La crisis de la vivienda en España: una amenaza económica y social cada vez más grave
España atraviesa una grave crisis de acceso a la vivienda que se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales del país. Aunque la economía española continúa creciendo por encima de buena parte de sus socios europeos, el encarecimiento de los alquileres, la escasez de viviendas disponibles y las dificultades para acceder a una hipoteca están impidiendo que una parte importante de la población pueda disponer de una vivienda asequible. La situación afecta especialmente a los jóvenes y a las familias con menores ingresos, pero sus consecuencias alcanzan al conjunto de la economía, al reducir el consumo, dificultar la movilidad laboral y aumentar las desigualdades sociales. La Comisión Europea ha llegado a identificar la falta de vivienda como el principal riesgo para el crecimiento económico español, mientras que el Banco de España estima que el déficit residencial podría alcanzar el millón de viviendas en 2028. Esta situación demuestra que el problema ha dejado de ser exclusivamente inmobiliario para convertirse en una amenaza estructural que compromete el bienestar de la población y el futuro económico del país.
Foto: Enrique Riestra y Carmen Moriyón, dos "amigos" de la foto y la propaganda mientras sus conciudadanos viven en la mierda de su gestión política
Uno de los principales motivos de esta crisis es el desequilibrio entre la creciente demanda de viviendas y la insuficiente construcción de nuevos inmuebles, especialmente en las grandes ciudades. El encarecimiento de los materiales, la falta de trabajadores cualificados, los largos procedimientos urbanísticos y el aumento del coste de la financiación dificultan ampliar la oferta residencial. A ello se suma la escasez de vivienda pública, que representa únicamente el 3,4% del parque residencial español, frente al 8% de media en la Unión Europea. Esta diferencia obliga a numerosos hogares a depender de un mercado privado cada vez más caro. Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), el esfuerzo económico necesario para pagar un alquiler ha pasado del 31,2% del salario mediano neto en 2016 al 48,2% en 2026, muy por encima del 30% considerado como referencia de asequibilidad. Durante esta década, los salarios han aumentado un 24,7%, mientras que los alquileres se han encarecido un 88,5%, una diferencia que evidencia la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. En ciudades como Madrid, el alquiler alcanza los 23,4 euros por metro cuadrado, lo que supone aproximadamente 1.750 euros mensuales por una vivienda de 75 metros cuadrados. La situación también es especialmente preocupante en Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona, donde los precios han experimentado fuertes incrementos durante los últimos años.
Fuente: Cinco Días — España, en huelga por la vivienda (11/11/2026)
Principales indicadores de la crisis de la vivienda
|
Indicador |
Datos |
Consecuencia |
|
Salario destinado al alquiler en 2016 |
31,2% |
Ya superaba el límite recomendado del 30%. |
|
Salario destinado al alquiler en 2026 |
48,2% |
Casi la mitad de los ingresos se destina a vivienda. |
|
Incremento salarial en diez años |
+24,7% |
Los ingresos crecen mucho menos que los alquileres. |
|
Incremento del alquiler en diez años |
+88,5% |
Fuerte pérdida de capacidad adquisitiva. |
|
Salario juvenil necesario para alquilar solo |
98,7% |
Independizarse resulta prácticamente imposible para muchos jóvenes. |
|
Edad media de emancipación |
30 años |
Casi cuatro años más que la media europea. |
|
Edad habitual de compra de la primera vivienda |
38-41 años |
Retraso considerable del acceso a la propiedad. |
|
Vivienda social en España |
3,4% |
Oferta pública insuficiente. |
|
Vivienda social en la UE |
8% |
Más del doble que en España. |
|
Déficit residencial estimado para 2028 |
Hasta 1 millón de viviendas |
Grave insuficiencia de oferta residencial. |
Los jóvenes son uno de los colectivos que sufren con mayor intensidad las consecuencias de esta crisis. Según el Consejo de la Juventud de España, una persona joven tendría que destinar de media el 98,7% de su salario al alquiler para vivir sola, una situación económicamente insostenible que obliga a retrasar la emancipación o compartir vivienda. Actualmente, los españoles abandonan el hogar familiar alrededor de los 30 años, casi cuatro años después que la media europea. La compra de una vivienda tampoco representa una alternativa sencilla, ya que la edad habitual de adquisición de la primera residencia se ha retrasado hasta situarse entre los 38 y los 41 años. En Madrid, Barcelona y Baleares, financiar el 80% de una vivienda media puede requerir un esfuerzo equivalente a quince años de salario neto íntegro. Esta realidad está provocando que disponer de un empleo estable ya no garantice poder acceder a una vivienda, lo que retrasa los proyectos personales y familiares de miles de ciudadanos y profundiza las diferencias económicas entre generaciones.
