalde anuncia únicamente 274 VPO. Esto supone aproximadamente una vivienda protegida por cada 21 nuevas viviendas potenciales. Mientras tanto, más de la mitad del crecimiento residencial se concentra en núcleos rurales y el propio gobierno reconoce que una mayoría del parque residencial existente permanece vacío durante parte del año o funciona como segunda residencia. Son datos que permiten cuestionar objetivamente el modelo urbanístico del gobierno fascista, hasta qué punto está orientado prioritariamente a solucionar el acceso a la vivienda habitual de quienes viven y trabajan permanentemente en Llanes.
La comparación resulta especialmente significativa porque el propio alcalde ha defendido públicamente que su planeamiento se opone al «suelo especulativo» de anteriores gobiernos. En marzo de 2024 Riestra reconocía que la vivienda social constituía una «necesidad» y afirmaba que el Ayuntamiento tenía previsto suelo para vivienda protegida. Sin embargo, cuando esa declaración política se confronta con las magnitudes del planeamiento, el resultado es cuantificable: aproximadamente 5.774 nuevas viviendas posibles frente a 274 VPO anunciadas, alrededor del 4,75 %. Por eso, el debate no debería centrarse únicamente en si el Plan General permite muchas o pocas viviendas, sino en qué tipo de vivienda permite, dónde la permite y qué proporción del crecimiento queda realmente reservada para quienes no pueden acceder a los precios del mercado libre.
Existe además un antecedente que hace todavía más relevante este análisis. En julio de 2023 el PSOE municipal solicitó expresamente que el PGOU incorporase un mayor volumen de suelo destinado a vivienda de protección pública, además de reclamar una nueva exposición pública del planeamiento y mayor participación vecinal. Esa petición puede consultarse en la información publicada por el PSOE de Llanes sobre sus propuestas al PGOU. Esto demuestra que la escasa presencia de vivienda protegida dentro del planeamiento no es una cuestión planteada retrospectivamente una vez terminado el documento: ya durante su tramitación existieron peticiones expresas para aumentar el suelo destinado a VPP.
A ello debe añadirse la Reserva Regional de Suelo de Poo, concebida precisamente para vivienda protegida y pendiente de desarrollo desde hace años. En el Pleno municipal de marzo de 2025 quedó recogido que el Ayuntamiento dispone de 25.214,35 metros cuadrados de propiedad municipal en los parajes de Pozas y Jaces, que podrían ponerse a disposición para promover vivienda pública de alquiler y vivienda protegida en propiedad. La propia moción presentada conjuntamente por VxLL y PP reconocía que no se había construido ni una sola vivienda protegida en esa Reserva Regional de Suelo. Puede comprobarse en el acta oficial del Pleno del Ayuntamiento de Llanes de 12 de marzo de 2025. Nuevamente existen responsabilidades históricas anteriores a Riestra, pero después de más de once años de gobierno municipal el resultado material continúa siendo que esa reserva todavía no ha proporcionado las viviendas protegidas para las que fue concebida.
Por todo ello, la afirmación de Riestra de que el nuevo planeamiento «preserva el futuro de Llanes» debe contrastarse con el contenido material del propio Plan General y no solamente con la comparación que el alcalde realiza con los planes socialistas anteriores. El modelo actualmente impulsado bajo su Alcaldía y gestionado urbanísticamente durante esta legislatura por Juan Carlos Armas (PP) contempla miles de nuevas viviendas y concentra una parte muy importante del crecimiento en los núcleos rurales, mientras que la vivienda protegida anunciada por el propio partido del alcalde representa menos del 5 % de toda la nueva capacidad residencial prevista. Esto no permite afirmar por sí solo que exista ilegalidad, corrupción o intereses particulares, porque semejantes acusaciones requerirían pruebas específicas. Sí permite, en cambio, cuestionar con cifras oficiales y declaraciones del propio gobierno municipal cuáles son las prioridades sociales del modelo urbanístico elegido.
