El mercado del alquiler en Asturias está experimentando una fuerte subida de precios, especialmente en la ciudad de Gijón. Según el índice inmobiliario de Fotocasa, los tres barrios más caros para alquilar vivienda en la región se encuentran en esta ciudad: el Centro (13,52 €/m² al mes), La Arena (13,28 €/m²) y El Natahoyo (12,58 €/m²). A continuación aparecen varios barrios de Oviedo, como HUCA-La Cadellada (12,31 €/m²), Salesas-Foncalada-Campoamor (12,26 €/m²) y Campo San Francisco-Uría (12,25 €/m²). La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, señala que Asturias vive un momento de transformación en el mercado del alquiler y que Gijón lidera claramente los precios, con barrios donde una vivienda estándar ya supera los 1.000 euros mensuales. Además, algunas zonas han experimentado fuertes incrementos anuales, como HUCA-La Cadellada en Oviedo, con una subida del 28,9%, o el Centro de Gijón, con un 20,6% https://bit.ly/4reLKmK
El tridente de la incompetencia en el gobierno municipal que actúan como sicarios de la iniciativa privada a la hora de construir vivienda, Carmen Moriyón y Jesús Martínez Salvador
Por otra parte, el debate político sobre el alquiler también se intensifica en el Ayuntamiento de Gijón. Los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos han criticado al gobierno local, formado por la derecha extrema de, Foro Asturias y el Partido Popular, por presentar alegaciones contra la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas de mercado residencial tensionado. Según IU y Podemos, esta postura prioriza la vivienda como negocio frente al derecho a acceder a ella y deja sin soluciones a quienes tienen dificultades para pagar el alquiler. Desde el Ayuntamiento se considera que la declaración no está justificada, mientras que los partidos de izquierda defienden que existen estudios rigurosos que avalan la medida y que limitar los precios ayudaría a contener las subidas. El debate continuará en el Pleno municipal y en las negociaciones con la Consejería de Vivienda del Principado https://bit.ly/4cnL3Un
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales en el municipio de Gijón, especialmente por el fuerte incremento de los precios del alquiler. En este contexto, la gestión del actual gobierno municipal encabezado por, Carmen Moriyón (Foro Asturias) en coalición con el Partido Popular ha sido objeto de críticas por la falta de medidas estructurales que amplíen el parque público de vivienda y faciliten el acceso a los ciudadanos con menos recursos.
Uno de los elementos centrales del debate es la escasa producción de vivienda pública durante el actual mandato. Diversos análisis y posicionamientos políticos señalan que, en los primeros años de gobierno, el Ayuntamiento no ha impulsado directamente promociones públicas significativas, lo que ha generado críticas sobre la falta de intervención municipal en un mercado tensionado. De hecho, el propio Gobierno del Principado ha señalado que podría promover nuevas promociones de vivienda pública en la ciudad si el Ayuntamiento facilita suelo municipal para ello, planteándose la construcción de unas 300 viviendas adicionales destinadas principalmente al alquiler asequible.
La cuestión del suelo municipal se ha convertido así en uno de los puntos clave del debate. Según distintos informes y declaraciones institucionales, existen varias zonas en Gijón donde podrían desarrollarse proyectos de vivienda protegida —como Perchera, Nuevo Gijón Oeste o el entorno de Peritos— siempre que haya cooperación entre administraciones. Sin embargo, durante buena parte del mandato esta colaboración no se concretó, lo que alimentó las críticas de quienes consideran que el Ayuntamiento no ha aprovechado plenamente las oportunidades para ampliar el parque público de vivienda.
Otra de las líneas de actuación del gobierno local ha sido el denominado “Plan Llave”, un modelo que apuesta por la colaboración con promotores privados. Este plan prevé la construcción de viviendas protegidas en parcelas municipales mediante permutas con empresas constructoras, lo que implica que una parte de las viviendas pasa a manos privadas y otra parte al patrimonio municipal. En la primera fase se planteó la construcción de 120 viviendas, de las cuales una parte se destinaría posteriormente al alquiler asequible gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda. Este enfoque ha sido criticado por algunos sectores que consideran que prioriza la colaboración con promotores privados frente a la promoción directa de vivienda pública.
En paralelo, el gobierno municipal también ha defendido una posición contraria a la declaración de zonas tensionadas de vivienda en la ciudad, una herramienta prevista en la legislación estatal para limitar o contener la subida de los alquileres en áreas donde el acceso a la vivienda es especialmente difícil. El Ayuntamiento ha argumentado que esta medida podría desincentivar que los propietarios saquen sus viviendas al mercado de alquiler, por lo que considera que no solucionaría el problema estructural de acceso a la vivienda. Sin embargo, esta postura ha generado un intenso debate político, ya que otras fuerzas consideran que la regulación del mercado del alquiler es necesaria para frenar la escalada de precios.