A pesar de la elevada demanda residencial, el mercado inmobiliario español comienza a mostrar señales de desaceleración. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en septiembre de 2026 se registraron 54.548 compraventas, un 13,4% menos que en el mismo mes del año anterior, lo que representa la mayor caída desde mayo de 2024. Entre enero y septiembre se contabilizaron 512.748 operaciones, un 3,6% menos que en 2025. El descenso afecta tanto a las viviendas nuevas como a las usadas, pero resulta especialmente preocupante en la vivienda protegida, cuyas compraventas cayeron un 21,6% en septiembre. Los mayores retrocesos se produjeron en el País Vasco (-23,1%), Baleares (-22,4%) y Madrid (-21,2%). Los expertos de Idealista y Fotocasa relacionan esta evolución con los elevados precios y el endurecimiento de las condiciones hipotecarias, que están reduciendo la capacidad de compra de los hogares. Sin embargo, la disminución de las operaciones no significa necesariamente que los precios vayan a bajar de forma generalizada, puesto que la escasez de viviendas continúa presionando el mercado. Fotocasa prevé que 2026 termine con aproximadamente 660.000 compraventas, un 7,6% menos que el año anterior.
Fuente: La Nueva España — La venta de casas sufre su mayor caída desde mayo de 2024 (17/11/2026)
Evolución de las compraventas de viviendas en España durante 2026
|
Indicador |
Operaciones |
Variación interanual |
|
Compraventas en septiembre |
54.548 |
-13,4% |
|
Compraventas acumuladas hasta septiembre |
512.748 |
-3,6% |
|
Compraventas del tercer trimestre |
165.284 |
-5,8% |
|
Viviendas usadas vendidas en septiembre |
42.403 |
-14% |
|
Viviendas nuevas vendidas en septiembre |
12.145 |
-11,6% |
|
Viviendas libres vendidas en septiembre |
51.180 |
-12,8% |
|
Viviendas protegidas vendidas en septiembre |
3.368 |
-21,6% |
|
Compraventas previstas para todo 2026 |
660.000 |
-7,6% respecto a 2025 |
Fuente: INE y previsiones de Fotocasa recogidas por La Nueva España.
La gravedad del problema también ha provocado importantes consecuencias políticas y sociales. El encarecimiento de la vivienda y la creciente dificultad para acceder a ella impulsaron movilizaciones ciudadanas, entre ellas la acampada de la Puerta del Sol de Madrid y la convocatoria de la primera huelga general en catorce años. Las protestas se intensificaron después del rechazo parlamentario de los denominados «decretos Maricarmen», que incluían medidas relacionadas con la protección frente a los desahucios, la regulación del alquiler y las ayudas a la vivienda. Esta situación también contribuyó al adelanto electoral previsto para el 29 de noviembre. Los sindicatos reclaman medidas urgentes para controlar los precios, proteger a los inquilinos y aumentar la construcción de vivienda pública y protegida. Sin embargo, el Banco de España advierte de que determinadas intervenciones podrían generar efectos negativos sobre la oferta si no se acompañan de medidas estructurales. El debate refleja la dificultad de encontrar soluciones capaces de proteger a los ciudadanos sin reducir la disponibilidad de viviendas.
La Comisión Europea también ha advertido de que esta crisis puede terminar debilitando el crecimiento económico español. Aunque Bruselas prevé que el empleo aumente un 2,3% en 2026 y un 1,8% en 2027, el encarecimiento residencial amenaza con reducir los beneficios de esta evolución. Las familias que destinan casi la mitad de sus ingresos al alquiler disponen de menos recursos para consumir y ahorrar, mientras que los trabajadores encuentran dificultades para trasladarse a las ciudades donde existen mayores oportunidades laborales. Además, el aumento de los precios amplía la desigualdad entre quienes ya poseen una vivienda y quienes necesitan acceder a ella. De este modo, la falta de vivienda asequible no solo perjudica a los hogares, sino que también limita la competitividad, la movilidad laboral y el desarrollo económico del país.