La política nacional del Partido Popular introduce además una contradicción difícil de ignorar cuando se compara el discurso con lo sucedido allí donde gobierna. Alberto Núñez Feijóo acaba de prometer que, si llega a la Presidencia del Gobierno, impulsará la construcción de un millón de viviendas durante una legislatura, 250.000 cada año, presentando precisamente la vivienda como uno de los grandes fracasos del actual Ejecutivo central. La promesa puede consultarse en la información de elDiario.es sobre el anuncio realizado por Feijóo el 3 de octubre de 2026. El contraste con Llanes resulta especialmente incómodo para ese discurso: el PP forma parte del gobierno municipal, dirige las competencias de Urbanismo y Vivienda a través de Juan Carlos Armas y, después de más de una década del gobierno encabezado por Riestra, el propio debate plenario municipal de abril de 2025 recogía que no se había construido una sola vivienda protegida durante esos diez años. Mientras Feijóo promete desde la oposición nacional un millón de viviendas, en Llanes el problema no es una previsión para el futuro, sino el balance de lo efectivamente realizado durante años de gobierno. Y Gijón ofrece otro contraste significativo: el Principado anunció en marzo de 2026 que tendría que comprar directamente suelo para impulsar vivienda pública ante la falta de cesión de terrenos municipales, mientras el PP gobierna el Ayuntamiento. Prometer 250.000 viviendas anuales desde Madrid resulta mucho más sencillo que demostrar una política efectiva de vivienda allí donde ya se dispone de responsabilidades de gobierno. Llanes es, en este sentido, un banco de pruebas especialmente elocuente: frente al millón prometido por Feijóo, el balance local debe medirse en viviendas protegidas realmente construidas y entregadas, no en anuncios.
Después de semejante período de gobierno, la discusión ya no puede limitarse a las 15.000 viviendas que Riestra atribuye al modelo socialista anterior ni a la expresión «Marbella del Norte». El ciudadano tiene derecho a examinar el plan que realmente se está tramitando hoy: aproximadamente 5.774 nuevas viviendas frente a 274 VPO anunciadas; alrededor del 4,74 % de vivienda protegida dentro de la nueva capacidad residencial; más de 3.000 viviendas concentradas en núcleos rurales; y una Reserva Regional de Suelo concebida para vivienda protegida que continúa sin haber producido las viviendas previstas. Estos datos permiten una discusión mucho más rigurosa que cualquier intercambio de acusaciones entre partidos. El verdadero debate urbanístico de Llanes en 2026 no consiste únicamente en determinar quién fue responsable de los errores del pasado, sino en decidir para quién se está planificando el crecimiento residencial del futuro y qué espacio reserva realmente ese futuro para los vecinos que necesitan una vivienda habitual y asequible.
El Cinemar constituye otro buen ejemplo de la diferencia existente entre anuncio, presupuesto, adjudicación y ejecución real. Su rehabilitación se ha convertido en una de las inversiones más importantes de los últimos años y el presupuesto municipal de 2025 incorporó 4,5 millones de euros para esta actuación. El acta de replanteo se firmó el 21 de marzo de 2025 y el plazo inicialmente previsto era de quince meses, lo que situaba la conclusión aproximadamente en junio de 2026. Ese calendario no se cumplió. Posteriormente aparecieron problemas técnicos, entre ellos la presencia de amianto, y la adjudicataria planteó la necesidad de modificar el proyecto y ampliar el presupuesto. En septiembre de 2026 la nueva previsión situaba la finalización de las obras en marzo de 2027. Por tanto, cuando Riestra explica que surgieron circunstancias técnicas sobrevenidas, esa explicación tiene una base objetiva y no debe ocultarse, pero tampoco puede ocultarse la otra parte del balance: una actuación cuyo calendario inicial conducía a mediados de 2026 ha trasladado su finalización hasta 2027 y ha requerido modificaciones respecto de las previsiones iniciales.