El problema de la vivienda en Gijón también está ligado a la evolución urbanística de la ciudad. Grandes ámbitos de suelo urbano o de transformación, como los terrenos vinculados al Plan de Vías o espacios como el conocido Solarón, llevan años formando parte del debate urbanístico sobre qué usos deben tener estos espacios: si vivienda, zonas verdes u otros equipamientos urbanos. Estas decisiones condicionan directamente la disponibilidad de suelo para nuevas promociones residenciales y, por tanto, la capacidad de aumentar la oferta de vivienda.
A todo ello se suma un contexto de fuerte presión en el mercado del alquiler. Los precios han aumentado de forma notable en barrios céntricos y zonas cercanas a la playa o al centro urbano, lo que está elevando el coste medio de una vivienda y dificultando el acceso para jóvenes y trabajadores con ingresos medios. En este escenario, el debate político se centra en qué modelo de política de vivienda debe aplicarse: uno basado principalmente en el mercado y la colaboración público-privada, como defiende el actual gobierno municipal de la derecha extrema o uno basado en una mayor intervención pública y ampliación del parque de vivienda social.
En definitiva, el análisis de la política municipal de vivienda en Gijón muestra una confrontación clara entre dos enfoques. Por un lado, el gobierno local apuesta por la colaboración con promotores privados, el desarrollo de vivienda protegida mediante fórmulas mixtas y el rechazo a medidas de control directo del mercado del alquiler. Por otro, sectores de la oposición y organizaciones sociales consideran que la ciudad necesita un impulso mucho mayor de vivienda pública, una utilización más decidida del suelo municipal y medidas regulatorias para frenar el aumento de los precios del alquiler.
A este escenario se suma otro elemento que agrava la situación: la escasa capacidad de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón para aumentar de forma significativa el parque público de alquiler durante el actual mandato. Mientras otras ciudades están ampliando progresivamente su parque de vivienda pública para actuar como regulador del mercado, en Gijón la oferta municipal sigue siendo limitada frente a una demanda creciente de vivienda asequible. Esta falta de ampliación del parque público coincide con un momento en el que el precio del alquiler se encuentra en máximos históricos en varios barrios de la ciudad, lo que incrementa la presión sobre jóvenes, familias y trabajadores con ingresos medios.
También se ha señalado desde distintos colectivos sociales y vecinales que la política municipal no ha desarrollado aún una estrategia integral para afrontar el problema de la vivienda. Entre las cuestiones que se mencionan con frecuencia está la falta de medidas específicas para movilizar viviendas vacías hacia el mercado de alquiler asequible, la ausencia de incentivos suficientes para el alquiler social o asequible y la falta de instrumentos municipales que permitan equilibrar el mercado en los barrios más tensionados.
Otro aspecto relevante es el impacto que tiene el crecimiento de las viviendas de uso turístico en determinadas zonas de la ciudad, especialmente en áreas cercanas al centro histórico y a la playa. Diversos colectivos vecinales han advertido que la expansión de este tipo de alojamientos reduce la disponibilidad de vivienda residencial y contribuye a la subida de los precios del alquiler en barrios como Cimavilla o La Arena, lo que intensifica el debate sobre la necesidad de una regulación más estricta para evitar que el uso turístico desplace a los residentes.
En este contexto, la falta de consenso institucional entre el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado en cuestiones como la declaración de zonas tensionadas o la disponibilidad de suelo para nuevas promociones públicas añade un elemento adicional de bloqueo político que dificulta la adopción de medidas rápidas frente a una crisis habitacional que ya se sitúa entre las principales preocupaciones de la ciudadanía.
De esta forma, el problema de la vivienda en Gijón no se explica únicamente por la evolución del mercado inmobiliario, sino también por la ausencia de políticas públicas capaces de aumentar de manera significativa la oferta de vivienda asequible y por la falta de instrumentos regulatorios que permitan contener la escalada de precios en los barrios más tensionados.
El debate sobre la vivienda pública suele estar ligado a dos modelos distintos de entender el papel de las administraciones. En el caso de las posiciones defendidas habitualmente por partidos como Foro Asturias o el Partido Popular en Gijón, su enfoque parte de una concepción de la política de vivienda donde el mercado inmobiliario y la iniciativa privada desempeñan el papel principal (principalmente “amiguetes” que financien sus campañas electorales) https://bit.ly/3OXRzaA , https://bit.ly/46zkA2w Desde esta perspectiva, la intervención directa de las administraciones mediante la promoción de vivienda pública o la regulación de los precios del alquiler se considera una medida secundaria o incluso contraproducente ya que deteriora el negocio y las ganancias a los “amiguetes”.
