La transparencia en política sigue siendo una víctima de la Constitución Española de 1978 en cuanto a las retribuciones que perciben las personas que entran en política. Si bien los grupos políticos han legislado sobre la transparencia sobre las retribuciones que perciben por prestar el servicio público, sigue imperando en multitud de ayuntamientos una opacidad feroz sobre lo que cobran los políticos que desempeñan las funciones de concejal o alcalde. Lo único que se publica en todos los gobiernos municipales son las retribuciones que van a cobrar a comienzos de legislatura, a partir de ahí se entra en un túnel de la oscuridad es total. Hoy tenemos en la prensa un ejemplo de esas excepciones que muestran las retribuciones que perciben en los miembros de la Corporación de Siero. Estas retribuciones supusieron un coste de 339.043,70 euros (56.412.009 pts.) en el segundo semestre de 2023, incluyendo también los días de junio en los que el regidor ya tenía salario. El alcalde cobró los 35.121,80 euros (5.843.643 pts.), mientras el portavoz popular Juan Luis Berros percibió por medio año 19.190,52 euros (3.192.947 pts.). Las retribuciones en el mismo periodo de la portavoz de IU, Teresa Álvarez, fueron de 12.200 euros (3.192.947 pts.), las de la portavoz de la Plataforma de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, de 12.800 euros (2.129.741 pts.) y la de la portavoz de Podemos, Silvia Tárano, de 7.400 euros (1.231.256 pts.) En el caso de Vox la retribución más alta la tiene José Ramon Álvarez-Sala, con 9.817,45 euros (1.633.411 pts.), frente a la del portavoz, Josué Velasco, de 5.400 euros (898.484 pts.) Estos y todos los datos relativos a las percepciones como salario o como sumatorio de compensaciones por asistencias a reuniones municipales figuraban ayer en la web del Ayuntamiento de Siero, en el apartado de Transparencia. No es la primera vez que pueden consultarse. El año pasado, este periódico ya publicó los emolumentos de los concejales, con las cantidades mensuales percibidas por cada uno, y estas también estaban publicadas entonces en la página del Consistorio.
RETRIBUCIONES CORPORACIÓN PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023
Por parte del equipo de gobierno, de julio a diciembre Eva Iglesias Loredo cobró 12.600 euros, Javier Rodriguez Morán 19.746,01 euros, Susana Madera Álvarez 25.674,17, Alberto Pajares San Miguel 24.682,55 euros, Aurora Cienfuegos Prada 13.200, Jesús Abad Busto 12.550, Ana Rosa Nosti Ortea 19.746,01, Alejandro Villa Martinez 14.809,64, Patricia Antuña González 12.600 y Pilar Santianes Fonseca 13.200. Mientras, María José Fernández Rodríguez recibió 19.746,01 euros y Pergentino Martínez Argüelles 14.809,54 euros. En lo que respecta a los ediles del PP, en el mismo periodo Javier Mateus Fernández recibió 5.350 euros, Graciela Velasco Rodríguez 6.200, Borja Lapuerta Braga 5.200 y Natalia González Canga 5.400.