Esta circunstancia conecta directamente con otra de las afirmaciones más relevantes de la entrevista: la deuda municipal. Riestra afirma: «Cuando llegamos tenía 7,5 millones de euros de deuda. En tres años la dejamos en cero». La reducción del endeudamiento durante los primeros años de su mandato fue muy importante y constituye uno de los resultados financieros que deben reconocerse al gobierno municipal. Sin embargo, la cronología ofrecida en la entrevista no coincide exactamente con los datos publicados por el propio Ayuntamiento. El 15 de junio de 2018, aproximadamente tres años después del cambio de gobierno, todavía figuraban 3.939.373,46 euros de deuda municipal. A 31 de diciembre de aquel mismo año todavía quedaban 3.395.451,64 euros, y fue posteriormente, en 2019 y 2020, cuando el Ayuntamiento llegó a cerrar ejercicios con deuda cero. Por tanto, la deuda efectivamente se redujo desde unos 7,4 millones hasta cero, pero no ocurrió en los tres años que ahora afirma Riestra.
Existe además una cuestión fundamental que debe incorporarse al análisis de la deuda actual porque el propio alcalde proporciona la pista en la entrevista. Riestra afirma que actualmente existen unos 2,5 millones de deuda, de los cuales habría que descontar 1,6 millones correspondientes a una subvención que debe aportar el IDAE, y añade inmediatamente: «Tenemos un crédito disponible, pero no estamos tirando de él para no pagar intereses». Esta última frase es particularmente importante. Una cosa es la deuda bancaria efectivamente dispuesta y otra diferente son las operaciones de préstamo que el Ayuntamiento haya formalizado o tenga disponibles pero cuyo dinero todavía no haya utilizado total o parcialmente. Mientras esos fondos no sean dispuestos, no se reflejan de la misma manera que el capital ya utilizado en la fotografía de la deuda viva. Eso puede ser completamente correcto desde el punto de vista contable y financiero, pero significa también que la cifra de deuda existente hoy no necesariamente muestra todo el volumen de financiación bancaria que el Ayuntamiento tiene concertado o disponible para pagar las inversiones ya comprometidas.
Esta diferencia es especialmente relevante cuando existen grandes actuaciones en ejecución, principalmente el Cinemar y otras inversiones financiadas mediante operaciones de crédito. Si el Ayuntamiento dispone de préstamos formalizados cuyo dinero se va retirando conforme avanzan las obras, se aprueban certificaciones y llega el momento de efectuar los pagos, la deuda que aparece hoy puede ser inferior a la que aparecerá cuando esos créditos sean efectivamente utilizados. Esto no significa que deba contabilizarse como deuda ya contraída todo el importe todavía no dispuesto, porque contablemente sería incorrecto hacerlo. Pero tampoco puede desaparecer esa financiación pendiente del análisis político de la situación económica municipal, porque representa capacidad de endeudamiento ya preparada para hacer frente a obligaciones e inversiones que todavía no se han pagado íntegramente.
Para que el ciudadano pueda conocer la verdadera dimensión de la situación financiera del Ayuntamiento sería necesario, por tanto, ofrecer conjuntamente varias cifras: deuda bancaria actualmente dispuesta; importe total de los préstamos formalizados; cantidad ya utilizada de cada operación; cantidad pendiente de disposición; finalidad de cada préstamo; calendario estimado de utilización y previsión de amortización. Solamente así podría compararse de manera homogénea la situación encontrada en 2015 con la existente al final del actual mandato. Comparar exclusivamente los aproximadamente 7,5 millones heredados con los 2,5 millones que Riestra declara actualmente puede producir una fotografía incompleta e inexacta si existen operaciones de crédito ya concertadas cuya disposición se producirá conforme avance la ejecución de las obras.