En definitiva, la crisis de la vivienda en España constituye uno de los mayores desafíos económicos y sociales de los últimos años. La combinación de alquileres desproporcionados, salarios insuficientes, escasez de vivienda pública y dificultades para comprar está dejando a una parte creciente de la población sin posibilidades reales de acceder a un hogar propio. La desaceleración de las compraventas demuestra que el mercado empieza a encontrar límites en la capacidad económica de los compradores, mientras que las protestas sociales evidencian el creciente malestar ciudadano. Resolver esta situación exige aumentar la oferta de vivienda asequible, facilitar el acceso a la financiación y desarrollar políticas públicas eficaces y sostenidas. Si no se adoptan medidas estructurales, España corre el riesgo de consolidar una realidad en la que tener trabajo ya no sea suficiente para acceder a una vivienda digna, agravando la desigualdad social y comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones.
La crisis de la vivienda en Llanes y Gijón: responsabilidades municipales, decisiones políticas y resultados pendientes
La crisis de acceso a la vivienda en Asturias exige examinar no solo las causas económicas generales, sino también las decisiones adoptadas por los gobiernos municipales. Llanes y Gijón constituyen dos casos especialmente relevantes para analizar esta cuestión, por sus problemas de acceso al alquiler, la presencia de viviendas turísticas y el debate sobre la construcción de vivienda pública. En ambos municipios, los gobiernos locales, integrados respectivamente por el partido fascista, VecinosxLlanes y el Partido Popular, y por Foro Asturias y el Partido Popular, deben responder a una pregunta fundamental: ¿qué resultados concretos han obtenido sus políticas de vivienda y cuántas familias han podido acceder a un hogar asequible gracias a ellas?
La cuestión adquiere especial importancia ante la afirmación de que, transcurridos tres años y cinco meses de mandato de esta legislatura, ninguno de los dos ayuntamientos ha entregado una sola llave de vivienda pública a sus residentes. Se trata de una denuncia de enorme relevancia que nos ofrecen los registros oficiales de adjudicaciones, promociones terminadas y viviendas efectivamente entregadas. Una vez confirmada dicha situación esta pone de manifiesto la enorme distancia entre las necesidades de la población y los resultados de la gestión municipal. No basta entonces con anunciar proyectos, presentar planes urbanísticos o prometer futuras promociones: dichos responsables políticos deberían explicar por qué esas actuaciones no se han traducido en viviendas disponibles para las familias que las necesitan.
La exigencia de responsabilidades también debe alcanzar al uso de los recursos públicos. Los vecinos financian con sus impuestos el funcionamiento de las administraciones, incluidas las retribuciones de los cargos municipales, y tienen derecho a conocer qué dedicación, funciones y resultados corresponden a esos salarios. La crítica a las remuneraciones de los concejales debe fundamentarse en las cantidades aprobadas, sus regímenes de dedicación y las responsabilidades que desempeñan. La rendición de cuentas exige comparar los recursos destinados al gobierno municipal con los resultados obtenidos en una necesidad tan importante como la vivienda.
Otro de los principales puntos de controversia es la posición de ambos gobiernos ante la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Esta herramienta, prevista en la legislación estatal de vivienda, permite aplicar determinadas medidas en áreas donde el acceso residencial presenta dificultades especialmente graves. La oposición a su utilización merece una explicación pública detallada, particularmente cuando los alquileres absorben una proporción creciente de los ingresos familiares. Los gobiernos municipales pueden discrepar sobre la eficacia de esta regulación, pero esa discrepancia debería acompañarse de alternativas concretas, cuantificables y sometidas a evaluación. Rechazar una medida sin acreditar resultados suficientes de otras políticas deja sin resolver la cuestión principal: cómo reducir el esfuerzo económico que soportan los inquilinos.
La expansión de las viviendas destinadas al alojamiento turístico constituye uno de los aspectos más preocupantes del problema residencial que afrontan los municipios de Llanes y Gijón. Ambos municipios presentan una importante actividad turística, pero también deben garantizar que sus habitantes puedan encontrar una vivienda estable y económicamente accesible. La cuestión fundamental es hasta qué punto los gobiernos municipales han conseguido compatibilizar ambos objetivos y qué resultados han obtenido sus políticas de ordenación y control del alojamiento turístico.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística permiten dimensionar el problema. En agosto de 2023, Llanes contaba con 1.107 viviendas turísticas detectadas, mientras que Gijón registraba 1.418. En mayo de 2026, último dato disponible de esta serie, las cifras eran de 1.006 y 1.285 viviendas, respectivamente. Aunque ambos municipios presentan una reducción respecto a agosto de 2023, siguen concentrando una parte muy importante de la oferta turística residencial de Asturias. Además, la evolución no ha sido uniforme: en agosto de 2024 se alcanzaron cifras superiores a las de 2023, con 1.316 viviendas en Llanes y 1.722 en Gijón.