Es curioso que el PP de Siero se queje de "la ausencia de dicha información en la web municipal para general conocimiento de todos los vecinos del concejo hasta que no se interesó la moción, requirió información verbal directa al Alcalde para saber por qué, y a pesar de tener aprobado un sueldo bruto anual de 67.000 euros dividido proporcionalmente en 14 pagas al año, en el segundo semestre del año 2023 percibió, no los 33.500 euros que con tales condiciones se esperaría abonar sino 1.621,8 euros más que no constan justificados hasta el momento de ningún modo”. Sin embargo en otros municipios se calla como un muerto, es lo que tiene la política del embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para todos los demás en función de que gobierne o este en la oposición https://tinyurl.com/3yyn3a7y
El PP es un viejo conocido a la hora ocultar la información de las retribuciones de sus altos cargos en los gobiernos donde se encuentra gobernando. Un ejemplo que ha sido un escándalo es el que ha protagonizado el responsable de economía a nivel nacional, Juan Bravo, consejero de Economía en el gobierno de la Junta de Andalucía. El consejero Bravo y la Junta de Andalucía cuestionan la Ley de Transparencia al omitir los complementos salariales en sus retribuciones https://tinyurl.com/yc48bznm El consejero Bravo escamoteo a los andaluces la información publicada en el año 2020 publicados en la web de transparencia de la Junta de Andalucía como ha adelantó eldiario.es/Andalucía. El responsable de las cuentas andaluzas percibió 127.363,57 euros brutos, aunque el sueldo que percibe como consejero en el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, y que le atribuye la Junta en su web, es de 68.150,30 euros. Ósea percibió 60.000 euros más de los declarados en la web de transparencia. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, establecen el principio de veracidad exigible a las administraciones al hacer accesible la información a la ciudadanía. El artículo 6 de la legislación andaluza es inequívoco y alude a que la información pública que ofrezcan los portales de transparencia y web de la administración “ha de ser cierta y exacta”, asegurando que procede “de documentos respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia”.
El complemento salarial que Bravo percibió supuso un incremento de casi 60.000 euros extra que reza en su declaración de la renta, que los altos cargos tienen la obligación de publicar en el Portal de Transparencia, pero no aparecía en las “retribuciones al puesto de trabajo”. Sobre las cuantías anuales que perciben los altos cargos de la administración, la Ley de Transparencia de Andalucía no deja lugar a dudas. Señala la obligación de informar de las retribuciones “incluyendo cualquier asignación económica recibida anualmente por éstos en el ejercicio de sus cargos, con independencia de la naturaleza jurídica que puedan tener los distintos conceptos retributivos (como pudieran ser indemnizaciones, asistencias o similar), o bien, en su caso, la indicación expresa de que no se han percibido”. Así lo avalan así las resoluciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Conforme a este articulado, el asesor de Economía del PP estatal y responsable de elaborar las cuentas públicas en el Gobierno Andaluz, Juan Bravo, habría incurrido en una “infracción grave” de la Ley de Transparencia de Andalucía, que tipifica así cuando se suministra la información “incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la legislación”.
El artículo 56 de dicha ley alude a que las infracciones graves se sancionarán con multa comprendida entre 5.001 y 30.000 euros, atendiendo a la gravedad de los hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, y compete al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, conforme al artículo 57, “cuando constate incumplimientos en esta materia susceptibles de ser calificados como alguna de las infracciones previstas en este título, instar la incoación del procedimiento”. La respuesta del presidente andaluz, Moreno Bonilla, fue echar la culpa al funcionario de turno en lugar de asumir sus responsabilidades por la chapuza marrullera del cobro de las retribuciones del consejero Bravo https://tinyurl.com/48v2snz9
Lo efectuado por el gobierno municipal de Siero, con ser un modelo correcto de transparencia a la hora de que los ciudadanos crean en sus políticos, todavía le falta algo esencial para su credibilidad, saber cuales son los ingresos que tienen dichos liberados en la vida civil para saber y entender que no están en política para hacer fortuna, sino para servir a los ciudadanos. Al comienzo de legislatura cuando se fijan las retribuciones de los órganos de gobierno, municipal o de otro tipo, es necesario que nos faciliten a los ciudadanos cuales son sus retribuciones en la ocupación que tienen en la vida civil. En el caso de Siero nos falta conocer cuales son las retribuciones, por ejemplo del alcalde Ángel García, como empleado de la Central Lechera Asturiana (CLAS). Esta información permite al ciudadano contrastar el hecho de que se viene a la política a servir y no a otras cuestiones. Por otro lado, soy un ciudadano que piensa que a la política no se viene a perder dinero desde la ocupación que uno tenga, pero tampoco a ganar más de lo que gana dentro de su ocupación en la vida civil. Cuando la retribución sea muy elevada el cargo publico puede optar por una liberación parcial, que le permita compaginar el cobro desde lo publico y lo privado, permitiendo igualar la retribución que cobra en la vida civil.
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