Y aquí aparece inevitablemente una circunstancia política adicional: 2027 es año de elecciones municipales. Si una parte relevante de los préstamos vinculados a las inversiones actualmente en marcha permanece sin disponer y su utilización efectiva se produce conforme avancen las certificaciones de obra durante 2027, una parte del incremento de la deuda podría hacerse visible precisamente durante ese ejercicio e incluso después de las elecciones municipales. En el caso del Cinemar resulta especialmente relevante porque el retraso de la actuación ha desplazado su conclusión prevista hasta marzo de 2027 y, con ella, pueden desplazarse certificaciones, pagos y necesidades de financiación. Lo que puede afirmarse objetivamente es que retrasar en el tiempo la disposición de un préstamo retrasa también el momento en el que esa cantidad pasa a formar parte de la deuda efectivamente utilizada. Lo que no puede afirmarse como un hecho, sin disponer de documentación que lo demuestre, es que ese calendario haya sido diseñado deliberadamente con el propósito electoral de evitar que determinada deuda aparezca antes de las elecciones.
La distinción es importante porque no hace falta atribuir una intención para señalar el efecto. Si al aproximarse las elecciones municipales una parte de los créditos permanece formalizada o disponible pero todavía sin disponer, el elector debería conocer no solamente cuánto debe el Ayuntamiento en ese momento, sino también cuánto dinero tiene pendiente de retirar de préstamos ya concertados y cuál sería el endeudamiento previsible una vez financiadas completamente las obras actualmente en ejecución. De esta forma se evitaría que una cifra contablemente correcta de deuda viva pudiera interpretarse erróneamente como si representase la totalidad de los compromisos financieros relacionados con las inversiones municipales.
Tampoco debe olvidarse que la decisión de no disponer anticipadamente del préstamo puede tener una explicación financiera perfectamente razonable. Si el Ayuntamiento todavía no necesita el dinero, no retirarlo evita pagar intereses antes de tiempo, exactamente como señala Riestra. El problema no está necesariamente en esa decisión, sino en cómo se utiliza después políticamente la cifra resultante. No sería coherente defender, por un lado, que existen créditos que todavía no se utilizan para ahorrar intereses y, por otro, utilizar exclusivamente la deuda actualmente dispuesta para transmitir una imagen completa de la situación financiera futura. Ambas realidades deben mostrarse simultáneamente: la deuda existente y la financiación bancaria ya concertada o disponible que previsiblemente tendrá que utilizarse para pagar las inversiones comprometidas.
Por ello, la verdadera comparación financiera no debería realizarse hasta conocer cómo quedan las cuentas después de finalizar y pagar las grandes actuaciones actualmente en marcha. La prueba definitiva no será cuánto debe Llanes mientras una parte de las obras permanece pendiente de ejecutar y determinados préstamos siguen sin disponerse, sino cuánto deberá una vez terminadas, certificadas y pagadas esas inversiones. Solo entonces podrá compararse con rigor la situación financiera final con aquella que el actual gobierno encontró en el año 2015. Hasta ese momento, la cifra de deuda viva constituye un dato válido y necesario, pero no necesariamente suficiente para describir todos los compromisos financieros asumidos.
La Reserva Regional de Suelo de Poo ofrece otro ejemplo de cómo los antecedentes históricos y el resultado actual deben contemplarse simultáneamente. Existe efectivamente un convenio de 2007 para desarrollar vivienda protegida que nunca llegó a ejecutarse en los términos previstos por obra y gracia de un gobierno fascista que no estaba interesado en ello. Riestra tiene, por tanto, fundamento cuando recuerda que se trata de un problema heredado y que durante muchos años no se materializó aquel proyecto. Pero existe otra realidad igualmente evidente: después de más de once años de gobierno de Enrique Riestra, las viviendas previstas continúan sin construirse. Las responsabilidades pueden encontrarse repartidas entre Ayuntamiento, Principado y diferentes etapas políticas, pero para el ciudadano el resultado material continúa siendo que una actuación planteada hace casi dos décadas sigue sin materializarse. Recordar correctamente lo ocurrido en 2007 no puede sustituir al análisis de lo sucedido entre 2015 y 2026.