Evolución de las viviendas turísticas en Llanes y Gijón (2023-2026)
|
Indicador |
Llanes |
Gijón |
|
Viviendas turísticas detectadas en agosto de 2023 |
1.107 |
1.418 |
|
Viviendas turísticas detectadas en agosto de 2024 |
1.316 |
1.722 |
|
Viviendas turísticas detectadas en mayo de 2025 |
1.143 |
1.455 |
|
Viviendas turísticas detectadas en mayo de 2026 |
1.006 |
1.285 |
|
Variación entre agosto de 2023 y mayo de 2026 |
-101 (-9,1%) |
-133 (-9,4%) |
|
Plazas turísticas en viviendas detectadas en mayo de 2026 |
5.357 |
5.954 |
|
Porcentaje sobre el parque total de viviendas en mayo de 2026 |
6,20% |
0,86% |
Fuente: INE, estadística experimental «Medición del número de viviendas turísticas». Las cifras corresponden a viviendas identificadas en plataformas de alojamiento turístico, no necesariamente al total de establecimientos inscritos en el registro autonómico. La comparación utiliza agosto de 2023 y mayo de 2026, por lo que debe interpretarse teniendo en cuenta las diferencias estacionales.
Los datos revelan dos realidades distintas. Gijón presenta un mayor número absoluto de viviendas turísticas, mientras que Llanes soporta una presión proporcional mucho más elevada sobre su parque residencial. En mayo de 2026, el 6,20% de las viviendas censadas en Llanes aparecía destinado al alojamiento turístico, frente al 0,86% de Gijón. Esta diferencia es especialmente relevante porque Llanes dispone de un parque residencial mucho menor y su actividad turística se concentra en determinadas localidades y temporadas. En esas circunstancias, incluso una cantidad relativamente limitada de viviendas retiradas del alquiler habitual puede agravar las dificultades de quienes necesitan residir permanentemente en el concejo.
La evolución de las cifras obliga también a analizar las decisiones adoptadas por los gobiernos municipales. El aumento observado entre 2023 y agosto de 2024 muestra que la presión turística continuó intensificándose durante una parte del mandato, mientras que el descenso posterior plantea la necesidad de comprobar qué factores lo explican. Entre ellos pueden encontrarse las restricciones urbanísticas, los cambios normativos, las inspecciones, la evolución de la demanda y las variaciones en los anuncios publicados en plataformas. No sería riguroso atribuir automáticamente toda la evolución a una única administración, pero sí corresponde a los gobiernos de Llanes y Gijón explicar qué medidas adoptaron, cuándo comenzaron a aplicarlas y qué resultados concretos han producido.
La cuestión adquiere una dimensión especialmente importante cuando se relaciona con las dificultades de acceso al alquiler residencial. La existencia de más de dos mil viviendas turísticas detectadas entre ambos municipios en mayo de 2026 no demuestra por sí sola que todas ellas pudieran incorporarse al mercado del alquiler habitual. Sin embargo, sí evidencia la magnitud de una actividad que debe ser tenida en cuenta en cualquier política municipal de vivienda. Resulta imprescindible conocer cuántos inmuebles han cambiado de uso, cuántos se encuentran en zonas con escasez de alquiler permanente y qué medidas se han adoptado para evitar que la actividad turística contribuya a desplazar a la población residente.
La responsabilidad de los gobiernos municipales no consiste únicamente en regular la actividad turística cuando aparecen conflictos, sino en anticipar sus consecuencias y proteger el equilibrio residencial de sus municipios. Por eso, tanto Llanes como Gijón deben rendir cuentas sobre sus decisiones urbanísticas, la evolución de las autorizaciones y las actuaciones destinadas a garantizar que los residentes puedan acceder a una vivienda. Las restricciones introducidas en los últimos años deben evaluarse por sus efectos reales, no solo por su anuncio.
El turismo constituye una actividad económica importante para ambos municipios, pero su desarrollo no debería desligarse de las necesidades de la población. Un municipio puede recibir miles de visitantes y, al mismo tiempo, estar fracasando en garantizar condiciones residenciales adecuadas para quienes viven y trabajan en él como sucede en Llanes y Gijón. El verdadero desafío de Llanes y Gijón es demostrar que sus políticas permiten mantener la actividad turística sin convertir el acceso a una vivienda estable en un privilegio cada vez más difícil de alcanzar.