Uno de los argumentos más frecuentes de este enfoque es que el aumento de la oferta de vivienda debe producirse principalmente a través de la construcción promovida por el sector privado. Bajo esta lógica, las administraciones deben facilitar suelo, simplificar trámites urbanísticos o incentivar la inversión inmobiliaria, pero no convertirse en promotoras directas de vivienda. La idea central es que el mercado, si dispone de suficientes incentivos y seguridad jurídica, será capaz de generar la oferta necesaria para equilibrar los precios.
Esta visión también suele ir acompañada de una cierta desconfianza hacia la intervención pública directa en el mercado del alquiler. Las medidas como la ampliación del parque público de vivienda o la regulación de precios en zonas tensionadas son interpretadas por estos sectores como políticas que pueden reducir la rentabilidad de los propietarios o desincentivar la salida de viviendas al mercado. Según este planteamiento, limitar precios o intervenir en el mercado podría provocar una reducción de la oferta disponible y, en consecuencia, empeorar el problema a medio plazo.
Otro elemento que explica esta posición es el peso que tienen en este modelo las políticas de colaboración público-privada. En lugar de construir vivienda pública de forma directa, las administraciones optan por acuerdos con promotores privados para desarrollar vivienda protegida o asequible en suelo público, compartiendo riesgos y beneficios. El llamado “Plan Llave” en Gijón responde precisamente a esta lógica: utilizar suelo municipal para promover viviendas mediante acuerdos con constructoras, en lugar de impulsar promociones públicas integrales gestionadas directamente por la administración.
A ello se suma un enfoque ideológico más amplio sobre el papel del sector público. En las corrientes liberales o conservadoras de la política económica se considera que el Estado debe intervenir lo menos posible en los mercados y centrarse principalmente en funciones regulatorias, de planificación o de apoyo, pero evitando competir directamente con la iniciativa privada. Esta visión contrasta con la defendida por otras fuerzas políticas que consideran que la vivienda es un derecho social y que, por tanto, las administraciones deben actuar como promotoras directas para garantizar una oferta suficiente de vivienda asequible.
Por último, el debate también está influido por la experiencia histórica de la política de vivienda en España. Durante décadas, gran parte de las viviendas protegidas fueron promovidas por empresas privadas con ayudas públicas, mientras que el parque público de alquiler quedó relativamente reducido en comparación con otros países europeos. Este modelo ha hecho que muchas administraciones locales estén más acostumbradas a actuar como facilitadoras del mercado que como promotoras directas de vivienda pública.
En conjunto, el rechazo o la reticencia hacia políticas de vivienda pública más ambiciosas no responde únicamente a una decisión puntual, sino a un modelo político y económico que prioriza el papel del mercado y de la iniciativa privada en la resolución del problema de la vivienda, frente a otros enfoques que defienden una intervención pública más intensa para garantizar el acceso a este derecho básico.
Para terminar el post quiero manifestar que la situación de la vivienda en Gijón refleja una combinación de factores que se retroalimentan: un mercado del alquiler en máximos históricos, una oferta pública claramente insuficiente, una escasa movilización de vivienda vacía y la ausencia de instrumentos regulatorios que permitan contener los precios en los barrios más tensionados. Mientras los datos muestran que el coste del alquiler continúa creciendo y supera ya los 1.000 euros mensuales en zonas de la ciudad, el gobierno municipal de Foro y Partido Popular ha optado por una política que prioriza casi exclusivamente la colaboración con el sector privado y rechaza medidas de intervención pública como la ampliación decidida del parque de vivienda pública o la declaración de zonas tensionadas. Esta orientación ha sido duramente criticada por diversos colectivos sociales y políticos que consideran que el Ayuntamiento ha renunciado a utilizar las herramientas públicas disponibles para proteger el derecho a la vivienda. A esta situación se suma además la escasa capacidad de la oposición socialista para situar el problema de la vivienda en el centro del debate político municipal, lo que ha contribuido a que uno de los principales problemas sociales de la ciudad avance sin una respuesta política proporcional a la gravedad del momento. En este contexto, el debate sobre la vivienda en Gijón trasciende el ámbito técnico o urbanístico y se convierte en una cuestión profundamente política sobre qué modelo de ciudad se quiere construir y qué papel deben asumir las administraciones públicas para garantizar que el acceso a una vivienda digna deje de ser una preocupación creciente para miles de gijoneses.
Ya lo dijo Leilani Farhi: "La vivienda no puede tratarse como una mercancía más, porque es la base sobre la que se construye la vida de las personas."