Cuando Riestra afirma sentirse «absolutamente maltratado» por el Principado y atribuye esa situación al «sectarismo del PSOE», entramos en un terreno diferente. El supuesto maltrato institucional no puede considerarse un hecho demostrado únicamente por la declaración del alcalde. Para acreditarlo sería necesario comparar inversiones autonómicas por habitante, subvenciones, infraestructuras, competencias y criterios de distribución entre Llanes y municipios equivalentes durante un período suficientemente amplio. Existen además inversiones autonómicas importantes en el concejo, entre ellas la autorización en 2026 de aproximadamente 4,8 millones de euros para el nuevo muelle de espera del puerto de Llanes. Esto no demuestra que Llanes haya recibido todo lo que debería ni que no existan agravios concretos, pero obliga a distinguir entre una valoración política —«nos maltratan»— y una conclusión económica demostrada mediante cifras comparativas.
Pero existe otra perspectiva que no debería desaparecer detrás del enfrentamiento político entre el Ayuntamiento y el Principado: la de los propios vecinos de Llanes y los servicios públicos que reciben de la administración municipal a la que pagan elevados impuestos. Porque mientras el alcalde denuncia que otra Administración le «niega» recursos o inversiones, la legislación establece con bastante claridad determinadas responsabilidades que corresponden directamente al municipio. El artículo 25.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece como competencias propias municipales, entre otras, el urbanismo y la vivienda protegida, el medio ambiente urbano y la gestión de residuos, así como el «abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales». Y el artículo 26 va todavía más lejos al establecer que todos los municipios deben prestar obligatoriamente alumbrado público, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos y pavimentación de las vías públicas. El texto legal completo puede comprobarse directamente en el BOE: Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Esta distribución legal de competencias resulta fundamental para valorar el discurso político. Cuando un vecino tiene problemas con el abastecimiento municipal de agua, el alcantarillado, la evacuación de aguas residuales, la recogida de residuos, la limpieza viaria, la pavimentación o el mantenimiento del acceso a los núcleos, no resulta suficiente trasladar genéricamente la responsabilidad al Principado, porque la legislación atribuye expresamente al municipio competencias propias y, en varios de esos servicios, obligaciones mínimas de prestación. Otra cuestión diferente es que determinadas infraestructuras requieran financiación, autorización o cooperación de otras administraciones. Pero la existencia de colaboración inter administrativa no elimina la responsabilidad municipal sobre servicios que la ley coloca expresamente dentro de su esfera competencial.
Esta distinción permite plantear la cuestión del supuesto «maltrato» desde una perspectiva mucho más cercana al ciudadano. También existe un perjuicio para los vecinos cuando servicios que la legislación atribuye al ámbito municipal no alcanzan la calidad, extensión o mantenimiento que razonablemente deberían proporcionar los recursos disponibles. Y esta cuestión adquiere todavía mayor relevancia después de comprobar, como se ha explicado anteriormente, que Llanes se encuentra entre los municipios asturianos con mayor recaudación de impuestos locales por habitante. Si el Ayuntamiento recauda 724 euros por habitante, frente a los 439 euros de media asturiana recogidos en el estudio IEE-FADE, la exigencia de explicar qué servicios recibe el contribuyente a cambio resulta plenamente pertinente.
Por eso, cuando el alcalde habla de «maltrato» del Principado, el análisis no debería detenerse únicamente en la relación entre dos administraciones gobernadas por partidos diferentes. También debe preguntarse qué Administración tiene legalmente atribuida cada competencia y qué resultados obtiene el ciudadano. El Principado deberá responder por aquellas inversiones, prestaciones y servicios que le correspondan; pero el Ayuntamiento debe responder igualmente por los suyos. Agua potable, alcantarillado, limpieza viaria, recogida de residuos, pavimentación, accesos a los núcleos y otras prestaciones municipales no pueden desaparecer del balance de once años de gobierno municipal mediante una acusación genérica contra otra Administración.