La política urbanística plantea una cuestión igualmente importante: la relación entre la promoción inmobiliaria privada y la satisfacción de las necesidades residenciales. Facilitar nuevas construcciones puede contribuir a incrementar la oferta, pero no garantiza por sí solo que las viviendas resultantes tengan precios accesibles para los vecinos. Por ello, los gobiernos municipales de Llanes y Gijón deberían explicar qué proporción de sus desarrollos urbanísticos se destina a vivienda protegida, qué compromisos de asequibilidad incorporan y qué mecanismos permiten comprobar su cumplimiento. La colaboración con promotores privados es una opción legítima de política municipal, pero sus resultados deben evaluarse atendiendo al interés público y no exclusivamente al volumen de inversión o de nuevas promociones.
En Gijón, la política de vivienda del gobierno de Carmen Moriyón merece un examen especialmente riguroso por su orientación hacia la promoción inmobiliaria privada y sus coincidencias con las reivindicaciones de Asprocon, la patronal asturiana de la construcción. Una de las cuestiones más controvertidas es la insistencia atribuida al ejecutivo municipal para que el Gobierno del Principado, presidido por Adrián Barbón, elevara los precios máximos de la vivienda protegida con el argumento de hacer económicamente viable su construcción. Esta posición plantea una contradicción que el Ayuntamiento debe explicar: ¿cómo pretende facilitar el acceso a la vivienda protegida si una de sus principales reclamaciones consiste precisamente en encarecerla? A ello se suma el denominado Plan Llave, cuyo modelo de colaboración con promotores privados y las condiciones de explotación de las viviendas en alquiler deben someterse a un escrutinio público exhaustivo, especialmente en lo relativo a la duración de los contratos, las rentas permitidas, las garantías de rentabilidad y las obligaciones de mantener precios asequibles. El gobierno municipal defiende la participación del sector privado como una vía para incrementar la oferta, pero esa justificación no elimina la necesidad de comprobar quién obtiene los mayores beneficios y qué protección reciben los futuros inquilinos. Cuando se reclama aumentar el precio de la vivienda protegida y se apuesta por fórmulas que ofrecen incentivos a los promotores, resulta legítimo cuestionar si las prioridades municipales están suficientemente orientadas a las necesidades de los gijoneses que no pueden pagar los precios del mercado. La respuesta no puede encontrarse en los anuncios institucionales ni en las expectativas de rentabilidad de las constructoras, sino en el número de viviendas realmente entregadas, las rentas que deberán pagar sus ocupantes y las condiciones de acceso que se garanticen a largo plazo.
La responsabilidad política del Partido Popular merece igualmente un análisis específico, dado que participa en los gobiernos municipales de Llanes y Gijón. En este contexto, las declaraciones atribuidas a su presidente en Asturias, Álvaro Queipo, durante un mitin en Llanes, plantean una cuestión de coherencia institucional: cuando un partido forma parte de un ejecutivo local, debe explicar tanto las competencias que corresponden a otras administraciones como las decisiones que ha respaldado desde el propio ayuntamiento. El blog Llanes en el Mundo abordó dicha situación en el post titulado «Llanes: el PP elude su responsabilidad», donde se aborda precisamente esta controversia. Su interpretación puede consultarse en Llanes en el Mundo — El PP elude su responsabilidad.
La vivienda es una responsabilidad compartida entre administraciones, por lo que sería incorrecto atribuir exclusivamente a los ayuntamientos todos los problemas existentes. Sin embargo, esa distribución competencial tampoco elimina sus obligaciones en materia de planeamiento urbanístico, gestión del suelo, licencias, colaboración en promociones protegidas y regulación de los usos de los inmuebles dentro del marco legal. Precisamente por ello, el debate sobre Llanes y Gijón debe centrarse en resultados verificables: viviendas públicas entregadas, promociones iniciadas y finalizadas, suelo destinado a usos residenciales asequibles, evolución del alquiler permanente y efectos de las medidas adoptadas sobre las viviendas turísticas.
La pregunta decisiva no es cuántas viviendas prometen los gobiernos municipales, sino cuántas han conseguido poner realmente a disposición de quienes las necesitan. Tampoco basta con señalar las responsabilidades de otras administraciones, defender la construcción privada o anunciar restricciones turísticas. Los vecinos necesitan conocer los resultados de esas decisiones y disponer de plazos concretos para las actuaciones pendientes. En una crisis que dificulta la emancipación juvenil, obliga a numerosas familias a dedicar una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y amenaza con expulsar residentes de las zonas de mayor demanda, la rendición de cuentas no puede limitarse a declaraciones políticas.