Después de más de una década en la Alcaldía, el debate debería abandonar la lógica de quién «maltrata» a quién y situarse en un terreno mucho más comprobable: quién tiene la competencia, cuánto dinero dispone para ejercerla, qué inversiones ha realizado y qué servicio recibe finalmente el vecino. La Ley de Bases de Régimen Local proporciona precisamente ese punto de partida. Cuando una competencia corresponde al Principado, debe exigirse al Principado; cuando la ley establece que corresponde al Ayuntamiento, la responsabilidad política sobre su prestación debe analizarse en el Ayuntamiento. Esa distribución de responsabilidades resulta bastante más útil para los llaniscos que cualquier intercambio de acusaciones entre administraciones.
En materia de personal, Riestra afirma también que antes se vulneraban los principios de igualdad, mérito y capacidad y recuerda la existencia de condenas judiciales. Cada episodio debe examinarse individualmente a través de sus correspondientes procedimientos y resoluciones, porque no resulta riguroso convertir casos concretos en una descripción general de toda una etapa administrativa. El gobierno actual ha impulsado procesos de estabilización y cobertura definitiva de plazas y anuncia que la tasa de interinidad quedará por debajo del 8 % al final del mandato. Si finalmente se alcanza ese porcentaje constituirá un resultado perfectamente medible. Pero mientras se trate de un objetivo futuro, debe describirse precisamente como eso: un compromiso pendiente de comprobar cuando termine el mandato, no un logro que pueda darse anticipadamente por conseguido.
Hay finalmente un elemento que atraviesa prácticamente toda la entrevista y que probablemente constituye su aspecto políticamente más significativo: once años después de llegar a la Alcaldía, Enrique Riestra continúa utilizando con enorme frecuencia la gestión socialista anterior a 2015 como explicación de muchos de los problemas actuales del concejo. Es completamente legítimo recordar la situación recibida y existen expedientes antiguos cuyas consecuencias económicas y judiciales pueden prolongarse durante muchos años. Una licencia ilegal concedida décadas atrás puede generar hoy una indemnización y un contrato firmado por un gobierno anterior puede seguir condicionando a gobiernos posteriores. Esos antecedentes deben contarse. Pero también existe un límite temporal evidente para utilizar la herencia como explicación general del presente.
Enrique Riestra gobierna Llanes desde junio de 2015. Desde entonces han transcurrido más de once años, se han sucedido presupuestos, modificaciones presupuestarias, contratos, inversiones, planes urbanísticos, acuerdos plenarios y decisiones administrativas adoptadas bajo su responsabilidad política. El actual gobierno ya no puede analizarse fundamentalmente como el heredero de lo que hicieron otros: constituye por sí mismo una etapa suficientemente larga de la historia municipal como para ser juzgada por sus propios resultados. El desistimiento del planeamiento heredado en 2015 fue una decisión de la nueva mayoría. La aprobación inicial del PGOU de 2019 ocurrió bajo el gobierno de Riestra. El desistimiento de ese mismo documento en el año 2021 fue aprobado por la mayoría que sustentaba su gobierno. La rehabilitación del Cinemar, sus modificaciones presupuestarias o sobrecostes, su financiación y sus retrasos pertenecen a su etapa. Los presupuestos actuales, su nivel de ejecución y las operaciones de crédito existentes también forman parte de su gestión.
Por ello, un análisis documental de la entrevista no permite concluir seriamente que absolutamente todo lo afirmado por Riestra sea falso. Hay resultados positivos verificables y sería intelectualmente deshonesto ocultarlos: la importante reducción del endeudamiento durante los primeros años de gobierno constituye uno de ellos; las resoluciones favorables al Ayuntamiento en el caso Kaype son otro; existen inversiones ejecutadas y el Ayuntamiento dispone de una capacidad financiera que le permite afrontar actuaciones importantes. Pero precisamente reconocer esos hechos permite analizar con mayor credibilidad las contradicciones, omisiones y afirmaciones que necesitan matización.
El problema fundamental del relato construido en la entrevista no es que todos sus datos sean falsos, porque no lo son. El problema está en la diferente vara de medir utilizada para explicar éxitos y fracasos. Los resultados positivos se presentan como consecuencia directa de la gestión del actual gobierno municipal fascista, mientras que numerosos problemas continúan explicándose mediante decisiones de gobiernos que dejaron el Ayuntamiento hace más de once años, incluso cuando durante este período se han producido actuaciones municipales determinantes. El PGOU constituye probablemente el ejemplo más evidente: no puede explicarse su situación actual sin mencionar los problemas heredados, pero tampoco puede explicarse honestamente sin recordar los desistimientos y reinicios producidos durante los propios mandatos de Riestra.
Lo mismo sucede con las cuentas municipales. Haber reducido drásticamente la deuda merece ser reconocido, pero no es correcto afirmar que quedó a cero en tres años cuando los propios datos municipales muestran que en junio de 2018 todavía existían casi cuatro millones de euros pendientes. Y al hablar de la deuda actual tampoco basta con ofrecer únicamente el capital dispuesto si simultáneamente existen operaciones de crédito formalizadas o disponibles que todavía no se han utilizado. Especialmente cuando grandes inversiones como el Cinemar continúan en ejecución y su calendario se prolonga hasta 2027 con elevados sobrecostes, el ciudadano llanisco tiene derecho a conocer antes de las elecciones tanto la deuda existente como los préstamos pendientes de disposición y el endeudamiento previsto cuando las actuaciones estén completamente ejecutadas y pagadas.
Después de más de 4.100 días en la Alcaldía, el balance de Enrique Riestra debe realizarse aplicando exactamente el mismo criterio a todas las etapas políticas: reconocer los problemas heredados cuando estén documentalmente acreditados, reconocer los logros del actual gobierno cuando los datos los demuestren y atribuir también a este gobierno las consecuencias de las decisiones tomadas desde el año 2015. Once años son tiempo más que suficiente para que la gestión del fascista Enrique Riestra deje de ser analizada principalmente por aquello que recibió y pase a ser juzgada, sobre todo, por aquello que ha hecho, aquello que ha dejado de hacer y la situación en la que se encuentra Llanes después de más de una década bajo su gobierno.
Para terminar el post quiero manifestar que después de más de once años y 4.100 días de gobierno, el balance ya no puede construirse sobre promesas, herencias recibidas ni culpabilidades ajenas. Como muestra el análisis precedente, este período permite confrontar las palabras con presupuestos, expedientes, acuerdos plenarios, inversiones y resultados. A nueve meses de las elecciones municipales, Llanes no necesita que nadie le venda duros a peseta: necesita que quienes llevan más de una década gobernando respondan por lo realizado y también por lo que continúa pendiente.
Y esa rendición de cuentas debe alcanzar igualmente al coste del propio gobierno. Según las cifras aportadas por el propio gobierno municipal, en 2023 el coste anual consignado del gobierno municipal ascendía a 293.902 euros, al que se añadían 47.824 euros correspondientes al asesor, más de 341.000 euros anuales en conjunto. La cuestión política relevante no es especular sobre cuánto ganarían sus integrantes fuera del Ayuntamiento —algo que exigiría conocer y acreditar sus ingresos profesionales—, sino algo mucho más sencillo: si el resultado obtenido justifica el dinero público destinado a sostener la estructura política municipal.
Después de once años, los hechos pesan más que cualquier campaña. Quien ha gobernado durante más de una década ya no puede presentarse como una alternativa a los problemas de Llanes: tiene que explicar qué hizo con el tiempo, las competencias y los recursos públicos de los que dispuso. A las puertas de 2027 podrán multiplicarse inauguraciones, anuncios y promesas; pero ninguna campaña puede borrar once años de expedientes, presupuestos y decisiones. El balance no empieza nueve meses antes de las elecciones. El balance son los once años anteriores.
Ya lo dijo Abraham Lincoln: «Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo; se puede engañar a algunos todo el tiempo; pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo».
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