Llanes y Gijón ofrecen, por tanto, dos escenarios en los que resulta imprescindible exigir transparencia sobre la gestión residencial. Sus gobiernos municipales deben explicar qué han hecho, cuánto han invertido, qué medidas han descartado y cuáles son los resultados obtenidos. El criterio fundamental para valorar cualquier política de vivienda debe ser su capacidad real para garantizar alojamiento estable y asequible a la población, no el número de anuncios institucionales ni la rentabilidad de las operaciones inmobiliarias.
EPÍLOGO: LLANES Y GIJÓN, LA VIVIENDA NO SE RESUELVE CON PROMESAS
La crisis de la vivienda en Llanes y Gijón plantea una cuestión que los gobiernos municipales de Vecinos por Llanes y el Partido Popular, por un lado, y de Foro Asturias y el Partido Popular, por otro, no pueden seguir eludiendo: ¿qué resultados reales pueden presentar después de tres años y cinco meses de esta legislatura? Frente a las dificultades de miles de ciudadanos para encontrar un alquiler asequible, independizarse o acceder a una vivienda protegida, los anuncios de futuras promociones y las declaraciones institucionales no constituyen una respuesta suficiente. La denuncia de que ninguno de los dos ayuntamientos ha entregado una sola llave de vivienda pública durante este periodo es un hecho definitivo, lo cual obliga a ambos ejecutivos a explicar por qué sus políticas no han producido resultados tangibles para las familias necesitadas.
Las decisiones sobre las zonas tensionadas, la regulación de las viviendas turísticas y la promoción inmobiliaria privada también requieren explicaciones que vayan más allá de los argumentos políticos habituales. En mayo de 2026, las cifras recogidas en este análisis situaban en 1.006 las viviendas turísticas detectadas en Llanes y en 1.285 las de Gijón. Aunque ambas cantidades habían descendido respecto a agosto de 2023, su presencia seguía planteando interrogantes sobre el equilibrio entre la actividad turística y el alquiler residencial. En Gijón, además, la apuesta del gobierno de Carmen Moriyón por la colaboración con promotores privados y el debate sobre el encarecimiento de la vivienda protegida hacen imprescindible conocer las condiciones económicas del Plan Llave y las garantías de asequibilidad para sus futuros ocupantes. El interés público no puede darse por satisfecho porque una operación resulte atractiva para las constructoras: debe demostrarse que también permite acceder a una vivienda a quienes hoy no pueden pagarla.
Tampoco resulta suficiente trasladar sistemáticamente la responsabilidad a otras administraciones. La vivienda exige cooperación institucional, pero los ayuntamientos disponen de competencias y herramientas que deben utilizar y sobre las que tienen obligación de rendir cuentas. El Partido Popular, como integrante de ambos gobiernos locales, participa de esa responsabilidad. Sus dirigentes pueden cuestionar las políticas del Principado o del Gobierno central, pero también deben responder por las decisiones municipales que respaldan, las medidas que rechazan y los resultados que obtienen.
La ciudadanía no necesita más discursos sobre la importancia de la vivienda: necesita viviendas. Necesita conocer cuántas promociones públicas se han terminado, cuántas familias han recibido sus llaves, qué alquileres podrán pagar los jóvenes y qué compromisos concretos han asumido sus representantes. Si después de años de gobierno las respuestas siguen siendo proyectos futuros, anuncios y explicaciones sobre lo que deberían hacer otras administraciones, existe un problema de rendición de cuentas que ninguna campaña de comunicación puede resolver.
Gobernar no consiste en administrar expectativas mientras los ciudadanos administran renuncias. Cada año de retraso tiene consecuencias: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte excesiva de sus ingresos al alquiler y trabajadores que encuentran dificultades para residir donde desarrollan su actividad. Por eso, el balance de las políticas de vivienda de Llanes y Gijón debe medirse con hechos comprobables y no con promesas. Las llaves entregadas, los alquileres realmente asequibles y las viviendas públicas disponibles son resultados; los anuncios, por numerosos que sean, no lo son. Esa es la rendición de cuentas que sus gobiernos deben ofrecer a los vecinos que sostienen las instituciones con sus impuestos y que tienen derecho a exigir respuestas.
Ya lo dijo Marco Aurelio: «La política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa».


No hay comentarios:
Publicar un comentario